BOC - 1992/021. Miércoles 12 de Febrero de 1992 - 173

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Audiencia de Cuentas de Canarias

173 - ACUERDO de 11 de diciembre de 1991, del Pleno, por el que se hace público informe de revisión documental del Ayuntamiento de Garafía (La Palma), correspondiente al ejercicio económico de 1990.

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A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.

1.- En el estado situación económica, columna “Movimiento de fondos”, línea “Diferencias”, la cifra consignada debería de figurar con signo positivo.

2.- El Presupuesto preventivo fue aprobado con un superávit inicial de 24.133.806 pesetas a fin de absorber el remanente de Tesorería negativo que por dicho importe produjo la liquidación del ejercicio 1989.

No obstante, la baja capacidad liquidatoria en cuanto a derechos y elevada en lo relativo a las obligaciones ha motivado que el ejercicio 1990 haya sido liquidado nuevamente con un remanente de Tesorería negativo por importe de 31.668.969 pesetas, motivo por el que se recomienda el más encarecido cumplimiento de lo establecido en el artículo 127 de la Ley 39/1988, evitando al mismo tiempo la presupuestación poco realista de los ingresos. 3.- Al igual que en el ejercicio 1989 en Resultas se han liquidado derechos por importe superior en 417.562 pesetas a la previsión definitiva. Lo que puede ser debido a los motivos siguientes:

a) La inclusión en el Presupuesto de 1990 de derechos pendientes de contabilizar a 31.12.89.

b) El incorrecto contraído en el ejercicio 1989 de derechos que han sido en realidad objeto de liquidación en el de 1990 y que, por tanto, deberían figurar contabilizados en el ejercicio corriente.

Se recomienda tomar las medidas oportunas a fin de evitar que en el futuro se reproduzca este hecho.

4.- Son elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, I y III, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 38,5% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1990, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación. Procediéndose, en su caso, a la depuración que proceda realizar en dichos saldos a fin de responder a la verdadera situación económico-patrimonial a 31.12.91, dando así cumplimiento a lo establecido en el punto 2.5 de la Orden de 31 de mayo de 1991.

5.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, III, VI y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 82,8% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas. Para el caso que figuren contraídos gastos en los que no se haya realizado la prestación o el derecho del acreedor, se recuerda la improcedencia de los mismos y la necesidad de acudir a la incorporación de remanentes.

6.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a “Inversiones reales” no es muy alto en relación con su estructura presupuestaria, encontrándose, además, en parte (29%) pendiente de pago, tal como expusimos en el punto anterior.

7.- El endeudamiento a 31.12.90, obtenido con datos de la propia liquidación está en un 28%, lo que implica que los créditos que se destinan al pago de la deuda financiera son excesivos, motivo por el que debería procederse, a la mayor brevedad posible, a su reducción a fin de evitar que la carga sobre el Presupuesto se convierta en insoportable.

8.- Se ha obtenido, tal como expusimos en el punto 2, un nivel muy bajo de liquidación de derechos (70%), unido a un muy alto nivel de liquidación de obligaciones (96%), hecho que resulta indicativo de una presupuestación irreal de los ingresos.

En este sentido, se recomienda su presupuestación no muy por encima de los derechos liquidados en el ejercicio anterior, salvo que alguna circunstancia debidamente justificada así lo permita.

9.- Con relación al volumen del Presupuesto, el déficit obtenido a 31 de diciembre es elevado; además, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 4, en caso de que se produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría éste incrementarse.

10.- La Tesorería que, en principio, parece que es adecuada, en realidad está totalmente comprometida al haberse liquidado el Presupuesto con déficit y existir, por tanto, un exceso de pendiente de pago sobre el pendiente de cobro de 41.558.290 pesetas.

B) En relación con las Cuentas de Tesorería.

1.- A nuestro juicio, es muy correcto que no exista “Metálico” en la Caja de la Corporación.

2.- Figura una existencia final en “Metálico” de VIAP por importe de 49.890.605 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social.

Sin embargo, de las fotocopias del Libro de VIAP remitidas se desprende que se están contabilizando como valores extrapresupuestarios gran cantidad de ingresos y gastos que no tienen tal carácter a fin de evitar las formalidades que conlleva su incorporación al Presupuesto del ejercicio, lo que provoca que el importe citado al principio del presente apartado se encuentre integrado en gran parte por cantidades que deberían ser incluidas en el Presupuesto.

