Las Cámaras de la Propiedad Urbana, creadas por Decreto de 1907 al amparo de la Ley de 30 de junio de 1887, fueron reguladas por el Real Decreto de 24 de noviembre de 1919 y el Real Decreto de 6 de mayo de 1927, que aprobó el Reglamento Orgánico de las citadas Corporaciones, configurándolas como Cuerpos Consultivos de la Administración Pública y de prestación de servicios a los propietarios urbanos.
Los sucesivos Reglamentos de 10 de febrero de 1950 y de 2 de junio de 1977, consagraron el modelo de las Cámaras como Corporaciones de Derecho Público, circunstancia esta que fue asumida por la Ley de Proceso Autonómico de 14 de octubre de 1983.
La Disposición Final Décima de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 suprimió, como Corporaciones de Derecho Público, tanto a las Cámaras de la Propiedad Urbana como al Consejo Superior.
El artículo 34 de la Ley 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias posibilita, en el número 7 de su apartado A), a la Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio de las competencias en materia de Cámaras de la Propiedad y que le fueron transferidas por el artículo 1 de la Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de Transferencias Complementarias a Canarias.
El Gobierno de Canarias considera que la estructura de las Cámaras de la Propiedad Urbana constituyen una base válida para la creación de una institución que sirva a la vez de órgano de consulta y colaboración con la Administración en materias inmobiliarias, y de cauce de expresión de los intereses de los propietarios y usuarios de fincas urbanas que voluntariamente se asocien para tal fin.
La regulación que ahora se aprueba tiene por demás el objetivo de despejar la situación de indefinición que en el régimen de las anteriores Cámaras de la Propiedad Urbana ha producido la promulgación de la Disposición Final Décima de la citada Ley 4/1990, de 29 de junio, tratando de aportar un soporte reglamentario claro de aplicación hasta tanto no entre en vigor la regulación que ha de dictar el Gobierno de la Nación en relación con el régimen y destino del patrimonio y del personal de las suprimidas Corporaciones de Derecho Público.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 7 de febrero de 1992,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- 1. Se crea la Cámara Urbana de Canarias como Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
2. La Cámara Urbana de Canarias colaborará con la Comunidad Autónoma de Canarias en las tareas relacionadas con la utilización, conservación y fomento del parque inmobiliario, y como instancia representativa de los intereses de los propietarios y usuarios de las fincas urbanas que a tal fin se asocien.
Artículo 2.- 1. La Cámara Urbana de Canarias está sometida a la tutela de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que ejercerá sus competencias a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
En el ejercicio de aquellas funciones administrativas que se le encomienden o deleguen, la Cámara Urbana de Canarias actuará de conformidad con las instrucciones del órgano tutelante.
2. Para la adecuada supervisión de sus actividades, y en particular, las actuaciones relacionadas con las funciones administrativas que ejerza, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas nombrará un delegado en la Cámara Urbana de Canarias.
El delegado de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas podrá suspender motivadamente los actos de los órganos de la Cámara Urbana de Canarias dictados en el ejercicio de funciones administrativas de carácter público en el plazo de seis días a contar de su notificación, elevándose inmediatamente las actuaciones al Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas que decidirá ejecutoriamente en un plazo no superior a diez días. Transcurrido este último plazo sin que recayera decisión alguna se entenderá levantada la suspensión y autorizado el acto.
Artículo 3.- 1. La afiliación a la Cámara Urbana será voluntaria.
2. La Cámara Urbana estará integrada por personas físicas o jurídicas propietarias o usuarias de fincas urbanas.
3. Los miembros de las Cámaras Urbanas se integrarán en los siguientes grupos:
a) Propietarios de fincas urbanas destinadas a viviendas en régimen de propiedad horizontal o unifamiliar, utilizadas por sus propietarios.
b) Propietarios de edificios urbanos destinados a viviendas dedicadas a explotación en régimen de arrendamiento.
c) Propietarios de fincas urbanas destinadas a usos comerciales de oficinas o industriales.
d) Propietarios de fincas urbanas no incluidas en los apartados anteriores.
e) Inquilinos y usuarios de fincas urbanas no incluidas en los apartados anteriores.
4. Cuando una persona sea titular de propiedades o derechos integrables en más de uno de los grupos precedentes, se integrará en cada uno de ellos, tanto a efectos de cotización de cuotas como a los del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo.
Artículo 4.- 1. El ámbito territorial de la Cámara Urbana de Canarias coincide con el propio de la Comunidad Autónoma.
2. La Cámara se estructura en dos delegaciones, una en Las Palmas y otra en Santa Cruz de Tenerife, que extenderán sus actuaciones a las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, la primera de ellas, y a El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, la segunda.
3. La Cámara podrá crear, previa autorización de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, subdelegaciones que tendrán un ámbito territorial no inferior al insular.
Artículo 5.- 1. La Cámara Urbana de Canarias se regirá por el presente Reglamento, las disposiciones que lo desarrollen y los Reglamentos de régimen interior.
