Convocada huelga del personal al servicio de la Administración de Justicia en Canarias, adscrito a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para el día 11 de noviembre de 2026, por parte de las organizaciones sindicales (UGT y CCOO).
Atendiendo a la necesidad de garantizar la prestación de servicios considerados esenciales, dentro del conjunto de las funciones que son competencia de esta Consejería en el contexto de la Administración autonómica, se ha procurado armonizar, a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional, los dos derechos fundamentales concurrentes: el derecho de huelga de los trabajadores y el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, tratando de restringir aquel solo en la medida que resulte imprescindible para la salvaguarda de este. Así, la relación que se contiene en el apartado segundo de la parte dispositiva de la presente Resolución (concreción del enunciado genérico del apartado primero), responde a las siguientes motivaciones:
a) Actuaciones urgentes e inaplazables por su propia naturaleza, como las derivadas de las actuaciones propias del servicio de guardia.
b) Supuestos en los que resulte necesario garantizar la protección de otros derechos fundamentales y bienes constitucionalmente protegidos, mediante medidas adecuadas, necesarias y proporcionadas que permitan compatibilizar su salvaguarda con el ejercicio del derecho fundamental de huelga.
c) Actos sometidos a plazo, lo que exige mantener, al menos, la continuidad de ciertas actuaciones del Registro Civil, de la función pública o genérica de registro general de documentos, el reparto de asuntos a los distintos órganos jurisdiccionales y la recogida y entrega del correo.
d) Finalmente, se prevén diferentes servicios en el ámbito de la justicia civil que resultan esenciales para la efectiva tutela judicial de los ciudadanos.
En reunión mantenida en fecha 4 de noviembre de 2026, fue oído el Comité de Huelga en la fijación de los servicios mínimos propuestos por este Departamento.
Vistas las disposiciones de aplicación y en particular el Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de servicios mínimos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 32, de 16 de marzo), y demás de pertinente aplicación, y en el ejercicio de las competencias conferidas en el Decreto 108/2024, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en cuyo artículo 103.h) se atribuye la competencia a esta Dirección General para el establecimiento de los servicios mínimos en las huelgas que afecten al personal al servicio de los órganos judiciales y fiscales de la Administración de Justicia correspondientes a la Comunidad Autónoma, incluido el personal de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad Autónoma y demás servicios de apoyo a los citados órganos judiciales y fiscales,
RESUELVO:
Primero.- Se consideran servicios esenciales:
a) El servicio de guardia de los tribunales de instancia y fiscalía. Los tribunales de instancia de guardia y fiscalías en servicio de guardia, en atención a los asuntos que tramitan y la urgencia en su resolución, deberán contar con toda la dotación de personal que efectúe el servicio de guardia.
b) La realización de autopsias.
c) Juicios orales en el orden penal o cualquier otro acto o comparecencia en causa con preso, con el fin de no demorar la resolución de situaciones de privación de libertad. Todas las actuaciones penales de instrucción en causa por delitos, que sean de carácter urgente.
d) Todas las actuaciones urgentes e inaplazables en materia de violencia sobre la mujer y de protección de personas menores de edad, atribuidas a las correspondientes unidades de los tribunales de instancia y demás órganos competentes.
e) El reconocimiento de lesionados.
f) Las actuaciones del Registro Civil que tengan carácter urgente e inaplazable, especialmente las relacionadas con las defunciones, las licencias de enterramiento, los matrimonios en peligro de muerte y aquellas otras sujetas a plazos cuyo incumplimiento pueda ocasionar un perjuicio irreparable.
g) Recepción de escritos que estén sujetos a plazos perentorios por la ley y cuya falta de presentación suponga un perjuicio a la persona interesada.
h) Reparto de asuntos a los distintos órganos jurisdiccionales.
i) Medidas cautelares o provisionales y embargos de buques y aeronaves.
j) Las actuaciones en que venza un plazo preestablecido por la ley cuyo cumplimiento pueda suponer la pérdida o perjuicio de derechos, o bien todas aquellas en las que, sin vencer el plazo, su falta de práctica comporte un notable perjuicio al interesado.
k) La celebración de vistas señaladas y las interesadas por el orden social y contencioso-administrativo, siempre que sean consideradas urgentes por la ley.
l) Medidas cautelares y provisionales en materia de protección de derechos fundamentales y libertades públicas referidos en el Capítulo XI del Título II del Libro II de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y Capítulo I del Título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, así como recursos contencioso-administrativos en materia electoral.
m) Los internamientos civiles, las medidas cautelares y provisionales en procedimientos de familia, así como las actuaciones procesales ya señaladas en procedimientos de medidas que afecten a un menor de edad o una persona con discapacidad que precise medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.
n) Las actuaciones de las Juntas electorales constituidas con funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, así como la tramitación de los recursos electorales.
