No teniendo constancia esta Dirección General de Vivienda, del domicilio de D. Juan Antonio Varela V., D. Jesús Monzón González, D. Manuel Navarro Cáceres, y D. Arturo Martínez Díaz, y siendo necesario notificarles la Resolución recaída en el expediente sancionador S-8/91, al ser parte interesada, y de conformidad con lo previsto en el art. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
R E S U E L V O:
Notificar, a las personas referidas, la Resolución de fecha 2 de julio de 1992, cuya parte dispositiva, dice textualmente:
Sancionar en calidad de responsables solidarios a las entidades mercantiles Estructuras y Cimientos Insulares, S.A. (Constructora) y Edificios San Fernando, S.A. (Promotora), con multa de 350.000 pesetas, como autoras de una infracción muy grave al régimen legal de viviendas de protección oficial, Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por la existencia de vicios o defectos constructivos en los inmuebles de V.P.O., amparados en el expediente 35-1-0024/86, sito en lotes 1 y 2, de San Fernando de Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, que afectan a la totalidad de las viviendas y elementos comunes, concretándose en:
Interiores (grietas en los muretes de cerramiento); garajes (deterioro de pavimento; muros de cerramiento estallados; enfoscado de juntas de dilatación saltado; humedades en paramento horizontal); aljibe (falta bomba de achique); cubiertas (fisuras en unión de estructura con cerramiento); escaleras (plaquetas de pavimento fisuradas y desprendidas; unión entre carpintería de ventana y huecos no está perfectamente sellada; humedades en parámentos verticales); viviendas (humedades generalizadas; fisuras en los tabiques de escayola; muros medianeros de solanas separados de los cerramientos; petos de ventanas fisurados; muretes de ventana fisurados).
Requerirles a fin de que en el plazo de treinta días, efectúen las obras de reparación necesarias, a fin de subsanar conforme al buen hacer de la construcción, las deficiencias en cuestión; bajo apercibimiento que de no proceder conforme a lo expuesto, se procederá a la imposición de sucesivas multas coercitivas hasta el total cumplimiento de lo ordenado.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de quince días, a contar del siguiente al de la publicación de esta notificación, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Viceconsejero de Vivienda, de conformidad con lo prevenido en el art. 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, del Gobierno de Canarias, en relación con el art. 122 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de agosto de 1992.- La Directora General de Vivienda, p.a., el Director General de Aguas (Orden de 28 de julio de 1992, B.O.C. n 106, de 31.7.92), José Jiménez Suárez.
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