BOC - 1993/123. Viernes 24 de Septiembre de 1993 - 2004

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2004 - RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1993, de la Dirección General de Comercio y Consumo, sobre notificación de Propuestas de Resolución a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Propuesta de Resolución del expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra aquéllas, a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga, y conforme al artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido en esta Dirección General por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados disponen de un plazo de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, para manifestar por escrito lo que a su derecho o interés convenga.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Propuestas de Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

1) EXPTE. Nº: 38-336/92. INSTRUIDO A: C.E.D.I., S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38277281. HECHOS IMPUTADOS: el día 30 de junio de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en C.E.D.I. oficinas, situado en la calle La Salle, 9, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 30.720 instruida al efecto se pudo comprobar la denuncia presentada en las dependencias de este Organismo con número de registro de inspección 368/92, siendo el motivo de la misma la no entrega de la preceptiva garantía por parte de la entidad denunciada. CONTESTACIÓN DEL INTERESADO AL PLIEGO DE CARGOS: en escrito presentado en la Dirección Territorial de Comercio y Consumo el día 23 de noviembre y provisto con el registro de entrada nº 2.024, el interesado manifiesta sucintamente lo siguiente: - Que pone en evidencia la inexistencia de actividad investigadora o comprobadora alguna; y por tanto, de cargos propiamente dichos. Lo único que recoge la relación de hechos es la inexistencia de una denuncia. - Que el acta nº 30.720 no hace mención alguna a que el inspector comprobara hecho alguno relacionado con la no entrega de la preceptiva garantía por parte de la entidad denunciada. Al contrario, se dice textualmente “se pudo comprobar mediante denuncia presentada en las dependencias de este Organismo ...”, es decir, que el mismo enunciado del hecho deja clara y terminantemente establecido que el hecho imputado se pudo “comprobar” mediante la denuncia de un particular; o lo que es lo mismo, que no se pudo comprobar nada, pues la denuncia pone en marcha los mecanismos de comprobación pero nunca puede constituir comprobación alguna. - Que al no existir ningún indicio que permita la imputación, sino, pura y exclusivamente, una denuncia, no existen hechos imputados, en sentido legal, frente a los cuales deba la entidad compareciente ejercitar su derecho a la defensa, sino una denuncia infundada frente a lo que únicamente cabe afirmar que se rechaza de plano, por falsa y por carecer de toda base. - Que se archive el expediente. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 11 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios en relación con el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA: las disposiciones administrativas anteriores establecen que constituye infracción en materia de defensa del consumidor el incumplimiento de las disposiciones administrativas que regulan los derechos de los consumidores. Por tanto, al haberse comercializado por parte del interesado productos careciendo de certificado de garantía, se comprueba la comisión de una infracción leve en materia de protección al consumidor. Asimismo, se hace constar que en los hechos imputados se produce un error mecanográfico al decir lo siguiente: “... se pudo comprobar mediante denuncia ...”, cuando lo que realmente debe constar es lo siguiente: “... se pudo comprobar la denuncia ...”. Por ello se rectifica dicho error. PROPUESTA: el instructor que suscribe propone la imposición de la sanción pecuniaria que se considere adecuada por el Ilmo. Sr. Director General de Comercio y Consumo, conforme se dispone en el artículo 13, apartado 8 y artº. 20, letra K) del Decreto 251/1991, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134) y al ser calificada la infracción como leve, conforme al Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), teniendo en cuenta la cuantía fijada para dichas infracciones en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 1993. PROVIDENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO: por haber causado baja en esta Consejería la funcionaria Dña. Clara E. Évora Cabrera, Instructora del presente expediente nº 38-336-92,

ACUERDO

sustituirla por D. Germán Grassa Vargas, que desde esta fecha, 24 de marzo de 1993, seguirá la correspondiente tramitación del expediente.

