BOC - 2026/224. Martes 10 de noviembre de 2026 - 3873

III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

3873 - Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial.- Resolución de 22 de octubre de 2026, por la que se hace público el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Cabildo Insular de Tenerife para la instrumentalización de la encomienda de gestión relativa a la formulación de la primera alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz..

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El Gobierno de Canarias en la sesión celebrada el día 5 de octubre de 2026, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, acordó:

“1. Autorizar la suscripción del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Cabildo Insular de Tenerife para la instrumentalización de la encomienda de gestión relativa a la formulación de la primera alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz, aprobado por Decreto 107/2015, de 22 de mayo, en los términos del anexo.

2. Por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas se publicará el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias y en la página web de dicha Consejería, junto con la información a que se refiere el artículo 9.3 del Reglamento de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.

3. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas notificará el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y al Cabildo de Tenerife”.

En cumplimiento de dicho Acuerdo, y en el ejercicio de las competencias de instrucción de los procedimientos de planeamiento urbanístico que me atribuye el artículo 27 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril (BOC n.º 72/2025, de 11 de abril), en su virtud,

RESUELVO:

Único.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del texto íntegro del Acuerdo del Gobierno de 5 de octubre de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en dicho Acuerdo de Gobierno, y en aplicación del artículo 47.3 de la Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares, y del artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se anexa a continuación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de 2026.- El Director General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz Díaz.

ANEXO

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2026, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

4. PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS Y EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN RELATIVA A LA FORMULACIÓN DE LA PRIMERA ALTERACIÓN DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ, APROBADO POR DECRETO 107/2015, DE 22 DE MAYO (CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS).

Visto el Decreto 107/2015, de 22 de mayo (BOC n.º 116, de 17.6.2015), por el que se aprueba el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz.

Resultando que, como consecuencia de los cambios normativos introducidos por la entrada en vigor de la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, y de otras leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y, asimismo, de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias, que incidió en el contenido y redacción de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística (PMMI), mediante Acuerdo plenario, de 25 de julio de 2017, el Cabildo Insular de Tenerife formula iniciativa para la alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz.

Considerando que el artículo 7.1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias (LRMTC), establece que los PMMI son instrumentos de ordenación urbanística que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, estableciendo la ordenación completa de su área de intervención, con objeto de viabilizar la renovación urbana y edificatoria, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si no existe acuerdo municipal previo que lo permita.

Considerando que el Reglamento de la LRMTC, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo, señala en su artículo 10 que las modificaciones y revisiones, parciales o totales, de los PMMI, se llevarán a cabo en las condiciones y por el procedimiento descrito en el artículo 9 del citado Reglamento.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 9.1 del Reglamento de la LRMTC, en concordancia con el artículo 8.1 de la Ley, los PMMI se tramitarán a propuesta del ayuntamiento afectado, a iniciativa del cabildo insular correspondiente o el Gobierno de Canarias, y a solicitud de los particulares afectados, en su caso.

Considerando que, como complemento a lo anterior, el artículo 8.3 de la LRMTC prevé en todo caso un trámite previo consistente en un pronunciamiento del Gobierno de Canarias en el que se acuerde o acepte la iniciativa del PMMI. Asimismo, la iniciativa debe contar en todo caso con la conformidad de los Ayuntamientos afectados.

Considerando que, en virtud del citado artículo 8.3 de la LRMTC, una vez acordada o aceptada la iniciativa, corresponde a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio la redacción del PMM o de su correspondiente modificación.

Resultando que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz manifestó su conformidad con la iniciativa formulada por el Cabildo Insular de Tenerife, mediante escrito de 5 de septiembre de 2017.

Resultando que mediante Acuerdo del Gobierno de Canarias, adoptado en su reunión de fecha 26 de febrero de 2018, se dispuso aceptar la iniciativa del Cabildo Insular de Tenerife para la alteración de Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz, así como autorizar la suscripción de un Convenio de Cooperación entre la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Cabildo Insular de Tenerife para la instrumentalización de la encomienda de gestión relativa a la formulación de dicha alteración.

