BOC - 1991/033. Miércoles 13 de Marzo de 1991 - 331

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Audiencia de Cuentas de Canarias

331 - ACUERDO de 30 de enero de 1991, del Pleno, por el que se hace público informe de fiscalización de la gestión económico-financiera correspondiente al ejercicio económico de 1989 del Ayuntamiento de Garachico (Tenerife).

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1.- INTRODUCCION

1.1. Justificación.

Con fecha 23 de julio del presente año tuvo entrada en esta Audiencia de Cuentas Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Garachico, de 21 de junio, en virtud del cual se interesaba la actuación fiscalizadora de esta Audiencia, emitiendo informe sobre la situación económica, financiera y contable de ese Ayuntamiento.

Dicho Acuerdo fue elevado al Pleno de la Audiencia de Cuentas en la sesión celebrada el 12 de septiembre, siendo aceptado el mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.2.b) de la Ley Territorial 4/1989, aunque dado que no se había recibido la documentación previamente solicitada a dicha Corporación, correspondiente al ejercicio de 1989, que tenía de plazo hasta el 30 de septiembre, no podía iniciarse la fiscalización antes de esa fecha. Decidiéndose por el Pleno en la sesión del 14 de noviembre el inicio de dicha actuación fiscalizadora.

1.2. CUENTAS Y HECHOS AUDITADOS.

Han sido objeto de la presente fiscalización los hechos generados en el ejercicio económico de 1989, abarcando tanto los aspectos propiamente presupuestarios como los patrimoniales, así como los de organización, contabilidad y control interno existentes en la entidad. A la fecha de la realización del trabajo, el Ayuntamiento de Garachico solo había aprobado, del ejercicio de 1989, dos de las cuentas y estados que preceptivamente tiene que aprobar, a saber: la liquidación del Presupuesto y la Cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, que se incluyen como anexo.

1.3. OBJETIVOS.

Los objetivos de la actuación a desarrollar están delimitados por lo establecido en el artículo 6 de la Ley 4/1989, al determinar que:

"En el ejercicio de su fiscalización, la Audiencia de Cuentas controlará el efectivo sometimiento de la actividad económico-financiera de los entes que integran el sector público canario a los principios de legalidad, de eficacia y de economía."

No obstante, las dificultades existentes a la hora de valorar los principios de eficacia y economía en una Corporación local, debido a la inexistencia de objetivos claramente definidos así como programas de actuación, unido a la carencia de contabilidad analítica, nos obligan a centrar nuestros esfuerzos en opinar sobre los siguientes aspectos:

- El desarrollo y ejecución del Presupuesto de 1989.

- El reflejo de la situación patrimonial según los principios contables que le son de aplicación.

- La actividad económico-financiera de la Corporación, atendiendo a la legalidad y racionalidad del gasto público.

1.4. ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA.

El trabajo se ha efectuado de acuerdo con los principios y normas de auditoría del sector público y en función de los medios personales y materiales disponibles en esta Audiencia de Cuentas. Por tanto, no incluyó una revisión detallada de todas las transacciones sino todas aquellas pruebas sustantivas y de cumplimiento, habituales en auditoría, que se consideraron necesarias en cada circunstancia para la obtención de la evidencia suficiente, pertinente y válida que fundamente las opiniones y conclusiones del informe.

Queremos agradecer la colaboración prestada por el personal del Ayuntamiento que ha facilitado en gran medida la realización del presente trabajo.

1.5. REALIZACION DEL TRABAJO.

El trabajo de campo se inició el 16 de noviembre en la sede del propio Ayuntamiento y concluyó el día 12 de diciembre con la presentación al Pleno de la Audiencia del proyecto de informe para su aprobación.

El equipo humano ha estado integrado por tres ayudantes de auditoría dirigidos por un técnico-auditor.

1.6. DESCRIPCION DEL AYUNTAMIENTO.

Garachico es un municipio que cuenta con una población de 6.221 habitantes, enclavado en la costa norte de la isla de Tenerife.

Ocupa una extensión de 29,28 km2, lo que representa el 1,44% de la superficie de la isla.

Fundado en 1501, fue el puerto más importante de Tenerife en los siglos XVI y XVII. Reflejo de su riqueza e importancia en dicha época son los numerosos conventos, iglesias y palacios que aun se conservan.

En 1706 la lava arrasó templos, viejas casas solariegas y calles enteras.

Comprende 19 entidades de población, siendo los barrios más importantes los de Genovés, San Juan del Reparo y San Pedro Daute.

Forma parte de la comarca natural de Teno que ocupa el extremo occidental de la isla y que configura valles como el del Palmar y el de la Tierra del Trigo, formando la llamada Isla Baja, que comprende los municipios de Garachico, El Tanque, Los Silos y Buenavista.

Es un municipio esencialmente agrícola, siendo el cultivo más importante el del plátano.

1.7. CONCLUSIONES GENERALES.

En nuestra opinión, dada la importancia de las limitaciones e incidencias que se comentan a continuación, los estados y cuentas del ejercicio económico de 1989 presentados por el Ayuntamiento de Garachico, que se adjuntan al presente informe, no reflejan adecuadamente la situación económica, financiera y contable de la Corporación a 31 de diciembre de 1989.

En segundo lugar, la ausencia de registros patrimoniales nos impide emitir una opinión sobre la situación patrimonial a 31 de diciembre de 1989.

Por otra parte, en el ejercicio de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Garachico hemos apreciado algunas infracciones de la normativa vigente tal como se indica en los apartados correspondientes.

Seguidamente se exponen las conclusiones y recomendaciones que para cada área analizada propone esta Audiencia de Cuentas.

2.- ORGANIZACION GENERAL

Los órganos de gobierno están constituidos por el Alcalde, el Pleno (del que forman parte el Alcalde y doce Concejales) y la Comisión de Gobierno (compuesta por cuatro Concejales). Constando en el Acta del Pleno de 6.7.89 las Delegaciones de Servicios siguientes:

- Concejalía Delegada de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas.

- Concejalía Delegada de Obras Públicas y Urbanismo.

- Concejalía Delegada de Turismo y Medio Ambiente.

- Concejalía Delegada de Educación y Cultura.

- Concejalía Delegada de Deportes y Juventud.

- Concejalía Delegada de Régimen Interior.

- Concejalía Delegada de Sanidad, Salud Pública y Servicios Sociales.

- Concejalía Delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca.

- Concejalía Delegada de Protección Civil.

En cuanto a Comisiones Informativas, están constituidas las que a continuación se citan:

- Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas.

- Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente. - Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Turismo.

- Comisión Informativa de Régimen Interior.

- Comisión Informativa de Colaboración de las Administraciones Públicas.

- Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Pesca.

- Comisión Informativa de Sanidad, Salud Pública y Servicios Sociales.

Aunque es necesario hacer constar que durante el ejercicio objeto de fiscalización las Delegaciones de Servicios y las Comisiones Informativas prácticamente no han funcionado ni tenido actividad.

Llegados a este punto, es necesario hacer constar que la Corporación no dispone de Reglamento Orgánico Municipal (R.O.M.), considerado éste como necesario para el establecimiento y regulación de los órganos complementarios (Delegaciones de Servicios y Comisiones Informativas) por el artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985 y que debe ser aprobado por el Pleno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.3.a) de la norma antes citada. En cuanto a los aspectos que debe regular podemos citar el contenido mínimo siguiente:

- El Estatuto de los miembros de la Corporación, como mera concreción y desarrollo de las normas de rango legal.

- Por lo que se refiere a los órganos necesarios (Alcalde, Pleno y Comisión de Gobierno) debe desarrollar lo previsto en la legislación del Estado y Comunidad Autónoma.

- Establecimiento, composición y atribuciones de los órganos complementarios.

- El régimen de información y participación ciudadana.

- El procedimiento administrativo, la responsabilidad de la Administración municipal y el régimen periódico de los actos y acuerdos.

- Formas de gestión desconcentrada y delegada.

- Las disposiciones necesarias para su reforma, siempre sometidas a las reglas generales establecidas por la legislación para la modificación de los Reglamentos.

Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que por Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Dirección General de la Función Pública, se clasifica la Secretaría del Ayuntamiento de Garachico como de tercera clase, lo que motivó que a dicho puesto de trabajo le correspondiera, asimismo, las funciones propias de la Intervención. Como de acuerdo a la última rectificación padronal de 1 de enero de 1989, llevada a cabo por el I.N.E., dicho municipio tiene una población total de 6.221 habitantes debería adoptarse un Acuerdo por el Pleno solicitando de la Dirección General de la Función Pública su reclasificación como de segunda clase (entre 5.001 y 20.000 habitantes), a fin de que la Corporación pudiera disponer de:

- Un puesto de trabajo denominado Secretaría,

- un puesto de trabajo denominado Intervención, y

- un puesto de trabajo denominado Tesorería.

En caso de que el coste de creación del puesto de Intervención fuera elevado para el Presupuesto de la Corporación, podría procederse a la agrupación con otra Entidad local para el sostenimiento de dicho puesto, tal como contempla el artículo 15.1 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre.

3.- CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS

3.1. CONTABILIDAD.

El Ayuntamiento de Garachico en el ejercicio 1989, con las limitaciones y comentarios realizados a lo largo del presente informe sobre su contenido y llevanza, y en particular la falta de contraído previo, ha cumplido con las previsiones que contempla la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, por lo que se refiere a la llevanza de los libros principales de contabilidad.

Se ha comprobado la existencia de los libros principales siguientes:

a) Diario General de Intervención de Ingresos, al que le faltan la diligencia de apertura y las firmas del Interventor y Depositario en los cortes mensuales.

b) Diario General de Intervención de Pagos, que tiene los mismos defectos ya expuestos para el Diario General de Intervención de Ingresos.

c) Mayor General de Gastos, al que le faltan los mismos requisitos contemplados en los puntos a) y b), excepto el referido a los cortes mensuales.

d) Mayor General de Rentas y Exacciones; se reproducen prácticamente las mismas circunstancias que en el libro anterior. e) Mayor de Valores Independientes y Auxiliares; le faltan la diligencia de apertura y el rubricado de los folios.

f) Libro de Actas de Arqueo; se reproducen las mismas circunstancias que en el libro anterior.

g) No existe Libro de Inventarios y Balances.

h) De caja, al que le falta la diligencia de apertura, no apareciendo rúbricas.

