BOC - 1992/020. Lunes 10 de Febrero de 1992 - 161

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Audiencia de Cuentas de Canarias

161 - ACUERDO de 11 de diciembre de 1991, del Pleno, por el que se hace público el Informe de revisión documental del Ayuntamiento de Tijarafe (La Palma), correspondiente al ejercicio económico de 1990 .

Descargar en formato pdf

A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.

1.- La liquidación del ejercicio 1990 corresponde a la del Presupuesto prorrogado procedente del ejercicio 1989. Resulta irregular que durante todo el ejercicio de 1990 no se haya procedido a la aprobación del Presupuesto.

En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 de la Ley 39/1988, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.

2.- La incorporación de Resultas procedentes del ejercicio anterior se ha hecho incorrectamente.

2.1. En Ingresos, en previsión inicial, la cantidad consignada debería haber sido 30.497.923 pesetas, en lugar de las 18.789.063 pesetas.

2.2. En Gastos la cantidad consignada ha sido 7.741.494 pesetas cuando la cantidad pendiente de pago procedente del ejercicio anterior es de 7.508.599 pesetas.

3.- En Resultas se han liquidado obligaciones por importe superior en 232.895 pesetas, lo que puede ser debido a la inclusión en el Presupuesto de 1990 de obligaciones pendientes de contabilizar a 31.12.89 y que, en todo caso, deben figurar en la columna modificaciones.

Hay que recordar el carácter limitativo del Presupuesto de Gastos no pudiendo liquidarse obligaciones por importe superior a la consignación presupuestaria.

4.- En Resultas se han liquidado derechos por importe superior en 871.483 pesetas a la previsión definitiva. Lo que puede ser debido a los motivos siguientes:

a) La inclusión en el Presupuesto de 1990 de derechos pendientes de contabilizar a 31.12.89.

b) El incorrecto contraído en el ejercicio 1989 de derechos que han sido en realidad objeto de liquidación en el de 1990 y que, por tanto, deberían figurar contabilizados en el ejercicio corriente.

Se recomienda tomar las medidas oportunas a fin de evitar que en el futuro se reproduzca este hecho.

5.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, II y III, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 38,9% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el informe emitido por esta Audiencia de Cuentas referido al ejercicio anterior, analizar la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1990, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación. Procediéndose, en su caso, a la depuración que proceda realizar en dichos saldos a fin de responder a la verdadera situación económico-patrimonial a 31.12.91, dando así cumplimiento a lo establecido en el punto 2.5 de la Orden de 31 de mayo de 1991.

6.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0 y IV, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 72,8% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda un análisis de las mismas.

7.- No figura ninguna cantidad en el capítulo III “Intereses”, del Estado de Gastos. En este capítulo deben figurar los intereses correspondientes a los pasivos financieros.

8.- Se ha obtenido un nivel muy alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y alto en la liquidación de obligaciones.

9.- La tesorería es adecuada en cuanto a las existencias finales de metálico sobre el importe del Presupuesto definitivo.

10.- Con relación al volumen del Presupuesto, el superávit obtenido a 31 de diciembre es elevado y, además, posee un alto grado de liquidez.

B) En relación con el Área de Tesorería.

1.- Al igual que en el ejercicio de 1989, el Acta de arqueo remitida no se adapta al modelo 8, aprobado por la Circular del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales de 1.12.58.

Se recomienda la necesidad de adaptación a dicho modelo, toda vez que el utilizado por esa Corporación puede inducir a confusión sobre la verdadera naturaleza de los datos a consignar.

2.- El documento de conciliación bancaria remitido por la Corporación posee los mismos defectos que el del ejercicio anterior:

a) Todas las cuentas bancarias aparecen agrupadas, no habiéndose separado adecuadamente todas y cada una de ellas a fin de realizar las conciliaciones de forma individualizada.

b) No se especifica fecha de contabilización por el Ayuntamiento y por el Banco. Estas fechas son imprescindibles para justificar las partidas conciliatorias y efectuar un adecuado seguimiento a las mismas.