2. Cada delegación podrá contar con un reglamento de régimen interior que será sometido a la aprobación provisional de la Junta General de la Cámara y a la definitiva de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
Artículo 6.- La Cámara Urbana de Canarias realizará como propias las siguientes funciones:
- Proponer a la Administración medidas para el desarrollo, mejora y utilización de la propiedad urbana.
- Llevar a cabo estudios, informes, seminarios y encuestas relacionadas con la propiedad urbana, el alquiler y la actividad inmobiliaria; crear bancos de datos relativos al parque mobiliario; otorgar becas y premios para estudios relacionados con la finalidad de la entidad y difundir y realizar publicaciones de utilidad para la propiedad inmobiliaria y su adecuada utilización.
- Administrar y reparar fincas urbanas.
- Fomentar la construcción de viviendas de protección oficial o acogidas a cualquier otro régimen de auxilio público directamente o a través de la constitución de cooperativas y otras entidades.
- Fomentar la rehabilitación y conservación de edificios.
- Valorar las fincas urbanas.
- Cooperar en la información del mercado de viviendas y locales en venta o arrendamiento.
- Asistir, informar y asesorar a sus afiliados en defensa de sus intereses.
- Intervenir en vía de conciliación o arbitraje en las cuestiones litigiosas que se le sometan, surgidas entre propietarios o entre propietarios y arrendatarios.
- Formalizar y promover operaciones de crédito para sus afiliados y en relación a los fines que le son propios, así como avalar, en su caso, los préstamos que realicen a sus miembros las entidades de crédito.
- Realizar cuantas otras actuaciones redunden en beneficio de los intereses de sus afiliados.
Artículo 7.- Se encomienda a la Cámara Urbana de Canarias la ejecución de las siguientes funciones de carácter administrativo:
- Informar a los propietarios y usuarios de la existencia de planes, programas, líneas de actuación y ayudas referentes a la propiedad urbana y a la actividad inmobiliaria.
- Emitir informes, dictámenes y peritajes a requerimiento de la Administración y los Tribunales.
- Asesorar en materia de uso y propiedad urbana a las asociaciones de consumidores y usuarios.
- Registro, depósito y gestión recaudadora de las fianzas constituidas por sus afiliados, como consecuencia de arrendamientos de fincas urbanas y locales.
- Suscribir convenios de colaboración con las entidades públicas en relación con la actividad inmobiliaria. - Ejercer las funciones y servicios que le atribuyan las disposiciones generales o le delegue la Administración Pública.
Artículo 8.- 1. Los servicios prestados por la Cámara Urbana se retribuirán de acuerdo con las tarifas que se aprueben por la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. Los servicios de carácter administrativo que preste la Cámara podrán ser gratuitos o prestados a un precio inferior a su coste, pudiendo ser financiados mediante subvenciones o de acuerdo con los conciertos que se puedan suscribir con las distintas Administraciones Públicas.
3. En todo caso, los servicios de asesoramiento jurídico y técnico se prestarán sin recargo alguno a los afiliados en contraprestación de la cuota anual.
Artículo 9.- 1. Los órganos de participación son las Asambleas Generales de afiliados de cada Delegación.
2. Los órganos de gobierno de la Cámara Urbana de Canarias son las Juntas de Delegación y la Junta General.
Artículo 10.- Anualmente, o con frecuencia menor si ello fuere preciso, se reunirá la Asamblea de los afiliados de cada demarcación para decidir sobre los siguientes asuntos: elección de los miembros de la Junta, aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior o sus modificaciones, aprobación inicial de los presupuestos, balance y liquidación de cuentas y el ejercicio de aquellas otras funciones que, en su caso, le atribuyan el Reglamento de Régimen Interior.
Artículo 11.- 1. Las Juntas de Delegación constituyen el órgano de gestión y administración ordinarias de la Cámara Urbana en la demarcación correspondiente.
Corresponde a las Juntas de Delegación el ejercicio de todas aquellas funciones que no resulten atribuidas por este Decreto o por los Reglamentos de Régimen Interior a otros órganos.
2. La Junta de Delegación estará integrada por 8 vocales designados por y entre los afiliados de la demarcación. La asignación de vocales a cada uno de los grupos a que se refiere el artículo 3.3, se hará de acuerdo a la ponderación de su representación en el total de afiliados de la demarcación, debiendo corresponder al menos un vocal a cada uno de los grupos.
3. El mandato será de seis años, si bien la Junta se renovará por mitad cada tres años. 4. Entre los vocales de la Junta de Delegación se designará un Presidente y un Vicepresidente.
El Presidente convoca y dirige las reuniones de la Junta y ejecuta sus acuerdos.
5. La Junta de Delegación estará asistida por un Secretario.
Artículo 12.- 1. La Junta General coordina el funcionamiento regular de las Delegaciones y asume la representación de la Cámara Urbana ante la Administración.
2. La Junta General estará compuesta por los Presidentes de cada Delegación y seis vocales más, tres por cada una de las Juntas de Delegación.
