Se hace saber a Los Reyes Recreativos, titular de la extinta empresa operadora nº 343, que se halla en ignorado paradero, que ha sido resuelto el expediente sancionador, que se ha incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de la Presidencia, con el nº 138/92, por infracción a la normativa vigente sobre el juego, recayendo una sanción de dos millones trescientas mil pesetas, por la instalación y funcionamiento en el Bar Mesón D. Armando, sito en Los Cristianos, calle Prolongación, Avenida de Suecia, 5-B, de una máquina recreativa TF-A-2358, modelo B-1629, serie AA-63, careciendo de Guía de Circulación, Boletín de Instalación y Tasa Fiscal de Juego, ya que presenta fotocopia de una Guía de Circulación con el mismo TF-B, pero distinto modelo y serie. Asimismo la fotocopia del Boletín de Instalación recoge la instalación en el Bar Cafetería Rodríguez.
Por otro lado, la empresa operadora Los Reyes Recreativos, que figura en las fotocopias incorporadas a la máquina, carece de título de empresa operadora, según Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de 17 de octubre de 1991, debiendo cesar toda actividad económica con la explotación de máquinas recreativas y de azar.
Lo que supone infracción a los artículos 8, 9, 11, 12, 18.1.c), 30.1.d) y 31.1.b) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), y artº. 21.2.1.g) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
Sancionándose como disponen los artículos 39.1.2), 40.4 y 41.3 del citado Decreto y artº. 22 y siguientes de la mencionada Ley 6/1985.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a la Consejería de Presidencia y Turismo, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de junio de 1993.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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