ñ) Las actuaciones de las mesas electorales de los procesos de elección sindical.
Segundo.- Para garantizar la prestación de los servicios esenciales señalados en el apartado anterior, se establecen las dotaciones mínimas de personal recogidas en el Anexo I de la presente Resolución.
En los servicios de guardia se garantizará la dotación ordinaria prevista en los correspondientes cuadrantes, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
La designación nominativa del personal que deba atender los servicios mínimos se efectuará por las personas responsables correspondientes, atendiendo a las necesidades funcionales y procesales, los cuerpos y las dotaciones establecidas en el Anexo I.
Entre las personas que reúnan los requisitos necesarios para desempeñar las funciones correspondientes, se aplicarán criterios objetivos de designación, procurando una distribución equitativa de las obligaciones derivadas de la prestación de servicios mínimos.
Tercero.- La Administración adoptará las medidas legalmente previstas para garantizar la prestación de los servicios mínimos establecidos en la presente Resolución, con pleno respeto al ejercicio del derecho fundamental de huelga.
El personal designado deberá prestar los servicios mínimos durante el periodo de jornada que corresponda, conforme a su horario y régimen de prestación del servicio.
Cuarto.- Publicación.
La presente Resolución surtirá efectos desde el mismo momento de su notificación a las partes interesadas, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, y notifíquese al Comité de Huelga, así como a través de los canales internos de este Centro Directivo.
Régimen de recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (o de su notificación), conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, en su caso, a través del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona regulado en los artículos 114 y siguientes de la citada Ley.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que se estime procedente ejercitar en derecho.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2026.- La Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, María Leonor Ferrer Sancho.
ANEXO I
SERVICIOS MÍNIMOS PARA HUELGA CONVOCADA
EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2026
1. CRITERIOS GENERALES Y REGLAS DE CÓMPUTO REFORZADAS.
1. Cobertura al 100% en servicios de guardia:
Tendrán la consideración de servicio esencial de cobertura íntegra todos los efectivos que integren la dotación ordinaria de guardia asignada por cuadrante en el Equipo de Guardia del Servicio Común de Tramitación (SCT), las Secciones de Violencia sobre la Mujer con servicio de guardia, las Oficinas Fiscales y el personal médico forense de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).
2. Cómputo sobre plantilla efectiva:
En aquellos servicios y equipos donde se determine un porcentaje de presencia, este se computará sobre la plantilla real y efectivamente en activo en dicho servicio el día de la jornada de huelga.
3. Regla matemática de redondeo:
Si la aplicación de la regla porcentual arroja una fracción decimal igual o superior a 0,5, se redondeará al número entero inmediatamente superior. Si es inferior a 0,5, se redondeará al número entero inferior.
4. Mínimo de operatividad garantizada:
Para evitar la inoperatividad material de la Administración en materias urgentes y la vulneración de derechos fundamentales, en ningún caso el resultado del redondeo podrá ser cero (0) en unidades con actuaciones inaplazables, garantizándose una dotación mínima de 1 o 2 efectivos según la sensibilidad técnica del área.
5. Equilibrio funcional entre Cuerpos:
En la designación nominal efectuada por el Letrado de la Administración de Justicia o responsable del servicio, se asegurará la presencia proporcionada y coordinada de los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial.
2. SERVICIOS COMUNES DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA.
2.1. Servicio Común General (SCG).
2.2. Servicio Común de Tramitación (SCT).
(Distinguiendo cuando proceda el del Tribunal de Instancia, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia).
2.3. Servicio Común de Ejecución (SCE).
Dotación asignada: 15% de la plantilla efectiva del SCE (o del SCT en aquellos partidos judiciales u oficinas que no cuenten con SCE independiente y asuman la ejecución), garantizando al menos 1 efectivo de Gestión o Tramitación por cada área funcional.
