Con esta fecha se le dice a D. José Antonio Díaz Marrero, en ignorado paradero, que por el Sr. Consejero de la Presidencia ha sido dictada con fecha 17 de febrero de 1992, la Orden que a continuación se transcribe:
Orden de 17 de febrero de 1992, por la que se procede a instar a la Tesorería de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, para que ponga a disposición de la Recaudación de Tributos, de la propia Consejería, parte del importe de la fianza constituida por la empresa operadora José Antonio Díaz Marrero (E. 4/91).
Vista la Providencia dictada por la Recaudación de Tributos de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias y expediente referido a la empresa operadora José Antonio Díaz Marrero.
Resultando que la empresa operadora José Antonio Díaz Marrero aparece registrada en este Centro Directivo, bajo el nº CA-083, estando en consecuencia afecta a lo establecido en la normativa vigente sobre juegos y en especial al Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar aprobado por Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Resultando que la empresa de referencia con fechas 31.10.89 y 23.6.89, constituyó fianzas ante la Tesorería de Hacienda del Gobierno de Canarias, con aval de la entidad Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, con número 89/02/1278 y 88.02.000252, por importe de ocho y dos millones (8.000.000 y 2.000.000) de pesetas a disposición del Consejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias.
Resultando que por Providencia de fecha 12 de noviembre de 1991 la Recaudación de Tributos de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, acordó el embargo de los avales al deudor José Antonio Díaz Marrero por importe de quinientas diez mil trescientas (510.300) pesetas.
Considerando lo establecido en el artículo 35 del Decreto Territorial 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, que regula el establecimiento de fianzas, así como el artículo 16.2 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias.
Considerando que la competencia en materia de juego corresponde a la Consejería de la Presidencia a tenor de lo dispuesto en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, el Decreto Territorial 231/1991, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de la Presidencia, y concordantes.
Vistas las demás disposiciones legales citadas y demás de pertinente aplicación, y en uso de las facultades que me están conferidas,
D I S P O N G O:
Ordenar a la Tesorería de Hacienda del Gobierno de Canarias, ponga a disposición de la Recaudación de Tributos de la Consejería de Hacienda, la cantidad de quinientas diez mil trescientas (510.300) pesetas, importe principal de los débitos seguidos contra la empresa operadora José Antonio Díaz Marrero, detrayendo tal importe de las fianzas prestadas por la entidad Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, que gira bajo los números 89/02/1278 y 88.02.000252, constituido con fechas 31.10.89 y 23.6.88, dándoseme cuenta de ello.
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.2 del Decreto 93/1988 citado, al producirse la disminución de la cuantía de la fianza, el interesado deberá en el plazo máximo de un mes completar la misma en la cuantía obligatoria prevista reglamentariamente, bajo apercibimiento de, en caso contrario, producirse la cancelación de la inscripción o revocación de la autorización que la motivó.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa podrá interponerse ante esta Consejería, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artº. 52 y concordantes de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de noviembre de 1992.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
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