Resultando que, con fecha de 11 de junio de 2018, se suscribe el Convenio entre la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Cabildo Insular de Tenerife para la instrumentalización de la encomienda de gestión relativa a la formulación de la alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz (BOC n.º 120, de 22.6.2018).

Considerando que la cláusula novena del citado Convenio establecía un plazo de vigencia de cuatro años, así como la posibilidad de prorrogar el mismo por otros cuatro, previo acuerdo de las partes dentro del periodo inicial. Sin embargo, transcurrido dicho plazo, no se procedió a la formalización de ninguna prórroga.

Resultando que, con fecha de 26 de noviembre de 2024, el Cabildo Insular de Tenerife solicita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas la formulación de un nuevo convenio para la instrumentalización de una encomienda de gestión para la continuación de la formulación de la primera alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad de Puerto de la Cruz, de forma que se renueven los compromisos asumidos mediante el Convenio formalizado con fecha 11 de junio de 2018, entre la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, con las actualizaciones que resulten necesarias.

Resultando que la solicitud presentada por el Cabildo Insular de Tenerife propone dejar fuera del ámbito de intervención la denominada zona mar del puerto de Puerto de la Cruz, tal como consta en plano de información (ortofoto), de agosto de 2025, lo cual constituye una modificación sustancial de la iniciativa en su día aceptada por el Gobierno de Canarias.

Considerando que la aceptación de la nueva iniciativa no resulta procedente en este momento, por cuanto el Cabildo Insular de Tenerife no acompaña documento de ordenación actualizado que desarrolle la modificación propuesta. Una vez formalizado el convenio y elaborado el citado documento de ordenación actualizado, deberá elevarse el mismo al Gobierno de Canarias a los efectos de su aceptación como nueva iniciativa, sin que la autorización del convenio que se pretende prejuzgue la aceptación de la iniciativa relativa a dicho ámbito.

Vistos memoria explicativa y el borrador del nuevo Convenio entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Cabildo Insular de Tenerife, por el que se encomendará a dicha corporación la formulación de la primera alteración de Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz.

Visto el informe de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos relativo al borrador de convenio.

Visto acuerdo plenario, de 27 de marzo de 2026, del Cabildo Insular de Tenerife, por el que se acuerda aprobar el texto de dicho Convenio.

Visto informe-propuesta del Director General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial.

Visto informe-propuesta del Director General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial.

Visto informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno.

Considerando que la suscripción del citado convenio debe ser autorizada, con carácter previo, por el Gobierno de Canarias, de conformidad con el artículo 47.2 de la Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares, al tratarse de un Convenio de encomienda de gestión de la Administración autonómica a un Cabildo.

El Gobierno, tras deliberar, y a propuesta del Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, acuerda:

1. Autorizar la suscripción del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Cabildo de Tenerife para la instrumentalización de la encomienda de gestión relativa a la formulación del segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz, cuyo borrador figura como anexo.

2. Por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas se publicará el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias y en la página web de dicha Consejería, junto con la información a que se refiere el artículo 9.3 del Reglamento de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.

3. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas notificará el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y al Cabildo de Tenerife.

Lo que comunico a los efectos determinados por el artículo 29.1.l) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

ANEXO

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN RELATIVA A LA FORMULACIÓN DE LA PRIMERA ALTERACIÓN DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ, APROBADO POR DECRETO 107/2015, DE 22 DE MAYO.

En Santa Cruz de Tenerife, a ………. de …………… de ……

INTERVIENEN

De una parte, D. Manuel Miranda Medina, Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y a las Consejeras del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con capacidad y competencia para la suscripción del presente Convenio a tenor de lo previsto en los artículos 16 y 29.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, y artículo 58.f) de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, y facultado para la firma del presente Convenio mediante acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2026.