3.- En el apartado “Presupuestos” figuran unos “Ingresos desde dicho arqueo” por importe de 8.308.183 pesetas y unos “Pagos desde dicho arqueo” por importe de 12.742.145 pesetas, entendiendo por arqueo anterior el ordinario mensual celebrado el 30 de noviembre de 1990. Estas cifras representan, respectivamente, un 12,1% y un 21,7% de los ingresos y pagos totales del ejercicio que figuran en las columnas “Recaudación líquida” y “Pagos líquidos” de la liquidación del Presupuesto. Por consiguiente, dada la excesiva concentración de pagos en el mes de diciembre, se recomienda que, en lo posible, se intente una distribución más uniforme de los ingresos a lo largo del ejercicio.

4.- La escasa cuantía de los saldos de algunas cuentas puede ser indicativa de una escasa utilización. Por consiguiente, convendría reconsiderar los criterios seguidos para el mantenimiento de cuentas inactivas o con poco movimiento y proceder, en su caso, a su cancelación.

A estos efectos, cabe indicar que cuanto mayor sea el número de cuentas bancarias mayor esfuerzo contable y de control se requerirá para una gestión adecuada.

5.- Las certificaciones de saldo, así como los extractos bancarios utilizados para justificar los saldos bancarios a fin del ejercicio, deben ser expedidos a 31.12.90, cosa que no ha sucedido con los correspondientes al Canaribank, Banesto y Banco Hispano-Americano, en los que las fechas consignadas son otras.

6.- Al igual que en el ejercicio 1989, de la conciliación de existencias remitidas se desprende que esa Corporación no ha captado la finalidad de la misma, que no es otra que la de hacer coincidir las certificaciones expedidas por las entidades bancarias con los saldos que resultan de la contabilidad del Ayuntamiento.

Cabe indicar que en el Acta de arqueo han de figurar los saldos que resulten de la contabilidad del Ayuntamiento, los cuales se harán coincidir con los bancarios mediante las oportunas conciliaciones.

C) En relación con la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).

1.- Como ya expusimos en el punto 2 del apartado referido a Tesorería, de las fotocopias del libro de VIAP remitidas se desprende que se están canalizando a través del mismo ingresos y gastos que no tienen tal carácter. Por ello, es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y liquidaciones de ingresos y gastos públicos, no afectando las mismas directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto, pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de aclaración.

Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionados junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos.

En ocasiones, los importes no están representados por dinero efectivo sino por avales y fianzas, que denominamos “valores”.

Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionen los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.

2.- En relación con el punto anterior, del análisis de la rúbrica “Operaciones diversas” se desprende la existencia de entradas y salidas correspondientes a diversos conceptos, sobre todo subvenciones. La inclusión en VIAP de dichos conceptos es totalmente irregular, pues no se trata de valores extrapresupuestarios, sino de valores plenamente presupuestarios y que como tal deberían figurar en el Presupuesto, pues su no inclusión en el mismo parece una falta de transparencia ante el Pleno de la Corporación, así como el que el Presupuesto no se ajuste a la realidad y provoque confusión acerca de las verdaderas cifras que deben figurar en él.

D) En relación con las Cuentas de Recaudación.

1.- La cuenta por valores-recibos y valores-certificaciones de descubierto rendida por el recaudador-agente ejecutivo a 31.12.90 no se adapta al formato establecido por la Regla 189 de la Instrucción General de Recaudación, aprobada por Decreto 2.260/1969.

2.- Solo se ha remitido una cuenta de la gestión recaudatoria, que incluye valores-recibo y valores-certificaciones de descubierto, correspondientes al periodo del 1980/90. Cuando en realidad se deberían de haber remitido dos cuentas diferentes, una por valores-recibo y otra por valores-certificaciones de descubierto, de acuerdo con lo establecido en la Regla 187 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad aprobada por Decreto 2.260/1989 y el artículo 3.1 del Decreto 3.697/1974, de 20 de diciembre (B.O.E. nº 27 de enero de 1925).

En relación con lo anterior, la aprobación de dichas cuentas corresponde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, al Pleno de la Corporación.

3.- No se han remitido los estados a que hace referencia la Regla 189 de la IGRC, pues la misma establece que cada cuenta estará compuesta del número de estados que sean necesarios para que cada uno de ellos refleje solamente el movimiento de valores de un mismo ejercicio económico del contraído de débitos.

4.- Del modelo ACC/6 (Recaudador por Recaudador) se desprende que el Recaudador es persona ajena a la Corporación, ligada a la misma por un contrato. En este sentido, es necesario manifestar que la Ley 7/1985 en su artículo 92.3.b) establece que la recaudación es una función cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios, lo que imposibilita el que esa Corporación pueda continuar en la situación actual, hecho éste ratificado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1990 (Sala 3ª, Sección 5ª). Se recomienda que se proceda, a la mayor brevedad posible, a poner en manos de un funcionario la gestión recaudatoria.

5.- Figuran valores pendientes de cobro correspondientes a ejercicios muy anteriores a 1985, hecho sorprendente teniendo en cuenta que la aplicación de lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley General Tributaria sobre prescripción de derechos y 200 del Reglamento General de Recaudación sobre perjuicio de valores hubiera supuesto su baja en cuenta.

