Se hace saber a Recreativos Los Reyes, con título de empresa operadora revocado, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador, que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de Presidencia y Turismo, con el nº 127/92, por infracción a la normativa sobre el juego, recayendo una sanción de dos millones ochocientas mil pesetas, por la instalación y funcionamiento en el Bar The Minstrei, sito en Costa del Silencio, bloque 5, al haberse comprobado por la Inspección del Juego, según Acta de fecha 15 de abril de 1992, que la máquina recreativa tipo B clandestina carece de todo tipo de documentación, procediéndose a su precinto. Asimismo, el titular de la máquina carece de título de empresa operadora.
Lo que supone infracción a los artículos 8, 18.1.c), 11, 12, 13, 19.2, 30.1.a), b y c), 31.1.b), c) y d), y 44 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), tipificadas como faltas muy graves, la carencia de título de empresa operadora para la explotación de máquinas recreativas y la carencia de Guía de Circulación; como faltas graves, la carencia de Boletín de Instalación y la carencia de Libros a conservar en el local; como falta leve, la carencia de justificante de abono de la Tasa Fiscal de Juego, a tenor de lo dispuesto en los artículos 39.1.2), 40.4 y 41.3, correspondiendo a la sanción propuesta en desglose como sigue: por las faltas muy graves, un millón de pesetas cada una; por las faltas graves, carencia de Boletín de Instalación, quinientas mil pesetas; carencia de Libros de Reclamaciones y Reglamento de Juego, doscientas mil pesetas; por carencia de justificante de abono de Tasa, cien mil pesetas, todo ello de acuerdo con el artº. 42 del referido Decreto 93/1988 y artículos 22 y siguientes de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre (B.O.C. nº 158, de 31.12.85).
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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