Resultando que, por el Ayuntamiento de Santa Brígida, en sesión plenaria celebrada el 1 de diciembre de 1989, se aprobaron provisionalmente las Normas Subsidiarias Municipales conteniendo, entre otras determinaciones, la clasificación como Suelo Apto Para Urbanizar (S.A.U.-8, Los Laureles) de un ámbito territorial de 42.480 m2 en la zona conocida por (Los Laureles) Satautejo. Resultando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 30 de marzo de 1990, aprobó definitivamente las citadas Normas Subsidiarias modificando, entre otros aspectos, la clasificación del SAU-8, publicándose el mentado Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias de 6 de junio de 1990.
Resultando que, por D. José Tomás Gil Betancor, con fecha 5 de julio de 1990 y registro de entrada nº 03-2667, se interpuso recurso de reposición al referido Acuerdo de la C.U.M.A.C. en base a los fundamentos que por el mismo se consideraron oportunos.
Resultando que, con fecha 3 de diciembre de 1992, se incorporó por el recurrente propuesta de Convenio Urbanístico que viabilizase sus pretensiones. Dicho convenio, suscrito posteriormente el 31 de mayo de 1993, fue ratificado por acuerdo plenario de la citada Corporación Local, adoptado en sesión celebrada el 14 de abril del presente año.
Considerando que queda constatado el interés de la Corporación Municipal en resolver favorablemente el recurso del Sr. Gil Betancor y que, en su virtud, se han establecido una serie de compromisos urbanísticos tendentes a ordenar el desarrollo del suelo objeto de controversia.
Considerando que de las propias estipulaciones del citado Convenio, así como del grado de urbanización apreciada en un sector del ámbito territorial considerado, parece aconsejable clasificar dicha parte del suelo objeto de impugnación como urbano, delimitándose la correspondiente unidad de ejecución.
Considerando que las medidas de protección establecidas para el sector quedan garantizadas tanto por la situación y características de la edificación propuesta en el citado Convenio, como por el establecimiento de un espacio libre de dominio y uso público, con dimensión suficiente para constituir un elemento de transición entre el sector edificable y el suelo rústico de protección paisajística (P-2).
Considerando que la primitiva ordenación propuesta para el sector SAU-8 no es acorde con las restricciones impuestas por el mentado Convenio, resultando más idónea para minimizar el posible impacto de la actuación, la aplicación a las parcelas edificables de la Ordenanza CJ-1 de las Normas Subsidiarias Municipales. Considerando que por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 14 de abril de 1992, se facultó expresamente al Consejero de Política Territorial para resolver, entre otros, el presente recurso.
Visto el expediente administrativo, los Acuerdos de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente que se señalan, el Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, y demás normas de general y preceptiva aplicación,
D I S P O N G O:
Primero: estimar el recurso de reposición interpuesto por D. José Tomás Gil Betancor, contra Acuerdo de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias Municipales de Santa Brígida, adoptado por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 30 de marzo de 1990, procediendo, en consecuencia, a clasificar como Suelo Urbano, constitutivo de la Unidad de Ejecución nº 9 (UE-9), los terrenos que se grafían en plano adjunto como anexo I, sujeto a las condiciones establecidas en la ficha que se acompaña como anexo II y en la que se recogen las determinaciones pactadas en el Convenio Urbanístico suscrito por los propietarios del suelo con la Administración Municipal, cuyo texto se adjunta como anexo III.
Segundo: el presente Acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de Canarias y debidamente notificado al recurrente y al Ayuntamiento de Santa Brígida.
Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, según lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de 1993.
EL CONSEJERO DE
POLÍTICA TERRITORIAL,
Fernando Redondo Rodríguez.
A N E X O I I
UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 9
DENOMINACIÓN: LOS LAURELES (localización en planos números 14 y 15)
A. DATOS BÁSICOS
A1 Superficie: 31.650 m2
A2 Ordenanza: CJ1.
A3 Nº máximo de parcelas: cuarenta
A4 Superficie máxima de uso residencial: 17.245 m2
B. OBJETIVOS
- Completamiento de obras de urbanización.
- Obtención de suelo para equipamientos en dos parcelas destinadas a uso social y escolar (superficie mínima: 3.660 m2 de las que se excluye el uso comercial).
