Recibida en esta Audiencia de Cuentas la documentación del ejercicio económico de 1989 que expresamente se había solicitado, a excepción de la que se relaciona en cada uno de los apartados del presente informe, y una vez realizado su examen formal, referido a la situación del último día del ejercicio y únicamente en base a la información que de la misma se desprende, se observa lo siguiente:
A) En relación con la Cuenta del Presupuesto.
1.- No se ha remitido la siguiente documentación:
- Liquidación por conceptos del Presupuesto de Ingresos.
- Liquidación por partidas del Presupuesto de Gastos.
- Expediente de terminación de la cuenta.
La no aprobación de la cuenta por el Pleno incumple en forma importante lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 39/1988.
2.- En el Estado de Gastos, columna "Estado de ejecución", las cantidades deberían figurar con signo negativo.
3.- En la situación económica, columna "Estado de ejecución", línea "Total gastos", la cantidad consignada debería figurar con signo negativo.
4.- En la situación económica, columna "Estado de ejecución", línea "Diferencias", figura consignada la cantidad de -83.685.636 pesetas, cuando la que debe aparecer es 90.743.296 pesetas.
5.- En Resultas se han liquidado derechos por importe superior en 2.341.711 pesetas a la previsión definitiva, lo que puede ser debido a los motivos siguientes:
a) La inclusión en el Presupuesto de 1989 de derechos pendientes de contabilizar a 31.12.88.
b) El incorrecto contraído en el ejercicio 1988 de derechos que han sido en realidad objeto de liquidación en el de 1989 y que, por tanto, deberían figurar contabilizados en el ejercicio corriente.
Se recomienda el tomar las medidas oportunas a fin de evitar que en el futuro se reproduzca este hecho.
6.- En Resultas se han liquidado obligaciones por importe inferior en 58.842.571 pesetas a la previsión definitiva, lo que evidencia la existencia de bajas de obligaciones previamente reconocidas, lo cual implica, necesariamente, que la Corporación habrá tramitado los oportunos expedientes de baja.
En relación con este punto, deberá procurarse que, para evitar estos expedientes durante el ejercicio presupuestario al que se incorporan, previamente al cierre del ejercicio se efectúe una depuración de derechos y obligaciones que previsiblemente no sean realizables.
7.- Son muy elevadas las cantidades pendientes de cobro, en particular aquellas que en el Estado de Ingresos se refieren a los capítulos 0, I, II y III, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.
En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Ingresos, dicho pendiente de cobro representa un 17% de los derechos liquidados. Como este porcentaje ha de considerarse sensiblemente elevado, se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.
8.- Son elevadas las cantidades pendientes de pago, en particular aquellas que en el Estado de Gastos se refieren a los capítulos 0, II, III, IV, VI, VII y IX, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.
En este mismo sentido y por lo que hace referencia al caso concreto del capítulo de Resultas de Gastos, dicho pendiente de pago representa un 50% de las obligaciones liquidadas. Como este porcentaje ha de considerarse elevado, se recomienda, al igual que en el punto anterior, un análisis de las Resultas. 9.- El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es alto en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en su mayor parte (50,37%), pendiente de pago, tal como expusimos en el punto 8.
En relación con lo anterior, es de destacar como negativo el que la inversión/habitante sea inferior en 4.793 pesetas a la presión fiscal, pues ello implica que cada vecino recibe vía inversiones un importe inferior en dicha cuantía a los tributos que abona a la Corporación.
10.- El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la propia liquidación y sin exclusión de las operaciones de Tesorería, está en un 9%, lo que implica que los créditos que se destinan a cargas financieras son moderados.
11.- Se ha obtenido un nivel muy alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de derechos y baja en cuanto a la de obligaciones, encontrándose unos y otras en gran parte pendientes de cobro y pago, respectivamente.
12.- Con relación al volumen del Presupuesto, el superávit obtenido a 31 de diciembre es elevado; no obstante, teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 7 del presente apartado, en caso de que se produjeran bajas, anulaciones o fallidos sobre el importe pendiente de cobro, podría éste reducirse.
B) En relación con la Cuenta de Administración del Patrimonio.
1.- No se ha remitido la documentación solicitada.
A este respecto, es necesario recordar que entre las cuentas que deben rendirse para conocimiento, examen y fiscalización de las Corporaciones locales, la Regla 74 de la Instrucción de Contabilidad, de 4 de agosto de 1952, incluye en segundo lugar la de Administración del Patrimonio, cuya formación constituye una tarea técnica que corresponde, dentro de las Entidades locales (artº. 189 de la Ley 39/1988), a la Intervención de Fondos, correspondiendo la rendición al Presidente de la Corporación por cuanto le compete el desarrollo y la gestión económica conforme al Presupuesto aprobado (artº. 24.f) del T.R.R.L.) y, por consiguiente, constituye el cuentadante del artículo 128.a) de la Ley General Presupuestaria.