Se ha constatado la existencia del libro Auxiliar de Bancos.

Respecto de los libros de Contabilidad Auxiliar, previstos en la Instrucción de Contabilidad, no se ha podido constatar su existencia.

3.2. CUENTAS GENERALES.

En el examen de las cuentas se ha constatado que durante el ejercicio 1989 solamente se ha elaborado la de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto, cuenta ésta que no ha seguido ninguno de los trámites preceptivos de aprobación y que, por tanto, no ha sido aprobada.

Asimismo, no se han confeccionado el resto de las cuentas:

- General del Presupuesto.

- De la Tesorería.

- De la Administración del Patrimonio.

Este hecho supone una infracción grave de lo dispuesto en la Regla 74 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales y artículo 190 de la Ley 39/1988.

El sometimiento al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza.

Así se expresa el artículo 182 de la Ley 39/1988.

Esta obligación genérica se concreta en el artículo 189 cuando dice que:

"Las Entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán y elevarán los estados y cuentas anuales que se regulan en esta sección, los cuales comprenderán todas las operaciones presupuestarias, independientes y auxiliares, patrimoniales y de Tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio." Asimismo, es necesario manifestar la importancia de la aprobación de las mismas por el Pleno de la Corporación, pues constituye el ejercicio de la atribución más importante que la Ley encomienda al Pleno, al disponer que le corresponde:

"El control y fiscalización de los órganos de gobierno" (artículos 22.2.a) y 33.2.e) de la L.B.R.L. y 50.2 y 70.2 del R.O.F.).

Por último, recordar que el artículo 141.1.e) del Real Decreto Legislativo 1.091/1988 (Ley General Presupuestaria) establece que constituye una infracción no rendir las cuentas reglamentariamente exigidas o presentarlas con graves defectos. Dicha infracción obliga a indemnizar a la hacienda municipal los daños y perjuicios que sean consecuencia de la misma.

3.3. CONCLUSIONES.

No se han rendido y aprobado las Cuentas Generales. Se han llevado los libros obligatorios de contabilidad, excpeto el de Inventarios y Balances.

3.4. RECOMENDACIONES.

En cuanto a las Cuentas Generales se recomienda la rendición de todas las cuentas preceptivas, así como su aprobación por el Pleno.

Por último, y en cuanto a los libros obligatorios, se recomienda encarecidamente el que se lleve el libro de Inventarios y Balances, con la finalidad de conseguir una actualización del Inventario de Bienes y su aprobación inicial. En lo que se refiere a los libros auxiliares se deben abrir todos aquellos que sean necesarios y coadyuven a una mejora de la gestión y control.

4.- PRESUPUESTOS Y MODIFICACIONES

4.1. PRESUPUESTO DE 1989.

El Presupuesto para el ejercicio 1989 fue aprobado por un importe de 170.000.000 de pesetas.

La aprobación inicial y definitiva se produjo con gran retraso respecto al "calendario" establecido en el artículo 112 de la Ley 7/1985.

En este sentido, es necesario poner de manifiesto lo establecido en el apartado 4 del artículo antes citado, toda vez que el mismo determina que la aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Debiendo entenderse, por tanto, como algo excepcional, y a utilizar con tal carácter, la prórroga automática contemplada en el apartado 5 del citado artículo, toda vez que la existencia de un Presupuesto prorrogado conlleva importantes distorsiones en la vida municipal, tanto por el hecho de que la misma no afecta a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que están financiados con créditos y otros ingresos específicos o afectados, como por el de que únicamente pueda serlo por los créditos iniciales del Presupuesto anterior.

En el expediente de tramitación del Presupuesto no consta la firma del Presidente de la Corporación, ni en los Decretos de la Alcaldía, ni en el "visto bueno" de los restantes documentos.

El análisis comparativo de los Presupuestos de los ejercicios 1988 y 1989 a nivel de derechos liquidados ha puesto de manifiesto que éstos crecieron un 9,18% respecto a los del ejercicios de 1988. La causa de dicho crecimiento radica en el incremento del 39,76% de las Transferencias Corrientes (capítulo IV) y del 39,55% de los Ingresos Patrimoniales (capítulo V), como se expresa en el siguiente cuadro:

En el Estado de Gastos de 1989, las obligaciones liquidadas crecieron un 3% respecto a los del ejercicio anterior. La causa de dicho crecimiento radica en el incremento del 52,18% de las Retribuciones del Personal (capítulo I) y del 96,17% de los Intereses (capítulo III), compensado en una mayor parte con unas disminuciones del 47,29% y 65,65% de las Inversiones Reales (capítulo VI) y de las Transferencias Corrientes (capítulo IV), respectivamente, como se expresa en el cuadro siguiente:

En lo que se refiere a la clasificación económica del Presupuesto de Ingresos, la misma es incorrecta a nivel de concepto, pues en este último nivel existen conceptos presupuestarios no incluidos en la Orden de 14 de noviembre de 1979 que la Corporación crea de una forma aleatoria. A título de ejemplo, a los ingresos por la tasa de basura de 1988 se les ha asignado el concepto 021.12, cuando en la Orden el último concepto contemplado es el 021.05.

4.2. MODIFICACIONES DE CREDITO.

En el ejercicio 1989 solo se aprobó un expediente de modificación de crédito, por un importe de 19.950.000 pesetas. Dicha modificación corresponde a dos operaciones de Tesorería concertadas por la Corporación. FECHA IMPORTE ENTIDAD ACUERDO DEL PLENO

4.01.89 5.000.000 B.C.L. 1.07.88 1.04.89 15.000.000 B.C.L. 15.03.89

Como podemos observar, el expediente de modificación de crédito correspondiente a la primera de las operaciones fue tramitado y aprobado durante el ejercicio 1988, en tanto que la concertación de la operación, y por tanto la ejecutividad del expediente, tuvo lugar en 1989.

Ello responde al desconocimiento de uno de los principios presupuestarios contemplados en la Ley 39/1988, cual es el de "Temporalidad" o también llamado de "Anualidad", pues el artículo 144 determina que "el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural", para continuar diciendo que al Presupuesto corriente se imputarán los derechos liquidados durante el ejercicio presupuestario, cualquiera que sea el periodo de que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el mismo.

En este sentido, el artículo 156 determina que "los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no están afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anuladas de pleno derecho".

La amortización de las dos operaciones de Tesorería con la misma entidad de crédito se produjo en el ejercicio del 90 mediante el concierto de otra operación de Tesorería por importe de 30.000.000 de pesetas, operación ésta acordada por el Pleno en fecha 1.12.89, sin que previamente hubiese sido tramitado el correspondiente expediente de modificación de crédito que diera cobertura presupuestaria a la misma y además volviendo a incumplir el principio de "Temporalidad".

4.3. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.

Antes de comenzar con el análisis de la liquidación del Presupuesto, es necesario poner de manifiesto que los 33.633.727 pesetas que figuran en el acta de arqueo de 30 de diciembre como existencias en "Metálico" en la Caja de la Corporación, corresponden en realidad a mandamientos de pago no contabilizados por insuficiencia de crédito para ello. Este hecho implica el no respeto a uno de los principios básicos contenidos en la Ley 39/1988, cual es el de "Especialidad cuantitativa", según el cual las cifras consignadas en los créditos presupuestarios para gastos son máximos y por tanto no pueden contraerse obligaciones que rebasen este límite. En este sentido se manifiesta el artículo 153.2 de la citada Ley, al determinar que los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante.

En cuanto a la posibilidad contemplada en el artículo 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de reconocer obligaciones sin existencia de dotación presupuestaria, es algo muy distinto a lo realizado por la Corporación, pues este artículo lo único que autoriza es el reconocimiento de obligaciones sin dotación pero nunca al pago de los mismos sin el previo reconocimiento y dotación presupuestaria para hacerles frente.

Además, el reconocimiento de dichas obligaciones corresponde, en todo caso, al Pleno de la Corporación, debiendo ser utilizada esta posibilidad solo en casos excepcionales.

Añadiendo a lo anterior, y al ser las existencias de Tesorería del Presupuesto a 31.12.89 de sólo 16.621.193 pesetas en tanto que los pagos ascienden, como ya hemos expuesto, a 33.633.727 pesetas, podemos llegar a la conclusión de que se han utilizado 17.012.534 pesetas procedentes de VIAP para hacer frente a dichos pagos, lo que puede dar lugar a graves problemas cuando la Corporación deba ingresar en las entidades acreedoras las deducciones por IRPF, MUNPAL y Seguridad Social.

La distribución de los pagos es la siguiente:

AÑO IMPORTE

1988 6.137.008 ptas. 1989 27.496.719 ptas.

TOTAL 33.633.727 ptas.

El hecho de referencia obliga a rectificar la liquidación efectuada por la Corporación, pues al no figurar contraído en contabilidad, dicho importe no aparece tampoco como obligación liquidada en la liquidación.

RESUMEN EFECTUADO POR LA CORPORACION

Existencia en caja a 31.12.89 16.621.193 ptas. Restos por cobrar en igual fecha 65.597.538 ptas.

SUMA 82.218.731 ptas.

Restos por pagar en igual fecha 63.206.333 ptas.

SUPERAVIT 19.012.398 ptas.

RESUMEN EFECTUADO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

Existencia en caja a 31.12.89 Restos por cobrar en igual fecha 65.597.538 ptas.

SUMA 65.597.538 ptas.

Restos por pagar en igual fecha:

1. Reflejados en liquidación 63.206.333 ptas. 2. Pagados por VIAP y pen- dientes de formalizar en Pto. 17.012.534 ptas.

SUMA 80.218.867 ptas.

DEFICIT 14.621.329 ptas.

