Visto el testimonio de la Sentencia, constituida firme, dictada en apelación por la Sala 5a del Tribunal Supremo el 14 de noviembre de 1988, por la que, con revocación de la dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaña el 23 de marzo de 1988 en recurso 81/88, seguido por el procedimiento previsto en la Ley 62f78, de 26 de diciembre, desestima el recurso interpuesto por Doña María Luisa Casaras López y Doña Inocencia Garcfa Montes contra los actos que se mencionan en el fallo de la Sentencia de apelación, que es del tenor literal siguiente:
"Fallamos.- Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 25 de marzo de 1988, con revocación de la misma, debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de Doña María Luisa Casaras López y Doña Inocencia Garcfa Montes contra el Decreto 223/1987, de 27 de noviembre, del Gobierno Autónomo de Canarias, que convocó pruebas específicas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales, para el personal comprendido en la Disposición Transitoria Novena, apartado 2, de la Ley Territorial 2/87, de 30 de marzo, y contra la Orden de su Consejería de la Presidencia de 29 de diciembre de 1987; imponemos a la parte actora las costas de la primera instancia y no hacemos declaración sobre las devengadas en la tramitación de este recurso de apelación".
Considerando que en pieza separada de suspensión dimanante de recurso contencioso-admirústrativo n' 198/88 interpuesto por la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (C.S.I.F.) contra el Decreto y Orden precitados, que por el procedimiento ordinario se sigue ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tencrife, se dictó por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo Auto 1 0 de mayo de 1988 ordenando la suspensión de los actos impugnados, resolución judicial cumplida en sus propios tén-ninos por Orden de la Consejería de la Presidencia de 27 de junio de 1988 (B.O.C. de 13 de julio siguiente), suspensión que subsiste.
El Consejero de la Presidencia, en uso de las facultades que tiene legalmente reconocidas, resuelve:
Cumplir la referida Sentencia de 14 de noviembre de 1988 de la Sala 5' del Tribunal Supremo una vez se ponga término al mencionado recurso que pende ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, o, en su caso, una vez sea alzada la suspensión ordenada por la misma.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 1989.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, Vicente Alvarez Pedreira.
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