El Consejo de Gobierno Insular adoptó por unanimidad, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de julio de 2026, el siguiente Acuerdo:
«6. CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PAISAJE.
6.2. Resolución por la que se declara de interés público y social el proyecto denominado “Instalación de Parque de Energía Solar Fotovoltaico de 0,5 MW I.S. Agrovoltaica”, en el término municipal de Telde.
Examinado el expediente de referencia 24_84426 PSF Piletiilla, a la vista de la solicitud del Ayuntamiento de Telde de inicio de procedimiento administrativo para la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación denominada “Instalación de Parque de Energía Solar Fotovoltaico de 0.5 MW I.S. Agrovoltaica”, promovido por la mercantil Britannia Power Park, S.L.U., y en base a los siguientes antecedentes:
Primero.- Con fecha 14 de octubre de 2024 y Registro General de Entrada n.º 2024084426, tuvo entrada en esta Corporación Insular solicitud del Ayuntamiento de Telde, a instancia de la entidad mercantil Britannia Power Park, S.L.U., a fin de recabar la declaración de interés público o social de la actuación denominada “Instalación de Parque de Energía Solar Fotovoltaico de 0,5 MW I.S. Agrovoltaica” e infraestructura de línea de evacuación, proyectada en la parcela con referencia catastral n.º 35026A021002720000RW.
Segundo.- Con fecha 20 de enero de 2025, el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje emite informe en el que se concluye lo siguiente:
“Se han detectado discrepancias entre planos y memoria de proyecto, que dificultan la valoración del mismo de modo riguroso, detalladas en el apartado “caracterización del proyecto” y al cual nos remitimos al objeto su necesaria subsanación, en particular:
- Discrepancias entre imágenes ilustrativas de la instalación y representación gráfica en planos de la misma, en concreto, disposición de los paneles sobre la estructura.
- Discrepancias entre superficie ocupada por el Parque Solar Fotovoltaico (Agrofotovoltaico) según memoria (10.000 m2) y dimensión del mismo según planos de acotado (considerablemente inferior).
- Discrepancias entre la posición del centro de entrega indicada por la distribuidora y la propuesta en planos de proyecto, así como entre la longitud del conductor indicada en memoria (180 m) y la dimensión gráfica que adquiere en planos (aparentemente mayor).
- Aclaración de las fases propuestas, aun cuando el proyecto objeto de este informe verse únicamente sobre la fase 1, debiendo al menos indicar la posición y dimensión de la fase 2”.
Asimismo, el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje dispone que la implantación del proyecto denominado “Instalación de Parque de Energía Solar Fotovoltaico de 0,5 MW I.S. Agrovoltaica” no se encuentra prohibido expresamente por el planeamiento insular y territorial vigente. Sin embargo, la compatibilidad de dicha actuación queda subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
“- Debe quedar garantizada la efectiva compatibilidad funcional de la actividad agraria con la producción energética, dada la peculiaridad del sistema propuesto, por los motivos expuestos en los apartados 3.1.1, 3.2.1 y 3.2.2 Más aun cuando se pretende una segunda fase que, a juzgar por la descripción que figura en memoria, abarcaría supuestamente la misma superficie que la fase 1 objeto de este proyecto, esto es, otros 10.000 m2, lo que prácticamente colmataría la superficie de parcela (25.425 m2). Todo ello hace necesario garantizar la efectiva funcionalidad del sistema propuesto en lo que respecta a la viabilidad del cultivo bajo la estructura, en tanto la superficie cultivada ha de ser al menos la misma que la superficie de producción energética al tratarse de una zona de aptitud productiva.
- La instalación debe posicionarse respetando la estructura agrícola del suelo preexistente, más aun cuando el Parque Solar propuesto pretende conservar, bajo la estructura que da soporte a los paneles, el cultivo del suelo, no debiendo favorecerse la roturación de nuevas tierras cuando ya existe una estructura agrícola clara, todo ello por los motivos expuestos en el apartado 3.2.3”.
Además, establece que será necesario recabar los informes de las siguientes Administraciones:
“- Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de esta corporación (apartado 3.1.1 y 3.2.2 de este informe).
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias (apartado 3.1.1 y 3.2.2 de este informe).
- Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias (apartado 4 de este informe).
Tercero.- Con fecha 21 de enero de 2025, se cursaron las siguientes peticiones de informe a las administraciones afectadas en sus competencias:
• Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica de esta corporación (R.I. 202540001210).
• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias (R.G.S. 2025002168).
• Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias (R.G.S. 2025002165).
Cuarto.- Con fecha 23 de enero de 2025, se cursa notificación del preceptivo trámite de audiencia a los propietarios colindantes del suelo incluido en el proyecto objeto de declaración de interés público y social.