Lo que nos conduce a la evidencia de que la verdadera liquidación reflejaría un déficit real de 14.621.329 pesetas, en lugar del superávit ficticio reflejado en la efectuada por la Corporación.

4.4. CONCLUSIONES.

El Presupuesto General ha sido aprobado con gran retraso produciendo importantes distorsiones en la contabilidad municipal.

La clasificación económica del Presupuesto no respeta la estructura aprobada por la Orden de 14 de noviembre de 1979.

No se ha respetado el principio de "Temporalidad" o "Anualidad" presupuestaria.

Se han efectuado pagos sin dotación presupuestaria.

El Presupuesto ha sido realmente liquidado con déficit.

4.5. RECOMENDACIONES.

Se deben acometer las medidas oportunas a fin de que el Presupuesto General sea aprobado por el Pleno de la Corporación antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior.

Se ha de evitar a toda costa la realización de pagos sin dotación presupuestaria, para lo que se han de acometer las medidas necesarias a fin de que se efectúen los contraídos previos de los derechos y obligaciones, así como el respeto al carácter limitativo de los créditos consignados en el Estado de Gastos del Presupuesto.

La liquidación del Presupuesto debe efectuarse con los datos reales de lo que ha sido la ejecución presupuestaria, pues el no hacerlo así lo único que provoca es el andar a ciegas acerca de la verdadera situación económico-financiera de la Corporación.

5.- INGRESOS Y DEUDORES

5.1. INGRESOS.

El análisis realizado sobre los datos reflejados en el cuadro nº 3 siguiente, permite deducir que los recursos propios del Ayuntamiento suponen, sobre el total de derechos liquidados, el 26,35%, frente al 73,65% de los recursos ajenos.

Cabe destacar la participación en el conjunto del Estado de Ingresos de los capítulos IV (Transferencias corrientes) y VII (Transferencias de Capital) con unos porcentajes del 41,26% y 20,69% respectivamente. También resulta significativo que los derechos liquidados superen los derechos presupuestados en los capítulos I (Impuestos Directos), IV y V (Ingresos Patrimoniales).

Son elevadas las cantidades pendientes de cobro en los capítulos IV y VII, con unos porcentajes del 23,27% y 84,58%, respectivamente.

En cuanto a los totales, es de destacar el alto nivel de liquidación presupuestaria (93,89) por lo que hace referencia a la liquidación de derechos.

En lo que se refiere a las diferencias más relevantes apreciadas en el área de ingresos, deben citarse:

a) La falta de contracción previa de los derechos liquidados. En el Libro General de Rentas y Exacciones, las columnas correspondientes al Cargo (contraído) y Data (recaudado) coinciden en todos los casos, no existiendo cantidad alguna en la columna Saldos Pendientes de Cobro.

b) Incumplimiento de los plazos de cobro en periodo voluntario de los ingresos tributarios. Las certificaciones de descubierto no han sido extendidas cuando los contribuyentes no han ingresado en los plazos correspondientes, manteniéndose de forma indefinida la recaudación en vía voluntaria.

5.2. DEUDORES.

Como consecuencia de la no contabilización del contraído previo, la Corporación desconoce durante la ejecución presupuestaria el pendiente de cobro, siendo éste determinado de forma aproximada recurriendo a:

- La relación de valores pendientes de cobro suministrada por el recaudador municipal.

- El cálculo de la diferencia entre el importe total de los padrones tributarios y los ingresos realizados por el Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife, sin tener en cuenta las posibles bajas.

- Los ingresos por subvenciones producidos con posterioridad al 31 de diciembre y con anterioridad a la aprobación de la liquidación del Presupuesto.

5.3. RESULTAS DE INGRESOS.

De la liquidación del Presupuesto se desprende que los derechos pendientes de cobro en Resultas ascienden a 18.457.591 pesetas, lo que representa un 26,28% del total de derechos liquidados en el capítulo 0, siendo la distribución de los mismos, por ejercicios, la siguiente:

Como el porcentaje antes expuesto ha de considerarse elevado se recomienda, en base a lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, un análisis de la antigüedad de las Resultas, a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan recaudado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades de difícil o imposible recaudación.

5.4. CONCLUSIONES.

El análisis realizado sobre el Estado de Ingresos parece indicar que los recursos del Ayuntamiento fueron estimados, en general, con un criterio de prudencia.

La Corporación ha podido calcular de forma aproximada sus pendientes de cobro a 31 de diciembre gracias a que la liquidación del Presupuesto se aprueba con gran retraso; pero, en caso de que dicha aprobación se produjera dentro del plazo marcado por el artículo 172 de la Ley 39/1988 sería imposible determinar el importe, ni siquiera aproximado, de los restos por cobrar. Una vez aprobada la liquidación del Presupuesto, los derechos recaudados y no contemplados en la relación de deudores son aplicados al Presupuesto corriente, lo que conlleva el no respeto del principio de separación de ejercicios y el no ajuste a la realidad del cálculo del resultado presupuestario.

Para algunos conceptos presupuestarios no coincide la relación de deudores con el pendiente de cobro, como consecuencia de reajustes subjetivos no sometidos a ningún criterio de razonabilidad.

5.5. RECOMENDACIONES.

La estimación de los ingresos, que en los años anteriores hayan dotado el Presupuesto, debe realizarse en cantidad no superior a su rendimiento en el último ejercicio, con las excepciones que se produzcan de incrementos de tarifas o bases impositivas.

Los derechos liquidados han de contraerse previamente y reflejarse en el Libro General de Rentas y Exacciones.

Las liquidaciones tributarias han de realizarse sin demora. Debe procederse a la recaudación por la vía de apremio en el momento en que finalicen los plazos en voluntaria, tal como determina el artº. 50 del Reglamento General de Recaudación.

Aplicación de un extremo rigor en cuanto a la confección de la relación de deudores y cuadre con los pendientes de cobro contemplados en la liquidación del Presupuesto.

6. RECAUDACION

6.1. ORGANIZACION DE LA RECAUDACION.

El servicio de recaudación durante el ejercicio de 1989 fue prestado por el Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife y un recaudador municipal, encargándose el primero de ellos de la cobranza de valores-recibos en voluntaria y ejecutiva, y el segundo del resto de tributos y exacciones municipales, tanto en voluntaria como en ejecutiva.

En la fiscalización de la organización de la recaudación de 1989 se han detectado las siguientes deficiencias:

a) En relación con el recaudador municipal, no existe una adecuada segregación de funciones entre la liquidación y la recaudación, pues el recaudador es el que liquida los tributos que le corresponde recaudar.

b) El Tesorero-Depositario no ejerce las funciones que le atribuye el Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, en cuanto a Jefe de la Recaudación, pues las liquidaciones tributarias, una vez aprobadas por el Alcalde, vuelven directamente al recaudador sin que el Tesorero-Depositario ejerza ningún control sobre ellas.

c) En la recaudación municipal no existe un adecuado control y archivo sobre las liquidaciones efectuadas y recaudadas, pues el único control existente es la copia de los mismos que se guarda en el archivo.

d) Las bajas de valores propuestas por el recaudador son aprobadas, en todos los casos, por el Alcalde y el Tesorero-Depositario, siendo dicha aprobación sobre la relación presentada por el recaudador, sin que exista expediente alguno para las mismas.

e) No se ha localizado el acuerdo municipal de nombramiento del recaudador municipal, ni constan antecedentes sobre la provisión de dicho puesto. f) El recaudador municipal no tiene constituida fianza.

g) Las entradas y salidas de valores se han realizado sin los correspondientes mandamientos, lo que ha supuesto una vulneración de lo dispuesto en el artículo 442.5 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

h) No se han rendido nunca las cuentas de recaudación por el recaudador municipal. Este hecho ha supuesto una infracción de lo dispuesto en la Regla 186 de la Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, aprobada por Decreto 2.260/1969, de 24 de julio.

i) No se realizan controles a los recaudadores. Esto se manifiesta tanto en la ausencia de Libros de Recaudación como en la no constitución de la Comisión Liquidadora.

j) Incumplimiento de los plazos de cobro en periodo voluntario por el recaudador municipal.

6.2. PERJUICIO DE VALORES.

Como consecuencia de la inexistencia de cuentas de recaudación por parte del recaudador municipal, unido a la no prestación de fianza, así como a la manifiesta falta de control del Ayuntamiento y otras debilidades de control interno, la Corporación no ha declarado nunca el perjuicio de valores en ninguno de sus grados, a pesar de que existen valores que datan de 1979.

6.3. CONCLUSIONES.

La ausencia de un sistema de control sobre la recaudación constituye la característica más importante de la organización de la misma, siendo este hecho mucho más grave en el caso del recaudador municipal que en el del Consorcio de Tributos.

En consecuencia, tienen especial interés las anomalías detectadas en la situación y actividad del primero de ellos y entre ellas las siguientes:

- Falta de constitución de la fianza correspondiente.

- No rendición de las cuentas de recaudación.

- Graves debilidades de control sobre el recaudador, que liquida y recauda a un tiempo.

- Las entradas y salidas de valores se han realizado sin el correspondiente mandamiento. Este hecho es extensivo a todos los valores-recibos, así como la falta de llevanza de Libros Auxiliares de Cuentas Corrientes con la Recaudación. 6.4. RECOMENDACIONES.

Cualquier control sobre la recaudación exige que la liquidación de un tributo y su cobranza no sean realizadas por la misma persona. Difícilmente se puede ejercer un control mínimo sobre la recaudación si no existe una segregación entre quien realiza la liquidación y quien la cobra.

Resulta fundamental y necesario que se realice una reorganización de la recaudación y se corrija la anomalía anteriormente señalada. Una segregación de funciones es, sin lugar a duda, una garantía mínima sobre el control efectivo de la recaudación.

También es necesario y obligatorio la llevanza de los Libros Auxiliares, la rendición y comprobación de las cuentas, la constitución de la fianza correspondiente, que las entradas y salidas de los valores-recibos se realicen a través de mandamientos, así como que las bajas de derechos pendientes de cobro sean adecuadamente controladas y aprobadas.