Y, de otra, Dña. Rosa Dávila Mamely, en su calidad de Presidenta del Cabildo de Tenerife, en virtud de su elección y proclamación en sesión extraordinaria del Pleno Insular de dicha Corporación celebrada el 3 de julio de 2023, representando al mismo en virtud del artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con capacidad y competencia para la suscripción del presente Convenio a tenor de lo previsto en los artículos 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y 64.1, letra ñ), de la Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares, y facultada para la firma del presente Convenio en virtud de lo previsto en el artículo 57.5 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, aprobado definitivamente mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 28 de noviembre de 2024 (BOP anexo al n.º 148, de 9.12.2024), que atribuye a la Presidencia la firma, entre otros, de los documentos mediante los que se formalicen aquellos convenios que celebre el Cabildo Insular de Tenerife con las Administraciones Públicas, una vez aprobado por el Pleno en virtud del artículo 41.2.r) del Reglamento Orgánico, acuerdo adoptado en fecha de 27 de marzo de 2026.

EXPONEN

Primero.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas es el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en materia de planificación territorial, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dicha materia, de conformidad con el artículo 1.1 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril. Específicamente, corresponde a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas la formulación, impulso y tramitación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística, de conformidad con los artículos 8.3 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y 9.1 de su Reglamento, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.

Por su parte, el Cabildo de Tenerife posee competencias en materia de ordenación del territorio, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares.

Segundo.- La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística, estableció un conjunto de disposiciones con el objetivo declarado de impulsar la renovación y modernización de urbanizaciones, núcleos e instalaciones turísticas obsoletas, así como las de los productos turísticos mediante la diversificación de su oferta y la especialización de usos, modulando el crecimiento de la planta turística, así como regular el régimen de autorizaciones administrativas de los establecimientos turísticos y la normativa aplicable a la ordenación de los diferentes productos turísticos. Entre ese conjunto de medidas destaca la definición y regulación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad que, si bien fueron creados por la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, mediante esta Ley 2/2013, de 29 de mayo, se configuran como instrumentos de ordenación urbanística que se insertan en el sistema de planeamiento de Canarias.

En su virtud, mediante Decreto 107/2015, de 22 de mayo, se aprobó definitivamente el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz, en el término municipal del mismo nombre, publicándose su normativa en el Boletín Oficial de Canarias n.º 116, de 17 de junio de 2015. Su artículo 2.1 señala que tiene por objeto la recualificación integral de núcleo turístico de Puerto de la Cruz, definiendo el modelo turístico del destino y adaptándolo a los nuevos requerimientos de demanda, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración entre el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas del municipio y los Estatutos del Consorcio urbanístico para la rehabilitación del Puerto de la Cruz.

Tercero.- Unos días antes de la aprobación y entrada en vigor de este Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz, se aprobó la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y de otras leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, y, asimismo, de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias (BOC n.º 87, de 8.5.2015). Esta Ley 9/2015, de 27 de abril, introduce una serie de modificaciones en la Ley 2/2013 con el objetivo de intentar superar las dificultades puestas de manifiesto en la aplicación de los mecanismos establecidos para incentivar los procesos de renovación y rehabilitación turística, sobre todo en la redacción de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística; para integrar en los citados mecanismos la regulación básica introducida por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas; y para realizar los ajustes precisos que permitan superar rigideces innecesarias detectadas. Además, la Ley 2/2013, una vez modificada por la Ley 9/2015, fue desarrollada por su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo (BOC n.º 98, de 25.5.2015).

Cuarto.- Transcurrido este tiempo, el Cabildo de Tenerife presentó ante la administración autonómica una solicitud de alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz vigente, en el ámbito del puerto deportivo y pesquero y su zona de servicios portuarios, junto con un documento pormenorizado que sirviera de base para el procedimiento correspondiente.

En consecuencia, en fecha 26 de febrero de 2018, el Gobierno de Canarias aceptó esta iniciativa para la primera alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz aprobado por Decreto 107/2015, autorizando la suscripción de un convenio entre este Departamento autonómico y el Cabildo de Tenerife para la instrumentalización de la encomienda de gestión relativa a su formulación, publicándose este acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias n.º 54, de 16 de marzo de 2018, y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 36, de 23 de marzo de 2018.

