BOC - 1993/075. Viernes 11 de Junio de 1993 - 918

I. DISPOSICIONES GENERALES - C.Educación, Cultura y Deportes

918 - ORDEN de 13 de mayo de 1993, por la que se establece el procedimiento de autorización de Centros docentes privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General.

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El Real Decreto 1.004/1991, de 14 de junio, establece los requisitos mínimos de los Centros que impartan Enseñanzas de Régimen General no universitarias, en desarrollo del artículo 14 de la LODE. Por su parte, el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, regula una normativa de carácter procedimental para garantizar que los Centros privados, cuya apertura se solicita, reúnen tales requisitos y, por tanto, pueden ser autorizados a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la LODE, e incardina en el procedimiento general de autorización la voluntad de acogerse al régimen de conciertos. En la regulación de estas cuestiones se ha buscado, en todo momento, garantizar los derechos del promotor del Centro, permitiendo que la Administración pueda pronunciarse, antes de que hayan comenzado las obras de construcción.

Con el fin de unificar criterios y garantizar una adecuada tramitación de los expedientes de solicitud de autorización para la apertura de un Centro docente, así como las modificaciones de que puede ser objeto la autorización y la extinción de la misma, esta Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en uso de la atribución conferida en la Disposición Final Primera del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 4º y 5º del Decreto 305/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Orden de esta Consejería de 19 de enero de 1993, por la que se establece el procedimiento de autorización a Centros privados para impartir la Educación Secundaria Obligatoria, ha dispuesto:

Artículo 1º.- 1. La apertura y funcionamiento de los Centros docentes privados que impartan Enseñanzas de Régimen General, de las reguladas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se someterán al principio de autorización administrativa.

2. El régimen jurídico de las autorizaciones de los Centros a que se refiere el apartado anterior se regulará en la Comunidad Autónoma Canaria por lo que se establece en la presente Orden.

3. La autorización se concederá siempre que los Centros reúnan los requisitos mínimos establecidos con carácter general por el Real Decreto 1.004/1991, de 14 de junio, y se revocará cuando los Centros dejen de reunir estos requisitos. Los Centros autorizados gozarán de plenas facultades académicas y se inscribirán en el Registro de Centros.

Artículo 2º.- 1. Toda persona física o jurídica de carácter privado y de nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la Comunidad Europea podrá obtener autorización para la apertura y funcionamiento de Centros docentes privados, si reúnen los requisitos establecidos por la legislación vigente.

2. Podrán igualmente obtener dicha autorización las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de nacionalidad extranjera, estándose a lo que resulte de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales, o, en su caso, del principio de reciprocidad.

Artículo 3º.- No podrán ser titulares de Centros docentes privados:

a) Las personas que presten servicios en la Administración educativa estatal, autonómica o local.

b) Quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos. c) Las personas físicas o jurídicas expresamente privadas del ejercicio de este derecho por sentencia firme.

d) Las personas jurídicas en las que las personas incluidas en los apartados anteriores desempeñen cargos rectores o sean titulares del 20 por 100 o más del capital social.

Artículo 4º.- 1. Los Centros autorizados tendrán como denominación genérica la correspondiente a las enseñanzas para las que estén autorizados.

2. Todos los Centros privados tendrán una denominación específica que figurará en la correspondiente inscripción registral. No podrán utilizarse, por parte de los Centros, denominaciones diferentes de ella.

I. EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

Artículo 5º.- 1. El expediente de autorización administrativa para la apertura y funcionamiento de un Centro docente privado, se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud dirigida al Consejero de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección Territorial de Educación correspondiente.

2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior contendrá los siguientes datos:

a) Persona física o jurídica que promueve el Centro.

b) Denominación específica que se propone.

c) Localización geográfica del Centro.

d) Enseñanzas para las que se solicita autorización.

e) Número de unidades y puestos escolares que pretenden crearse.

3. A la solicitud se acompañará declaración o manifestación de que la persona promotora del Centro no se encuentra incursa en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 3º de la presente Orden.

Asimismo, se acompañará el proyecto de las obras que hayan de realizarse para la construcción del Centro, que se ajustará a las instalaciones y condiciones establecidas en el Real Decreto 1.004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan Enseñanzas de Régimen General no universitarias. Si se trata de inmuebles ya existentes, deberán presentarse los planos de las instalaciones en su estado actual y, en su caso, el proyecto de las obras previstas para su acondicionamiento. En cualquier caso, se aportará el título jurídico que justifique la posibilidad de utilización de los inmuebles afectados.

Artículo 6º.- Si la solicitud de autorización no contuviera los datos o no viniera acompañada de la documentación que se recoge en el artículo 5º de la presente Orden, la Dirección Territorial de Educación correspondiente requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se archivará sin más trámite.