3.- Figura una existencia final en “Metálico” de VIAP por importe de 17.464.283 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social.

Sin embargo, de los folios del libro de VIAP remitidos se desprende que se están contabilizando como valores extrapresupuestarios gran cantidad de ingresos y gastos que no tienen tal carácter a fin de evitar las formalidades que conlleva su incorporación al Presupuesto del ejercicio, lo que provoca que el importe citado al principio del presente apartado se encuentre integrado en gran parte por cantidades que deberían ser incluidas en el Presupuesto.

C) En relación con la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).

1.- Como ya expusimos en el punto 3 del apartado de Tesorería, del análisis de la rúbrica “Operaciones diversas” se desprende la existencia de entradas y salidas correspondientes a diversos conceptos (subvenciones, obras, convenio INEM sobre personal contratado...). La inclusión en VIAP de dichos conceptos es totalmente irregular, pues no se trata de valores extrapresupuestarios sino de valores plenamente presupuestarios y que como tal deberían figurar en el Presupuesto, pues su no inclusión en el mismo parece una falta de transparencia ante el Pleno de la Corporación, así como el que el Presupuesto no se ajuste a la realidad y provoque confusión acerca de las verdaderas cifras que deben figurar en él.

2.- En la subrúbrica “Imp. Rent. Pers. Físicas” figuran unas existencias a 31.12.89 por importe de 1.899.857 pesetas (primer asiento de 1989) y, sin embargo, el pago a Hacienda por las retenciones efectuadas en el cuarto trimestre de 1989 se eleva a 643.684 pesetas, es decir, existe una diferencia de 1.256.173 pesetas entre las cantidades efectivamente retenidas y los ingresos a favor del Tesoro Público, lo que resulta indicativo del deficiente cálculo de las retenciones y que obliga a la Corporación a hacer frente a las diferencias resultantes, que en ningún caso deben dar lugar a la existencia de un saldo negativo en alguna de las subrúbricas.

3.- En la subrúbrica “Imp. Rent. Pers. Físicas” se detecta que el pago a Hacienda por las retenciones efectuadas en el segundo trimestre de 1990 se produce fuera de los plazos reglamentarios. 4.- En la subrúbrica “Seguridad Social” las retenciones correspondientes a diciembre de 1989 se producen en enero de 1990. Asimismo, no tienen entrada en VIAP las retenciones correspondientes al mes de diciembre de 1990.

5.- Lo sucedido en el punto anterior es trasladable a la subrúbrica “MUNPAL” por lo que se recomienda el regularizar la situación en los próximos ejercicios.

D) En relación con las Cuentas de Recaudación.

1.- Del modelo ACC/6 (Recaudación por Recaudador) se desprende que el Recaudador es persona ajena a la Corporación, ligada a la misma por un contrato. En este sentido, es necesario manifestar que la Ley 7/1985 en su artículo 92.3.b) establece que la recaudación es una función cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios, lo que imposibilita el que esa Corporación pueda continuar en la situación actual. Se recomienda el que se proceda, a la mayor brevedad posible, a poner en manos de un funcionario la gestión recaudatoria.

2.- Solo se ha remitido una cuenta de la gestión recaudatoria, que incluye solamente valores-recibos referidos al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y tasa por suministro de aguas, sin que consten el resto de tributos que la Corporación recauda, cuando en realidad se debían haber remitido dos cuentas diferentes una por valores-recibos y otra por valores-certificaciones de descubierto, de acuerdo con lo establecido en la Regla 187 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad (I.G.R.C.) aprobada por Decreto 2.260/1974, de 20 de diciembre (B.O.E. nº 23, de 27.1.75).

3.- La cuenta por valores-recibo rendida por el Recaudador al 31.12.90 no se adapta al formato establecido por la Regla 188 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad.

4.- La Cuenta no contiene los estados a que se refiere la Regla 189 de la I.G.R.C.