En su virtud, en fecha 11 de junio de 2018 se suscribió el citado Convenio, previamente autorizado por el pleno de la corporación en Acuerdo adoptado el 4 de diciembre de 2017, y se publica en el Boletín Oficial de Canarias n.º 120, de 22 de junio de 2018.

Quinto.- Sobre la base de este Convenio, el Cabildo Insular de Tenerife formuló un borrador de plan, junto con su documento inicial estratégico, sometiéndose al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria mediante Resolución del entonces Viceconsejero de Política Territorial n.º 33/2018, de 19 de junio, procediéndose por la entonces Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias a la formulación del documento de alcance en sesión celebrada en fecha 30 de noviembre de 2018.

Sexto.- La cláusula novena del Convenio suscrito en fecha 11 de junio de 2018 establecía un plazo de vigencia de cuatro años, pudiendo prorrogarse el mismo por otros cuatro, previo acuerdo de las partes dentro del periodo inicial. Sin embargo, transcurrido dicho plazo, no se procedió a la formalización de ninguna prórroga.

Séptimo.- En fecha 27 de noviembre de 2024, el Cabildo Insular de Tenerife presenta oficio solicitando la formalización de un nuevo convenio para la continuación de la formulación de la primera alteración del plan vigente, de forma que se renueven los compromisos asumidos en el extinto convenio.

Posteriormente, el Cabildo Insular de Tenerife, con fechas 12 y 23 de septiembre de 2025, remite escritos en los que indica modificaciones a incluir en el Convenio a suscribir. En concreto, el primero, relativas a la representación del Cabildo y al ámbito de aplicación del mismo y el segundo relativo a la inclusión como Anexo I en el Convenio de un plano de información: ámbito (ortofoto). Incluidas las modificaciones planteadas, el texto final se remite al Cabildo al objeto que muestre su conformidad.

Octavo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la realización de actividades de carácter material o técnico puede ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. El mismo artículo, en su apartado 3.b), exige que la encomienda de gestión se formalice mediante el correspondiente convenio cuando se realice entre órganos de distintas administraciones.

Por tanto, se trata de trasladar el ejercicio de la tarea consistente en la formulación o elaboración del plan desde la administración titular según la normativa aplicable a favor de la administración local, para lo cual se instrumentaliza el presente Convenio al objeto de legitimar la formulación de esta primera alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz por parte del Cabildo de Tenerife. En cualquier caso, y de conformidad con el apartado 2 del mismo artículo 11 de la citada Ley 40/2015, la suscripción del presente Convenio solo traslada a la entidad local la tarea de realizar la actividad material consistente en la formulación o redacción del plan en cada fase, sin que suponga la cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

En virtud de lo expuesto, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, representada a través de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, y el Cabildo Insular de Tenerife suscriben el presente Convenio que instrumentaliza la encomienda de gestión para la formulación de la primera alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz, de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

El presente Convenio instrumentaliza la encomienda de gestión que realiza la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias al Cabildo de Tenerife para la formulación de la primera alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz aprobado mediante Decreto 107/2015, de 22 de mayo.

Segunda.- Ámbito.

El ámbito de aplicación del presente Convenio se corresponde con la delimitación contenida en el plano de información de fecha agosto de 2025 en el que se refleja el ámbito de intervención de la Modificación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz, el cual se adjunta como Anexo I al presente documento, y sin menoscabo de que durante el proceso de redacción y tramitación del plan se puedan incorporar al mismo otras acciones que contribuyan en mayor grado y medida a la recualificación integral de núcleo turístico de Puerto de la Cruz.

Tercera.- Régimen jurídico.

El presente Convenio se establece al amparo del artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y artículos 45 y siguientes de la Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares (BOC n.º 129, de 29.6.2026), en el marco de las disposiciones legales aplicables a la formulación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad contenidas en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias; en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo; en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; en las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril; en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el resto de normas que resulten de aplicación.

Cuarta.- Obligaciones del Cabildo de Tenerife.