Motivación específica: en materia penal, control y despacho inmediato de liquidaciones de condena con vencimiento inminente y libramiento de mandamientos de libertad. En materia civil/social, trámites de retención o abono de pensiones de alimentos para la subsistencia de menores y medidas urgentes para evitar perjuicios patrimoniales irreparables.
3. REGISTROS CIVILES Y OFICINAS DE JUSTICIA EN LOS MUNICIPIOS (OJM).
Oficinas del Registro Civil: 2 funcionarios de Gestión/Tramitación + 1 de Auxilio Judicial en las sedes principales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife; 1 Gestor/Tramitador + 1 Auxilio en las demás cabeceras insulares. Competencia exclusiva: libramiento inmediato de licencias de enterramiento, matrimonios in artículo mortis e inscripciones de nacimiento dentro de plazo legal perentorio.
Oficinas de Justicia en los Municipios (OJM): 1 efectivo presencial en las OJM que sean cabecera comarcal o atiendan municipios de más de 15.000 habitantes. En las restantes, 1 efectivo en régimen de disponibilidad localizada para auxilio a la guardia y expedición urgente de licencias de enterramiento.
4. INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (IMLCF) Y PERSONAL TÉCNICO.
ANEXO II
MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ANÁLISIS DE PROPORCIONALIDAD
I. Fundamento jurídico y doctrina constitucional.
Marco Constitucional: el derecho a la huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, constituye un derecho fundamental cuya protección debe conciliarse con la garantía de mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. En consecuencia, su ejercicio únicamente podrá quedar sujeto a las limitaciones que resulten estrictamente necesarias, adecuadas y proporcionadas para asegurar dichos servicios, sin que la fijación de servicios mínimos pueda suponer la continuidad de la actividad ordinaria de la Administración ni vaciar de contenido el derecho fundamental de huelga.
Criterio de proporcionalidad: conforme a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 11/1981, 26/1981, 53/1986 y 8/1992) y del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS de 23 de mayo de 2012 y 14 de marzo de 2016), los servicios esenciales no pueden ser identificados con la actividad ordinaria de la Administración. Los servicios mínimos deben cumplir un triple juicio: (a) juicio de idoneidad, (b) juicio de necesidad, y (c) juicio de proporcionalidad en sentido estricto, debiendo motivarse individualizadamente el porqué de cada dotación fijada.
II. Justificación específica del refuerzo porcentual y factores singulares de Canarias.
1. Factor de insularidad y fragmentación territorial: Canarias tiene una estructura territorial discontinua y ultraperiférica repartida en ocho islas y múltiples partidos judiciales insulares no capitalinos. La imposibilidad de movilizar efectivos de refuerzo en tiempo real entre islas ante situaciones de emergencia penitenciaria o procesal justifica plenamente elevar los suelos de operatividad a un mínimo de 2 efectivos en unidades clave y dotar presencialmente las sedes principales.
2. Sobrecarga específica en materia penal y de extranjería: los partidos judiciales de Arona, San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Telde y las sedes capitalinas presentan unos índices de entrada de causas penales por habitante y expedientes de extranjería y detenciones cautelares que superan significativamente la media nacional. La determinación de una cobertura del 15% de la plantilla efectiva, complementada con dotaciones mínimas específicas en las unidades que atienden actuaciones urgentes e inaplazables, responde a la necesidad de garantizar la prestación de los servicios esenciales, atendiendo a las singularidades territoriales y organizativas de Canarias, sin perjuicio del ejercicio del derecho fundamental de huelga.
3. Protección preferente a víctimas de violencia de género: en materia de violencia sobre la mujer, la inmediatez en la valoración forense del riesgo y en la expedición de órdenes de alejamiento o medidas cautelares no admite demoras superiores a las 24-72 horas. La provisión de 2 efectivos (Gestión/Tramitación + Auxilio) y la duplicación de los equipos de UVFI y Familia (1 Psicólogo + 1 Trabajador Social) es el estándar técnico mínimo para evitar desprotección a víctimas en supuestos de riesgo extremo.
4. Motivación de la dotación en el SCE: la inclusión de un porcentaje moderado (15%) en el Servicio Común de Ejecución (o en su caso en las funciones de ejecución integradas en el SCT) se justifica exclusivamente en evitar retrasos en liquidaciones que puedan prolongar indebidamente estancias en prisión, o en garantizar pagos alimenticios perentorios para menores en situación de vulnerabilidad extrema.
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