ANTECEDENTES DE HECHO
1.º) Solicitud.
Con fecha 5 de diciembre de 2024, la entidad DISA Generación, S.L.U. presenta ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública para la ejecución del proyecto denominado “Planta de Generación con Grupos de Emergencia 14,8 MW-Planta La Garita”, en el término municipal de Telde, isla de Gran Canaria, asignándole el número de expediente GE25/015.
Durante la tramitación del expediente, y como consecuencia de los requerimientos e indicaciones formulados por las administraciones implicadas, el promotor modificó la ubicación inicialmente prevista para la planta, procediendo a actualizar la documentación técnica y ambiental correspondiente.
Con fecha 21 de febrero de 2026, DISA Generación, S.L.U. presentó la actualización del proyecto y solicitó la continuación de la tramitación de la autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y modificación de la declaración de interés general.
La documentación aportada al expediente correspondiente al nuevo emplazamiento comprende el proyecto denominado “Planta de Generación con Grupos de Emergencia 14,8 MW-Planta La Garita (Telde)”, revisión 6, de marzo de 2026, y el “Documento Ambiental de Proyecto Planta de Generación con Grupos de Emergencia 14,8 MW-Planta La Garita”, de marzo de 2026. Asimismo, se aportó el acuerdo con los propietarios de las parcelas afectadas.
2.º) Antecedentes.
En los últimos informes de cobertura de los sistemas eléctricos de Canarias, el Operador del Sistema ha puesto de manifiesto la necesidad de la puesta en servicio urgente de generación adicional gestionable, con carácter de emergencia, en los sistemas eléctricos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote-Fuerteventura.
Con fecha 2 de octubre de 2023, el Consejo de Gobierno aprobó la declaración de emergencia energética en la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de comprometer todas las políticas y medidas que sean necesarias tendentes a resolver la actual situación de vulnerabilidad que presenta la generación eléctrica en Canarias.
Entre los acuerdos de la citada declaración de emergencia destacaba la adopción de las medidas temporales necesarias para garantizar el suministro eléctrico en el corto plazo, ante la situación de riesgo cierto de cobertura puesta de manifiesto por el Operador del Sistema.
La Consejería de Transición Ecológica y Energía, a la vista del riesgo de cobertura de la demanda en el corto plazo y según lo acordado en la declaración de emergencia energética de la Comunidad Autónoma de Canarias, realizó una invitación a las entidades interesadas a presentar propuestas para la instalación de potencia de generación adicional con el fin de cubrir las necesidades de emergencia en los sistemas eléctricos de Canarias. El plazo de la citada invitación finalizó el 26 de octubre de 2023.
Las entidades que presentaron propuestas aportaron el estudio de los costes de cada una de las mismas, con el fin de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pudiera determinar el régimen retributivo aplicable a las mismas. Una vez analizadas todas las propuestas presentadas, el 22 de marzo de 2024 se envió por parte de esta Dirección General un escrito al Ministerio, solicitando el reconocimiento de las repercusiones económicas para la adopción de medidas para la garantía del suministro, con carácter previo a su adopción, de las propuestas económicas presentadas con el fin de proseguir con el procedimiento para cubrir la potencia necesaria e instalarla en el menor tiempo posible.
Con fecha 8 de mayo de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dictó la Orden TED/433/2024, por la que se acuerda el reconocimiento de las repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Posteriormente, mediante la Orden TED/909/2025, de 7 de agosto, se acordó un nuevo reconocimiento de dichas repercusiones económicas y se revocó la Orden TED/433/2024, estableciéndose expresamente que los proyectos que hubieran iniciado su tramitación y ejecución al amparo de la Orden revocada se entenderían integrados en el nuevo reconocimiento.
La citada Orden establece que el reconocimiento de las repercusiones económicas se mantendrá durante un periodo de tres años desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pudiendo prorrogarse en la medida en que las medidas extraordinarias resulten necesarias en función de la información remitida por el operador del sistema y de la implantación efectiva de nueva generación o renovación de la existente.