1. Será obligación del Cabildo de Tenerife proceder a la formulación de la primera alteración del vigente Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz, aprobado mediante Decreto 107/2015, de 22 de mayo, dentro del ámbito definido en el plano de información de fecha agosto de 2025 en el que se refleja el ámbito de intervención de la Modificación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz, el cual se adjunta como Anexo I al presente documento, para la consecución de los objetivos generales y específicos expresados en el documento presentado originariamente para la suscripción del primer convenio, en cuanto sean conformes con el nuevo ámbito de actuación, y sin menoscabo de que durante el proceso de redacción y tramitación del plan se puedan incorporar al mismo otras acciones que contribuyan en mayor grado y medida a la recualificación integral de núcleo turístico de Puerto de la Cruz.

2. La alteración de plan que se formule por el Cabildo de Tenerife, siguiendo los criterios del centro directivo correspondiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, deberá ajustarse al contenido de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias; de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo; de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; de las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril; de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y del resto de normas que resulten de aplicación.

La alteración de plan que se formule por el Cabildo de Tenerife deberá ser completa y contener todos los documentos exigidos para su tramitación en la normativa indicada. En especial, debe contener la documentación mínima que se indica en el Anexo II del presente Convenio.

3. Toda la documentación indicada en el apartado anterior deberá estar firmada por sus autores y reflejar su fecha de conclusión. En especial, la documentación ambiental, además de estar firmada por sus autores e indicar su fecha de conclusión, deberá estar realizada por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y deberán tener la calidad necesaria, en los términos indicados en el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

4. El Cabildo de Tenerife deberá presentar toda la documentación indicada en los apartados anteriores en cada una de las fases del procedimiento, ajustada al momento procedimental del mismo, y con las rectificaciones que en cada momento resulten incorporadas al plan.

5. La totalidad de los costes de formulación de esta alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz vigente, en todas sus fases, será asumida por el Cabildo de Tenerife.

Quinta.- Obligaciones de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

1. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas facilitará al Cabildo de Tenerife cuanta información y documentación pueda ostentar en su poder respecto al Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz vigente, y siempre que sea precisa en orden a la formulación de la alteración del plan que se pretende.

2. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas tramitará el documento en cada una de sus fases, una vez sea presentada la totalidad de la documentación correspondiente a cada una de ellas por parte del Cabildo de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y 9 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.

Sexta.- Forma y condiciones técnicas de ejecución de la encomienda de gestión.

El Cabildo de Tenerife procederá a la formulación de la alteración del plan vigente bien con medios propios o bien mediante su contratación externa, que deberá respetar en todo caso la legislación reguladora de la contratación en el sector público. No obstante, en este último caso, el Cabildo de Tenerife seguirá siendo responsable del cumplimiento de la encomienda de gestión.

Las condiciones técnicas de ejecución de la encomienda de gestión por parte del Cabildo de Tenerife quedan establecidas en el Anexo II del presente Convenio.

Séptima.- Financiación.

La totalidad de los costes de la formulación de la alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz vigente, en todas sus fases, será asumida por el Cabildo de Tenerife.

Del presente Convenio no se derivan obligaciones económicas entre las partes firmantes del mismo.

Octava.- Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento del correcto desarrollo de la ejecución de la encomienda de gestión instrumentalizada mediante el presente Convenio, se constituirá una comisión de seguimiento paritaria entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Cabildo de Tenerife, que actuará tanto como órgano de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos mediante el mismo, como órgano de interpretación y resolución de controversias que pudieran suscitarse en relación al cumplimiento del Convenio, y como órgano de coordinación en relación a la propuesta de ordenación que pretenda plasmarse en el plan.

Le será de aplicación a esta Comisión de Seguimiento tanto lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, como lo previsto para los órganos colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Novena.- Plazo de vigencia.

Este Convenio producirá efectos entre las partes a partir de su firma, sin perjuicio del acuerdo que, en su caso, adopte el Gobierno de Canarias en relación a la iniciativa ejercida por la administración local para la formulación del documento de actualización de la primera alteración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y 9.2 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.

