BOC - 1988/078. Lunes 20 de Junio de 1988 - 2210

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Hacienda

2210 - DECRETO 98/1988, de 10 de junio, por el que se establece el sistema de fiscalización previa que regula el artículo 13 Dos del Decreto 126/86, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Interventora, modificado por Decreto 87/1988, de 13 de mayo, en materia de subvenciones asistenciales de carácter individual otorgadas por la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales.

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El artículo 13 Dos del Decreto 126/86, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Interventora, modificado por el Decreto 87/1988, de 13 de mayo, cn adaptación a la nueva redacción dada por el artículo 95 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, en aplicación de lo previsto en el artículo 130 de la Ley 3311987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, todo en el seno dcl marco nonnativo que establece la Ley 7/84, de 1 1 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, posibilita una nueva modalidad en el ejercicio de la función interventora acorde con las necesidades de gestión actuales, impelida a mejores niveles de eficacia dentro de la creciente dinámica que la propia gestión genera. En esencia, se establece una nueva acepción del proceso de fiscalización según dos niveles de naturaleza y dificultad diferente: Uno revestido de las connotaciones de esencialidad, brevedad y urgencia y el otro, de las de complementariedad, extensión y nonnalidad temporal, procedimiento éste que con carácter general ha operado hasta el presente.

El primero dc estos niveles se caracteriza por ser un control previo y selectivo realizado sobre todos los actos, dc>cumentos o expcdicntes suscepúbles de producir obligaciones de contenido económico, que se limitará a comprobar, además de los extremos o rcquisitos previstos en los apartados a) y b) del artículo 13 Dos del Decreto 126/86, aquellos otros que por su trascendencia en el proceso de gestión sería conveniente vcriíicar previamente.

En esa línea, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, tras un análisis pormenorizado de la nonyiativa y de la r"idad de su aplicación, ha considerado conveniente desarrollar y someter a este proceso de fiscalización las subvenciones que en materia asistencial y de carácter individual otorga la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales.

Con la comprobación previa de los requisitos que se detenninan en el presente Acuerdo, se favorecerá que la tramitación de los distintos expedientes de obligaciones o gastos se ajuste sustancialmente a la legalidad vigente, siendo necesaíio destacar que las comprobaciones que se detallan tienen el carácter de control previo mínimo, susceptible de ser ampliado cuando las necesidades de los Organos Gestores u otras circunstancias así lo j usti Fiquen o aconsejen.

El segundo de los niveles del proceso de fiscalización se caracteriza por ser un sistema integral de control a postcriori que, al tiempo que determina el grado de regularidad formal en la ejecución del gasto público, analiza la gestión presupuestaria en su triple acepción de legalidad, eficacia y economía y cuyo procedimiento se desarrohará de confon-nidad y en los términos que establece el artículo 14 Dos del Decreto 126/86.

Su objetivo fundatnental consiste en comprobar si dicha gestión sc adecúa al resto de las non-nas y analizar las repercusiones que la aplicación correcta o incorrecta de los procedimientos determine en el proceso de gestión, así como las consecuencias que en cada caso sc deíiven. Los infon-nes sobre los resultados que necesaiiamente han de emitirse se referirán, por tanto, no sólo a los aspectos nonnativos reguladores de la gestión, sino también a aquellos otros que incidan más directamente en los resultados económicos de la misma.

Este sistema integrado de control proporcionará una información puntual y adecuada acerca de los órganos gestores y será un eficaz instrumento para la toma de decisiones, adopción de las oportunas medidas correctoras y non-nalización de procedimientos. Ofrece illualmente la posibilidad de obtener un segundo tipo de información desaffollada a nivel central que permitirá un mejor conocimiento de la realidad económica e impacto de las subvenciones asistenciales que se otorguen y la repercusión que las diversas políticas de las que son soporte tienen en el espectro socio-económico de esta Comunidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 Dos del Decreto 126/86, modificado por el Decreto 87188, por el que se aprueba el Reglamento, de la Función Interventora, en adaptación a los nuevos procedimientos establecidos en la Ley General Presupuestaria según la nueva redacción dada por la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, previo infon-ne de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, a propuesta dcl Consejero de Hacienda, y tras la deliberación del Gobiemo en sesión celebrada el día 1 0 de jurúo de 1988.