Debe establecerse un procedimiento formal adecuado que controle el cargo al recaudador por cada concepto presupuestario y periodo contable (Pliegos de Cargo numerados y debidamente autorizados).

Debe establecerse un procedimiento formal adecuado que controle las anulaciones de derechos (valores) en poder del recaudador.

Se deben controlar periódicamente los pendientes de cobro, a nivel de volumen, identificación exacta y relación con los de fechas anteriores.

7.- GASTOS Y ACREEDORES

7.1. GASTOS.

El análisis realizado sobre los datos reflejados en el cuadro nº 5 siguiente, permite deducir que los gastos por operaciones corrientes suponen, sobre el total de obligaciones liquidadas, el 53,33%, frente al 46,67% de los gastos por operaciones de capital.

Cabe destacar la participación, en el conjunto del Estado de Gastos, de los capítulos I (retribuciones de personal), II (compra de bienes corrientes y servicios), VI (inversiones reales), y IX (variación de pasivos financieros) con unos porcentajes del 29,59%, 19,72%, 23,69% y 19,59%, respectivamente.

Son muy elevadas las cantidades pendientes de pago en los capítulos VI y IX, con unos porcentajes del 53,82% y 59,76% respectivamente, razón por la que resulta conveniente emprender acciones encaminadas a mejorar este aspecto.

El porcentaje de recursos que la Corporación destina a "Inversiones Reales" es alto en relación con su estructura presupuestaria, aunque se encuentra en gran parte pendiente de pago, como ya expusimos en el párrafo anterior.

En este mismo sentido, es necesario tener en cuenta que gran parte de las inversiones no figuran en Presupuesto, pues son canalizadas por VIAP.

El endeudamiento a 31.12.89, obtenido con datos de la liquidación, está en un 20,29%, porcentaje que hemos de considerar muy elevado, por lo que debería procederse a tomar las medidas oportunas a fin de reducirlo o por lo menos controlarlo.

Se ha obtenido un nivel muy alto de liquidación presupuestaria por lo que hace referencia a la liquidación de obligaciones aunque éstas últimas se encuentran en parte pendientes de pago, como ya hemos expuesto.

En lo que se refiere a las deficiencias más relevantes apreciadas en el área de gastos deben citarse:

a) La falta de contracción previa de las obligaciones liquidadas. En el Libro General de Gastos, las columnas correspondientes a la Data (contraído) y Cargo (pagado) coinciden en todos los casos, no existiendo cantidad alguna en las columnas saldos pendientes de pago y crédito disponible.

b) La compra y suministro del material se efectúa con carácter previo al informe del Interventor, por lo que la aprobación del gasto y ordenación del pago es posterior y sobre compras ya realizadas y recepcionadas, lo que unido a lo expuesto en el punto anterior da lugar a que la Corporación sobrepase las partidas contempladas en el Estado de Gastos y mantenga facturas pagadas en caja como existencia en metálico, como ya expusimos en el punto 4.3.

c) La totalidad de las funciones en el proceso de gasto y pago que corresponde a la Depositaría las realiza la Intervención, pues la primera sólo existe sobre el papel, al no ejercer ninguna función de las que le corresponde. Este hecho choca con el principio básico de cualquier sistema de control interno, en cuanto que para la existencia del mismo es necesario que exista una adecuada segregación de funciones.

d) Del análisis efectuado sobre una muestra de mandamientos de pago se desprende que la mayoría están sin firmar por el Interventor en unos casos y por éste y el Alcalde en el resto, detectándose además que:

1.- En el mandamiento nº 616, correspondiente al pago de honorarios a un profesional por importe de 70.200 pesetas, no se ha efectuado la correspondiente retención por IRPF.

2.- El mandamiento nº 619, correspondiente a la amortización de una operación de crédito, no aparece contabilizado en el Libro Auxiliar de Bancos.

3.- En el mandamiento nº 859, correspondiente a la amortización de una operación de crédito, no se acompaña justificación alguna.

4.- En el mandamiento nº 118, correspondiente al pago por la realización de un reportaje de vídeo realizado en el ejercicio de 1988, el insuficiente y deficiente cálculo del pendiente de pago (por los motivos que expondremos) de dicho ejercicio produjo que las últimas 60.250 pesetas (el importe total era 250.000 pesetas) tuvieran que ser pagadas con cargo al ejercicio 1989.

7.2. ACREEDORES.

Como consecuencia de la no contabilización del contraído previo, la Corporación desconoce durante la ejecución presupuestaria el pendiente de pago, siendo éste determinado de forma aproximada a:

- El recuento material de las facturas pendientes de pago a 31 de diciembre.

- Llamadas telefónicas a las distintas entidades bancarias con las que mantienen cuentas bancarias abiertas y operaciones de créditos concertados, a fin de determinar los intereses a favor devengados y no cobrados por la Corporación, así como los intereses y capitales devengados y no pagados por operaciones de crédito, todo ello a 31 de diciembre.

7.3. RESULTAS DE GASTOS.

Del análisis de las resultas se desprende:

a) En la relación de acreedores a 31.12.88 se observan pendientes de pago correspondientes a 1987, por un importe realmente importante, de los que a lo largo de 1989 no se ha abonado casi nada y de los tres últimos nada.

PARTIDA IMPORTE

011.15 3.784.738 ptas. 011.16 5.152.245 ptas. 011.20 3.000.000 ptas. 011.22 6.956.809 ptas. 011.23 3.856.000 ptas. 011.24 5.619.231 ptas. 011.25 1.404.737 ptas. b) En cuanto a la clasificación económica de las Resultas, la Corporación incluye en el concepto 011 los pendientes de pago del último ejercicio, en tanto que en el 021 figuran los pendientes de pago de ejercicios anteriores, sin hacer ninguna distinción entre operaciones corrientes y de capital.

c) En muchos mandamientos de pago no figura la calificación funcional del gasto y en los que figura a veces lo hace de forma incorrecta.

7.4. CONCLUSIONES.

En general, el control de gastos presenta numerosas deficiencias. Esta característica también resulta de aplicación en lo que se refiere a la fiscalización formal y material del pago.

La Corporación sólo puede determinar de forma aproximada sus pendientes de pago a 31 de diciembre pues no existe ninguna garantía de que las obligaciones pendientes de pago así calculadas sean la totalidad ya que, debido al descontrol general existente en la Corporación, es probable que existan cantidades no contabilizadas, como ya hemos manifestado al hacer mención al mandamiento de pago nº 118.

A mayor abundamiento de lo expuesto, en la relación de acreedores figuran partidas con la anotación a lápiz de "agotada", utilizada por la Intervención como indicativo, a la hora de hacer frente a una factura, de que la partida se ha agotado y de que todas las facturas que corresponden a 1988 y deban ser aplicadas a dicha partida se lleven a Presupuesto corriente.

7.5. RECOMENDACIONES.

El establecimiento de un sistema basado en la contabilización de propuestas de gastos que permita realizar las compras y gastos corrientes sabiendo que existe crédito adecuado y suficiente, constituye un requisito necesario para el control del gasto. Siendo para ello necesario que las obligaciones liquidadas se contraigan previamente y se reflejen en el Libro General de Gastos.

Por otra parte, los mandamientos de pago deben contener los justificantes que acrediten la naturaleza del gasto, así como de la aprobación del mismo.

En las facturas debe figurar la diligencia de "recibí el material y conforme" y, una vez comprobadas y registradas, se señalará en las mismas la existencia de crédito y la aplicación presupuestaria a donde haya de incorporarse.

Se expedirán mandamientos de pago a justificar en el supuesto de que no sea posible obtener los comprobantes al tiempo de hacer efectivo el pago y siempre que se respeten los requisitos y formalidades establecidos en las Reglas 26 y 64 de la Instrucción de Contabilidad.

La necesidad de un extremo rigor en cuanto a la confección de la relación de acreedores y cuadre con los pendientes de pago contemplados en la liquidación del Presupuesto.

Asimismo, y ante la existencia en Resultas de saldos de gran antigüedad, se recomienda un análisis de los mismos, a fin de determinar el motivo que ha impedido el que no se hayan pagado en su mayor parte durante 1989, así como si existen o no cantidades que no obedecen a obligaciones reales.

8.- TESORERIA

8.1. ORGANIZACION.

El puesto de Tesorero de la Corporación ha sido desempeñado por un Concejal, de conformidad con el artículo 92.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Tradicionalmente el Tesorero del Ayuntamiento no ha constituido fianza.

Normalmente, los ingresos son realizados con periodicidad mensual por el recaudador y Consorcio de Tributos, o mediante transferencias bancarias en el caso de las transferencias corrientes y de capital.

Los pagos son efectuados mediante pago en efectivo, cheque nominativo y transferencias bancarias.

El Tesorero prácticamente no desempeña ninguna de las funciones que tiene asignadas por el Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, y que se concretan en:

- El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, y

- la Jefatura de los Servicios de Recaudación.

a) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos comprende:

1) La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la Entidad.

2) La organización de la custodia de fondos, valores y efectos, de conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia.

3) Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en Bancos y establecimientos análogos autorizando, junto con el Ordenador de Pagos y el Interventor, los cheques y demás órdenes de pago que se giran contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.

4) La formación de los planes y programas de Tesorería distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente esablecidas.

b) La Jefatura de los Servicios Recaudatorios comprende:

1) El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo los medios necesarios para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.

2) La autorización de los Pliegos de Cargo de Valores que se entreguen a los recaudadores y agentes ejecutivos.

3) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de tal carácter y autorizar la subasta de bienes embargados.

4) La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores.