El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de cuatro años. En cualquier momento antes de la finalización de este plazo, los firmantes del Convenio podrán acordar su prórroga por un periodo de otros cuatro años. La formalización de esta prórroga requerirá la inclusión de una adenda al presente Convenio, que deberá estar acordada y firmada por ambas partes antes de la finalización del plazo inicial.

Décima.- Modificaciones.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia, cualquiera de las partes firmantes podrá proponer la realización de modificaciones del presente Convenio. Estas modificaciones solo tendrán efectos una vez se formalice mediante la inclusión de una adenda al presente Convenio, que deberá estar acordada y firmada por ambas partes antes de la finalización del plazo de vigencia.

Undécima.- Causas de resolución.

1. Será causa de extinción automática del presente Convenio la aprobación definitiva del plan formulada en los términos expresados en este clausulado y en sus anexos.

2. Serán causa de resolución del presente Convenio las siguientes:

a) El trascurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado su prórroga dentro del plazo inicial.

b) Por mutuo acuerdo de las partes intervinientes, que deberá formalizarse mediante la correspondiente firma de ambas.

c) Por el incumplimiento debidamente acreditado por una de las partes de las obligaciones establecidas en el presente Convenio, una vez realizado un requerimiento por parte de la otra para su cumplimiento sin que este haya sido objeto de subsanación o respuesta en un plazo razonable.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

3. También tendrá lugar la resolución del Convenio en caso de que, aceptada en primera instancia por el Consejo de Gobierno la iniciativa formulada por el Cabildo de Tenerife, se produzca con posterioridad un nuevo acuerdo por parte del mismo órgano autonómico que reconsidere la aceptación de la iniciativa formulada por el Cabildo de Tenerife en términos que impidan la continuación de la encomienda.

4. En caso de quedar pendientes actuaciones en curso en el momento de la extinción de la vigencia o de la resolución del Convenio, se atenderán las siguientes estipulaciones:

a) si la causa de resolución es la prevista en el apartado 2.a) de esta cláusula, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan hasta que no se produzca, en su caso, un nuevo convenio; se exceptúa de esta interrupción de actuaciones el supuesto en el que, dentro del plazo de vigencia, el Cabildo de Tenerife ya haya presentado ante la administración autonómica la propuesta de plan para aprobación definitiva, siempre que no sea necesaria la realización de un requerimiento que implique la modificación de la documentación ya entregada;

b) si la causa de resolución es la prevista en el apartado 2.b) de esta cláusula, el acuerdo formal de ambas partes sobre la resolución del plan podrá disponer el modo de continuación de las actuaciones pendientes; en caso que no se disponga nada, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan; se exceptúa de esta interrupción de actuaciones el supuesto en el que, dentro del plazo de vigencia, el Cabildo de Tenerife ya haya presentado ante la administración autonómica la propuesta de plan para aprobación definitiva, siempre que no sea necesaria la realización de un requerimiento que implique la modificación de la documentación ya entregada;

c) si la causa de resolución es la prevista en el apartado 2.c) de esta cláusula, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan desde el día siguiente a se produzca la notificación a la administración que haya incumplido de la comunicación por parte de la otra de no entender subsanado el requerimiento previamente realizado;

d) si la causa de resolución es la prevista en el apartado 2.d) de esta cláusula, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan desde el día siguiente a se produzca la notificación de la firmeza de la sentencia a cualquiera de las dos partes, siempre que no se disponga otra cosa en el fallo judicial;

e) si la causa de resolución es la prevista en el apartado 3 de esta cláusula, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan desde el día siguiente a se produzca la notificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, siempre que este no disponga otra cosa en cuanto a la continuación de las actuaciones.

Duodécima.- Jurisdicción.

En caso de controversia sobre la interpretación, ejecución y cumplimiento de este Convenio, que no pueda ser solventada en el seno de la Comisión de Seguimiento, las partes se someten al conocimiento y competencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con lo previsto en los artículos 10.g) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.- El Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda Medina.- La Presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila Mamely.

ANEXO I

ÁMBITO

ANEXO II

CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN RELATIVA A LA FORMULACIÓN DE LA PRIMERA ALTERACIÓN DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ POR PARTE DEL CABILDO DE TENERIFE, APROBADO POR DECRETO 107/2015, DE 22 DE MAYO.