Quinto.- Con fecha 10 de febrero de 2025 y Registro General de Entrada n.º 2025012946, el Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica y Energía de Gobierno de Canarias emite informe concluyendo lo siguiente:
“El Proyecto Técnico presentado por el promotor no contempla un análisis de la perspectiva climática, tal como establece el artículo 55 de la Ley 6/2022, de 27 de diciembre. Su consideración de utilidad pública y ser una instalación coherente con las metas de descarbonización establecidas en la planificación de acción climática no eximen del cumplimiento de tal precepto normativo. Por lo tanto, se podrán tener en consideración las recomendaciones indicadas en el apartado 3.2 de este informe para la elaboración de la correspondiente documentación ambiental por el promotor”.
Sexto.- Con fecha 12 de marzo de 2025, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 31 el anuncio de la apertura del trámite de información pública del proyecto de referencia.
Séptimo.- Con fecha 28 de abril (202521007894), consta el certificado emitido por la Jefa de Servicio de Coordinación, Modernización e Innovación Administrativa, indicando que tras consulta del soporte informático del Registro General de la Corporación y sus desconcentrados en relación a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º 31, del miércoles 12 de marzo de 2025, durante el periodo reglamentario de exposición pública a que fue sometido el proyecto y colindantes de la solicitud de declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social del expediente denominado “Instalación de Planta Solar Fotovoltaica de 0,5 MW I.S. Agrovoltaica”, entre las fechas 12 de marzo de 2025 a 14 de abril de 2025, ambos inclusive, no consta alegaciones presentadas en la tramitación del procedimiento.
Octavo.- Con fecha 3 de junio de 2025 y Registro General de Entrada n.º 2025043027, se emite informe desfavorable por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, en virtud de las siguientes consideraciones:
• La afección a la red de riego diseñada para regar zonas que van a ser ocupadas, “(…) financiadas con fondos públicos y en cumplimiento del principio de eficiencia en el gasto público promulgado en el artículo 31.2 de la Constitución, cuando se ejecuta una red de regadío con fondos públicos, la actividad principal de la superficie afectada no debería verse alterada durante el tiempo de vida útil de la infraestructura (…)”.
• Existencia de explotaciones ganaderas de razas categorizadas en peligro de extinción.
• Falta de desarrollo y contradicciones del proyecto presentado que requieren de aclaración:
- Datos del promotor no coincidentes en el proyecto.
- Superficie cubierta por la planta fotovoltaica.
- La falta de concreción en el desarrollo del proyecto agrovoltaico genera una grave afección sobre el suelo agrario existente.
• “(…) la instalación de plantas fotovoltaicas debería priorizar su localización en eriales o cubiertas de edificaciones frente a su localización sobre suelo agrario (…)”.
• “En la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se contempla la producción de energía renovable únicamente como uso complementario y, por tanto, generador de renta complementaria a la actividad agraria, a las personas agricultoras o ganaderas profesionales, cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación y otras sociedades civiles, laborales y mercantiles, cuyo objeto principal sea el ejercicio de la actividad agraria...”. Además la implantación de fotovoltaica y la consiguiente pérdida de suelo agrario no favorece ni a la agricultura ni a los agricultores.
• En relación a la vida útil de las plantas: “dado que la vida útil de las plantas fotovoltaicas se estima actualmente entre 35 y 40 años, a un suelo cuyo valor reside en la productividad agraria, se le está arrebatando durante 35-40 años su capacidad de producir alimentos, a cambio de producir energía”.
• Consumo del suelo agrario de Canarias, teniendo especial relevancia al estar casi el 50% del territorio protegido y que “(…) se requiere de una planificación previa y no de una implantación de plantas fotovoltaicas sin atender al carácter estratégico de los suelos agrarios (…)”.
Noveno.- Con fecha 15 de julio de 2025 y Registro Interno n.º 202549013354, el Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras comunica, resumidamente, lo siguiente:
• Que esta carretera se clasifica como “carretera convencional” en base a la norma 3.1 I.C. de Trazado de carreteras.
• Que, en relación al dominio público viario, debe tenerse en cuenta:
“(…)
- La aplicación de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias, y sobre todo lo establecido en el artículo 25.
- La aplicación del Reglamento de carreteras de Canarias (Decreto 131/1995, de 11 de mayo), y sobre todo en lo que se establece en los artículos 44 al 48, así como las disposiciones adicionales primera.
- La existencia de expropiaciones practicadas que puedan delimitar la propiedad pública de la privada.
(…)”.
• Que ha procedido a definir la alineación geométrica de la arista exterior de explanación de esta carretera. Y ha determinado, en consecuencia, la arista exterior de explanación en este tramo de carretera, facilitando las coordenadas UTM correspondientes.
Décimo.- Con fecha 29 de julio de 2025, el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje indica que se debe requerir al interesado para que subsane las discrepancias señaladas en el informe 20 de enero de 2025.