3. La Junta General será asistida por un Secretario, que lo será el de la demarcación donde se reúna.
Artículo 13.- La Cámara cuenta con patrimonio y presupuesto propio.
Artículo 14.- La Cámara Urbana de Canarias contará con los siguientes recursos:
a) Las rentas y productos de su patrimonio.
b) Las tarifas por la prestación de servicios.
c) Las cuotas de sus afiliados, según los importes autorizados por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
d) Las subvenciones y ayudas que puedan recibir por transferencias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria o de otras Administraciones Públicas.
e) El rendimiento que como retribución a su gestión le pueda corresponder por servicios concertados con las Administraciones Públicas.
f) Los bienes procedentes de donaciones benéficas y legados.
g) Cualquier ingreso de derecho privado que pueda corresponderles.
Artículo 15.- 1. El ejercicio económico de la Cámara Urbana coincidirá con el año natural.
2. El Proyecto de Presupuesto anual de la Cámara se elaborará de acuerdo con los anteproyectos que a tal efecto, previamente informado por la Asamblea General, se presente por cada Delegación.
3. El Proyecto de Presupuesto, que se ajustará a las directrices que le comunique la Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público de la Consejería de Economía y Hacienda, será aprobado provisionalmente por la Junta General de la Cámara, y definitivamente por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, previo informe de la referida Dirección General.
4. El Proyecto de Presupuesto contendrá un programa anual de actuaciones.
5. Se incluirá con el Proyecto de Presupuesto un anexo informativo de personal en el que se recogerán las retribuciones de todo el personal al servicio de la Cámara.
Artículo 16.- 1. El primer trimestre de cada año natural se procederá a la formación de la cuenta de liquidación del presupuesto correspondiente al año anterior.
2. Junto a la liquidación, se presentará una memoria expresiva del grado de cumplimiento del correspondiente programa de actuaciones.
3. Aprobada la cuenta será sometida a auditoría por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 17.- 1. Los actos de las Cámaras, cuando estén sujetos al Derecho Administrativo, podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Viceconsejero de Vivienda, de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo impugnable la resolución ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. Los actos no sujetos al Derecho Administrativo serán impugnables ante la jurisdicción ordinaria.
3. Los actos de los órganos de las Cámaras serán comunicados a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, a través de su Delegado, en el plazo de diez días a contar desde su adopción.
Artículo 18.- 1. Las Cámaras para el ejercicio de sus funciones, y sin que ello suponga vínculo alguno con la Administración de la Comunidad Autónoma, podrán contar con:
a) Personal estatutario al que se refiere la Disposición Final Segunda.
b) Personal en régimen de contratación laboral, sometido a la legislación laboral y a su jurisdicción en cuanto a las cuestiones que se susciten.
2. Las Cámaras podrán también celebrar contratos de arrendamientos de servicios para la realización de tareas determinadas. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, se celebrarán elecciones a las Delegaciones de la Cámara Urbana, de acuerdo con la normativa que se dicte en desarrollo del presente Decreto.
Segunda.- Luego de constituidas las Juntas de Delegaciones, según el apartado anterior, las mismas deberán elaborar sus correspondientes reglamentos de régimen interior en el plazo de tres meses.
Tercera.- Hasta tanto se cumplimente el desarrollo del presente Decreto, se seguirá aplicando el Reglamento aprobado por Real Decreto 1.649/1977, de 2 de junio, en cuanto sea compatible con los criterios y principios contenidos en la presente disposición.
Cuarta.- Mientras no se nombre el Delegado a que se refiere el artículo dos de este Decreto, sus funciones serán ejercidas por la Dirección General de Vivienda.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en este Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- El personal que a la entrada en vigor de la presente disposición preste sus servicios en las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana de Canarias seguirá en la misma situación laboral o de arrendamiento profesional en la Cámara Urbana de Canarias.
Segunda.- Los Secretarios de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana que presten sus servicios en Canarias, podrán continuar adscritos a la Cámara Urbana de Canarias, sin perjuicio de la aplicación de la legislación estatutaria correspondiente.
Tercera.- Desde el momento de su constitución, la Cámara Urbana de Canarias contará con el patrimonio de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que quedará singularizado y diferenciado del resto del patrimonio de la Cámara, a efectos del régimen de tutela y liquidación previstos en la Disposición Final Décima, apartado tres de la Ley 4/1990, de 29 de junio.
Cuarta.- Se entenderán afiliados a la Cámara Urbana los propietarios que figuren como miembros de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y no hayan solicitado expresamente su baja.
Quinta.- Se faculta a los Consejeros de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.
Sexta.- Una vez se dicte la normativa de desarrollo de la Disposición Final Décima de la Ley 4/1990, de 29 de junio, subsistirá la aplicación del Decreto en aquellos preceptos que no se opongan a la normativa básica estatal.
Séptima.- Este Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 7 de febrero de 1992.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Jerónimo Saavedra Acevedo.
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS, Ildefonso Chacón Negrín.
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