3.º) Descripción de las instalaciones proyectadas.
El proyecto tiene por objeto la instalación de una planta de generación eléctrica de emergencia de 14,8 MW, constituida por ocho (8) grupos motogeneradores, instalados en módulos contenerizados, equipados con motores de ciclo Otto de gas, modelo MWM TCG3020 V20 Z o similar, y alternadores Marelli MJH 630 LA4 o similar, de 1.880 kWe de potencia, a 11 kV y 50 Hz, así como los correspondientes sistemas de refrigeración, lubricación, ventilación, arranque, control y demás equipos auxiliares.
La instalación dispondrá de un sistema de almacenamiento y suministro de propano, constituido principalmente por dos depósitos horizontales de 500 m³ de capacidad cada uno, ubicados en una zona segregada y perimetrada de la parcela, con una superficie aproximada de 737,90 m². El sistema se completa con bomba de trasiego, sistema de vaporización, módulo de calefacción, vaso de expansión, unidad de acondicionamiento del gas y grupos de regulación para el suministro del combustible a los motogeneradores.
El abastecimiento de propano a dichos depósitos se realizará mediante cisternas, para lo que se proyecta un cargadero específico dotado de un puesto de descarga y de dos brazos articulados, uno para la fase líquida y otro para la fase gaseosa.
Asimismo, la planta contará con un edificio auxiliar-eléctrico, de 205,16 m² de superficie y una planta, destinado, entre otros usos, a sala de control, sala de celdas, sala de transformador, sala de baja tensión y sala de control y comunicaciones.
La instalación se completa con los correspondientes servicios auxiliares, instalaciones de protección contra incendios, sistema de control, CCTV, megafonía, iluminación exterior, sistema de protección contra descargas atmosféricas, red de tierras y redes de saneamiento, pluviales y drenajes.
Para la evacuación de la energía generada se proyecta la subestación elevadora “SET La Garita 66/11 kV”, integrada en la planta, de configuración línea-transformador semiintemperie y dotada de un transformador de potencia de 16/20 MVA (ONAN/ONAF), que eleva la tensión de 11 kV a 66 kV.
Las instalaciones se emplazan en el polígono 2, parcelas 98 a 104, polígono industrial El Goro, término municipal de Telde, isla de Gran Canaria, con referencias catastrales 35026A002000980000RW, 35026A002000990000RA, 35026A002001000000RA, 35026A002001010000RB, 35026A002001020000RY, 35026A002001030000RG y 35026A002001040000RQ.
La instalación de DISA se conectará a una posición de la SET colectora Silva, situada en la parcela colindante 97 e incluida en el expediente GE25/038, promovido por GPM Generación, S.L.U. Desde las barras de 66 kV de dicha subestación se proyecta una línea subterránea común hasta el punto de conexión en la SET Cinsa 66 kV, titularidad de Red Eléctrica de España.
4.º) Información pública.
Mediante anuncio de la Dirección General de Energía de fecha 13 de abril de 2026, publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 81, de 28 de abril de 2026, así como en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, se sometió a información pública, durante el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de su publicación, el expediente de referencia relativo a la autorización administrativa, con el fin de que cualquier persona física o jurídica pudiera consultarlo, resumiéndose a continuación las alegaciones recibidas:
4.1) Asociación Cultural Ecologista TURCÓN y Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción: se reciben escritos de alegaciones de la Asociación Cultural Ecologista TURCÓN, el 5 de junio de 2026, y de la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, el 11 de junio de 2026, cuyo contenido se resume a continuación:
- Cuestionamiento de la necesidad y justificación de una instalación de generación basada en combustibles fósiles.
- Consideración del proyecto contraria a los objetivos de descarbonización y transición energética.
- Necesidad de priorizar alternativas basadas en energías renovables, almacenamiento y otras soluciones de gestión del sistema eléctrico.
- Posibles afecciones derivadas de las emisiones atmosféricas, el ruido y el funcionamiento de la instalación.