Undécimo.- Con fecha 30 de julio de 2025, la Jefatura del Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje del Cabildo Insular de Gran Canaria emite informe concluyendo lo siguiente:
“Primero.- Requerir al interesado para que subsane las discrepancias señaladas en el informe 20 de enero de 2025, las cuales no consta que fueran notificadas, transcribiéndose las mismas a continuación:
- «Discrepancias entre imágenes ilustrativas de la instalación y representación gráfica en planos de la misma, en concreto, disposición de los paneles sobre la estructura.
- Discrepancias entre superficie ocupada por el Parque Solar Fotovoltaico (Agrofotovoltaico) según memoria (10.000 m2) y dimensión del mismo según planos de acotado (considerablemente inferior).
- Discrepancias entre la posición del centro de entrega indicada por la distribuidora y la propuesta en planos de proyecto, así como entre la longitud del conductor indicada en memoria (180 m) y la dimensión gráfica que adquiere en planos (aparentemente mayor).
- En cuanto a la alusión en proyecto a distintas fases, dado que no vienen desarrolladas las mismas en el proyecto objeto de este trámite, se informa que este procedimiento versa exclusivamente sobre lo que en proyecto se denomina “fase 1”».
Para una mejor comprensión de las discrepancias detectadas y para una mejor resolución de las mismas nos remitimos al apartado 3 “Descripción del Proyecto”.
Segundo.- Remitir la valoración de los informes recibidos en el marco del trámite de información pública y consultas al que fue sometido el proyecto, la valoración de la compatibilidad con el PIOGC’22 de la actuación y la valoración de la existencia o no de interés público y social de la instalación, así como el establecimiento al proyecto de las condiciones que en su caso procedieran, a la previa subsanación de las discrepancias indicadas”.
Duodécimo.- Con fecha 1 de agosto de 2025 y Registro General de Salida n.º 2025024319, se requiere al Ayuntamiento de Telde para que en el plazo de diez (10) días cumplimenten el expediente, en los siguientes términos:
“- Discrepancias entre imágenes ilustrativas de la instalación y representación gráfica en planos de la misma, en concreto, disposición de los paneles sobre la estructura.
- Discrepancias entre superficie ocupada por el Parque Solar Fotovoltaico (Agrofotovoltaico) según memoria (10.000 m2) y dimensión del mismo según planos de acotado (considerablemente inferior).
- Discrepancias entre la posición del centro de entrega indicada por la distribuidora y la propuesta en planos de proyecto, así como entre la longitud del conductor indicada en memoria (180 m) y la dimensión gráfica que adquiere en planos (aparentemente mayor).
- Aclaración de las fases propuestas, aun cuando el proyecto objeto de este informe verse únicamente sobre la fase 1, debiendo al menos indicar la posición y dimensión de la fase 2”.
Decimotercero.- Con fecha 12 de septiembre de 2025 y Registro General de Salida n.º 2025027783, se reiteró la petición al Ayuntamiento de Telde, al objeto de que proceda a la citada subsanación.
Decimocuarto.- Con fecha 22 de septiembre de 2025 y Registro General de Salida n.º 2025071212, la entidad mercantil Clean Canarian Energy, S.L., en representación de la interesada, remite “Informe Técnico de Subsanación”, que contiene la siguiente conclusión técnica:
“El presente informe atiende los extremos señalados en el requerimiento de subsanación, precisando la disposición de los módulos, la interpretación de superficies, la solución de evacuación eléctrica y el alcance del expediente, circunscrito a una única fase de 0,5 MW. Las aclaraciones introducidas garantizan la coherencia interna del proyecto y su correcta valoración administrativa, sin alterar la naturaleza ni el alcance de la actuación sometida a autorización”.
Decimoquinto.- Con fecha 30 de octubre de 2025, el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje emite informe concluyendo lo siguiente:
“A la vista de la nueva documentación aportada por el interesado con fecha 22 de septiembre de 2025, y de acuerdo con lo expuesto en los informes previos emitidos por este Servicio de fecha 20 de enero de 2025 (IT-1) y 30 de julio de 2025 (IT-2), así como lo expuesto en el presente informe, se concluye:
Primero.- Debe aportarse proyecto de la instalación fotovoltaica y proyecto agrónomo asociado con suficiente grado de detalle que permita analizar el mismo y materializarlo (artículo 78 LSENPC’17), debiendo quedar completamente definidas sus características funcionales, técnicas, dimensionales, etc., debiendo tener en cuenta las consideraciones señaladas en este apartado 3 de este informe, y quedar garantizada la eficacia operativa del sistema agrofotovoltaico, asegurando tanto la viabilidad del cultivo como la eficiencia de la generación energética.
Segundo.- Hasta tanto no se aporte la citada documentación no se procederá a valorar los informes recibidos ni la compatibilidad de la propuesta con el planeamiento insular, así como tampoco el interés público y social de la instalación”.