1. OBJETO.

Es objeto del presente anexo establecer las condiciones técnicas de ejecución de los trabajos de formulación de la actualización de la alteración del vigente Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz aprobado mediante Decreto 107/2015, de 22 de mayo.

Estas condiciones técnicas tienen como objetivo establecer el contenido mínimo que describa las condiciones de entrega del instrumento de planeamiento en que se formalice la citada alteración del plan, a los efectos de poder proceder a su tramitación en sus distintas fases.

Este instrumento de planeamiento deberá entregarse completo, conforme a las condiciones establecidas en el presente anexo, de tal forma que sea apto para proceder a su tramitación en cada una de sus fases.

En todo caso, el instrumento de planeamiento debe ajustarse a las disposiciones legales aplicables a la formulación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad contenidas en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias; en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo; en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; en las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril; en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio; en el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y en el resto de normas que resulten de aplicación.

2. DOCUMENTACIÓN.

El instrumento de planeamiento debe seguir la misma estructura del vigente Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz, centrándose en los elementos que sean objeto de alteración.

Toda la documentación indicada deberá estar firmada por sus autores y reflejar su fecha de conclusión. En especial, la documentación ambiental, además de estar firmada por sus autores e indicar su fecha de conclusión, deberá estar realizada por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y deberán tener la calidad necesaria, en los términos indicados en el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El Cabildo de Tenerife deberá presentar toda la documentación indicada en los apartados anteriores en cada una de las fases del procedimiento, ajustada al momento procedimental del mismo, y con las rectificaciones que en cada momento resulten incorporadas al plan.

El contenido mínimo será el siguiente, adaptados a los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con la alteración:

2.1. El estudio previo a que hace referencia el artículo 7.1.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.

2.2. La memoria a que hace referencia el artículo 7.1.b) del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo, en la que se incluirá el contenido que resulte de aplicación que se establece en el artículo 38 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

Esta memoria deberá contener un apartado específico relativo al resumen ejecutivo a que hace referencia el artículo 25.3 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y sin perjuicio del plano a que se hace referencia en el siguiente apartado 2.6.

La memoria incluirá, además, cuanta información y documentación sea requerida por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas en orden a justificar las decisiones de ordenación que se plasmen en la propuesta de alteración.

2.3. El programa de gestión y ejecución a que hace referencia el artículo 7.1.c) del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo, en el que se incluirá el contenido que resulte de aplicación que se establece en el artículo 41 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

2.4. El sistema de indicadores a que hacen referencia los artículos 7.2 y 8 del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

2.5. El análisis de integración paisajística a que hace referencia el artículo 140.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

2.6. Los planos de información y de ordenación a que hace referencia el artículo 7.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, entre los que se incluirá el contenido que resulte de aplicación que se establece en el artículo 39 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. En esta documentación planimétrica deberá constar, además, el plano a que hace referencia el artículo 25.3 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

2.7. La memoria de viabilidad económica a que hace referencia el artículo 7.5 del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, en la que se incluirá:

• El informe o memoria de sostenibilidad económica que el artículo 22.4 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, exige para los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística;

• El contenido que para la memoria de viabilidad económica exige el artículo 22.5 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en relación con la ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano;

• El estudio económico financiero a que hace referencia el artículo 42 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

2.8. La documentación ambiental que resulte exigible en cada fase del procedimiento de evaluación ambiental estratégica que se siga en la tramitación de la alteración del plan, de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: documento inicial estratégico y estudio ambiental estratégico en caso del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria; documento ambiental estratégico en caso del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

En este caso, la documentación ambiental incluirá las rectificaciones que resulten pertinentes en función de los pronunciamientos del órgano ambiental (documento de alcance, informe ambiental estratégico, declaración ambiental estratégica), así como las que pudieran derivarse de los informes sectoriales emitidos en fase de consultas y participación pública relativa a la evaluación ambiental estratégica.

2.9. El estudio de movilidad a que hace referencia el artículo 35 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en su caso.

