Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Benigno Armas Santana la Orden de 19 de mayo de 1993 (libro 01, folio 321), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo recaída en el expediente nº 35/779/91.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de 1993.- El Secretario General Técnico, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.
A N E X O
Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo por D. Benigno Armas Santana, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de fecha 26 de enero de 1993, recaída en el expediente nº 35/779/91, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cinco mil (5.000) pesetas, y
RESULTANDO
Primero: que según inspección practicada por inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo el día 10 de noviembre de 1991, sobre las 10,30 horas, el guardia 1º Jefe Intº Destacamento D. Agustín Martín Hernández, en el momento de hallarse prestando servicio por la zona conocida como Guanarteme, observó que D. Benigno Armas Santana comercializaba la cantidad de treinta y un kilos de sardinas Pilchardus, según peso comprobado, cuya talla media no sobrepasaba los cuatro cm.
El guardia civil entregó las citadas sardinas a Cáritas Diocesana de Las Palmas, según consta en el recibo de dicha entidad.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se formuló Pliego de Cargos en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.1.3 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 35, apartado 4 de la R.T.S. de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano, aprobado por Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201); y el Decreto 155/1986, de 9 de octubre (B.O.C.A.C. nº 125, de 17.10.86), por el que se establecen las tallas mínimas para la captura de peces en aguas interiores del Archipiélago.
Tercero: que la Dirección General de Comercio y Consumo resuelve sancionar al recurrente, previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con una sanción de multa de cinco mil (5.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 8 de febrero de 1993, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente: se reitera en las alegaciones anteriores.
Quinto: que la Dirección General de Comercio y Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas. Y siendo de aplicación los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.1.3 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 35, apartado 4 de la R.T.S. de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano, aprobado por Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201); y el Decreto 155/1986, de 9 de octubre (B.O.C.A.C. nº 125, de 17.10.86), por el que se establecen las tallas mínimas para la captura de peces en aguas interiores del Archipiélago.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Comercio y Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 20.1.k) del Decreto Territorial 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora, por cuanto el artº. 27.1.a) de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios establece la responsabilidad entre otras del vendedor por los bienes y productos que comercializa atendiendo al origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad de las mismas y con las normas que los regulan, por lo tanto el interesado responde del incumplimiento de la normativa aplicable, indicada en el Considerando segundo, cometiendo infracción leve como tal sancionada.
No puede eximirse el recurrente alegando ignorancia de las normas, por cuanto es principio general del Derecho que La ignorancia de las normas no excusa de su cumplimiento. Artículo 6.1 del Código Civil. Impidiéndose de esta manera que el cumplimiento de las normas queda ligado a las circunstancias subjetivas de su conocimiento o desconocimiento por los ciudadanos, en este caso del recurrente.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
Sexto: que el presente recurso no ha sido dictaminado por los Servicios Jurídicos por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por aquéllos en dictámenes anteriores.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 251/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Consumo, y el posterior 62/1993, de 13 de abril, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. Benigno Armas Santana, frente a la Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de fecha 26 de enero de 1993, recaída en el expediente nº 35/779/91, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cinco mil (5.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, José Vicente León Fernández.
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