C. CESIONES
C1 Sistemas generales: 18.400 m2 de suelo rústico anexo para espacios libres de dominio y uso público.
C2 Cesión gratuita al Ayuntamiento de seis parcelas residenciales edificables en conceptos de resto del aprovechamiento urbanístico que le corresponde obtener.
C3 Viales y espacios libres de dominio y uso público (superficie mínima: 10.695 m2).
D. CONDICIONANTES DE PLANEAMIENTO
D1 Se habrá de respetar la propuesta de ordenación contenida en el Convenio Urbanístico ratificado por el Pleno Municipal en sesión de fecha 14 de abril de 1993.
D2 En los terrenos calificados como Sistema General de Espacios Libres en Suelo Rústico no se permitirá ningún tipo de edificación, salvo los mínimos elementos precisos para su acondicionamiento como parque urbano.
E. GESTIÓN
- Sistema de actuación: compensación. A N E X O I I I
CONVENIO URBANÍSTICO
En Santa Brígida, a 31 de marzo de 1993
REUNIDOS
De una parte; D. Victoriano Rodríguez Morales, en calidad de Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Santa Brígida, quien actúa en nombre de la Corporación Municipal de preside.
D. Manuel Reyes Navarro Moreno, Secretario General accidental del Ayuntamiento de Santa Brígida, a los efectos de dar fe, asistir y asesorar al Sr. Alcalde en cumplimiento de lo establecido en los artículos 113.6º y 162 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, sobre disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
Y, de otra parte, D. Gaudencio Gil Delgado, mayor de edad, con D.N.I. nº 42.471.892, industrial, y domiciliado a estos efectos en la calle Capitán López Orduña, 23, Apartamento 67, de Las Palmas de Gran Canaria.
INTERVENCIÓN Y CAPACIDAD
D. Victoriano Rodríguez Morales, como Alcalde, en representación del Ayuntamiento de Santa Brígida.
Por su parte, D. Gaudencio Gil Delgado actúa en nombre y representación de su hijo D. José Tomás Gil Betancor, mayor de edad, casado, industrial, con domicilio en la calle Juan XXIII, 11, piso 9º-2, de Las Palmas de Gran Canaria, con D.N.I. nº 42.790.522 que, como se recogerá en las exposiciones, es propietario y poseedor, como titular inscrito, de la finca Los Laureles de este término municipal, según Poder otorgado el día 30 de enero de 1986 ante el Notario D. José Castán Pérez Gómez, con número de su protocolo 42. Ambas partes intervinientes, en las respectivas representaciones que ostentan, se reconocen capacidad legal necesaria y bastante para celebrar y suscribir el presente Convenio Urbanístico, y a tal efecto,
EXPONEN:
Primero.- D. José Tomás Gil Betancor es propietario de la siguiente finca.
Trozo de terreno donde dicen Satautejo, del término municipal de Santa Brígida, que linda: al norte, en parte con terrenos de D. Rafael Perdomo Rodríguez, en parte con terrenos de D. Agustín Ruiz de Elvira y en parte con la carretera de Los Olivos; al sur, con terrenos de Dña. Candelaria del Castillo y del Castillo, antes de D. Felipe Massieu Falcón, Corriente del Barranquillo de San José y Los Laureles y resto de finca matriz; al naciente, en parte con resto de la finca matriz y en parte con terrenos de Herederos del Conde de la Vega Grande; al poniente, en parte con terrenos de Dña. Carmen Crespo Manrique de Lara y en parte con terrenos de D. Rafael Perdomo Rodríguez. Ocupa una superficie de cinco hectáreas y cincuenta centiáreas, más o menos.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Número Uno, en el tomo 161 de Santa Brígida, folio 129, finca nº 9.222, segregada de la finca nº 8.755 del folio 128 del libro 155 del mismo municipio, como se acredita con la fotocopia de Escritura Pública, que se adjunta a este Convenio; otorgada ante el Notario de Las Palmas Sr. Romero Fernández el día 22 de febrero de 1989, con el nº 562 de protocolo.
