En el recurso contencioso-administrativo en grado de apelación seguido ante el Tribunal Supremo e interpuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias, contra Sentencia de 20 de enero de 1987 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, versando sobre legalización de obras clandestinas y legalización de otras, ha recaído Sentencia de fecha 9 de marzo de 1989 cuya parte dispositiva dice literalmente:
"Fallamos, que desestimando la apelación interpuesta por el Gobierno de Canarias y la adhesión a la apelación formulada por los herederos de Don Alejandro del Castillo y del Castillo, contra la Sentencia dictada el 20 de enero de 1987, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, sobre legalización de obras clandestinas y autorización de otras, debemos confirmar y confirmamos dicha Sentencia en todas sus partes, sin expresa imposición de costas.
Así por esta nuestra Sentencia que se publicará en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la Colección Legislativa, definitivamente juzgado, la pronunciamos, mandamos y firmamos".
Esta Consejería, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida Sentencia, por lo que a este Departamento respecta.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de mayo de 1989.
EL CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS, Ildefonso Chacón Negrín.
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