Sobre la necesidad de rendición de la Cuenta de Administración del Patrimonio se manifiesta, asimismo, el artículo 43 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, al establecer que: "Las Cuentas de Administración del Patrimonio se formarán, rendirán y fiscalizarán del modo dispuesto en la legislación reguladora de las Haciendas locales."
El sometimiento al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza. Así se expresa el artículo 182 de la Ley 39/1988.
Esta obligación genérica se concreta en el artículo 189 cuando dice que:
"Las Entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán y elaborarán los estados y cuentas anuales ......, los cuales comprenderán todas las operaciones .... patrimoniales ... llevadas a cabo durante el ejercicio."
Para finalizar, es necesario manifestar la importancia de la aprobación de la misma por el Pleno de la Corporación, pues constituye el ejercicio de la atribución más importante que la Ley encomienda al Pleno, al disponer que le corresponde: "El control y fiscalización de los Organos de Gobierno" (artículos 22.2.a) y 33.2.e) de la L.B.R.L. y 50.2 y 70.2 del R.O.F.).
Por tanto, se recomienda que se regularice la situación lo más pronto posible.
2.- En el modelo TC/11 (Operaciones de crédito concertadas por la Corporación) se detecta que esa Corporación desconoce aspectos esenciales de las operaciones concertadas, tales como lo adeudado al principio y final del ejercicio, lo que imposibilita la adecuada presupuestación de los capítulos III (Intereses) y IX (Variación de Pasivos Financieros) del Estado de Gastos, toda vez que los importes a consignar son desconocidos, con el añadido de que se desconoce completamente la carga financiera futura.
En este sentido, es necesario emprender las acciones adecuadas a fin de resolver dicho aspecto.
C) En relación con las cuentas de Tesorería.
1.- Se observa que no coinciden las existencias en metálico que aparecen en el apartado "Resumen", que son 184.732.416 pesetas, con las que figuran en el apartado "Situación", que son 195.850.895 pesetas.
Con independencia de realizar las acciones necesarias para efectuar la oportuna regularización, se recuerda que en las cuentas bancarias del apartado "Situación" se han de reflejar los saldos que resultan de la contabilidad del Ayuntamiento, los que se harán coincidir con las certificaciones expedidas por las entidades bancarias mediante las oportunas conciliaciones.
2.- La existencia final en caja asciende a 29.434.162 pesetas, lo que representa un 27,15% de la existencia final en metálico del Ayuntamiento.
Como quiera que la administración de los fondos públicos responde mejor a los principios de seguridad y fácil control interno si son depositados y gestionados mediante entidades bancarias, se estima que se debe reducir la existencia de metálico en caja.
Al mismo tiempo, se debe efectuar el correspondiente ingreso en entidades bancarias, si ello es posible, el mismo día en que el importe efectivo sobrepase un límite razonable ya que, en principio, en caja no debe haber más efectivo que el necesario para atender pequeños pagos. A estos efectos, se recomienda que el Alcalde, previo informe del Interventor y del Depositario, fije la cantidad máxima de fondos en metálico que puede haber en caja, así como el importe máximo de cada pago en efectivo.
Se ha de evitar a toda costa el que con cargo a dicho importe se hagan pagos que queden pendientes de su formalización definitiva, por lo que se manifiesta la necesidad de que si sucede esto se regularice la situación lo más pronto posible y, en todo caso, el que para efectuar pagos se atienda al procedimiento establecido que implica ordenación del gasto, contraído y expedición del oportuno mandamiento de pago. La existencia del hecho de referencia implica que no se han respetado las cantidades limitativas aprobadas para los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos y que figuran cantidades ficticias en el acta de arqueo.
3.- Figura una existencia final en "Metálico" de VIAP por importe de 76.345.100 pesetas. Este importe ha de corresponder normalmente, entre otros conceptos, a las retenciones por el IRPF del último trimestre, así como a las cuotas de la MUNPAL y, en su caso, a las de la Seguridad Social. Como dicho importe es alto en relación con la cantidad que figura en el capítulo I del Estado de Gastos del Presupuesto Ordinario, convendría revisar si se han efectuado e ingresado adecuadamente las deducciones ya citadas, así como si se ha realizado el pago a las entidades acreedoras en los términos reglamentarios. Asimismo, y ante la posiblidad de que existan saldos o remanentes de inversión no utilizados, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. En caso de que dichos saldos provengan de subvenciones, debería solicitarse del organismo concesionario autorización para incorporarlos al Presupuesto Ordinario.