8.2. ARQUEOS.

Del análisis de las actas de arqueo y Libros de Caja y Auxiliar de Bancos, se desprende lo siguiente:

a) Los asientos de los Libros de Caja y Auxiliar de Bancos no coinciden. Ello es debido a que el Auxiliar aparentemente es llevado correctamente, es decir que cada vez que se produce un cobro o pago se contabiliza en la fecha en que éste se produce (aunque no se pudo constatar que así fuera en todos los casos), en tanto que en el de Caja de cobros y pagos se contabilizan en la fecha en que el Banco los abona o carga en cuenta. Resumiendo podemos decir que el Auxiliar podría llevar el verdadero movimiento de fondos de la Corporación, en tanto que el de Caja lleva la contabilidad del Banco, procedimiento éste totalmente incorrecto. b) Para hacer compatible la fecha del asiento en el Libro de Caja con la de los mandamientos de ingresos y pagos, éstos se confeccionan sin fecha, y si se hace, se borra posteriormente, anotándose la fecha de contabilización por el Banco.

c) En las actas de arqueo las cantidades consignadas en el apartado "situación" en ocaciones son las que se desprenden del Auxiliar de Bancos y en otras las de los extractos bancarios, e incluso en ocasiones, en que por errores contables no coinciden éstos últimos con el libro de Caja, los obtenidos de éste último. A título de ejemplo tenemos:

Arqueo de 29 de abril de 1989

ENTIDAD SALDO ACTA DE ARQUEO

CajaCanarias 6.890.952 ptas.

SALDO LIBRO AUXILIAR SALDO BANCO

6.725.676 ptas. 8.819.897 ptas.

En cuanto al saldo del Libro Auxiliar, éste era el que figuraba como última anotación del mes de abril, pero al trasladarlo al 1 de mayo se hace figurar el saldo de 6.721.151 pesetas, sin que figure explicación de la diferencia de 4.525 pesetas.

En cuanto a la conciliación, se concilia el saldo que figura en el acta de arqueo con el del Banco, olvidándose completamente del sado del Auxiliar.

En este mismo arqueo de 29 de abril se hacen constar dos cuentas, denominadas Banco de Crédito Local 1º y 2º operación de Tesorería, que no figuran en el libro Auxiliar ni se tiene constancia de que se hayan solicitado saldos bancarios. En cuanto a la cuenta de la Caja Postal, el último asiento del Auxiliar corresponde al mes de abril, desapareciendo de la contabilidad municipal a pesar de que la cuenta sigue abierta con posterioridad.

Podemos comprobar que en el arqueo de 30 de mayo de 1989 no coincide ningún saldo.

En lo que se refiere al arqueo de diciembre, se observó lo siguiente:

- En la cuenta del Banco Hispano-Americano trataron de conciliar el saldo del acta de arqueo con el del libro Auxiliar, quedando un remanente no adecuadamente explicado por importe de 63.000 pesetas.

- En la cuenta de CajaCanarias conciliaron el saldo del Banco con el del acta de arqueo, olvidándose completamente del saldo del Libro Auxiliar.

d) La Corporación no lleva fichas de registro de las cuentas bancarias abiertas en las entidades de crédito, por lo que desconoce si las mismas tienen cáracter mancomunado o solidario.

e) Las existencias en metálico en la Caja de la Corporación son excepcionalmente elevadas en todos los arqueos. Ello es debido a que no se trata realmente de metálico sino de facturas que se hacen constar en el acta de arqueo como tal, como ya pusimos de manifiesto en el apartado 4.3. Dichas facturas corresponden a compras efectuadas sin existencias de dotación presupuestaria y por tanto no contabilizadas a la espera de poder ser aplicadas al Presupuesto.

Los porcentajes de metálico en caja, obtenidos de las actas de arqueo correspondientes a 1989, ascienden a: MES PORCENTAJE

Enero 72% Febrero 65% Marzo 85% Abril 59% Mayo 70% Junio 71% Julio 40% Agosto 41% Septiembre 53% Octubre 84% Noviembre 77% Diciembre 84%

- En el Libro Auxiliar de Bancos las anotaciones contables no se hacen por el importe de los mandamientos, sino que estos últimos a veces se desglosan en multitud de asientos y en otros casos se agrupan los mandamientos en un solo asiento, lo que dificulta el seguimiento y control de los mismos. Sería recomendable que dichas anotaciones se efectuaran por el importe de los mandamientos.

8.3. CONCLUSIONES.

La no coincidencia de los Libros de Caja y Auxiliar de Bancos, así como los criterios utilizados en las conciliaciones bancarias (cuando las hay) constituyen diferencias importantes detectadas en la organización de la Tesorería.

Asimismo, constituye un hecho de especial relevancia el que se estén realizando pagos sin dotación presupuestaria ni contabilización, que figuran como metálico en caja, lo que implica que no se han respetado las cantidades limitativas aprobadas para los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos, y que figuran cantidades ficticias en el acta de arqueo.

Pero el hecho más relevante de todos y que explica todos los demás es la profunda desorganización existente en este área de la actividad municipal, que conlleva importantes debilidades de control interno.

8.4. RECOMENDACIONES.

Resulta obligatorio el que haya concordancia entre el libro de Caja y el necesario Auxiliar de Bancos, con el fin de conocer la situación de los fondos en cada entidad bancaria y efectuar sistemáticamente las conciliaciones.

Es conveniente reducir al máximo el número de cuentas corrientes existentes con el fin de conseguir la mayor simplificación y eficacia en la gestión de los fondos públicos, cancelando aquellas para las que se considera que no subsisten los motivos que condujeron a su apertura.

A tal fin, se recomienda promover una concurrencia entre las distintas entidades para estudiar las condiciones más favorables.

Se ha de evitar a toda costa el que con cargo a fondos de VIAP se hagan pagos que queden pendientes de formalización definitiva, por lo que se manifiesta la necesidad de que si sucede ésto se regularice la situación lo más pronto posible y, en todo caso, que para efectuar pagos se atienda al procedimiento establecido, que implica ordenación del gasto, contraído y expedición del oportuno mandamiento de pago.

9.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO

9.1. ANALISIS DE LAS SUBRUBRICAS.

Los valores independientes y auxiliares del Presupuesto presentan los siguientes saldos a 31 de diciembre.

Del libro y cuenta de VIAP rendidos es imposible realizar un análisis por Rúbricas, toda vez que no se ha respetado la clasificación por Rúbricas y Subrúbricas que establece la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, de 4 de agosto de 1952, que en su Regla 61.1 determina que:

"En el Libro de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto se abrirán las cuentas necesarias para conocer en todo momento la situación de los propios de este grupo, enumerados en la norma 6ª de la Regla 25."

Dicha norma indica que el grupo "Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto" comprenderá los valores representativos de créditos a favor de la Corporación, inscripciones y tributos de la deuda, recibos a cobrar, retenciones, efectos de cualquier clase y fianzas y depósitos en general, incluso los tributos del Estado descargados a favor de la Hacienda Pública y la Cuenta del Fondo del Servicio de Inspección de Rentas y Exacciones.

A cada una de las Rúbricas debe abrirse cuenta, aunque en el momento de iniciarse el libro de VIAP no haya existencias correspondientes a alguna de ellas.

El hecho de que el número y denominación de Rúbricas sea cerrado no es óbice para que aquellas Corporaciones en que el volumen de operaciones lo aconseje, puedan perfectamente desglosarse tales Rúbricas en tantas subrúbricas como sea necesario.

Del análisis de las Subrúbricas contenidas en la cuenta de VIAP se desprende que:

a) En la Subrúbrica "Fianzas y depósitos en valores", figura un saldo de cuenta anterior por importe de 1.740.014 pesetas, sin que se haya producido salida alguna por ningún concepto. Analizando la relación de avales comprensivo del importe antes mencionado, se pudo comprobar que gran parte de ellos tienen gran antigüedad y corresponden a contratos cuyo periodo de ejecución y garantía ya ha finalizado por lo que debió procederse a su devolución, pues no responden de nada.

b) En la Subrúbrica "Fianzas y depósitos en metálico", figura un total cargo por importe de 1.494.381 pesetas, con un total data de 61.875 pesetas. Analizado el contenido del saldo, se pudo comprobar que corresponde en gran parte a fianzas y depósitos de gran antigüedad, por lo que debe procederse a un análisis de los mismos con su consiguiente reintegro o, en su caso, incorporación al Presupuesto Ordinario. c) En la Subrúbrica IRPF se observa lo siguiente:

1) Figuran unas existencias a 31.12.88 por importe de 1.630.193 pesetas (primer asiento de 1989) y, sin embargo, el pago a Hacienda por las retenciones efectuadas en el cuarto trimestre de 1988 se eleva a 1.326.812 pesetas, es decir, existe una diferencia de 303.381 pesetas entre las cantidades efectivamente retenidas y las ingresadas a favor del Tesoro Público.

2) La entrada en VIAP de las retenciones se produce con unos desfases difíciles de entender. Podemos citar a título de ejemplo y sin ser exhaustivos que el 25 de febrero de 1989 entran en VIAP, en el orden expuesto, las retenciones correspondientes a los meses de:

1. Enero de 1988. 2. Febrero de 1989. 3. Enero de 1989. 4. Abril de 1988. 5. Mayo de 1988. 6. Junio de 1988. 7. Mayo de 1988. 8. Julio de 1988.

Lo mismo podemos extenderlo al resto de los meses, ello supone un desfase excesivo aun en el caso de que dichas retenciones se contabilicen en el momento del cargo bancario del mandamiento de pago relativo a la nómina, aunque hay que recordar que la entrada en VIAP debe producirse en el momento del devengo de la nómina.

3) Las entradas en VIAP de las retenciones se producen en fechas arbitrarias, siendo las mismas las siguientes:

1. 25 de enero. 2. 31 de enero. 3. 28 de febrero. 4. 2 de marzo. 5. 5 de abril. 6. 10 de abril. 7. 29 de abril. 8. 2 de mayo. 9. 18 de mayo. 10. 31 de mayo. 11. 1 de junio. 12. 8 de junio. 13. 30 de junio. 14. 3 de julio. 15. 13 de julio. 16. 1 de agosto. 17. 2 de agosto. 18. 4 de agosto. 19. 25 de agosto. 20. 30 de agosto. 21. 31 de agosto. 22. 1 de septiembre. 23. 2 de octubre. 24. 5 de octubre. 25. 2 de noviembre. 26. 3 de noviembre. 27. 4 de diciembre. 28. 14 de diciembre. 29. 29 de diciembre. 30. 30 de diciembre.

