BOC - 1983/037. Jueves 29 de Diciembre de 1983 - 358

V. DISPOSICIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL - Ministerio de Economía y Hacienda

358 - ORDEN de 7 de Diciembre de 1983 por la que se regula la distribución de los Ayuntamientos de la isla de Tenerife de su participación en los ingresos por arbitrios insulares (B.O.E., de 16 de Diciembre).

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Ilustrísimo señor

La Ley 30/1972, de 22 de Julio, sobre Régimen Económico Fiscal de Canarias, bajo la rúbrica «Haciendas Locales», regula en sus artículos 22 y siguientes los arbitrios insulares a la entrada de mercancías, en las. islas Canarias (tarifas general y especial) y sobre el lujo, disponiendo en su artículo 25, apartado 4 y siguientes, la afectación del rendimiento recaudatorio de los mismos, en el sentido de que tal recaudación total, una vez deducidos los gastos de funcionamiento de los órganos que enumera, será distribuida por partes iguales a las dos Mancomunidades Provinciales Interinsulares, las cuales, tras reservarse un 5 por 100, distribuirán el resto a los respectivos Cabildos Insulares en función del número de habitantes de derecho de cada una de las correspondientes islas.

El número 6 del citado artículo 25 establece que de la suma percibida por cada Cabildo Insular se reservará este un 60 por 100 y el resto lo distribuirá y liquidará a los Ayuntamientos de la isla respectiva, de acuerdo con las cartas municipales o bases en vigor en cada momento.

La inexistencia de tales bases Llevó a utilizar, como criterios de reparto en la isla de Tenerife, los contenidos en la derogada Carta Económica Municipal de Tenerife, aprobada por Decreto de 20 de Marzo de 1953, aplicación analógica que la jurisdicción contencioso administrativa juzgó correcta.

A finales de 1979 se aprobó, previo acuerdo unánime de las Corporaciones Locales de Tenerife, un nuevo sistema de reparto entre los Ayuntamientos de la isla, que ha tenido carácter profesional y se ha venido aplicando a los ejercicios de 1980, 1981 y 1982, mediante Orden de la Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Administración Territorial y Hacienda, de 25 de Enero de 1980.

En igual sentido y con referencia al mismo reparto entre los Ayuntamientos de las islas de Gran Canaria y de La Palma, se dictaron por el Ministerio de Hacienda las Ordenes de 29 de Enero y 30 de Noviembre de 1981, respectivamente.

El Real Decreto Ley 9/1978, de 17 de Marzo, que aprueba el Régimen Preautonómico del Archipiélago Canario, autorizó la transferencia a la Junta de Canarias de las competencias y funciones de la Junta Económica Interprovincial de Canarias y de la Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares, lo que se llevé a efecto mediante el Real Decreto Ley 21198 1, de 16 de Enero, que suprimió las Juntas indicadas, creó el Fondo Transitorio Interinsular y modificó la distribución en cascada de la recaudación obtenida por los arbitrios insulares, prevista en los números 4, 5 y 6 del artículo 25 de la Ley 3011972, de 22 de Julio, sin alterar, ello, no obstante, los criterios de reparto municipal y el órgano competente para su fijación.

La disposición transitoria tercera del Real Decreto Ley 2/1981 pretendió abordar el tema definitivamente, estableciendo que la Junta de Canarias un grupo de trabajo en el que. participarían los Cabildos Insulares, con, el fin de fijar nuevos criterios y métodos de reparto de todos los ingresos con carácter definitivo, que ateiendan a principios de equidad y solidaridad., En el plazo máximo de tres años, la referida Junta de Canarias habría de proponer estos criterios al Gobierno de la nación para que @ dictase la norma correspondiente.

Es claro que la citada disposición transitoria tercera del Real Decreto Ley 2/198 1 atribuye al Gobierno la facultad de aprobar el sistema definitivo de reparto de los ingresos procedentes de los arbitrios insulares, a propuesta, hoy, del Gobierno canario y previos los estudios del grupo de trabajo que el precepto señala, basados en los principios de equidad y solidaridad, si bien el plazo para elevar tal propuesta vence en los primeros, días del próximo año.

En tanto se establece ese sistema «definitivo», es preciso articular sistemas «provisionales» por naturaleza. transitorios, hasta la final solución de la cuestión y, en este sentido, cobra plena vigencia la autorización concedida en la disposición final segunda de la Ley 3011972, de 22 de Julio, a los departamentos competentes por razón de la materia, en su ámbito respectivo, para que dicten la disposiciones y adopten, las medidas necesarias el desarrollo y ejecución de dicha Ley.

El empleo de la autorización consignada en ocasiones precedentes ha de entenderse que no agota su ejercicio, de modo que lo impida en sucesivos casos y ello por el carácter puramente instrumental que ostenta y por la propia naturaleza de la materia, que hace preciso atender .a la exigencia inaplazable de articular un sistema de reparto de unos ingresos que siguen produciéndose sin solución de continuidad, con carácter provisional y modificable con toda justificación ya no sólo en el caso de que 'los criterios seguidos en ejercicios anteriores hayan perdido su vigencia como en el caso de que se trata, sino también cuando se hayan puesto de relieve imperfecciones o deficiencias que hacen precisa su reconsideración.

Pues bien, extinguida la vigencia de los criterios de distribución establecidos por la Orden ministerial de 25 de Enero de 1980 ya citada, resulta de absoluta e inaplazable necesidad proceder al establecimiento de nuevas bases o criterios de reparto que sean de aplicación al presente ejercicio de 1983 y sucesivos.

A tal efecto se han llevado a cabo distintos trabajos técnicos y diversas reuniones y negociaciones por parte e las Entidades locales de la isla que, no habiéndose alcanzado la unanimidad entre dichas Entidades, han culminado con la formulación de dos propuestas distintas; sobre los criterios a aplicar para la distribución de los ingresos que correspondan entre los Municipios de la isla.

El Cabildo Insular de Tencrife, con loable afán integrador y moderador, a la vista de las dos propuestas anteriores, ha elaborado una tercera formula de reparto sobre la base de la suma ponderada de los otras dos realizadas por los Municipios, considerando el censo de las poblaciones respectivas de cada uno de ellos, y ha sometido a este Ministerio tal propuesta integradora, junto con todas las actuaciones llevadas a. cabo con anterioridad en relación con este tema.

Estudiados todos los antecedentes disponibles ha parecido lo más oportuno y conveniente tomar,en consideración la propuesta formulada por el citado Cabildo Insular y proceder, en consecuencia, a su elevación a la categoría de norma de rango adecuado.

En su virtud, este Ministerio de Economía y Hacienda, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de régimen presupuestario, económico y financiero de la Corporaciones Locales por el Real Decreto 2182/1980, de 10 de Octubre, y haciendo uso de la autorización contenida en la disposición final segunda de la Ley 30/1972, de 22 de Julio, ha tenido a bien disponer.

Primero.- A partir del presente ejercicio de 1983 los -ingresos que correspondan a los Ayuntamientos de la isla de Tencrife, según lo dispuesto por el artículo 25.6 de la Ley 30/1972, de 22 de Julio, sobre régimen económico y fiscal de Canarias, serán distribuidos y librados por el Cabildo Insular de acuerdo con las bases que figuran como anexo de la presente Orden.

Segundo.- Los libramientos efectuados durante el presente ejercicio por el Cabildo Insular de Tencrife a los Ayuntamientos de la isla tendrán la consideración de entregas a cuenta de los que correspondan realizar de acuerdo con las citadas bases.

Tercero.- La presente Orden ministerial entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».



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