Decimosexto.- Con fecha 3 de noviembre de 2025, la Jefatura del Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje del Cabildo Insular de Gran Canaria emite informe concluyendo:
“Primero.- Debe aportarse proyecto de la instalación fotovoltaica y proyecto agrónomo asociado con suficiente grado de detalle que permita analizar el mismo y materializarlo (artículo 78 LSENPC’17), debiendo quedar completamente definidas sus características funcionales, técnicas, dimensionales, etc., debiendo tener en cuenta las consideraciones…” siguientes: (definidas en el cuerpo del informe) “... el proyecto sigue presentando deficiencias en cuanto a la definición y descripción del mismo que impiden realizar una valoración adecuada en relación a la norma, no solventando, el “Informe Técnico de Subsanación” firmado por el Ingeniero Técnico redactor del Proyecto y aportado en respuesta a requerimiento de subsanación, las discrepancias e inconcreciones señaladas en los informes previos” y quedar garantizada la eficacia operativa del sistema agrofotovoltaico, asegurando tanto la viabilidad del cultivo como la eficiencia de la generación energética.
Segundo.- Hasta tanto no se aporte la citada documentación no se procederá a valorar los informes recibidos ni la compatibilidad de la propuesta con el planeamiento insular, así como tampoco el interés público y social de la instalación”.
Decimoséptimo.- Con fecha 4 de noviembre de 2025 y Registro General de Salida n.º 2025033469, se reiteró al Ayuntamiento de Telde la citada petición de subsanación.
Decimoctavo.- Con fecha 17 de noviembre de 2025 y Registro General de Salida n.º 2025034963, se notifica al promotor del proyecto Britannia Power Park, S.L.U. el traslado del requerimiento al Ayuntamiento de Telde respecto al tercer requerimiento de subsanación relacionada con la solicitud de inicio presentada el 14 de octubre de 2024.
Decimonoveno.- Con fecha 6 de febrero de 2026, y con los números de registro de salida 2026003783 y 2026003787, se remite al Ayuntamiento de Telde y al representante del promotor, respectivamente, el informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje, con fecha 30 de octubre de 2025, de valoración de la documentación presentada por el promotor con fecha 22 de septiembre de 2025 y Registro General de Entrada 2025071212, al objeto de que aporten la documentación indicada en dicho informe técnico, y comunicándoles expresamente que, en su defecto, se les tendrá por desistido de su solicitud.
Vigésimo.- Con fecha 11 de marzo de 2026 y Registro General de Entrada n.º 2026018170, Dña. Karolina Natasza Skomska Skomska, en representación de la entidad Britannia Power Park, S.L., remite “Informe Técnico de Subsanación”, que concluye lo siguiente:
“El presente Informe Técnico de Subsanación atiende de forma expresa y ordenada los extremos señalados en el requerimiento formulado, incorporando documentación técnica y planimétrica actualizada, así como documentación agronómica de apoyo, que permite definir con suficiente grado de detalle la instalación agrovoltaica propuesta.
La documentación aportada clarifica la configuración del sistema agrovoltaico, la compatibilidad funcional de la actividad agraria con la producción energética, la delimitación y desglose de la superficie de implantación, la disposición definitiva de las estructuras fotovoltaicas y la solución adoptada para la evacuación de la energía generada, quedando eliminadas las discrepancias e inconcreciones señaladas en informes técnicos previos.
Con la definición gráfica y técnica incorporada, el proyecto queda plenamente definido en sus aspectos funcionales, técnicos y dimensionales, permitiendo su correcta valoración conforme a la normativa urbanística y sectorial de aplicación, sin alterarse la naturaleza ni el alcance de la actuación sometida a tramitación.
En consecuencia, se solicita que se tenga por subsanado el requerimiento formulado y se continúe con la tramitación del expediente en los términos procedentes”.
Vigesimoprimero.- Con fecha 16 de abril de 2026, el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje emite informe que concluye dar por subsanadas las deficiencias del proyecto señaladas en los informes previos y dar por contestadas las alegaciones e informes presentados.
“(…) A) No se encuentra prohibido por el planeamiento insular, siendo dicha instalación solar agrovoltaica propiamente dicha un complejo autorizable, regulado en el Cuadro de Regulación Específica de Usos como compatible con rango de admisibilidad 5 y nivel de alcance 2 “nueva ejecución”.
B) Que los parques fotovoltaicos pertenecen a los usos no ordinarios en suelo rústico, que, según el artículo 62 de la Ley 4/2017, son susceptibles de ser declarados como de interés público y social.
C) Que dicha instalación se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de mayo, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, para poder acometer su consideración como uso, actividad o construcción de Interés Público o Social (...)”.