Lo que hace patente la gran irregularidad en la entrada, siendo que la misma debe producirse en la misma fecha y normalmente en los últimos días del mes al que corresponde la nómina.

4) El importe de las retenciones ingresadas en la Delegación de Hacienda es inferior al importe de las retenciones efectuadas, lo que puede dar lugar a posibles contingencias fiscales.

d) En la Subrúbrica "Seguros Sociales" se observa que:

1) La entrada en VIAP de las cuotas a cargo de los trabajadores se producen con unos retrasos difíciles de comprender. Podemos citar a título de ejemplo, y sin ser exhaustivos, que el 28 de febrero de 1989 entran en VIAP cuotas correspondientes a los meses de enero y febrero del 89 y abril, mayo, junio y julio de 1988, reproduciéndose este hecho en prácticamente todos los meses del año; ello supone unos desfases excesivos, debiendo recordarse que la entrada en VIAP debe producirse en el momento del devengo de la nómina, pues los retrasos en su entrada en VIAP y posterior ingreso en la Seguridad Social puede conllevar graves responsabilidades para la Corporación.

2) El ingreso de la cuota a cargo de la Corporación se produce con gran retraso, normalmente al mes siguiente del abono de la nómina; en este sentido es necesario recordar que las entradas citadas deben hacerse necesariamente con carácter simultáneo al acuerdo de ordenación del pago de las nóminas del personal activo correspondientes a la misma mensualidad, debiendo formularse en caso contrario la oportuna advertencia por el Interventor, que se abstendrá de intervenir la nómina hasta tanto no se cumpla aquel requisito. 3) Como consecuencia de los hechos expuestos, los ingresos en la Tesorería de la Seguridad Social se producen con retraso pues, a título de ejemplo, en agosto se ingresaron cuotas de mayo y en diciembre de octubre, lo que puede conllevar responsabilidades por la Corporación.

e) En relación con la Subrúbrica "MUNPAL" se observa lo siguiente:

1) Se observa que las entradas de las cuotas a cargo de la Corporación se producen a finales del mes siguiente al que corresponde la nómina. En este sentido cabe indicar que, según el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 2.531/1986, de 14 de noviembre, las entradas citadas deben hacerse necesariamente con carácter simultáneo al acuerdo de ordenación del pago de las nóminas del personal activo correspondiente a la misma mensualidad, debiendo formularse, en caso contrario, la oportuna advertencia por el Interventor, que se abstendrá de intervenir la nómina en tanto no se cumpla aquel requisito.

2) Parece sorprendente que el 16 de enero de 1989 se hayan ingresado a la MUNPAL cuotas por un importe de 665.648 pesetas cuando en esa fecha sólo habían cuotas retenidas por un importe de 98.563 pesetas.

f) Figura una Subrúbrica con la denominación de "Préstamo recibido del Banco de Santander para la compra de un vehículo para servicio oficial", que corresponde a una operación de préstamo concertada por la Corporación. La inclusión en VIAP de dicha operación de crédito es totalmente irregular, pues no se trata de un valor extrapresupuestario, sino de una operación plenamente presupuestaria y que como tal debería figurar en el Presupuesto, pues su no inclusión en el mismo parece una falta de transparencia ante el Pleno de la Corporación, así como el que el Presupuesto no se ajuste a la realidad y provoque confusión acerca de las verdaderas cifras que deben figurar en él.

g) El resto de las Subrúbricas corresponden a subvenciones que se han canalizado por VIAP, cuando las mismas deberían figurar en Presupuesto. A título de ejemplo, de las 50 Subrúbricas que componen la cuenta 43 corresponden a subvenciones.

El hecho de referencia provoca que el VIAP se utilice como un Presupuesto paralelo a través del cual se canalizan ingresos y gastos que deberían figurar en el Presupuesto, siendo la finalidad perseguida con su no inclusión en el Presupuesto la de evitar los trámites que conlleva su incorporación al mismo, uno de los cuales es el conocimiento por el Pleno y otro el de su publicidad cara a los vecinos. Lo que conlleva una falta de transparencia en la gestión, amén de las irregularidades contables y presupuestarias.

9.2. CONCLUSIONES.

Las retenciones por IRPF, MUNPAL y Seguridad Social se están efectuando de modo irregular, tanto en los plazos como en los procedimientos y cuantías. Además, se están canalizando a través de VIAP ingresos y gastos que no tienen tal carácter. Por ello, es necesario recordar el concepto y contenido de las operaciones extrapresupuestarias que no son otras que aquellas operaciones que se generan dentro de la técnica y operativa de la contabilidad y liquidaciones de ingresos y gastos públicos, no afectando los mismos directamente a los ingresos previstos y los créditos incluidos en el Presupuesto, pero que forman parte de la gestión de los recursos públicos. En general, se componen de partidas por cuenta ajena y partidas pendientes de valoración.

Las transacciones extrapresupuestarias se producen normalmente en conexión con alguna operación presupuestaria. Los fondos relacionados con estas transacciones están gestionadas junto con los fondos presupuestarios, sin separación física de los mismos, como una extensión lógica del principio de unidad de caja. Sus movimientos y saldos han de tomarse en consideración para el adecuado cuadre de los movimientos y arqueos periódicos.

En ocasiones los importes no están representados por dinero efectivo sino avales y fianzas, que denominamos "Valores".

Pero, como ha quedado manifiestamente claro, el hecho de que se gestionan los fondos sin separación física no nos debe llevar a confundir la naturaleza de ambos que está totalmente diferenciada.

9.3. RECOMENDACIONES.

Se debe observar un extremo rigor en el cálculo e ingresos de las retenciones por IRPF, MUNPAL y Seguridad Social, así como con su adecuada entrada y salida de VIAP, a fin de evitar las posibles responsabilidades en que puede incurrir la Corporación en caso contrario.

Debe observarse el máximo celo y diligencia a fin de evitar que se consideren como fondos extrapresupuestarios aquellos que no lo son y que por su naturaleza deben figurar en Presupuesto.

En caso de que existan saldos o remanentes de inversión no utilizados, convendría una depuración de estas existencias dando cuenta al Pleno para fijar su destino. En caso de que dichos saldos provengan de subvenciones, debería solicitarse del organismo concesionario autorización para incorporarlos al Presupuesto Ordinario.

10.- PATRIMONIO

10.1. ASPECTOS GENERALES.

En relación con el patrimonio de la Entidad se han observado las diferencias que se enumeran a continuación:

a) No se lleva el Libro de Inventarios y Balances, siendo el último inventario realizado el correspondiente a 1983. Con posterioridad a dicha fecha figuran unas anotaciones de bienes realizadas en 1987 pero que carecen de valoración y sistematicidad.

El artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986 dispone que "las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente, comprobándose siempre que se renueve la Corporación". Y esta misma obligación es recordada por el Reglamento de Bienes (artículo 17.1 y Disposición Transitoria Segunda.

Estableciendo, asimismo, el Reglamento de Bienes que se incluirán en el inventario todos los bienes y derechos "Cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición" (artículo 17.1), marcando la Disposición Transitoria Segunda que "los bienes inmuebles de naturaleza demanial, aunque no sean edificios, también deberán incluirse en el inventario".

En cuanto a la correlación entre el Inventario de Bienes y el Libro de Contabilidad Principal y Obligatorio de Inventarios y Balances, la misma viene plasmada en el artículo 35 del Reglamento de Bienes cuando dice:

"En el Libro de Inventarios y Balances se reflejarán anualmente los bienes, derechos y acciones de la Entidad local y sus alteraciones, así como el activo y pasivo, para determinar el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico."

Y en las Reglas 63 y 80 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales cuando se refiere la primera, al Inventario a principio de ejercicio y la segunda, al resultante de la cuenta, cuando dice en concreto "del inventario a fin de año".

b) Los bienes figurados en el Inventario y Cuenta de Administración del Patrimonio (correspondiente a 1987) aparecen valorados por su precio de adquisición, sin que se hayan actualizado nunca sus valores. A título de ejemplo podemos citar:

Bien Valor

Exconvento Dominicos, 50.000 Monte "Fuente Santa", "Iferife" y "Monte Frío" (1.573 Has), 3.000.000 Casa Consistorial, 24.000 Islote de "El Roque", 500 Mobiliario Ayuntamiento, 10.000 Solar contiguo a Casa Consistorial, 100 Así podíamos continuar con la totalidad de los bienes, hasta el extremo de que el importe total de los bienes de titularidad municipal tienen un valor de 27.357.545 pesetas.

El artículo 33.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales ordena la anual verificación de la rectificación del inventario de bienes de la Corporación local. Lo que dicho precepto denomina rectificación comprende "las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos" o como dicen las Reglas 63 y 80 de la Instrucción de Contabilidad, "las incautaciones, adquisiciones, cesiones y enajenaciones verificadas durante el año" y el artículo 13.1.a) de la circular de 1 de diciembre de 1958, aumentos y bajas que constituyen las partes segunda y tercera de la cuenta de propiedades y derechos.

En el ejercicio de las responsabilidades administrativas encomendadas al Secretario-Interventor, éste ha de:

1.- Anotar en los expedientes, bajo su firma, las resoluciones y acuerdos que afecten a los bienes.

2.- Llevar y custodiar el Inventario de Bienes de la Entidad.

3.- La fiscalización, en los términos previstos en la legislación de todo acto, documento o expediente que de lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que pueda tener representación financiera o patrimonial.

4.- La intervención formal de la ordenación del pago y de su realización material.

5.- La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y servicios.

En cuanto a la valoración, la exacta valoración del Patrimonio de la Entidad local tiene importancia a efectos de su Inventario de Bienes y del Activo de la Cuenta de su Administración y, en definitiva, para conocimiento e información de los responsables de la gestión de la Corporación.

Los bienes inventariados han de ser valorados conforme a su valor actual {REF artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y artículos 20.g); 21.g); 23.h); 24.c); 25.g) del Reglamento de Bienes}, a cuyo fin la Regla 63 de la Instrucción de Contabilidad preceptúa que cada cinco años se revisen las valoraciones del activo patrimonial.

