BOC - 1993/139. Lunes 1 de Noviembre de 1993 - 2262

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Pesca y Transportes

2262 - RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de la extinta Consejería de Turismo y Transportes, resolutoria del recurso de alzada interpuesto por D. José Juan Sosa González, en representación de D. Julio Bolaños Benítez.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Julio Bolaños Benítez la Orden de 19 de febrero de 1993 (Libro nº 1, folio 197, nº 129), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 425/92 (expediente nº GC-2201-0-91), interpuesto contra la Resolución de la extinta Dirección General de Transportes, de fecha 18 de junio de 1992.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 1993.- El Secretario General Técnico, p.d., el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico (Resolución de 19.5.93; B.O.C. nº 67, de 24.5.93), Antonio J. Alfonso Quirós.

A N E X O

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Julio Bolaños Benítez.

Visto el recurso de alzada formulado por D. José Juan Sosa González, en representación de D. Julio Bolaños Benítez, contra la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 18 de junio de 1992, recaída en el expediente sancionador nº GC-2201-0-91, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: la Resolución recurrida se basa fácticamente en recoger el vehículo matrícula GC-8586-Z, propiedad de D. Julio Bolaños Benítez, viajeros fuera del término municipal para el que está autorizado, y dando lugar a la sanción de cuatrocientas treinta y una mil (431.000) pesetas.

Segundo: el recurso de alzada interpuesto alega, en resumen, que el hecho denunciado no es cierto, reiterando el contenido de las alegaciones del Pliego de Descargo y solicitando el sobreseimiento del expediente sin sanción de cuantía alguna por no ajustarse a Derecho los hechos denunciados por el actor de dicho expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejero de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso a tenor del artículo 4º.1 del Decreto 56/1992, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes, en relación con el artículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 146.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que establece que el procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en dicha Ley se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, sobre procedimiento ordinario y revisión de actos en vía administrativa.

Tercero.- La argumentación esgrimida por el recurrente en nada altera los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artº. 141.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo 198.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el artículo 140.h) de la citada Ley y artículo 197.i) del Reglamento. Teniendo en cuenta que los hechos denunciados y ratificados posteriormente por agente de la Policía Local (que de conformidad con el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección del transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, siendo formulada denuncia dentro del ámbito de competencias de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana), demuestran que el vehículo, propiedad del recurrente, recogió pasajeros en un municipio distinto de aquél para el que se otorgó la correspondiente licencia, constituyendo una infracción de las condiciones esenciales de la autorización otorgada y aunque disponga como alega el recurrente de tarjeta de transportes de ámbito nacional, según establece el artículo 125 del citado Reglamento, Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, los servicios a que se refieren los artículos 123 a 127 (Título IV, Capítulo II, Sección 1 “Transporte Público en automóviles de Turismo”) deberán iniciarse en el término del municipio al que correspondió la licencia de transporte urbano o en el que estuviera residenciada la autorización de transporte interurbano, y asimismo el artículo 1º del Decreto 265/1989, de 8 de noviembre, por el que se regula el régimen específico de recogida de viajeros, previamente concertada, en puertos y aeropuertos de Canarias, dispone que los vehículos de servicio público discrecional de transportes de viajeros por carretera de capacidad inferior a diez plazas, incluido el conductor, que se encuentren residenciados en el territorio de la Comunidad Autónoma y que estén provistos de la oportuna autorización de transporte interurbano, no podrán efectuar la recogida de viajeros fuera del término municipal que les haya otorgado la correspondiente licencia ni en el que, en su caso, estén residenciados.

Cuarto.- La presente Orden no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

D I S P O N G O:

Desestimar en todos sus términos el recurso de alzada promovido por D. José Juan Sosa González, en representación de D. Julio Bolaños Benítez y confirmar la Resolución del Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes de fecha 18 de junio de 1992, recaída en el expediente sancionador nº GC-2201-0-91, que determinó la imposición de una sanción de cuatrocientas treinta y una mil (431.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualquier otro recurso que estimen pertinente.- El Consejero de Turismo y Transportes, Miguel Zerolo Aguilar.



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