Vigesimosegundo.- Con fecha 9 de junio de 2026, se emite informe por el Servicio Administrativo de Planeamiento y Paisaje que contiene la siguiente propuesta:
• “Declarar de interés público y social la actuación denominada “instalación de parque de energía solar fotovoltaico de 0,5 MW I.S. agrovoltaica”, remitida por el Ayuntamiento de Telde, y promovida por la entidad mercantil Britannia Power Park, S.L.U (CIF B44789154), de conformidad con lo previsto en los artículos 62, 77 a 79 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (…)”.
• Asimismo, que la actuación pretendida queda supeditada al cumplimiento de los siguientes términos y condiciones:
“A) Con carácter previo a la obtención de la licencia municipal, se aporte por el promotor documentación donde, de una parte, se garantice el mantenimiento de las infraestructuras existentes de carácter hidráulico, de acceso, o de cualquier otro tipo, al servicio de la explotación agrícola, así como la utilización preferente de la red de caminos agrícolas para la implantación y acceso a la instalación; y de otra parte, se expliciten las tareas a realizar por la empresa promotora para recuperar el valor implícito de estos suelos para su uso principal: agrario, si se diera el caso de ser amortizadas las instalaciones y dejar de usarlas o tomar la decisión de suspender la actividad, así como garantizar la correcta retirada y mantenimiento del suelo fértil en la fase de proyecto. Todo ello en atención documentación a la pretensión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias de no hipotecar el carácter agrícola del suelo.
B) Con carácter previo a la obtención de la licencia municipal, se aporte por el promotor documentación complementaria que incorpore, en atención a las cuestiones señaladas por la Consejería Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, la concreción de los riesgos asociados al cambio climático, la estimación de la huella de carbono, las correspondientes medidas preventivas, correctoras o compensatorias y las recomendaciones ambientales por dicha Consejería indicadas.
C) Con carácter previo a la obtención de licencia municipal, se aporte justificación del cumplimiento de la legislación de carreteras dada la contigüidad de la parcela con la carretera GC-100, en atención a las cuestiones señaladas en el informe de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras de esta Corporación”.
A la vista del expediente administrativo y de los antecedentes anteriormente expuestos, se realizan las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Títulos habilitantes en suelo rústico para usos, actividades y construcciones no ordinarios ni complementarios, contenido sustantivo de la solicitud.
El uso pretendido en la solicitud sobre suelo rústico no se ajusta a los usos, actividades y construcciones ordinarios establecidos en los artículos 59 y 60 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en adelante LSENPC, ni a los usos del artículo 61 del mismo cuerpo normativo en cuanto a usos complementarios. Por tanto, antes de otorgar autorización, el Ayuntamiento debe solicitar al Cabildo la declaración de prohibición o no en el planeamiento insular, así como la declaración de su interés público o social, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 79 de la LSENPC.
La autorización de usos, actividades y construcciones considerados de interés público o social se encuentra recogida en el artículo 62 de la LSENPC. Así mismo, el artículo 63 del citado cuerpo legal, bajo la rúbrica “Usos, actividades y construcciones autorizables”, establece que se podrán autorizar aquellos usos que no se encuentren expresamente previstos ni prohibidos por el planeamiento, en particular las relativas a las protecciones ambiental y agraria.
También son de aplicación, en cuanto a la utilización del suelo rústico, los artículos 58, 63 y 74.2 de la LSENPC, que regulan las determinaciones de ordenación de carácter directo y subsidiario en relación con los actos de aprovechamiento y uso del suelo rústico, los usos, actividades y construcciones autorizables, y los usos en suelo rústicos distintos a los ordinarios, respectivamente.
Así, los preceptos mencionados establecen los siguientes requisitos para la autorización de usos, actividades y construcciones de interés público o social en suelo rústico:
A) Carácter excepcional de la autorización (artículo 62 LSENPC).
B) Suelo Rústico Común respecto a la autorización de usos de interés público o social (artículo 62 LSENPC).
C) Determinación expresa del interés público o social de la actuación (artículos 62 y 74.2 LSENPC).
D) Que contribuyan a la ordenación y al desarrollo rural o que deba situarse necesariamente en suelo rústico (artículo 62 LSENPC).
E) Que el uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento (artículo 62 LSENPC).
F) Y, en el caso de que se autorice la actuación:
• Respetar las reglas del artículo 58 de la LSENPC para los actos de aprovechamiento y uso del suelo rústico.
• Respeto a la legislación sectorial que corresponda (artículo 63 de la LSENPC).
Todo ello deberá estar referido a la localización concreta en la que se pretende implantar y deberá estar fundamentado con elementos objetivos y parametrizables respecto a la actuación concreta y no únicamente en términos genéricos.
A) Excepcionalidad.