Lo que notifico a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 1993.- El Director Territorial de Comercio y Consumo, por delegación del Director General de Comercio y Consumo, mediante Resolución de 14 de septiembre de 1992 (B.O.C. nº 138). 2) EXPTE. Nº: 38-607/91. INSTRUIDO A: D. Domingo Alayón Valentín. D.N.I. o N.I.F.: 42.010.893. HECHOS IMPUTADOS: el día 27 de agosto de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el comercio menor de prendas de vestido y tocado, sito en la calle Marqués de Celada, 23, en el Barrio La Longuera, del término municipal de Los Realejos, y mediante acta nº 22.359 instruida al efecto se pudo comprobar que solicitada la factura de compra de unos tenis blancos, marca Beach, cuyos datos de etiquetado eran: “Fabricante Carmen Peral, S.L., domicilio social Carretera de Los Dolores, km 1.8, Grupo Vizcarra-Nave 1, 03203-Elche, Nº Identificación 03/42228, marca Registrada Beach, referencia (no consta), fabricado en España, empeine textil, forro textil, suela sintética, fijación del piso inyectado”, no se presentó como tampoco posteriormente en este Organismo. CONTESTACIÓN DEL INTERESADO AL PLIEGO DE CARGOS: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos, así como que no contestó al mismo. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 5º, apartado 5.1 en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA: las disposiciones administrativas anteriores establecen que constituye infracción en materia de defensa del consumidor el incumplimiento de las disposiciones administrativas que regulan las infracciones y sanciones en materia de consumo. Por tanto, al haberse comercializado por parte del interesado un producto concretamente, unos tenis blancos marca Beach y solicitada factura de compra no se presenta al inspector actuante ni en esta Dirección Territorial en el plazo establecido al efecto, se comprueba la comisión de una infracción leve en materia de protección al consumidor. PROPUESTA: el instructor que suscribe propone la imposición de la sanción pecuniaria que se considere adecuada por el Ilmo. Sr. Director General de Comercio y Consumo, conforme se dispone en el artículo 13, apartado 8 y artº. 20, letra K) del Decreto 251/1991, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134) y al ser calificada la infracción como leve, conforme al Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), teniendo en cuenta la cuantía fijada para dichas infracciones en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 1993.

3) EXPTE. Nº: 38-396/92. INSTRUIDO A: D. Nanik Lekhraj Berxani. D.N.I. o N.I.F.: X-0510769-P. HECHOS IMPUTADOS: el día 17 de junio de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el Bazar Texas, situado en el Centro Comercial Parque Santiago II, local nº 38, de Playa de Las Américas (término municipal de Arona), y mediante acta nº 30.661 instruida al efecto comprobó que tenía dispuesto para su venta al público en escaparate exterior un total de doce cámaras de vídeo, cinco de las cuales están marcadas con el preceptivo precio de venta al público, figurando en una de ellas, marca Phillips, 54.900 pesetas no incluyendo en el total del precio indicado el valor de los accesorios que acompañan de origen a dichas cámaras, y que son de obligada incorporación para el normal funcionamiento de la citada cámara de vídeo. CONTESTACIÓN DEL INTERESADO AL PLIEGO DE CARGOS: dentro del plazo concedido al efecto, el interesado presentó escrito de descargos, en el que sustancialmente manifiesta: 1º) Que no está de acuerdo con la calificación e imputación de los hechos que realiza el inspector, toda vez que siete de las doce cámaras de vídeo estaban debidamente marcadas y con sus respectivos P.V.P. 2º) Que no se trata de una triquiñuela para facilitar la venta, dado que las perfectamente marcadas en el escaparate no dan lugar a mal entendidos. 3º) Que más importante es la venta dejando estas obligaciones para momentos muertos y de poco trabajo. Termina en solicitud de que se decrete el sobreseimiento del expediente. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972 (B.O.E. nº 247), en concordancia con el artículo 3.2.1 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA: las disposiciones administrativas anteriores establecen que constituye infracción en materia de defensa del consumidor el incumplimiento de las disposiciones administrativas que regulan los derechos de los consumidores. Por tanto, al haberse comercializado por parte del interesado productos en las condiciones expuestas en los hechos acreditados, se comprueba la comisión de una infracción leve en materia de protección al consumidor. PROPUESTA: el instructor que suscribe propone la imposición de la sanción pecuniaria que se considere adecuada por el Ilmo. Sr. Director General de Comercio y Consumo, conforme se dispone en el artículo 13, apartado 8 y artº. 20, letra K) del Decreto 251/1991, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134) y al ser calificada la infracción como leve, conforme al Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), teniendo en cuenta la cuantía fijada para dichas infracciones en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 1993.

