BOC - 1993/125. Miércoles 29 de Septiembre de 1993 - 2040

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - C.Industria y Comercio

2040 - RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1993, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería, resolviendo recurso de alzada interpuesto por D. Salam Mohamed Ahmed.

Descargar en formato pdf

Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Salam Mohamed Ahmed la Orden de 6 de julio de 1993 (libro 01, folio 447) que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en los expedientes núms. 35/549/91 y 35/697/91.

2.- Remitir al Ayuntamiento de La Oliva la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de septiembre de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Salam Mohamed Ahmed, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 30 de octubre de 1992, recaída en los expedientes núms. 35/549/91 y 35/697/91 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 8 de julio, en el Bazar propiedad de D. Salam Mohamed Ahmed, sito en la calle General Franco, s/n, del termino municipal de La Oliva, y mediante actas levantadas al efecto (núms. 25.002 y 25.166) respectivamente comprobaron que tenía expuestos para la venta al público diferentes artículos careciendo de su preceptivo marcado de precio de venta al público en un 80% de los artículos expuestos y que los contadores de línea no estaban a la vista del público. Solicitado el permiso de apertura no fue presentado dentro del plazo otorgado a tal efecto. Asimismo, los dos días en que se practicó la inspección carecía del preceptivo cartel indicador de los precios del paso del contador.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 3º, apartados 3.2.1 y 3.3.4, y artº. 5, apartado 5.1 en relación con el artículo 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Orden Ministerial de 22 de junio de 1982 (B.O.E. nº 196) para prestación al público del servicio telefónico con recaudación directa por el titular, de acuerdo con la Orden de 12 de abril de 1991, por la que se aprueba la modificación de determinadas tarifas de “Telefónica de España, S.A.” y los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 1 de diciembre de 1992, exponiendo en síntesis el recurrente lo siguiente:

La Administración considera que existe una disparidad fáctica en cuanto a la apreciación del denunciante y la realidad de las circunstancias que han motivado la iniciación de este expediente, pero esta parte no comparte la duda que se le presenta a la Dirección General de Comercio y Consumo.

El exponente hace constar que lo expresado es la verdad y cuanto manifiesta justifica sobradamente no haber infringido en nada.

Que ya no tiene locutorios telefónicos habiendo cerrado este negocio. Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 3º, apartados 3.2.1 y 3.3.4, y artº. 5, apartado 5.1 en relación con el artículo 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Orden Ministerial del 22 de junio de 1982 (B.O.E. nº 196) para prestación al público del servicio telefónico con recaudación directa por el titular, de acuerdo con la Orden de 12 de abril de 1991, por la que se aprueba la modificación de determinadas tarifas de “Telefónica de España, S.A.” y los artículos 1º y 3º del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución recurrida, por cuanto:

En primer lugar se ha infringido lo dispuesto en el Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, puesto que establece la obligación de exponer la mercancía con su correspondiente P.V.P., de tal forma que el adquiriente quede informado de su contenido por la sola lectura del anuncio.

En segundo lugar, ha vulnerado el recurrente lo dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de junio de 1982, que en su artículo 6 dispone la obligación de situar el contador de línea en un lugar próximo al teléfono de modo que al usuario le permita su medición.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, y el posterior 62/1993, de 13 de abril, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Salam Mohamed Ahmed, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 30 de octubre de 1992, recaída en los expedientes núms. 549/91 y 697/91, por los que se impone al recurrente una sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.



© Gobierno de Canarias