En base a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencia de la Sala de lo Contencioso, sede: Madrid, Sección: 5, fecha: 19 de mayo de 2008, n.º de recurso: 2861/2004 y Sentencia de la Sala de lo Contencioso, Sección 5, fecha 23 de diciembre de 1996, n.º de recurso: 9229/1991), la excepcionalidad supone una excepción o anomalía respecto a una norma general prohibitiva y como tal, a los efectos de evitar que se convierta en una generalidad, ha de ser interpretada siempre en sentido restrictivo y debe quedar perfectamente acreditado y motivado por el promotor de la actuación.
Por tanto, la excepcionalidad supone también una interpretación restrictiva de la utilidad pública o el interés social que implica que no pueda identificarse, sin más, con cualquier actividad industrial, comercial o negocial, en general, de la que se derive la satisfacción de una necesidad de los ciudadanos, ya que la extensión de la excepción legal a todo este tipo de instalaciones o actividades supondría la conversión de la excepción en la regla general. Como ejemplo se expone la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª), de 23 diciembre 1996, dictada en el recurso n.º 9229/1991 (RJ 1996, 9533).
Del citado artículo 62 se extrae que la condición de excepcionalidad está expresamente vinculada a la concurrencia de los requisitos de uso, integración en actuaciones de interés público o social, contribución a la ordenación y necesidad de ubicación suelo rústico. Es por ello que tal excepcionalidad no es un requisito autónomo e independiente del resto, sino que opera conjuntamente con estos y se deriva del cumplimiento de los mismos.
En este sentido, el informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje, de fecha 16 de abril de 2026, establece que, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, LSENPC´17), en el suelo rústico de protección económica, a excepción de la subcategoría de protección agraria, y en el suelo rústico común, se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables que no se encuentren previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables.
Así mismo, de acuerdo con citado el cuerpo legal, en el suelo de protección agraria, siempre que la instalación tenga cobertura en el planeamiento insular, pero este carezca del suficiente grado de detalle, se aplicará lo dispuesto en sus artículos 77 y 79.
El informe técnico municipal, de fecha 11 de octubre de 2024, dispone que tras realizar una valoración del contenido normativo del vigente Plan General de Ordenación de Telde, no existe prohibición expresa para la instalación de energías renovables, aunque sí que carece de regulación específica con el suficiente grado de detalle para valorar los proyectos, siendo de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 77 para los actos y usos de interés público y social no previstos por el planeamiento de la LSENPC’17.
En consecuencia, conforme a lo previsto en el artículo 72.2 de la LSENPC, en suelo rústico de protección agraria, siempre que la instalación tenga cobertura en el planeamiento insular, pero este carezca del suficiente grado de detalle, se aplicará lo previsto en los artículos 77 y 79 de la presente ley.
B) Suelo rústico común respecto a la autorización de usos de interés público o social.
Conforme a lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje, de fecha 16 de abril de 2026, la actuación pretendida se sitúa sobre un suelo clasificado y categorizado por el Plan General de Telde como Suelo Rústico de Protección Agraria Especial (SRPAE) y una pequeña parte como Suelo Rústico de Protección Hidrológica (SRPH), ocupando la instalación únicamente la superficie de suelo clasificada como Rústico de Protección Agraria Especial.
La actuación pretendida consiste en implementar una planta solar agrovoltaica de 0,5 MW con conexión directa para vertido a la red de distribución, complementada con cultivos, ocupando la propuesta en su totalidad una extensión de 10.000 m2 del total de 25.425 m2 de superficie de parcela. De la superficie de 10.000 m2, un total de 2.373,26 m2 serán destinados a la instalación solar agrovoltaica, bajo la cual se desarrollará el cultivo de lechuga, mientras que la superficie restante, esto es, 7.626,74 m², se destinará a cultivos.
En lo que respecta a la instalación solar agrovoltaica de 2.373,26 m2, el Cuadro de Regulación Específica de Usos CRUE regula el complejo “Parque de Energía Fotovoltaica/Termosolar” en la zona Bb2 como compatible con rango 5 y alcance 2 nueva implantación, condicionado a que el suelo donde se implanta la instalación figure identificado en el PIOGC’22 como un “Área de Potencial Fotovoltaico”, resultando que el suelo donde se prevé la implantación de la instalación figura identificado de tal modo.
En cuanto a la puesta en cultivo de 7.626,74 m2, el Cuadro de Regulación Específica de Usos CRUE regula el “Complejo Agrícola” en la zona Bb2 como prioritario con rango de admisibilidad 3 y alcance 2 “nueva implantación” sin condiciones.
En consecuencia, la instalación solar agrovoltaica propuesta, constituida por la propia instalación solar que alcanza 2.373,26 m2 bajo la cual se dispone cultivo de lechuga y por 7.626,74 m2 de cultivos, no figura expresamente prohibida por el Plan Insular, resultando compatible con la zona Bb2 del PIOGC’22 donde se ubica.
