Habiendo sido intentada, mediante carta certificada con acuse de recibo, la notificación de la presente Resolución en el domicilio que consta en esta Consejería de la Presidencia, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, de conformidad a lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
R E S U E L V O:
Notificar a la empresa operadora Repal, S.L., la Resolución de 25 de febrero de 1992, que figure en el anexo de esta Resolución, recaída en el expediente sancionador nº 33/91.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de 1992.- La Viceconsejera para las Administraciones Públicas, Ana María Oramas González-Moro.
A N E X O
Visto el expediente sancionador nº 33/91 incoado por la Dirección General de Justicia e Interior a la empresa operadora Repal, S.L. por infracción a la vigente normativa sobre el juego.
Resultando que en el bar Tasadera, sito en Teror, calle Calvo Sotelo, 22, se encuentran instaladas dos máquinas recreativas del tipo B: modelo Baby non plus ultra serie 1-4874, permiso GC-B-7354-88 y la modelo Cirsa Bongo 7, serie A-3329, permiso GC-B-0356-84, careciendo ambas del distintivo del pago de la tasa fiscal correspondiente al 2º semestre de 1990, según acta de los Inspectores del Juego de la Consejería de la Presidencia de fecha 16 de enero de 1991.
Resultando que mediante Providencia del Director General, de fecha 12 de febrero de 1991 se ordena la incoación de expediente sancionador, por infracción a la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, Reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, procediéndose a nombrar instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado.
Resultando que la notificación por medio de carta con acuse de recibo, resultó devuelta por los Servicios de Correos, por lo que por el Director General de Justicia e Interior se instó la notificación por medio de anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto en el día 14 de junio de 1991, nº 79.
Resultando que el expedientado dentro del plazo concedido al efecto no contesta al mismo.
Resultando que con fecha 19 de septiembre de 1991 formuló el Instructor del expediente la correspondiente Propuesta de Resolución proponiendo se sancionase a la inculpada con dos multas de veinticinco mil (25.000) pesetas por la instalación y explotación de dos máquinas recreativas de tipo B, no teniendo incorporado el distintivo fiscal correspondiente al 2º semestre del año 1990.
Resultando que el interesado, notificado a través del Boletín Oficial de Canarias de 16 de diciembre de 1991, no presentó alegaciones a la Propuesta de Resolución, en el plazo que a tal efecto se le concedió.
Considerando que analizados los hechos reseñados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción/es a lo dispuesto en el artículo 30.1.d) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Considerando que de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.3 la infracción debe calificarse como dos faltas leves, a tenor de lo previsto en el artículo 42, ambos artículos del citado Decreto.
Considerando que se ha respetado lo preceptuado en el artículo 43 del tan repetido Decreto 93/1988 y Título VI, Capítulo II de la Vigente Ley de Procedimiento Administrativo.
Considerando que esta Viceconsejería para las Administraciones Públicas dependiente de la Consejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias es competente para resolver en materia de Juegos en su ámbito territorial a tenor de lo establecido en el Real Decreto 1.116/1985, de 5 de junio, la Ley 6/1985, de 30 de diciembre y los Decretos 212/1991, de 11 de septiembre y 231/1991, de 20 de septiembre.
Y vistos los demás preceptos de general y común aplicación,
R E S U E L V O:
Sancionar a la empresa operadora Repal, S.L. con dos multas de veinticinco mil (25.000) pesetas cada una por la instalación y explotación de dos máquinas recreativas del tipo B, no teniendo incorporado a las mismas el distintivo del pago de la Tasa Fiscal correspondiente al 2º semestre de 1990.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazo que determine la Consejería de Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer en un plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente al recibo de la presente notificación, recurso de alzada ante el Sr. Consejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La Viceconsejera para las Administraciones Públicas.
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