2.10. La zonificación acústica a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

2.11. Un informe de impacto por razón de género, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, elaborado de conformidad con las Directrices para su elaboración y contenido básico aprobadas por el Gobierno de Canarias el 26 de junio de 2017 (BOC n.º 128, de 5.7.2017).

2.12. Un informe sobre impacto empresarial, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.13. Un análisis sobre las posibles consecuencias indemnizatorias derivadas de la aprobación del plan, de conformidad con el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 21 de diciembre de 2009. En particular:

• Memoria. Deberá contener un análisis completo sobre los efectos que la nueva ordenación propuesta pudiera tener sobre las determinaciones vigentes, o sobre la imposición de nuevas limitaciones singulares, impidiendo o limitando posibles derechos adquiridos a urbanizar o edificar. En uno u otro caso, se incorporará el reconocimiento de la expresa asunción de responsabilidad de la Administración que formula el plan cuando detecte que una determinación susceptible de generar indemnizaciones resulta impuesta por el carácter vinculante y prevalente de una determinación legal o de planeamiento de rango superior, en cuyo caso, se hará constar expresamente en la Memoria a qué Administración corresponde la posible responsabilidad patrimonial.

Asimismo, si la determinación susceptible de generar responsabilidad se establece en base a intereses supramunicipales expresados en informes de otras Administraciones, corresponderá a estas la asunción de dicha responsabilidad.

La Memoria incorporará, en su caso, un anexo actualizado, explicativo de las modificaciones o alteraciones de las determinaciones urbanísticas que se produzcan con ocasión de la aprobación definitiva, determinando, cuando así proceda, si las mismas son susceptibles de generar derechos indemnizatorios y la Administración responsable del pago de posibles indemnizaciones.

• Estudio Económico-Financiero. Cuando la Memoria del documento de planeamiento prevea la existencia de determinaciones urbanísticas susceptibles de generar posibles indemnizaciones, el Estudio Económico-Financiero valorará la cuantía estimada de las mismas, asignando expresamente las partidas o medios económicos propios previstos para el pago, en su caso, de las posibles indemnizaciones.

Cuando la determinación urbanística que, en su caso, pueda generar derechos indemnizatorios derive de una exigencia vinculante de otra Administración, se hará constar expresamente, con la conformidad de la Administración que impone la determinación, la cuantía estimada en concepto de indemnización y las partidas o medios económicos de aquella Administración que servirá para afrontar, en su caso, los pagos correspondientes.

Asimismo, el Estudio Económico-Financiero se actualizará cuando se introduzcan determinaciones urbanísticas que sean susceptibles de generar posibles indemnizaciones no contempladas con anterioridad, o derivadas de otras Administraciones distintas de las que formula el Plan.

En todo caso, el órgano que apruebe definitivamente el instrumento de ordenación comprobará la constancia de las citadas determinaciones, así como de las cuantías propuestas y la asignación del pago a la Administración que corresponda. En los procedimientos bifásicos, la Administración que formule el instrumento deberá hacer constar su conformidad expresa con tales determinaciones.

2.14. Tras las fases de información pública, de consultas y de solicitud de informes a las administraciones sectoriales afectadas, deberá incluirse un documento que contenga:

• La contestación a las alegaciones que se hayan presentado, donde se otorgue una respuesta razonada a cada uno de ellos, una propuesta de estimación o desestimación y, en caso de estimarse, la propuesta de alteración que se incorpore en el plan;

• una respuesta razonada a cada uno de los informes emitidos y, en su caso, la propuesta de alteración que se incorpore en el plan;

• un índice explicativo de las rectificaciones, alteraciones y/o correcciones que en la documentación del plan se vayan incorporando como consecuencia de toda la tramitación del plan, con indicación expresa del documento y lugar del mismo (página, folio, plano, etc.) donde se incorpora.

2.15. Las normas que resulten alteradas respecto al Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto de la Cruz vigente o, en caso de que la alteración afecte a una pluralidad importante de artículos, un nuevo documento normativo completo que sustituya al contenido en el plan vigente.



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