A este respecto, se recomienda dar de baja aquellos valores que sean de difícil o imposible recaudación, así como el seguimiento de la gestión recaudatoria a fin de que sean declarados perjudicados, en cualquiera de sus grados, aquellos valores que por el transcurso del tiempo reglamentario hayan adquirido tal carácter.

6.- En la cuenta rendida, y en referencia a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de valores-recibo y valores-certificaciones de descubierto de 1990, no se observa que se haya producido ingreso alguno en los conceptos:

- Tasa por basuras 1984-85-86-87-89.

- Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica 1980-81-83-84-85.

- Arbitrio sobre perros 1983-84-85-86-87.

- Canon viviendas 1988.

Por lo que debe procederse a un análisis de los mismos a fin de depurarlos y dar de baja aquellos que sean de difícil o imposible recaudación.

7.- De la Cuenta rendida por el Recaudador municipal, así como del “Estado de gestión recaudatoria” confeccionado por el Tesorero, se observa que hay tributos de exacción obligatoria que no se hacen constar en los mismos. En este sentido, se recuerda la necesidad de que el Tesorero rinda anualmente al Pleno de la Corporación un “Estado de la gestión recaudatoria” que incluya la totalidad de valores recaudados.

8.- Del modelo TC/22 confeccionado por esa Corporación se desprende que el Tesorero desconoce (en cuanto a los tributos recaudados por la Corporación) datos tan esenciales como:

- Los valores puestos al cobro. - Lo cobrado. - Las bajas. - Las datas por pase a ejecutiva. - El pendiente de cobro desglosado por tributos.

Se recuerda la necesidad de una extrema diligencia en el adecuado control de los valores puestos al cobro por la Corporación.

9.- Del modelo TC/22 se desprende que la Corporación recauda directamente las tasas y precios públicos exclusivamente en voluntaria, sin que en la cuenta del recaudador figuren cargos en ejecutiva por los que quedan pendientes de cobro una vez finalizado el periodo de ingreso en voluntaria.

10.- De las cuentas rendidas se desprende que los ingresos realizados en voluntaria representan un 78,9% de los cargos efectuados, lo que ha de considerarse un buen porcentaje, pues se estima que la recaudación normal ha de superar el 70%.

11.- Los ingresos realizados en periodo ejecutivo durante 1990, en concepto de valores-recibo y valores-certificaciones de descubierto, son muy bajos ya que representan un 1,4% de los valores pendientes de la cuenta anterior.

12.- En el expediente de tramitación de la cuenta rendida no consta:

- Informe propuesta de la Comisión liquidadora.

- Informe de la Tesorería en el que se haga constar la apertura de expedientes de declaración de perjuicio de valores.

- Informe de la Intervención.

Se recomienda acometer las medidas oportunas a fin de resolver este aspecto.

E) En relación con los Organismos Autónomos dependientes de la Corporación.

No consta que existan Organismos Autónomos dependientes de la Corporación.

F) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.

1.- Del modelo TC/9 (Relación de Contratos) remitido por la Corporación se desprende la no formalización durante el ejercicio 1990 de contrato alguno, hecho que resulta extraño, teniendo en cuenta que durante el ejercicio 1989 tampoco se formalizó ninguno y que en el de 1990 aquellos capítulos (II y VI) del Estado de Gastos cuya inversión da lugar, normalmente, a expedientes de contratación suman un importe de 32.012.012 pesetas, con unas obligaciones liquidadas de 30.199.356 pesetas. De estos hechos podemos concluir que hay gran cantidad de gastos que no se han formalizado mediante los oportunos expedientes. A este respecto hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125, 208 y 237 del Reglamento General de Contratos del Estado.

G) En relación con el Presupuesto General de 1991.

1.- Como consecuencia de la liquidación del ejercicio 1990 con un remanente de Tesorería negativo de 31.668.969 pesetas y debido a la aprobación del Presupuesto del ejercicio 1991 con posterioridad a la de la liquidación del ejercicio citado en primer lugar, dicho Presupuesto fue aprobado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley 39/1988, con un superávit igual remanente incorporado. No obstante, tal como expusimos en el punto 2 del área referida a la Cuenta del Presupuesto, se ha de evitar el que, como consecuencia de una presupuestación irreal de los ingresos, la actuación antes aludida tenga una finalidad más formal que real y pueda dar lugar a un nuevo remanente de Tesorería negativo en el ejercicio 1991.

2.- La aprobación inicial y definitiva del Presupuesto de 1990 se ha producido con gran retraso respecto al calendario establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988.

En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya citado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de 1991.

El Presidente, Antonio Márquez Fernández.



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