Se hace saber a la empresa operadora Pejico, S.L., que se halla en ignorado paradero, que se ha dictado Providencia y Pliego de Cargos en el expediente sancionador incoado por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, Consejería de la Presidencia, con el nº 99/92, por infracción a la normativa sobre el juego, al haberse comprobado que en el Bar Montserrat, sito en la Avenida Apolinario, s/n, de esta ciudad, se encuentra instalada y en funcionamiento una máquina recreativa tipo B, modelo Multy Ball, careciendo de la Guía de Circulación, de las marcas de fábrica, la Placa de Identidad, el Boletín de Instalación y de la pegatina acreditativa del pago de la Tasa Fiscal del Juego, presentando incorporada a la misma la siguiente documentación: una fotocopia de Guía de Circulación cuyos datos figuran alterados con bolígrafo, un Boletín de Instalación cuyos datos no se corresponden con la máquina instalada ni con el local de instalación y sin diligenciar por esta Consejería y una pegatina del pago de la Tasa Fiscal correspondiente al 2º semestre de 1989, cuyos datos también aparecen alterados con bolígrafo; igualmente presenta las marcas de fábrica tanto en la carcasa como en el cristal frontal borradas en su totalidad, por lo que se procedió al precinto cautelar de la máquina. Según el titular del establecimiento, la persona que instaló y periódicamente hizo la recaudación de la máquina, fue D. Pedro Jiménez Correa, representante de la empresa operadora Pejico, S.L., según figura en la tarjeta de visita entregada por éste al dueño del establecimiento. Asimismo, durante la inspección, el titular del establecimiento telefoneó a la persona que instaló la máquina, quien posteriormente se personó en el lugar, siendo identificado por el Sr. Monserrat como el tal Pedro Jiménez, el cual se negó a identificarse al inspector actuante y ante la advertencia de éste de llamar a la policía, se montó en un vehículo, marchándose del local; todo lo anterior constituye una infracción a lo dispuesto en los artículos 11, 12, 30.1.a), b), c) y d), 31.1.b) y 45.2 del Decreto 93/1988 citado, en relación con los artículos 39.2.10.17, 40.4 y 41.3 del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el artº. 43 del Decreto citado, se le concede el plazo de ocho días, a contar del siguiente a la presente publicación, para que pueda formular en su descargo las alegaciones que tuviere por conveniente a la defensa de su derecho.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de noviembre de 1992.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
© Gobierno de Canarias