4) EXPTE. Nº: 38-308/92. INSTRUIDO A: Distribuidora Canarias Internacional, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A-35092394. HECHOS IMPUTADOS: el día 12 de marzo de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en los almacenes-oficinas situados en el Polígono Industrial Los Majuelos, nave 7, del término municipal de La Laguna, y mediante acta de instrucción número 22.969 instruida al efecto se pudo comprobar que esa empresa es importadora y a su vez comercializa un producto alimenticio localizado en el Supermercado Los Gigantes, lo que consta en acta de inspección nº 22.955, en cuyo etiquetado figuran los siguientes datos: Whitworths cane, Demerasa Sugar 1 kg e Nutritional, información y relación de calorías y otros datos todo ello en idioma extranjero, y careciendo de la información en idioma castellano. CONTESTACIÓN DEL INTERESADO AL PLIEGO DE CARGOS: la representación legal de la Sociedad presentó escrito de descargos en el que manifiesta: 1º) Que el Pliego fue recogido el pasado 7 de enero de 1993, en las antiguas instalaciones. 2º) Que realizada visita de inspección el día 12 de febrero se procedió a etiquetar el azúcar moreno mediante etiqueta que se adjunta. 3º) Que consideran que las antiguas etiquetas cumplían los requisitos exigidos por la Ley, por lo que solicitan que su conducta no sea considerada como infracción. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 19 del Real Decreto 1.122/1988 (B.O.E. nº 238), derogado por el artº. 20 del Real Decreto 212/1992 (B.O.E. nº 72), en concordancia con el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983 (B.O.E. nº 168). FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA: las disposiciones administrativas anteriores establecen que constituye infracción en materia de defensa del consumidor el incumplimiento de las disposiciones administrativas que regulan los derechos de los consumidores. Por tanto, al haberse comercializado por parte de la empresa encartada productos cuyo etiquetado aparece en idioma extranjero, se comprueba la comisión de una infracción leve en materia de protección al consumidor. PROPUESTA: el instructor que suscribe propone la imposición de la sanción pecuniaria que se considere adecuada por el Ilmo. Sr. Director General de Comercio y Consumo, conforme se dispone en el artículo 13, apartado 8 y artº. 20, letra K) del Decreto 251/1991, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134) y al ser calificada la infracción como leve, conforme al Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), teniendo en cuenta la cuantía fijada para dichas infracciones en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 1993.

5) EXPTE. Nº: 38-263/91. INSTRUIDO A: D. José Luis Alonso Gutiérrez. D.N.I. o N.I.F.: no presenta. HECHOS IMPUTADOS: el día 9 de mayo de 1991, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en el taller eléctrico situado en la calle La Piñera, 12, de la Cruz Santa (término municipal de Los Realejos), y mediante acta nº 18.975 instruida al efecto comprobó que este taller carece de los preceptivos carteles de información a la vista del público. Asimismo, no presenta la documentación acreditativa para ejercer esa actividad. CONTESTACIÓN DEL INTERESADO AL PLIEGO DE CARGOS: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos, así como que no contestó al mismo. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 5º, apartado 5.1 en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA: las disposiciones administrativas anteriores establecen que constituye infracción en materia de defensa del consumidor el incumplimiento de las disposiciones administrativas que regulan los derechos de los consumidores. Por tanto, al carecer el referido taller de los preceptivos carteles de información a la vista del público y no presentar la documentación necesaria para el ejercicio de la actividad, se comprueba la comisión de una infracción leve en materia de protección al consumidor. PROPUESTA: el instructor que suscribe propone la imposición de la sanción pecuniaria que se considere adecuada por el Ilmo. Sr. Director General de Comercio y Consumo, conforme se dispone en el artículo 13, apartado 8 y artº. 20, letra K) del Decreto 251/1991, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134) y al ser calificada la infracción como leve, conforme al Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), teniendo en cuenta la cuantía fijada para dichas infracciones en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 1993.

6) EXPTE. Nº: 38-416/92. INSTRUIDO A: D. Eusebio Cabrera Mesa. D.N.I. o N.I.F.: 37589234. HECHOS IMPUTADOS: el día 3 de julio de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en el Restaurante “Masía del Mar”, propiedad de D. Eusebio Cabrera Mesa y sito en La Caleta, del término municipal de Adeje, y mediante acta nº 030750 instruida al efecto se pudo comprobar la reclamación nº 385/92, advirtiendo que en el citado establecimiento no figura lista de precios expuesta al público. CONTESTACIÓN DEL INTERESADO AL PLIEGO DE CARGOS: dentro del plazo concedido al efecto, el interesado presentó escrito de descargos en el que sustancialmente manifiesta: - Que el día anterior a la visita girada por el inspector se retiraron las listas expuestas al público debido a su deterioro para ser sustituidas por unas copias en perfecto estado de conservación. - Que en cualquier caso sí estaban a disposición del público, para quien quisiera reclamarlas las listas de precios oficiales del establecimiento, sólo que no habían sido colocadas aún por las circunstancias expuestas. Termina la solicitud de que se anule el expediente. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. de 24), en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), y con el artículo 6º del Real Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), sobre publicidad y marcado en la venta al público de artículos al por menor. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA: las disposiciones administrativas anteriores establecen que constituye infracción en materia de defensa del consumidor el incumplimiento de las disposiciones administrativas que regulan los derechos de los consumidores. Por tanto, al haberse constatado que en el establecimiento no figura lista de precios expuesta al público, se comprueba la comisión de una infracción leve en materia de protección al consumidor. PROPUESTA: el instructor que suscribe propone la imposición de la sanción pecuniaria que se considere adecuada por el Ilmo. Sr. Director General de Comercio y Consumo, conforme se dispone en el artículo 13, apartado 8 y artº. 20, letra K) del Decreto 251/1991, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134) y al ser calificada la infracción como leve, conforme al Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), teniendo en cuenta la cuantía fijada para dichas infracciones en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 1993.