Segundo.- Que a la vista del recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma por el Sr. Gil Betancor contra el Acuerdo de la C.U.M.A.C. de 30 de marzo de 1990, por el que se desclasificó la propuesta municipal de Suelo Apto para Urbanizar (Sector 8); de la comprobación de la realidad fáctica descrita en el mismo, y del modelo de crecimiento de la ciudad, este Grupo de Gobierno Municipal ha creído conveniente reconsiderar la Clasificación del Suelo, disminuyendo el número de parcelas ofertadas en sus alegaciones por la propiedad, con el fin de reducir la densidad de población, resultando una Unidad de Ejecución de 40.585 m2, de los cuales 20.905 m2 corresponden a parcelas edificables en número máximo de 40, cuyo parcelario se incorporará al Proyecto de Urbanización, 3.660 m2 como suelo dotacional del que se excluye el uso comercial, y 17.245 m2 como suelo residencial más 18.400 m2 de Parque Urbano que comprende desde el lindero sur de las parcelas proyectadas en la Unidad de Ejecución hasta el cauce del Barranco de Satautejo.
Tercero.- Que en sesión celebrada por la C.U.M.A.C. el pasado 14 de abril de 1992, encomendó al Excmo. Consejero de Política Territorial resolver entre otros el recurso interpuesto por el compareciente D. José T. Gil Betancor.
Cuarto.- La situación planteada por los motivos antes descritos exigen a las partes soluciones aunando esfuerzos y coordinando las actuaciones de la Administración y particular afectado. Teniendo como objetivo básico la racional utilización de los suelos en armonía con los intereses públicos, las partes han intercambiado ideas y puntos de vista que se plasman en el presente Convenio. Por todo ello, los reunidos tras un amplio cambio de impresiones, y a la vista de los informes municipales y Acuerdos de la C.U.M.A.C., así como del criterio establecido por la Comisión de Gobierno Municipal, suscriben el presente Convenio Urbanístico en base a las siguientes,
ESTIPULACIONES:
I.- Como contraprestación a la clasificación anterior la propiedad se obliga, una vez que cause firmeza el acto administrativo autonómico de estimación del recurso de reposición, a desistir de los recursos jurisdiccionales interpuestos contra la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias y contra esta Corporación.
II.- D. José Tomás Gil Betancor pondrá a disposición del Ayuntamiento de Santa Brígida, gratuitamente, seis parcelas de suelo urbano en concepto de aprovechamiento urbanístico, a elegir por esa Corporación dentro del Lote B del plano adjunto. Igualmente, el Sr. Gil Betancor cede al Ayuntamiento de Santa Brígida los terrenos de su propiedad calificados como Parque Urbano, de 18.400 m2 de superficie, descritos en el expositivo segundo, condicionando dicha cesión a que los terrenos sean destinados a zona verde de uso público o para repoblación forestal, no pudiendo llevar a efecto en los mismos ningún tipo de construcción, salvo aquella que sea necesaria para el acondicionamiento de dicho Parque Urbano.
III.- Que, tratándose de Suelo Urbano, las cesiones así definidas cubren la parte de los aprovechamientos que corresponden al Ayuntamiento en virtud de la legislación vigente.
IV.- Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Brígida propiciará todo lo conducente a la rápida tramitación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Urbanización de la misma, documento que se ajustará a las determinaciones que el planeamiento exige para él, y que será presentado por la propiedad en el plazo de un año a partir de la clasificación definitiva de los terrenos.
V.- Cumplidas las previsiones anteriores, cuando los actos administrativos clasificatorios de suelo urbano hayan adquirido firmeza, y una vez aprobado el Proyecto de Urbanización, a requerimiento del Ayuntamiento de Santa Brígida, el Sr. Gil Betancor vendrá obligado a otorgar la correspondiente Escritura Pública de cesión a dicho Ayuntamiento, o su valor de acuerdo con la Cláusula Segunda, sin derecho a ninguna otra contraprestación y sin gastos, impuestos o arbitrio alguno a cargo de la propiedad. Y a tal fin, el Ayuntamiento vendrá obligado a conceder las preceptivas licencias de segregación que sean oportunas, para protocolizar en documento público las citadas cesiones.
VI.- El presente Convenio Urbanístico tiene naturaleza y carácter jurídico-administrativo, como expresa el artº. 303 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, quedando las partes sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y en prueba de conformidad ambas partes intervinientes firman el presente documento por triplicado ejemplar y anexo gráfico aportado, a un solo tenor y efecto en el lugar y fecha expresado en el encabezamiento, de todo lo que yo, el Secretario General, doy fe.
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