5.- Figuran valores pendientes de cobro correspondientes a ejercicios muy anteriores a 1985, hecho sorprendente teniendo en cuenta que la aplicación de lo dispuesto en los artículos 64 de la Ley General Tributaria sobre prescripción de derechos y 200 del Reglamento General de Recaudación sobre perjuicio de valores hubiera supuesto su baja en cuenta.

A este respecto, se recomienda dar de baja aquellos valores que sean de difícil o imposible recaudación, así como el seguimiento de la gestión recaudatoria a fin de que sean declarados perjudicados, en cualquiera de sus grados, aquellos valores que por el transcurso del tiempo reglamentario hayan adquirido tal carácter.

6.- En la cuenta rendida, y en referencia a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de valores-recibo de 1990, no se observa que se haya producido ingreso alguno en los conceptos:

- I. Vehículos 77, 78, 79, 80, 81, 82.

7.- En la cuenta rendida se observa que se han producido ingresos en voluntaria por el concepto T. Agua de 1988 y 1989, cuando dichos valores debían estar en ejecutiva.

8.- No se acompaña los informes de la Comisión liquidadora ni del Tesorero, adjunto a las cuentas de recaudación y, por lo tanto, desconocemos si se han producido adecuadamente las declaraciones de perjuicio de valores de 1º, 2º y 3er grado.

9.- En clara conexión con el punto anterior, no se ha remitido la aprobación de las Cuentas de Recaudación por el Pleno de la Corporación en el ejercicio de las facultades que le obliga el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

E) En relación con los Organismos Autónomos dependientes de la Corporación.

No consta que existan Organismos Autónomos dependientes de la Corporación.

F) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.

1.- Resulta extraño el que se hayan adjudicado obras por un importe de 36.346.472 pesetas, teniendo en cuenta que en el capítulo VI del Estado de Gastos, cuya inversión da lugar normalmente a este tipo de expedientes de contratación, las obligaciones asciendan a 9.503.088 pesetas, lo que parece indicar la existencia de ingresos y gastos que no se canalizan a través del Presupuesto Ordinario, a fin de salvar las formalidades que conlleva su incorporación al mismo. Con relación a este aspecto, se debe evitar a toda costa el que se utilice el VIAP para canalizar dichos fondos, por lo que se manifiesta la necesidad de que si sucede esto, se regularice la situación lo más pronto posible, pues la existencia del hecho de referencia implica que no se han respetado las cantidades limitativas aprobadas para los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos.

2.- La totalidad de las adjudicaciones se ha realizado por contratación directa, por lo que se ha transformado en regla general lo que la Ley de Contratos del Estado considera una excepción, pues en sus artículos 28 y 87 (según redacción dada por la L.G.P.E. para 1990) determina que cuando se trate de obras procederá, con carácter general, la subasta o el concurso y en suministros el concurso.

3.- Parece extraño que del modelo ACC/9.A se desprendan unas amortizaciones por importe de 253.977 pesetas, en tanto que en la liquidación del Presupuesto, dentro del capítulo IX (Variación de Pasivos Financieros) figuran unas obligaciones liquidadas de 4.681.312 pesetas.

Asimismo, se detecta que no se consigna ninguna cantidad en el capítulo III del Estado de Gastos (Intereses), como ya se comentó en el punto A.7, cuando en dicho modelo figuran unos intereses de 2.556.181 pesetas.

En este sentido, es necesario emprender las acciones adecuadas a fin de resolver este aspecto.

G) En relación con el Presupuesto General de 1991.

A la fecha del informe no se ha producido la aprobación del Presupuesto de 1991 y tal como se señala en la documentación, no se han emprendido los oportunos trámites para su confección.

Hay que recordar, tal como se señaló en el punto A.1, la irregularidad de actuar todo un ejercicio con un Presupuesto prorrogado.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de 1991.

EL PRESIDENTE, Antonio Márquez Fernández.



© Gobierno de Canarias