Dada la estructura orgánica de la Consejería de Administración Territorial y Desarrollo Autonómico, la discontinuidad del territorio, las competencias territoriales de las Salas de lo Contencioso - Administrativo, la perentoriedad y brevedad del plazo para ejercer la competencia atribuida a este Centro Directivo, en el artículo 9,1 del Decreto n° 436/1984, de 27 de Abril, del Gobierno de Canarias, por el que se regula la estructura de esta Consejería y se le asignan competencias, y habiendo recaído expresamente la aprobación del Consejero v de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafo 5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, aplicable por remisión de la Disposición final Primera de la Ley del Parlamento de Canarias n° l/1983, de 14 de Abril, del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 54, párrafos 3° y 4° de la citada Ley l/1983 y artículo 17 del referido Decreto del Gobierno de Canarias n' 436/1984.
RESUELVO 1°. Delegar en el Director Territorial de la Consejería en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de su ámbito jurisdiccional, el ejercicio de la facultad de impugnar ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, a través de los Servicios Jurídicos de la Administración autonómica aquellos actos y acuerdos de las Corporaciones Locales canarias que infrinjan la Ley y afecten directamente a las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2°. La presente delegación se entiende sin perjuicio de las facultades de revocación del órgano delegante.
3°. Los efectos de la delegación se producen a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de Marzo de 1985.- El Director General, José Antonio Frías García.
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