C) Justificación del interés público o social.
De acuerdo con lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje, de fecha 16 de abril de 2026, la actuación pretendida tendrá incidencia en la red de producción y distribución de energía eléctrica para consumo de la población insular. Dicho suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés general que afecta a la totalidad de la población insular de indubitado interés público o social. En este sentido, tal como señala el informe técnico, la energía fotovoltaica cuenta, a nivel nacional, con una posición estratégica en el marco del Plan Especial de Energías Renovables 2011/2020.
Asimismo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, considera el suministro de energía eléctrica como un servicio de interés económico general. Por otro lado, el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
D) Que contribuyan a la ordenación y al desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico.
El artículo 62.1 de la LSENPC’17 dispone que “...excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento”. Nótese que el legislador dispone la conjunción “o” entre los requisitos de “contribución a la ordenación y desarrollo rural” y el de “necesaria ubicación en suelo rústico”. En cuanto a la contribución a la ordenación y al desarrollo rural, el propio PIOGC´22 apuesta por la introducción decidida de la producción de las energías limpias endógenas, como una de las formas de incentivar el desarrollo rural, junto con la reconversión turística y la promoción industrial. Introduce el concepto del aprovechamiento de los recursos naturales alternativos como complemento de la actividad productiva del sistema rural.
Respecto a que deban situarse necesariamente en suelo rústico, el artículo 72 de la LSENPC dispone que “...En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de protección agraria, y en suelo rústico común, se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicable. En suelo rústico de protección agraria, siempre que la instalación tenga cobertura en el planeamiento insular, pero este carezca del suficiente grado de detalle, se aplicará lo previsto en los artículos 77 y 79 de la presente ley”.
El criterio señalado por la Oficina de Consulta Jurídica sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo de Canarias, en relación a la aparente contradicción que existía entre los artículos 62 y el anterior 72 de la LSENPC´17, es que “...tales instalaciones (referidas a las plantas de generación de energía fotovoltaica) no son subsumibles ni en los usos ordinarios (artículo 59 LSENPC), ni en los usos complementarios (artículo 61 LSENPC), por lo que su implantación en suelo rústico siempre requerirá, en palabras de la propia Ley, su integración en actuaciones de interés público o social”.
Por otro lado, la naturaleza jurídica de los suelos urbanos y de los suelos urbanizables, así como su régimen jurídico de derechos y deberes, hacen que el destino de los mismos sea la edificación dado su aprovechamiento lucrativo, aspecto este incompatible con la propia naturaleza de las instalaciones productoras de energías renovables.
Asimismo, tales instalaciones requieren superficies ocupadas con solución de continuidad que se inician a partir de las dos hectáreas, no siendo extraño observar instalaciones de superficies próximas a las 10 hectáreas. Tal condición necesaria hace que la implantación de este tipo de instalaciones, aun no siendo propias del suelo urbano y urbanizable como se ha expuesto en el párrafo anterior, no pueda reconducirse hacia tales suelos cuyas parcelas sometidas a aprovechamiento solo en excepcionales ocasiones alcanzan tales magnitudes superficiales.
Conforme con el criterio dispuesto por este Servicio ante procedimientos similares, se estima que la propia naturaleza de la implantación pretendida, hace que únicamente pueda ubicarse en suelo clasificado como rústico, aspecto este contemplado expresamente por el legislador canario conforme se desprende del contenido del artículo 72 de la LSENPC´17. Por consiguiente, la implantación pretendida resulta idónea para su emplazamiento en suelo clasificado como rústico.
Segunda.- Procedimiento para su otorgamiento y documentación preceptiva.
Como normativa sectorial aplicable al procedimiento, las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo III del Título II de la LSENPC, establecen el régimen procedimental y documental preciso para el otorgamiento de títulos habilitantes para la utilización del suelo rústico. En concreto, la Sección 2.ª regula el procedimiento para la autorización de actos y usos de interés público o social.
Específicamente, los artículos 78 y 79 de la LSENPC y, en desarrollo de los anteriores, el artículo 29 del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, recogen el marco procedimental y documental.
Se hace constar conforme consta en los antecedentes de la presente propuesta, en relación al trámite de audiencia dispuesto en los artículos 79.2 de la LSENPC y 29.2 del Decreto 182/2018, que se han solicitado los informes de las siguientes administraciones afectadas en sus competencias:
• Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica de esta corporación (Registro Interno n.º 202540001210).
• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias (Registro General de Salida n.º 2025002168).
• Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias (Registro General de Salida n.º 2025002165).
A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos, debiéndose concretar en la petición de informe el extremo o extremos acerca de los que se solicita, tal y como se ha realizado en la tramitación del presente expediente.