4.- No se ha remitido la fotocopia del folio del Libro de Caja donde figuran las existencias al 31 de diciembre, lo que imposibilita el comprobar si las cantidades incluidas en el acta de arqueo coinciden con las del Libro de Caja.
Se solicita que en próximos ejercicios sea remitida.
5.- No se ha remitido justificación alguna de los saldos existentes en las cuentas:
- Caja Insular de Ahorros de Puerto del Rosario, que en el acta de arqueo figura con un saldo de 4.330 pesetas.
- Banco Hispano-Americano IPF, que en el acta de arqueo figura con un saldo de 100.000.000 de pesetas. En este sentido es necesario recordar que los saldos bancarios han de justificarse o bien con una certificación del saldo a 31 de diciembre expedida por persona autorizada de la entidad bancaria o bien con el extracto bancario de la cuenta del que resulten indudables la titularidad del Ayuntamiento y el saldo a la fecha citada.
6.- Del modelo TC/24 (Resumen de las cuentas de Tesorería) se desprende cierta irregularidad en los ingresos y pagos trimestrales, que se encuentran entre porcentajes del 12% y 52% del total. Como consecuencia de ello se recomienda una distribución más uniforme de los mismos.
7.- No se ha remitido el expediente de tramitación de la cuenta.
La no rendición de las cuentas de Tesorería incumple lo dispuesto por la Regla 84 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, al establecer ésta que los Depositarios rendirán, en los quince primeros días de cada trimestre, cuenta de caudales correspondiente al anterior, a la que servirán de base las relaciones de cargo y data, sin unir los mandamientos.
D) En relación con la cuenta de VIAP.
No se ha remitido la documentación solicitada.
A este respecto, es necesario recordar lo dispuesto en la Regla 84.2 de la I.C. al determinar:
"Rendirán también los Depositarios, en el mes de enero siguiente a cada ejercicio, la cuenta anual de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, que se justificará con las relaciones de cargo y data y los mandamientos respectivos de entradas y salidas durante el año."
Por último, manifestar la importancia de la aprobación de la misma por el Pleno de la Corporación, pues constituye, como ya hemos expuesto con anterioridad, el ejercicio de la atribución más importante que la Ley encomienda al Pleno.
E) En relación con las cuentas de recaudación.
1.- Del modelo ACC/5 se desprende que el recaudador es persona ajena a la Corporación, ligado a la misma por un contrato. En este sentido, es necesario manifestar que la Ley 7/1985 en su artículo 92.3.b) establece que la recaudación es una función cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios, lo que imposibilita el que esa Corporación pueda continuar en la situación actual. Se recomienda el que se proceda, a la mayor brevedad posible, a poner en manos de un funcionario la gestión recaudatoria. 2.- No se han remitido las cuentas de recaudación.
La no rendición de las cuentas de recaudación incumple lo dispuesto en la Regla 86 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, al establecer ésta que los recaudadores y agentes ejecutivos vendrán obligados a rendir cuenta de su gestión. En este mismo sentido se manifiesta la Instrucción General de Recaudación en sus Reglas 186 a 190.
Por todo ello, esa Corporación debe emprender las acciones oportunas encaminadas a resolver este aspecto que, una vez solucionado, redundará en la buena gestión y control de la labor recaudatoria, con lo que ello implica de mejora en la capacidad de prestación de servicios a los vecinos.
F) En relación con los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.
No consta que existan Organismos Autónomos ni Sociedades Mercantiles dependientes de la Corporación.
G) En relación con otros aspectos de la gestión económico-financiera.
No se ha remitido la relación de contratos (Mod. TC/9).
A este respecto, hay que recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros.
H) En relación con el Presupuesto General de 1990.
1.- Figura una contradicción entre el importe del Presupuesto aprobado (400.224.643 pesetas) y el consignado en la base primera de las bases de ejecución (398.574.643 pesetas).
2.- La aprobación inicial y definitiva del Presupuesto de 1990 se ha producido con retraso respecto al calendario establecido en el artículo 150 de la Ley 39/1988.
En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 2 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 6 del artículo ya precitado, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiadas con créditos u otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.
Adjunto al presente informe se remite la liquidación del Presupuesto de esa Corporación correspondiente al ejercicio económico de 1989, así como los ratios más significativos obtenidos de la misma, debidamente detallados para su mejor interpretación.
De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (B.O.C. nº 64, de 8.5.89), el presente informe deberá ser conocido por el Pleno de la Corporación. Del acuerdo que se adopte deberá remitirse, en el plazo más breve posible, certificación a esta Audiencia de Cuentas.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de marzo de 1991.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.
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