Vistos los escritos de preaviso de huelga convocando a la huelga a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas privadas y organismos públicos de España presentados por:
- Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera.
- Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
- Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Intersindical, Unión de Actores y Actrices, y CCOO-UGT.
Visto que la duración de dicha huelga comprende en su conjunto desde las 00:00 hasta las 24:00 horas del día 11 de noviembre de 2026, iniciándose no obstante en aquellos centros de trabajo con varios turnos de trabajo en el primero de ellos, aunque empiece antes de las 00:00 horas de la indicada fecha, y finalizando una vez terminado el último turno, aunque se prolongue después de las 24:00 horas de la repetida fecha.
Considerando que es necesario garantizar de forma cautelar el funcionamiento de los servicios que se consideran esenciales dentro del conjunto de las funciones que son competencia de la Consejería y de sus organismos públicos adscritos.
Considerando que la Ley 1/1993, de 26 de marzo, de creación y regulación de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, establece en su artículo 1 que es una entidad de derecho público que tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad, autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines, y sujeta, en su actuación, al ordenamiento jurídico privado.
Considerado que la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias está adscrita a la Consejería de Sanidad, según lo dispuesto en el artículo 4.c) del Reglamento de Orgánico de la citada Consejería, aprobado por el Decreto 5/2016, de 15 de febrero.
Considerando como servicios esenciales, entre otros, los referidos a comunicaciones, recepción y registro de documentos.
Visto el escrito remitido por el Director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, sobre la necesidad de determinar servicios mínimos en ambas provincias, trasladando la correspondiente propuesta.
Considerando que según se establece en el artículo 28.2 de la Constitución Española, la huelga es un derecho de los trabajadores para la defensa de sus intereses, que se ejercerá de acuerdo con la ley y con las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Considerando que el vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Empleo (Decreto 37/2024, de 4 de marzo) establece en su artículo 12.2.c), en relación con la recepción del preaviso de huelga y del cierre patronal, que “En los casos de huelga en servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, el preaviso se remitirá por la autoridad laboral a la autoridad de quien dependa la actividad o el servicio a efectos de que por la misma se determinen los servicios mínimos”.
En el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 29.1 de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
DISPONGO:
Fijar los servicios mínimos que han de prestarse por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, durante la huelga general convocada para el día 11 de noviembre, que serán los que se determinan a continuación:
1. Un efectivo en el Registro Auxiliar. Calle Padre José de Sosa, 35001-Las Palmas de Gran Canaria.
2. Un efectivo en el Registro General. Calle José Zárate y Penichet, n.º 4-F. Edificio Arco Iris, 38001-Santa Cruz de Tenerife.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante aquel en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Potestativamente podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recuso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2026.
LA CONSEJERA
DE SANIDAD,
Esther María Monzón Monzón.
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