Anótese que no existe disposición expresa en la LSENPC, ni en el Decreto 182/2018, que determinen el carácter preceptivo de los dos informes solicitados en el presente supuesto, no obstante, se considera técnicamente indispensable el pronunciamiento de las citadas administraciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 80, apartados 3 y 4, de la vigente Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al no tratarse de informes preceptivos, pese a no haberse evacuado uno de los mismos, procede la continuación de las “actuaciones”.
Por último, se constata de los antecedentes de hecho que la tramitación del procedimiento ha cumplido con la normativa expuesta en cuanto a la documentación exigida y los trámites a cumplimentar.
Tercera.- Órgano insular competente para la declaración sobre la prohibición o no en el planeamiento insular y sobre la declaración del interés público o social.
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto. Habida cuenta del dispongo segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de 2 de diciembre de 2024, de “Refundición de las delegaciones vigentes de competencias aprobadas en distintos acuerdos, desde el día 31 de julio de 2019, por el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria”, se considera que la declaración del interés público o social de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico corresponde al Consejo de Gobierno Insular.
Que dicha instalación se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, para poder acometer su consideración como uso, actividad o construcción de interés público o social en base a las justificaciones contenidas en los informes técnicos emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje de 20 de enero de 2025 y 16 de abril de 2026, y del informe-propuesta de fecha 9 de junio de 2026, emitido por la Jefatura de Servicio Administrativo de Planeamiento y Paisaje, que se consideran suficientes para:
- Apreciar su carácter excepcional.
- Justificar su necesaria implantación en suelo rústico.
- Integrarse en actuaciones de interés público o social.
- Contribuir a la ordenación del suelo rural.
El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conforme a las conclusiones del informe técnico de fecha 20 de enero de 2025, emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje, la implementación del proyecto denominado “Instalación de Parque de Energía Solar Fotovoltaico de 0,5 MW I.S. Agrovoltaica” sometido a la consideración de este Cabildo, no se encuentra expresamente prohibido por el planeamiento insular.
Segundo.- Declarar de interés público y social la actuación denominada “Instalación de Parque de Energía Solar Fotovoltaico de 0,5 MW I.S. Agrovoltaica”, remitida por el Ayuntamiento de Telde, y promovida por la entidad mercantil Britannia Power Park, S.L.U., de conformidad con lo previsto en los artículos 62, 77 a 79 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, por lo siguiente:
- La actuación pretendida consiste en la implantación de una planta solar agrovoltaica de 0,5 MW sobre suelo rústico de protección agraria especial, presentando carácter excepcional al tratarse de una instalación de generación de energía a partir de fuentes endógenas renovables no prevista en el planeamiento y respecto de la cual no existe prohibición expresa en el plan insular de ordenación ni en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 72, 77 y 79 de la Ley 4/2017.
- Dicha actuación tendrá incidencia en la red de producción y distribución de energía eléctrica destinada al consumo de la población insular, constituyendo un servicio de interés general que afecta al conjunto de la población y de indubitado interés público o social.
- Además, contribuye a la ordenación y al desarrollo rural, dado que el PIOGC’22 apuesta por la producción de energías limpias endógenas para incentivar el desarrollo rural, debiendo implantarse necesariamente en suelo rústico por requerir de superficies amplias y continuas, no siendo adecuada su localización en suelo urbano o urbanizable.
Asimismo, la actuación pretendida queda supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones con carácter previo a la obtención de la licencia municipal:
A) Que se aporte por el promotor documentación donde, de una parte, se garantice el mantenimiento de las infraestructuras existentes de carácter hidráulico, de acceso, o de cualquier otro tipo, al servicio de la explotación agrícola, así como la utilización preferente de la red de caminos agrícolas para la implantación y acceso a la instalación; y, de otra parte, se expliciten las tareas a realizar por la empresa promotora para recuperar el valor implícito de estos suelos para su uso principal: agrario, si se diera el caso de ser amortizadas las instalaciones y dejar de usarlas o tomar la decisión de suspender la actividad, así como garantizar la correcta retirada y mantenimiento del suelo fértil en la fase de proyecto. Todo ello en atención documentación a la pretensión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias de no hipotecar el carácter agrícola del suelo.
B) Que se aporte por el promotor documentación complementaria que incorpore, en atención a las cuestiones señaladas por la Consejería Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, la concreción de los riesgos asociados al cambio climático, la estimación de la huella de carbono, las correspondientes medidas preventivas, correctoras o compensatorias y las recomendaciones ambientales por dicha Consejería indicadas.
C) Que se aporte justificación del cumplimiento de la legislación de carreteras dada la contigüidad de la parcela con la carretera GC-100, en atención a las cuestiones señaladas en el informe de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras de esta Corporación.
Tercero.- Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Telde y al promotor de la actuación».
Este Acuerdo no es susceptible de recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de 2026.- La Consejera de Gobierno de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda Navarro.
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