SE ACUERDA: PRIMERO.- La fiscalización previa dcl reconocimiento de obligaciones o gastos originados por la concesión de subvenciones asistenciales de carácter individual otorgadas por la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales, se limitará a comprobar, además de los extremos previstos en los apartados a) y b) del artículo 13 Dos del Decreto 126186, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Interventora, los que con carácter general se establecen en el apartado tercero del presente Acuerdo y los que para cada tipo de expediente se determina en el apartado siguiente.

Los expedientes que actúan como soporte del proceso de fiscalización y anotaciones contables, deberán contener toda la docw-nentación que se exija en las normas de concesión de ayudas y quedarán a disposición de la Intervención Delegada para su ulterior control a posteriori.

SEGUNDO. 1.- AYUDAS DEL FONDO NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL, (FONAS) (REAL Decreto 2.620/1981).

a) Que se aporta solicitud de la ayuda, acompañada de fotocopia del D.N.I.

b) Que se acompaña informe socio-económico y familiar del solicitante.

c) En los casos de ayuda por enfermedad, que se acompaña certil7icado médico expedido por facultativos de Asistencia Pública.

2.-SUBVENCIONES INDIVIDUALES EN EL REA DE SERVICIOS SOCIALES (Orden de 29 de diciembre de 1987).

2.1. A minusválidos.

a) Que aporta solicitud de la ayuda, acompañada de fotocopia del D.N.I.

b) Que se acompaña la documentación acreditativa de los requisitos que, según grado y tipo de minusvalfa, se establecen en el apartado B) del artículo 25 de la Orden.

c) Que se acompaña presupuesto justificativo del costo de la acción a realizar.

2.2. A la tercera edad.

a) Que se aporta solicitud de la ayuda, acompañada de fotocopia del D.N.I.

b) Que se acompaña la documentación acreditativa de los requisitos que con carácter específico se establecen en el apartado B) del artículo 31 de la Orden, según la modalidad de ayuda solicitada.

c) Que se acompaña presupuesto justificativo del costo de la acción a realizar.

2.3. A menores.

a) Que se aporta solicitud de la ayuda, acompañada de fotocopia del D.N.I., del representante legal, así como documento acreditativo de tal representación.

b) En el caso de asistencia psicoterapéutica, que se acompaña presupuesto del tratam ¡ento correspondiente. Caso de asistencia institucionales, que se acompaña certificado de asistencia o reserva de plazas y costo mensual de la misma.

2.4. Ayudas excepcionales.

Que se aporta solicitud de la ayuda, acompafiada de fotocopia del D.N.I.

Que se acompaña infonne acreditativo de la extrema necesidad o gravedad, dentro del ámbito que se establece en los artículos 1, 2 y 3 de la Orden.

2.5. Renovación de ayudas.

a) Que se aporta solicitud de renovación de la ayuda.

b) Quc se acompaña informe justificativo dc que se mantienen las circunstancias que dieron lugar a la ayuda.

TERCERO.- Para todo tipo de expedientes habrán de efectuarse, en su caso, además de las compmbaciones que se deten-ninan en los apartados anteriores, las siguientes:

1.- La competencia del órgano que otorga la ayuda cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

2.- Cuando de los informes preceptivos, a que se ha hecho referencia en apartados anteriores, se dedujera que se han omitido requisitos o trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público o a un tercero, se procederá al examen cxhaustivo del documento o documentos objeto del informe y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en el artículo 47 del Decreto 126/86 en concordancia con lo previsto cn el artículo 96 de la Ley General Presupuestaria.

CUARTO.- El presente acuerdo no será de aplicación a las ayudas y subvenciones gestionadas y del INSERSO, cuya concesión se ajustará en todo caso a su normativa propia.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 10 dc junio de 1988. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Fernando Femández Martín.

EL CONSEJERO DE HACIENDA, José Miguel Gonzalez Hernández.



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