Artículo 7º.- 1. La Dirección Territorial de Educación remitirá la solicitud, conteniendo todos los datos y acompañada de la documentación que se recoge en el artículo 5º de la presente Orden, a la Dirección General de Infraestructura Educativa.

2. La Dirección General de Infraestructura Educativa, previo informe de los servicios competentes, dictará Resolución sobre adecuación de las edificaciones propuestas a los requisitos mínimos que, en cuanto a instalaciones, señala el Real Decreto 1.004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan Enseñanzas de Régimen General no universitarias.

3. La Resolución de la Dirección General de Infraestructura Educativa que, en su caso, irá precedida del trámite de vista y audiencia del interesado, deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde la fecha en que el promotor del Centro hubiese completado la documentación a que se refiere el artículo 5º. Esta Resolución no pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 8º.- 1. Dictada la Resolución a que se refiere el apartado anterior, si no fuera necesario la realización de obras, el interesado instará la autorización definitiva. La solicitud se presentará en la Dirección Territorial de Educación correspondiente, ante la que presentará también relación del personal de que dispondrá el Centro desde el momento del inicio de su actividad, con indicación de sus titulaciones respectivas.

2. En el caso de que fuera preciso la realización de obras, una vez ejecutadas éstas, el interesado instará la autorización definitiva. La solicitud se presentará en la Dirección Territorial de Educación correspondiente, ante la que presentará, además de la relación del personal a que hace referencia el apartado anterior, certificado de final de obra, firmado por técnico competente.

La relación de personal a que hacen referencia los párrafos anteriores podrá ser sustituida por el compromiso de aportar antes del inicio de las actividades educativas, la relación citada, que deberá ser aprobada expresamente por la respectiva Dirección Territorial de Educación, antes de la entrada en funcionamiento del Centro.

3. El Servicio de Inspección Educativa y la Unidad Técnica de Construcciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las inspecciones pertinentes, a fin de comprobar:

a) Si las instalaciones coinciden con las propuestas en su momento y que fueron objeto de la Resolución de la Dirección General de Infraestructura Educativa.

b) La idoneidad y suficiencia del mobiliario y equipo didáctico.

4. El informe del Servicio de Inspección Educativa deberá referirse, especialmente, a la suficiencia y titulación del profesorado con que contará el Centro, según la relación aportada.

5. La Dirección Territorial de Educación remitirá el expediente, con su informe, a la Dirección General de Infraestructura Educativa, que, previo en su caso, el trámite de vista y audiencia, formulará propuesta de resolución en el plazo máximo de dos meses, contados a partir del momento en que el interesado presente dicha documentación o, en su caso, desde el momento en que complete la misma.

6. El Consejero de Educación, Cultura y Deportes concederá la autorización de apertura y funcionamiento del Centro docente, siempre que reúna los requisitos mínimos que, con carácter general, se establecen en el Real Decreto 1.004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan Enseñanzas de Régimen General no universitarias. En otro caso, denegará la autorización mediante resolución motivada, la cual pondrá fin a la vía administrativa.

La resolución íntegra se notificará al titular del Centro; su parte dispositiva será publicada en el Boletín Oficial de Canarias.

7. En la resolución por la que se autorice la apertura y funcionamiento de un Centro docente, constarán los datos siguientes:

a) Titular del Centro.

b) Domicilio, localidad, municipio y provincia.

c) Denominación específica.

d) Enseñanzas que se autorizan. e) Número de unidades o puestos escolares autorizados.

La modificación de alguno de los datos señalados requerirá la previa autorización administrativa en los términos previstos en los artículos 13º y siguientes de la presente Orden.

Artículo 9º.- 1. La autorización de apertura y funcionamiento de un Centro docente surtirá efectos a partir del curso académico inmediatamente siguiente al de la fecha de la correspondiente resolución. No obstante, el titular del Centro podrá solicitar que se aplace la puesta en funcionamiento de éste.

2. En el Centro se impartirán las enseñanzas autorizadas con arreglo a la ordenación académica en vigor.

Cualquier modificación en las enseñanzas autorizadas, aun cuando se realice con carácter experimental, deberá ser aprobada por el Consejero de Educación, Cultura y Deportes a propuesta de la Dirección General competente e inscribirse en el Registro de Centros.

II. DE LOS EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS QUE DESEEN ACCEDER AL RÉGIMEN DE CONCIERTOS.

Artículo 10º.- Los expedientes de autorización de los Centros en los que se vayan a impartir enseñanzas obligatorias y que deseen acceder, en su momento, al régimen de conciertos educativos, se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la presente Orden, con las particularidades que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 11º.- La solicitud de iniciación del expediente de autorización deberá contener, además de los datos mencionados en el artículo 5º de esta Orden, manifestación expresa de la voluntad de acogerse al régimen de conciertos educativos.