7) EXPTE. Nº: 38-20/93. INSTRUIDO A: D. Murli Lalwani. D.N.I. o N.I.F.: 0766330. HECHOS IMPUTADOS: el día 17 de julio de 1992, un inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección al Bazar “Milano”, situado en el Centro Comercial Playa-Shop de la Avenida Litoral, 11, de Playa de Las Américas (término municipal de Adeje), y mediante acta nº 030833, instruida al efecto se pudo comprobar la reclamación nº 407/92, siendo el motivo de la misma diversas irregularidades en la reparación de un reloj de pulsera marca “Morita”, constatándose que la garantía entregada al adquirente carece de los siguientes datos obligatorios: designación del titular de la garantía y derechos que le corresponden. CONTESTACIÓN DEL INTERESADO AL PLIEGO DE CARGOS: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos, así como que no contestó al mismo. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 11, apartado 2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.1.5 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA: las disposiciones administrativas anteriores establecen que constituye infracción en materia de defensa del consumidor el incumplimiento de las disposiciones administrativas que regulan los derechos de los consumidores. Por tanto, al haberse comercializado por parte del interesado un reloj de pulsera, careciendo la garantía de los siguientes datos de información obligatorios: designación del titular de garantía y derechos que le corresponden, se comprueba la comisión de una infracción leve en materia de protección al consumidor. PROPUESTA: el instructor que suscribe propone la imposición de la sanción pecuniaria que se considere adecuada por el Ilmo. Sr. Director General de Comercio y Consumo, conforme se dispone en el artículo 13, apartado 8 y artº. 20, letra K) del Decreto 251/1991, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134) y al ser calificada la infracción como leve, conforme al Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), teniendo en cuenta la cuantía fijada para dichas infracciones en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 1993.

8) EXPTE. Nº: 38-22/93. INSTRUIDO A: D. Roberto Hernández Rodríguez. D.N.I. o N.I.F.: 42.167.024-C. HECHOS IMPUTADOS: el día 28 de julio de 1992, un inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en Electro Canarias, situada en la calle General Goded, 9, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 30.923, instruida al efecto, se pudo comprobar la reclamación nº 438/93, siendo el motivo de la misma las presuntas irregularidades en la reparación de un interfón, constatándose por la Instrucción los siguientes hechos que se imputan: 1º) No se confeccionó presupuesto previo por escrito. 2º) En la factura expedida no se detallan los importes de cada una de las operaciones realizadas, ni se incluye la cuantía de los conceptos por desplazamientos o transporte en el establecimiento. 3º) No se exhiben las leyendas de información obligatoria al usuario. CONTESTACIÓN DEL INTERESADO AL PLIEGO DE CARGOS: existe constancia en actuaciones de que el interesado recibió el Pliego de Cargos, así como que no contestó al mismo. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículos 3º, 5º.1 y 8º.1.2 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), sobre protección de los derechos de los consumidores en su servicio de reparación de aparatos de uso doméstico, en concordancia con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA: las disposiciones administrativas anteriores establecen que constituye infracción en materia de defensa del consumidor el incumplimiento de las disposiciones administrativas que regulan los derechos de los consumidores. Por tanto, al haberse constatado las irregularidades señaladas en los hechos acreditados, se comprueba la comisión de infracciones leves en materia de protección al consumidor. PROPUESTA: el instructor que suscribe propone la imposición de la sanción pecuniaria que se considere adecuada por el Ilmo. Sr. Director General de Comercio y Consumo, conforme se dispone en el artículo 13, apartado 8 y artº. 20, letra K) del Decreto 251/1991, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo (B.O.C. nº 134) y al ser calificada la infracción como leve, conforme al Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), teniendo en cuenta la cuantía fijada para dichas infracciones en el artº. 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 1993.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 1993.- El Director General de Comercio y Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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