Pero esta valoración no tiene mayor trascendencia, ya que el propio Reglamento de Bienes exige que, previamente a la enajenación de bienes patrimoniales, se proceda a la valoración técnica de los mismos que acredite de modo fehaciente su justiprecio (artículo 118).

c) No existe un adecuado control sobre los bienes patrimoniales.

El debido cumplimiento de las funciones que correspondan en relación con los bienes inventariables han de formarse mediante el adecuado control por parte de:

1.- La Secretaría, con referencia a los acuerdos, resoluciones y su traslación a la rectificación del inventario físico patrimonial.

2.- La Intervención, mediante la coordinación de la contabilidad presupuestaria con la patrimonial.

Es consecuencia, de la exactitud del cumplimiento de dichas funciones la facilidad del conocimiento y control del patrimonio por los órganos de decisión corporativos al inicio, durante el transcurso y al final del ejercicio económico, mediante los acuerdos de aprobación de la rectificación inventarial y de la Cuenta de Patrimonio, amén de la comprobación que corresponde realizar a los miembros efectivos de la Entidad sobre los salientes.

d) Como consecuencia de lo expuesto, no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 1.372/1986 que establece taxativamente que el Inventario de Bienes Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor expresará:

1.- Descripción en forma que facilite su identificación.

2.- Identificación de la razón de su valor artístico, histórico o económico.

3.- Lugar en que se encontrase situado y persona bajo cuya responsabilidad se custodiase.

En cuanto a los bienes inmuebles la Ley 13/1985, de 25 de junio, integra en el Patrimonio Histórico "los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico", otorgándoles una protección especial, particularmente a los declarados Bienes de Interés Cultural. Así, los "bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico no podrán ser enajenados por las Administraciones Públicas ... (siendo) ... imprescriptibles" (artº. 28); "son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones..." (artº. 44); los bienes constitutivos del patrimonio documental y bibliográfico cuando sean de titularidad pública quedan sujetos al régimen de los bienes muebles, siendo además, inexportables (artº. 56).

Todo lo cual trae como consecuencia que los bienes de las Entidades locales integrados en el Patrimonio Histórico, aunque tengan carácter patrimonial (por no estar incluidos en un museo, por ejemplo) están sujetos a un régimen jurídico peculiar que lo aproxima a las notas características del demanio.

El cumplimiento de todo lo expuesto es más necesario en esa Corporación que en cualquier otra, como consecuencia del importantísimo Patrimonio Histórico-Artístico existente en la misma reflejo a su esplendoroso pasado.

e) Como consecuencia de la inexistencia del inventario, el Pleno de la Corporación, órgano competente para acordar la aprobación del mismo (artículo 34 del R.B.), no ha podido desarrollar dicha competencia. Lo que imposibilita el que pueda comprobarse y ser aprobado por la Corporación saliente y entrante (artº. 36.2 del R.O.F.), en caso de cambio corporativo, así como el que se pueda levantar, en su caso, Acta a efectos de definir responsabilidades (artº. 32 del R.B.)

10.2. CONCLUSIONES.

La ausencia de un sistema de control de los bienes de la Entidad constituye la nota más relevante, por la falta de registros que reflejen las variaciones y el Patrimonio de la Corporación. Hecho este más que importante en un Ayuntamiento como el de Garachico, con un importante Patrimonio Histórico-Artístico.

10.3. RECOMENDACIONES.

Es necesario y obligatorio que se confeccione adecuadamente el inventario, así como que se lleve el libro de Inventarios y Balances, pero sobre todo se debe proceder a establecer un adecuado sistema de seguimiento y control del Patrimonio y especialmente del Histórico-Artístico.

11.- ENDEUDAMIENTO

11.1. ASPECTOS GENERALES.

Del análisis de este área se desprenden las incidencias que se enumeran a continuación: a) La imposibilidad de definir un flujograma sobre el proceso de endeudamiento, pues no existe un procedimiento establecido, lo único que se pudo constatar es que la autorización para la concertación de las operaciones de crédito corresponde al Pleno, en tanto que todo lo relativo a gestión y concertación queda asignado al Alcalde.

b) Es imposible realizar un cuadro de endeudamiento, debido a la inexistencia de registro y seguimiento de las operaciones de crédito concertadas, efectuándose la previsión presupuestaria de los capítulos III (Intereses) y IX (Variación de pasivos financieros) mediante llamadas telefónicas a las entidades de crédito.

c) No contabilización del contraído previo delpago de intereses y capital de las operaciones de crédito, pues son datos desconocidos por la Corporación hasta que recibe el extracto bancario con el cargo en cuenta o el aviso del mismo.

d) Se detecta la canalización de operaciones de crédito a través de VIAP, como es el caso de una concertada con el Banco de Santander por importe de 1.100.000 pesetas para la adquisición de un vehículo oficial, ya expuesta en el apartado 9.1.f) del área dedicada a VIAP.

e) No se espera a la aprobación del Presupuesto del ejercicio para la concertación de las operaciones de crédito.

f) No se respeta el principio de "Temporalidad" en la concertación de las operaciones, como ya hemos expuesto en el apartado 4.2 referido a modificaciones de crédito.

11.2. CONCLUSIONES.

La principal conclusión es la manifiesta falta de control sobre las operaciones de crédito aprobadas y concertadas, que se refleja en la inexistencia de un libro o registro de los mismos y la no definición de un flujograma de este tipo de operaciones.

El desconocimiento acerca del verdadero grado y nivel de endeudamiento como consecuencia del desconocimiento casi absoluto de las obligaciones adquiridas por la Corporación, como consecuencia de que algunas de estas operaciones se canalizan, de forma indebida, a través de VIAP, sin que exista un criterio claro acerca de las que se canalizan por este procedimiento o por Presupuesto.

11.3. RECOMENDACIONES.

Deben emprenderse acciones para fortalecer el control interno, a fin de que la Corporación pueda llevar un control y seguimiento adecuado de las operaciones aprobadas y concertadas. 12.- CONTRATACION

12.1. CONTRATOS DE OBRAS.

El objetivo en este área, y en relación al presente apartado, era la fiscalización de aquellos contratos que se adjudicaron en 1989 o se ejecutaron en ese ejercicio, aunque no fueran adjudicados durante el mismo.

Como consecuencia de la casi inexistencia del control interno, así como de la inexistencia de un archivo adecuado referido al año de fiscalización, ha sido del todo imposible obtener ningún expediente de contratación y ni tan siquiera una relación de los mismos. Aunque de las informaciones verbales obtenidas, así como de la inexistencia de fianzas en el libro de VIAP, podemos obtener la conclusión de que no se han formalizado expedientes de ningún tipo.

12.2. OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION.

En la ejecución de este tipo de obras tampoco se han formalizado expedientes de contratación para ningún proveedor aunque los bienes adquiridos a un mismo suministrador superan las 250.000 pesetas. Tampoco consta que haya habido contratos con el personal empleado.

12.3. SUMINISTROS.

Las adquisiciones de bienes, aunque hayan superado las 250.000 pesetas se han realizado sin expediente de contratación.

12.4. CONTRATOS DE ASISTENCIA TECNICA.

Durante el ejercicio de 1989 se formalizaron dos contratos de este tipo, el primero de ellos con un asesor económico, con fecha 1 de febrero, y el segundo con un asesor jurídico.

En el expediente del primero de ellos únicamente consta una parte de la documentación exigida por los Reales Decretos 2.357/1985, de 20 de noviembre, y 1.465/1985, de 17 de julio, apareciendo el contrato así como el dictamen de la Comisión de Régimen Interior, sin firmar. Del segundo de ellos fue imposible obtener el expediente por los motivos ya expuestos.

Del análisis del único contrato existente resulta significativo, en primer lugar, la existencia de una cláusula que fija la naturaleza administrativa del contrato, cuando de los Decretos anteriormente expuestos, que constituyen la normativa aplicable sobre la realización de contratos específicos y concretos no habituales en la Administración Local, fueron dictaminados en ejecución de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que prohíbe la celebración de contratos de colaboración temporal por las Administraciones Públicas en régimen de derecho administrativo, señalando a continuación que los contratos a celebrar por éstos con personas para la realización de trabajos específicos y concretos, no habituales, se someterán a la Legislación de Contratos del Estado sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de la normativa civil o mercantil. En este contrato no se acredita que el afectado ejerciera actividades económicas y cumpliese todos los requisitos para el ejercicio profesional, como alta en la Licencia Fiscal.

En el expediente, así como en el Libro de VIAP, no consta el depósito de la fianza definitiva, a que hace mención una de las cláusulas del contrato y que es considerado preceptivo por la Legislación de Contratos del Estado.

El objeto de la contratación del asesor jurídico parece que respondió a proveer "de facto" temporalmente la plaza de Secretario-Interventor, porque primeramente el titular no ejercía adecuadamente sus funciones y con posterioridad (una vez que el anterior se había trasladado a otra Corporación) fue desempeñado por un funcionario de la Corporación que carecía de los conocimientos necesarios. Por este mismo motivo se contrató al asesor económico, para que se encargara de los aspectos relativos a la Intervención.

Ello implica que se utilizó un contrato de asesoramiento para solucionar temporalmente esa situación cuando la legislación vigente preveía otras fórmulas, además el asesor jurídico desempeñaba al mismo tiempo el puesto de Letrado Consistorial en otro Ayuntamiento.

Lo que se debió hacer es que desde el momento en que se quedó vacante definitivamente la plaza de Secretario-Interventor, a través de la provisión por concurso de méritos, la acumulación con las retribuciones fijadas en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, o la comisión de servicio, haber procedido a su provisión.

Debe señalarse que en la documentación facilitada por el Ayuntamiento, no se acredita que el asesor jurídico tuviera concedida la compatibilidad por la Corporación en que estaba destinado como funcionario de la Administración Local.

En lo que se refiere a la ejecución de dichos contratos, en la Rúbrica "IRPF" de VIAP no se observa el ingreso de las retenciones que debieron producirse.