Artículo 12º.- 1. La Dirección Territorial de Educación correspondiente procederá según lo dispuesto en el artículo 7º de esta Orden y elevará a la Dirección General de Infraestructura Educativa, junto con la solicitud de apertura y funcionamiento del Centro, su informe sobre la concurrencia en el mismo de las siguientes circunstancias:

a) Si el Centro va a satisfacer necesidades de escolarización de la zona en que va a situarse.

b) Si va a atender poblaciones socioeconómicamente desfavorecidas. c) Si propone la realización de alguna experiencia de interés pedagógico para el sistema educativo.

2. La Dirección General de Infraestructura Educativa dará traslado a la de Promoción Educativa de la solicitud del promotor y del informe de la Dirección Territorial de Educación a que hace referencia el apartado anterior, que resolverá sobre la petición, sin poner fin a la vía administrativa.

III. DE LAS MODIFICACIONES DE LA AUTORIZACIÓN.

Artículo 13º.- 1. Se consideran circunstancias que dan lugar a la modificación de la autorización las siguientes:

a) Cambio de denominación específica del Centro.

b) Modificación de las instalaciones que implique:

- Alteración de las dimensiones de los espacios que fueron tenidos en cuenta para otorgar la autorización.

- Cambio en el uso o destino de dichos espacios.

c) Ampliación o reducción del número de unidades o puestos escolares, siempre que el Centro siga cumpliendo los requisitos que sirvieron de base en la autorización administrativa para impartir las modalidades, ciclos formativos y número de unidades o puestos escolares; en caso contrario se estaría ante un supuesto de nueva autorización.

d) Modificación de las enseñanzas cuando se realice con carácter experimental, manteniéndose el mismo ciclo, etapa o nivel educativo para el que fue autorizado el Centro.

e) Ampliación, reducción o sustitución de enseñanzas, en el caso de Centros que impartan Bachillerato.

f) Ampliación, reducción o sustitución de modalidades, en el caso de Centros que impartan Bachillerato.

g) Cambio de titularidad del Centro.

2. Se consideran circunstancias que dan lugar a una nueva autorización las siguientes:

a) Cambio de domicilio del Centro por traslado de instalaciones.

b) Cambio en el ciclo, etapa o nivel educativo para el que fue autorizado el Centro, salvo lo dispuesto en el apartado 1.d) y 1.e), anteriores.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el cambio de domicilio de un Centro concertado se tramitará según lo dispuesto en el artículo 5º de esta Orden, si no se modifica el área de influencia del Centro y se mantienen las condiciones de atención al mismo grupo de población escolarizable.

Artículo 14º.- 1. La modificación de la autorización deberá ser aprobada por la misma autoridad a quien corresponde la autorización para la apertura y funcionamiento de los Centros, si se cumplen los requisitos establecidos en la presente Orden.

2. Los interesados formularán la correspondiente solicitud, en la que se expresen las causas de la modificación, ante la Dirección Territorial de Educación correspondiente.

3. Cuando la solicitud suponga modificación de las instalaciones se acompañará de los planos correspondientes, a fin de comprobar la adecuación de las nuevas instalaciones a los requisitos mínimos establecidos en el Real Decreto 1.004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan Enseñanzas de Régimen General no universitarias.

4. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá aplicable a los siguientes supuestos:

a) Ampliación o reducción de unidades o puestos escolares.

b) Modificaciones relativas a las modalidades de Bachillerato que imparte el Centro.

c) Modificaciones relativas a los ciclos formativos de Formación Profesional cuando se trate de ciclos no coincidentes en cuanto a los requisitos mínimos establecidos.

5. El Servicio de Inspección Educativa y la Unidad Técnica, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las inspecciones pertinentes, a fin de comprobar:

a) La adecuación de las nuevas instalaciones a los requisitos mínimos establecidos en el Real Decreto 1.004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan Enseñanzas de Régimen General no universitarias.

b) La idoneidad y suficiencia del mobiliario y equipo didáctico de las nuevas instalaciones.

6. El informe del Servicio de Inspección Educativa deberá referirse especialmente a la suficiencia y titulación del profesorado, de acuerdo con la modificación solicitada por el Centro.

Artículo 15º.- 1. La Dirección Territorial elevará la solicitud, acompañada de los informes pertinentes, a la Dirección General de Infraestructura Educativa, que propondrá al Consejero de Educación, Cultura y Deportes la oportuna resolución previo, en su caso, el trámite de vista y audiencia.

2. La resolución, que ponga fin al expediente, se dictará en un plazo máximo de tres meses, contados desde la presentación de la solicitud, o en su caso, desde la subsanación de los reparos que se hayan formulado. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa.

