Se hace saber a D. Evaristo González Reyes, titular del Salón de Juegos Recreativos Mini Fruits Laguna 2, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de la Presidencia, con el nº 103/92, por infracción a la normativa sobre el juego, recayendo una sanción de un millón de pesetas, por infracción a la normativa sobre el juego, al presentar un permiso de autorización de instalación y apertura caducado, con fecha 22 de febrero de 1991. Asimismo, se deja constancia que con fecha 30 de octubre de 1991, se refleja en el Libro de Inspección en la hoja nº 9 tal circunstancia, levantándose Acta de constatación de hechos. Dicho salón se encuentra abierto y en funcionamiento.
Lo que supone infracción a los artículos 27 y 29 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificada como falta muy grave, la instalación y apertura de salones recreativos sin previa autorización, a tenor de lo dispuesto en el artº. 39.2, correspondiéndole una sanción de un millón de pesetas, y todo ello de acuerdo con el artº. 42 del referido Decreto y artº. 22 y siguientes de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre (B.O.C. nº 158, de 31 de diciembre). No se admiten las alegaciones formuladas por el interesado toda vez que, consultados los datos obrantes en esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas, se comprueba que el salón de referencia pertenece a D. Evaristo González Reyes, si bien consta una solicitud de transferencia de titularidad del salón, ésta no llegó a realizarse, al no aportar la documentación exigida en el Decreto 93/1988, de 31 de diciembre, procediéndose al archivo de las actuaciones.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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