BOC - 1993/147. Viernes 19 de Noviembre de 1993 - 2421

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2421 - RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Arjun La Khawani.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Arjun La Khawani la Orden de 13 de agosto de 1993 (libro 01, folio 564), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 38/402/91.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de octubre de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Arjun La Khawani, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 25 de enero de 1993, recaída en el expediente nº 38/402/91 y que determinó la imposición de una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 30 de abril de 1991, en el local importador, situado en la calle del Pilar, 38, de Santa Cruz (término municipal de Santa Cruz de Tenerife), y mediante acta nº 18.971 instruida al efecto, comprobó que esta empresa es importadora del juguete localizado en un establecimiento de venta menor de artículos de regalo del término municipal de La Orotava, lo que consta en Acta de Inspección nº 18.318, cuyos datos de etiquetado figuran inscritos en idioma extranjero, así como el manual de instrucciones, siendo alguno de los datos siguientes: Grabber 4 WD Taiyo radio control.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 2.330/1985, por el que se aprueban las normas de seguridad de juguetes, útiles de uso infantil y artículos de broma, B.O.E. de 16.12.85; en concordancia con el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, B.O.E. nº 168, de 22 de junio, regulador de las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 8 de febrero de 1993, alegando, en síntesis, el recurrente lo siguiente: que falta intencionalidad infractora por su parte en la comisión de los hechos que se le imputan, los cuales respondieron a su desconocimiento de la exigencia legal de que el marcado y etiquetado del juguete objeto de la infracción tuviera que venir expresado en castellano.

Que desde que fue informado por el Inspector procedió de forma inmediata a subsanar las deficiencias que pudiera presentar el juguete en cuestión, y que no tiene antecedentes infractores de negocio del que es titular. Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 2.330/1985, por el que se aprueban las normas de seguridad de juguetes útiles de uso infantil y artículos de broma, B.O.E. de 16.12.85, en concordancia con el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168), de 22 de junio, regulador de las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se rebaje a su grado mínimo la sanción imputada mediante la resolución recurrida, por cuanto:

El artículo 4 del Real Decreto de 6 de noviembre de 1985, dispone que todos los datos obligatorios de marcado y etiquetado se expresarán necesariamente en la lengua española oficial del Estado, luego se comprueba la comisión de una infracción tipificada en el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983.

No puede ser alegado desconocimiento de la normativa aplicable por cuanto el artículo 6.1 del Código Civil establece “que la ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento”.

Por otra parte, ha sido tenida en cuenta la circunstancia de falta de antecedentes infractores, pues el artículo 36.1 de la Ley de Consumidores y Usuarios (Ley 20/1984, de 19 de julio; B.O.E. de 24), señala que las infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta 500.000 pesetas.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, y el posterior 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Arjun La Khawani, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 25 de enero de 1993, recaída en el expediente nº 38/402/91, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.



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