La resolución que se adopte será notificada y publicada, en los términos que se establecen en el artículo 8º.6 de esta Orden.

3. La modificación que se apruebe dará lugar a la correspondiente modificación de la inscripción del Centro en el Registro establecido al efecto.

Artículo 16º.- 1. Se considera cambio de titularidad del Centro toda transferencia o cesión a título oneroso o gratuito, “inter vivos” o “mortis causa”.

2. En ningún caso procederá el cambio de titularidad de un Centro sobre el que se esté tramitando expediente de revocación de la autorización administrativa o, en su caso, expediente de extinción del concierto educativo, cuando se trate de transferencia o cesión a título oneroso o gratuito “inter vivos”.

3. La solicitud de cambio de titularidad, por transferencia “inter vivos”, cuya autorización requerirá que el nuevo titular no se encuentre incurso en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 3º de la presente Orden, se acompañará de los siguientes documentos:

- Manifestación de que el nuevo titular no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 3º de la presente Orden.

- Documento público acreditativo de que el nuevo titular se subroga en todos los derechos y obligaciones que, acerca del Centro docente de que se trate, corresponden al titular cedente.

4. En el caso de cambio de titularidad por transferencia “mortis causa” deberá aportarse, además, documento acreditativo de la correspondiente adquisición hereditaria.

IV. DE LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.

Artículo 17º.- 1. La autorización se extingue por el cese en sus actividades del Centro docente o por revocación expresa por la Administración educativa.

2. La resolución correspondiente se adoptará por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, acto que pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 18º.- 1. La extinción de la autorización por cese de actividades de un Centro docente se declarará de oficio por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, previa audiencia del interesado, cuando dicho Centro haya cesado de hecho en sus actividades.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación, en el caso de Centros de Formación Profesional, respecto de las enseñanzas que hayan dejado de impartir. En este supuesto, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de oficio, previa audiencia del interesado, procederá a modificar la autorización excluyendo de la misma las enseñanzas no impartidas.

3. La extinción de la autorización podrá acordarse a instancia del titular del Centro. En el supuesto de un Centro acogido al régimen de conciertos educativos, no procederá la extinción de la autorización, a instancia del titular del Centro concertado, hasta la fecha de extinción del concierto, salvo acuerdo entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el interesado.

4. En todo caso, la extinción de la autorización surtirá efectos desde el inicio del curso académico siguiente.

Artículo 19º.- 1. El expediente de extinción de la autorización por revocación expresa de la Administración procederá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, cuando el Centro deje de reunir alguno de los requisitos mínimos establecidos en el Real Decreto 1.004/1991, de 14 de junio.

2. Cuando la falta de los requisitos a que se refiere el apartado anterior pueda ser subsanada por el titular del Centro, se le notificará esta circunstancia, así como la iniciación de expediente de revocación si la causa no se subsanase en el plazo que se indique.

3. El expediente de revocación se iniciará por la Dirección General de Infraestructura Educativa. Instruido el expediente, se dará vista y audiencia al titular del Centro. Cumplido este trámite, y a la vista de las actuaciones realizadas y de las alegaciones que hubiera formulado el interesado, se formulará propuesta de resolución ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes. Artículo 20º.- 1. En la Orden por la que se autorice el cese de actividades de un Centro y en la que acuerde la revocación de la autorización, podrá aprobarse que los efectos de aquéllas sean progresivos, a fin de que los alumnos matriculados en el Centro no sufran alteración en su trayectoria educativa.

2. Las Órdenes a las que se refiere el apartado anterior, darán lugar a la correspondiente inscripción de baja en el Registro de Centros docentes.

Artículo 21º.- 1. Los incumplimientos de normas de régimen académico se comunicarán al interesado para su subsanación.

2. Si el incumplimiento consistiera en no impartir las enseñanzas para las que se autorizó el Centro, de acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio y con sujeción a las normas de ordenación académica, en vigor, se advertirá de ello al interesado para que subsane las deficiencias. De no hacerlo así, en el plazo que se señale, se iniciará el procedimiento de revocación de la autorización. Todo ello, según lo dispuesto en el artículo 19º.2 de la presente Orden.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las solicitudes de autorización de nuevos Centros, las de modificación o de extinción de la autorización, así como los expedientes de revocación, que se estén tramitando a la entrada en vigor de la presente Orden, continuarán tramitándose con arreglo a esta norma.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En todo caso, se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1.004/1991, de 14 de junio, por la que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan Enseñanzas de Régimen General no universitarias.

Segunda.- Se autoriza a la Dirección General de Infraestructura Educativa para dictar las Resoluciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta Orden.

Tercera.- La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 1993.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, José Mendoza Cabrera.



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