BOC - 1993/033. Miércoles 17 de Marzo de 1993 - 388

III. OTRAS RESOLUCIONES - C.Política Territorial

388 - ORDEN de 23 de noviembre de 1992, por la que se resuelve el expediente sobre desclasificación de la Unidad de Actuación nº 7 de las Normas Subsidiarias Municipales de Santa Brígida (Gran Canaria).

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Resultando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 7 de febrero de 1991, adoptó, entre otros, Acuerdo sobre toma de conocimiento del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Santa Brígida, publicándose en el Boletín Oficial de Canarias de 17 de abril del mismo año.

Resultando que, entre otras determinaciones las citadas Normas Subsidiarias contemplan la existencia y ordenación de una Unidad de Actuación identificada con el nº 7, en la zona conocida por Monte Coello, en el mencionado término.

Resultando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 19 de noviembre de 1991, adoptó, entre otros, el Acuerdo de iniciar los trámites para proceder a la desclasificación de la citada UA-7, previa audiencia de los interesados que pudieran ser afectados por la misma.

Resultando que, en cumplimiento del mandato de la C.U.M.A.C. con fecha 13 de febrero del presente año se notificó a D. Matías Hernández Marrero, en su condición de propietario del suelo afectado, el acuerdo de incoación del expediente desclasificatorio, otorgándosele un plazo de 10 días para que presentase cuantas alegaciones estimase oportunas en defensa de sus intereses.

Resultando que, con fecha 25 de febrero de 1992 se formula, por el Sr. Hernández Marrero, el oportuno escrito de alegaciones sobre cuyo contenido se emitieron los correspondientes informes técnicos y jurídicos.

Considerando que en la tramitación del expediente no se han producido defectos de forma que invaliden las actuaciones dado que la incoación del mismo responde a la potestad revisora reconocida a la Administración en el Capítulo Primero del Título V de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, y no a una interpretación abusiva del artículo 119 de la misma norma legal, como pretende demostrar el alegante.

Considerando que de los informes emitidos por los Servicios de esta Consejería no se deducen razones que aconsejen declarar la lesividad del acuerdo clasificatorio de la UA-7 y que, por el contrario, se dan los presupuestos necesarios para mantenerla en su actual ordenación atendiendo al carácter reglado que impera en la clasificación del suelo urbano.

Considerando que la competencia para resolver el expediente declarativo de lesividad fue transferida al Consejero de Política Territorial por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, según Acuerdo adoptado en sesión celebrada el 6 de abril de 1992.

Vistos los informes emitidos, los artículos 110, 117 y 119 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto 306/1991, de 29 de noviembre, concordantes y demás normas de general y pertinente aplicación,

D I S P O N G O:

Mantener la clasificación de la Unidad de Actuación nº 7, prevista en las Normas Subsidiarias de Santa Brígida, con la misma ordenación regulada en el Texto Refundido del que tomó conocimiento la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 7 de febrero de 1991, y, en consecuencia, proceder al archivo del expediente de revisión al no apreciarse circunstancias que avalen la declaración de lesividad y contrastarse, por el contrario, la idoneidad de la clasificación asignada.

La presente resolución deberá ser debidamente publicada en el Boletín Oficial y notificada al Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida así como al particular con indicación expresa de que contra el presente acuerdo cabe interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, y recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución expresa del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si éste fuera expreso, o de un año, si fuera por silencio administrativo negativo, a contar desde la fecha de interposición del recurso de reposición, todo ello de conformidad con los artículos 54 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de noviembre de 1992.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL, José Francisco Henríquez Sánchez.



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