BOC - 1993/139. Lunes 1 de Noviembre de 1993 - 2264

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Política Territorial

2264 - ResoluciÓn de 5 de octubre de 1993, de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, por la que se notifica a D. Santiago Díaz Cañizares la incoación de expediente sancionador nº 205/92-C.

Descargar en formato pdf

No habiéndose podido notificar al interesado, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución recaída en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 205/92-C, de conformidad con el apartado cuarto del antedicho artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Santiago Díaz Cañizares la Resolución nº 139 de fecha 8 de marzo de 1993, recaída en el expediente nº 205/92-C, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:

“Examinados los antecedentes obrantes en esta Dirección General, en los que se atribuye a D. Santiago Díaz Cañizares la realización de obras no autorizadas en zona de servidumbre de protección, consistentes en la realización de tejado sobre vivienda, en el lugar conocido por “Los Barrancos”, término municipal de Güímar, sin la preceptiva autorización conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, constitutivas de una infracción administrativa prevista en el artículo 90.c) de la mencionada Ley. Vistos la Ley de Costas de 28 de julio de 1988, su Reglamento de desarrollo y ejecución de 1 de diciembre de 1989, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones, que resultan de aplicación.

Considerando que al ser comprobados los antecedentes existentes en esta Dirección General, se deduce que su actuación no se encuentra amparada ni legitimada por concesión ni autorización alguna, conforme exige el artículo 26 de la Ley de Costas.

Considerando que es competencia de esta Dirección General la tutela de la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, conforme a lo establecido en el artículo 14.9 del Decreto 306/1991, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las disposiciones vigentes, con esta fecha,

R E S U E L V O:

1.- Incoar expediente sancionador contra D. Santiago Díaz Cañizares, de acuerdo con lo que dispone el artículo 102 de la Ley de Costas, de 28 de julio de 1988, y su Reglamento de 1 de diciembre de 1989.

2.- Nombrar Instructor y Secretaria de este expediente sancionador a los funcionarios afectos a este Organismo, D. Francisco Alberto Panizo Álamo y Dña. Ángeles Bouza Cruz, respectivamente.

3.- Acordar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Costas, y artículo 194 de su Reglamento, la inmediata paralización de las obras, y en orden a garantizar dicha suspensión precíntense las citadas obras, una vez transcurrido el plazo de tres días, a partir de la notificación de la presente, plazo que se le concede a efectos de poder retirar cuantos útiles y demás bienes le sean necesarios, con la advertencia de que en caso de incumplimiento de esta orden, deberá atenerse a lo previsto en el artículo 237 y concordantes del Código Penal, dando traslado esta Dirección General de la correspondiente denuncia a la Jurisdicción Penal; asimismo, se procederá a la retirada de los materiales y maquinaria afecta a las obras según lo previsto en los artículos 104 de la Ley de Costas y 195 de su Reglamento. Por el contrario, y para el caso de resultar pertinente la sanción, ésta podría reducirse hasta la mitad de su importe, si procede en el plazo de quince días a corregir la situación ilegal creada, en cuyo caso deberá dar cuenta por escrito a esta Dirección General, considerándose circunstancia atenuante en virtud de los artículos 97.3 de la Ley de Costas y 187 de su Reglamento.

4.- Requerir a las empresas suministradoras de energía eléctrica y agua, que suspendan de inmediato el suministro a dichas obras conforme a lo establecido en los artículos 39 y 103.2 de la Ley de Costas.

5.- Advertir que de no instarse la legalización de las obras en el plazo de un mes, esta Dirección General, de conformidad con el artículo 95 de la Ley de Costas, procederá a ordenar la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior.

No obstante, dicha medida quedará suspendida mientras se tramite, en su caso, el expediente de legalización, conforme al artículo 49.2 del Reglamento de Costas, que deberá ser iniciado por el particular mediante instancia dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial, adjuntando el proyecto básico de las obras por triplicado acreditando en el mismo plazo de tiempo ante esta Dirección General copia de la referida instancia.

Notifíquese al Ayuntamiento, al expedientado y a la Demarcación de Costas de Tenerife.”

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de octubre de 1993.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, p.s., el Director General de Urbanismo (Orden de 30.4.93; B.O.C. nº 57, de 3.5.93), Faustino García Márquez.



© Gobierno de Canarias