En el caso del asesor jurídico, y para el caso de que no hubiese tenido concedida la compatibilidad, el hecho de referencia puede haber provocado un incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en las normas concordantes y complementarias.

En este sentido se significa que el incumplimiento del régimen de incompatibilidades supone una falta muy grave, sin perjuicio del reintegro de las cantidades percibidas a que se hace referencia al artículo 20.2 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

Para finalizar este apartado, es necesario realizar un comentario acerca del asesor laboral que confecciona las nóminas del personal laboral y del que fue imposible obtener ningún dato acerca de si existía algún tipo de contrato ni de que fecha, siendo el único hecho conocido del mismo que confecciona las nóminas de dicho personal. En este mismo sentido, es necesario poner de manifiesto que el abono mensual se realiza sin efectuar la preceptiva y obligatoria retención sobre los rendimientos profesionales, lo que puede provocar la incursión en responsabilidades de tipo fiscal por parte de la Corporación.

12.5. CONCLUSIONES.

En la totalidad de los casos no se ha formalizado ningún contrato de obras o suministros, habiendo sido formalizado uno solo en el caso de contratos de asistencia, aunque éste último presenta múltiples irregularidades.

Asimismo, es necesario manifestar la falta de control interno en la Corporación, hecho éste que imposibilita determinar algo tan elemental como es el número de obras y adquisiciones efectuadas por la Corporación.

12.6. RECOMENDACIONES.

El Ayuntamiento debe ajustarse en materia de contratación a lo dispuesto en el capítulo III del título VI, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y demás normas aplicables. Las formalidades y procedimientos de contratación reglamentarios resultan sustantivos, cuando al tratarse de una Corporación local se administran fondos públicos.

En la prestación de asistencia de cualquier clase es necesario cumplir la normativa reguladora de la misma así como las disposiciones sobre incompatibilidades de funcionarios públicos.

En relación con todo lo anteriormente expuesto, es necesario recordar lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos del Estado, al prohibir expresamente la contratación verbal en la ejecución de obras y hacer personalmente responsables a las autoridades y funcionarios que contratan con los empresarios de los pagos derivados del negocio irregular, así como los artículos 208 y 237 del mismo Reglamento al extender su aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos y suministros.

13.- PERSONAL

13.1. PLANTILLA DE PERSONAL.

La plantilla estuvo compuesta durante el ejercicio 1989 por el siguiente personal:

FUNCIONARIOS

GRUPO Nº DENOMINACION DEL PUESTO OBSERV.

B 1 Secretario-Interventor B 1 Arquitecto Técnico B 1 Jefe Negoc. Secretaría C 1 Administrativo C 1 Jefe Negoc. Intervención Vacante D 3 Auxiliar D 4 Policía Municipal D 1 Fontanero Electricista Vacante E 1 Vigilante

Total 14

PERSONAL LABORAL

FUNCION Nº DENOMINACION DEL PUESTO

Generales 1 Albañil Generales 1 Peón de limpieza

Total 2

Durante dicho ejercicio también prestó servicios personal contratado con carácter temporal que, debido a su variación durante dicho periodo, no relacionamos.

13.2. ASPECTOS GENERALES.

En la fiscalización de esta área se han detectado las siguientes anomalías:

- No existe registro de personal, lo que conlleva la inexistencia de expedientes individualizados de personal, donde figuren las circunstancias y vicisitudes profesionales de los mismos.

Con fecha 31 de agosto de 1989, la Secretaría de la Corporación emitió un informe en el que exponía la necesidad y obligatoriedad de su constitución; como consecuencia del mismo la Alcaldía llevó la propuesta a la Comisión de Personal, que la informó favorablemente con fecha 10 de noviembre y propuso aprobación por el Pleno de la Corporación, que de forma incomprensible acordó su no toma en cuenta y por tanto la no constitución del Registro.

En este sentido, es necesario manifestar que el artículo 15.1 del Real Decreto 1.405/1986 establece la obligatoriedad de constitución por las Administraciones Públicas de los Registros de Personal, añadiendo en su punto 2 que cuando las Entidades locales no cuenten con suficiente capacidad financiera o técnica para su constitución las Comunidades Autónomas y Cabildos cooperarán en el mismo.

- Durante el ejercicio 1989 no hubo oferta pública de empleo, lo que está en contradicción con lo dispuesto en el artículo 91.1 de la Ley 7/1985, que dispone:

"Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal."

Añadiendo el artículo 128.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 que la aprobación y publicación será en el plazo de un mes desde la aprobación del Presupuesto.

Estos artículos responden a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 30/1984, como precepto de carácter básico, y puede entenderse como un primer paso en virtud del cual, una vez aprobado el Presupuesto de la Corporación para el ejercicio económico correspondiente, las plazas dotadas en plantilla, tanto de personal funcionario como laboral, que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existente, constituirán la oferta de empleo público de cada Corporación, en la que figurarán tanto las plazas de nuevo ingreso como las que deban ser cubiertas por el sistema de promoción interna.

- En la plantilla de personal aprobada a través del Presupuesto no se hace mención a los puestos de trabajo reservados a personal eventual, haciéndose únicamente mención a "Varios".

En este sentido es necesario recordar lo dispuesto por el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, al disponer éste que:

"Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual."

En la plantilla a que se hace referencia, lo es sin diferenciación de orgánica o presupuestaria, como hacía la anterior Ley 40/1981, en su artículo 5.1.a) y artículo 11.

Y ello realmente tiene su razón de ser, en cuanto que ahora a la plantilla se incorpora también el personal eventual y laboral (antes reservado al cuadro anexo de puestos de trabajo), con lo que se acerca a la idea de plantilla presupuestaria.

- Los mandamientos de pago (que en gran número figuran sin ninguna firma) han sido realizados a veces por el neto de la nómina, sin incluir por tanto las deducciones por IRPF, Seguridad Social y MUNPAL.

En este sentido hemos de manifestar lo incorrecto de dicha situación, toda vez que las nóminas deben figurar en los mandamientos de pago por su importe íntegro, haciéndose constar en el apartado deducciones aquellas que recaigan sobre los mismos.

- Estando clasificado el Ayuntamiento de Garachico como de 3ª categoría (como ya hemos expuesto) a efectos de clasificación de los puestos de trabajo, el nivel máximo de complemento de destino asignable es el contemplado en la columna "C" del anexo II del Real Decreto de 25 de abril de 1986.

Este límite que fue aplicado a prácticamente toda la plantilla, no lo fue en el caso del Secretario-Interventor y del Jefe de Negociado de Secretaría, a los que se les aplicó, respectivamente, los niveles 22 y 14, correspondientes a los niveles máximos en Ayuntamientos de 2ª categoría. Deben tomarse las medidas oportunas a fin de resolver esta situación.

El mandamiento de pago correspondiente a la nómina del mes de diciembre, al no haber sido contabilizado en el ejercicio 1989 y tener fecha de 4 de enero de 1990, está sin contabilizar, toda vez que la contabilidad de 1990 está sin empezar.

Como consecuencia del criterio empleado en el cálculo de los pendientes de pago a 31 de diciembre (expuesto en el apartado correspondiente a acreedores), la Corporación aplicó, del importe total de las retribuciones complementarias del mes de diciembre (1.706.924 pesetas), 1.135.392 pesetas a resultas del ejercicio 1989, en tanto que el resto (571.532 pesetas) los aplicó al ejercicio de 1990. Ello fue debido al insuficiente cálculo de los pendientes de pago en el capítulo I.

- En la nómina correspondiente al mes de diciembre de 1989 no coinciden (en algunos casos) los importes del complemento de destino y complemento específico con los aprobados en el anexo de personal del Presupuesto. 13.3. CONCLUSIONES.

Las debilidades de control interno detectadas en otras áreas de fiscalización aparecen también en ésta y se reflejan en la no existencia de un registro de personal que sirva de base para la reclamación de las retribuciones.

El Ayuntamiento debería de solicitar la rectificación como de 2ª clase, a fin de poder crear el puesto de trabajo de Interventor, como fórmula adecuada a fin de ser solventadas las carencias de control interno.

13.4. RECOMENDACIONES.

Se debe crear un registro de personal adecuado que garantice un conocimiento actualizado y fidedigno del personal al servicio de la Corporación.

Las vacantes contempladas en la plantilla presupuestaria deben ser ofrecidas anualmente dentro de la oferta pública de empleo.

Se debe clasificar la situación y puesto de trabajo a desempeñar por el personal eventual, como medida tendente a una mayor eficacia municipal.

14.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DE LAS CUENTAS AUDITADAS

Desde el 31.12.89, fecha del cierre de las cuentas objeto de la fiscalización, la situación ha permanecido prácticamente inalterable con relación a lo manifestado a lo largo de todo el informe respecto a 1989.

Las graves debilidades de control interno continuaron a lo largo del ejercicio 1990, si cabe agrabadas por el hecho de que la contabilidad correspondiente a dicho ejercicio no ha sido ni tan siquiera iniciada, siendo el último asiento en los libros principales el de 31.12.89 y siendo la misma contabilidad existente en el momento actual: el Libro Auxiliar de Bancos y los mandamientos de ingresos y pagos, pues el Libro General de Gastos, llevado en Intervención, son unas fotocopias con enmiendas y tachaduras que no pueden ser consideradas como tal Libro.

El hecho de referencia está motivado en parte por la no aprobación (hasta la fecha del informe) del Presupuesto General de 1990.

En cuanto a la rendición de las Cuentas Generales, en el ejercicio de 1990 no se ha rendido ninguna, ni parece que exista intención de rendirlas.

Para finalizar el presente informe, queremos manifestar nuevamente nuestro agradecimiento a todo el personal del Ayuntamiento, especialmente a los contratados laborales destinados en Intervención sin cuya colaboración este trabajo hubiera sido mucho más laborioso, y que ponen todo su esfuerzo en hacer su trabajo lo mejor posible, que si no lo hacen mejor no es debido a su falta de ilusión sino a la carencia de directrices claras.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de 1990.- El Presidente, Antonio Márquez Fernández.



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