En ejecución de la legislación aplicable, por la presente
R E S U E L V O:
Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 19 de octubre de 1991, por el que se deniega la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán, en el Sector P-26, Campo de Golf, tramitada por la Corporación local a instancias de Puerto Rico, S.A., en el término municipal de Mogán, cuyo texto figura como anexo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre de 1991.- El Director General de Urbanismo, Javier Ruiloba Santana.
A N E X O
La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el pasado 19 de octubre, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
Denegar la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán, en el Sector P-26, Campo de Golf, tramitada por la Corporación local a instancias de Puerto Rico, S.A. por los siguientes motivos:
1º.- No se considera justificado, oportuno ni conveniente el desdoblamiento del Sector P-26 en dos sectores según el límite de las propiedades, toda vez que no son las características dominicales las que definen las delimitaciones de los sectores o polígonos, sino sus condiciones morfológicas, orográficas que fueron determinantes a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Mogán y aceptadas por los promotores de acuerdo con el Convenio tripartito suscrito el 6 de junio de 1987.
2º.- Según informe redactado por la Dirección General de Medio Ambiente se aprecia una invasión del Monte Público de Arguineguín, según el deslinde oficial realizado en 1943, por lo que en caso de que se tramitase el Plan Parcial como sector único deberá acreditarse la propiedad de los terrenos.
Contra este Acuerdo cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir de su publicación, que deberá venir acompañado de dos copias, ante la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias y contra su desestimación expresa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del recurso; y si ésta fuera presunta, en el plazo de un año a partir de la interposición del recurso de reposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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