- Cuestionamiento de la ubicación de la instalación y de las posibles afecciones sobre la población y el territorio.
- Necesidad de una adecuada evaluación ambiental del proyecto correspondiente al nuevo emplazamiento y de la consideración de alternativas.
- Riesgos asociados al almacenamiento y utilización del propano, así como a la seguridad de la instalación.
- Cuestionamiento del carácter temporal de la instalación y de las previsiones relativas a su cese y desmantelamiento.
- Posibles riesgos y afecciones derivados de la proximidad del emplazamiento al aeropuerto de Gran Canaria.
Con fecha 24 de junio de 2026, el promotor responde a las alegaciones, señalando, en síntesis, que la instalación responde a la situación de emergencia energética y se concibe como una infraestructura de respaldo destinada a preservar la seguridad y continuidad del suministro eléctrico. Reconoce la necesidad de avanzar hacia un modelo energético basado en fuentes más limpias y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, si bien manifiesta que dicha transición no puede abordarse de forma inmediata y que las energías renovables y los sistemas de almacenamiento no permiten, en la situación actual, responder por sí solos a las necesidades de respaldo que justifican la actuación.
En relación con la ubicación, señala que el emplazamiento inicialmente previsto en Salinetas fue modificado, trasladándose la instalación al Polígono Industrial El Goro, manteniéndose, según manifiesta el promotor, en suelo industrial y cumpliendo la normativa urbanística aplicable. Asimismo, indica que la documentación presentada analiza el nuevo emplazamiento y sus potenciales impactos y que se ha presentado el correspondiente Documento Ambiental ante la Dirección General de Calidad Ambiental para su evaluación.
5.º) Informes solicitados y respuestas recibidas.
Durante la tramitación del expediente, se ha solicitado la emisión de informe a las siguientes Administraciones, Organismos y empresas:
5.1. Ayuntamiento de Telde: se solicita emisión de informe en un plazo máximo de veinte días mediante oficio de fecha 13 de abril de 2026, con n.º de Registro General de salida 289205/2026, constando su recepción por el Ayuntamiento de Telde el mismo día, sin que conste la emisión de informe en respuesta a dicha solicitud.
5.2. Cabildo Insular de Gran Canaria: se solicita emisión de informe en un plazo máximo de veinte días mediante oficio de fecha 13 de abril de 2026, con n.º de Registro General de salida 289220/2026, constando acuse de recibo del mismo día, sin que conste la emisión de informe en respuesta a dicha solicitud.
5.3. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria: se solicita emisión de informe en un plazo máximo de veinte días mediante oficio de fecha 13 de abril de 2026, con n.º de Registro General de salida 289243/2026, constando acuse de recibo del mismo día, sin que conste la emisión de informe en respuesta a dicha solicitud.
5.4. Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias: con fecha 15 de mayo de 2026 se recibe informe técnico, que incorpora el informe emitido el 8 de mayo de 2026, relativo al nuevo emplazamiento del proyecto. El informe señala que, respecto de las carreteras de interés regional:
• La instalación se ubica en la zona industrial de El Goro, a más de 200 metros de la carretera de interés regional GC-1, en una zona ya industrializada y con otras vías entre la planta y dicha carretera, por lo que no existe afección del proyecto a la misma.
• No se presentan objeciones o apreciaciones en las cuestiones sectoriales en materia de carreteras a la ejecución del proyecto propuesto.
• Deberá evitarse y/o minimizarse la afección de los trabajos previstos al normal funcionamiento de las carreteras clasificadas como de interés regional.
• En caso de resultar necesario realizar un uso especial de dichas carreteras, deberá obtenerse la correspondiente autorización del Cabildo Insular.
Con fecha 28 de mayo de 2026, el promotor responde al informe manifestando su conformidad con el pronunciamiento favorable emitido por la Dirección General de Infraestructura Viaria.
En particular, señala que, a la vista de las conclusiones contenidas en el informe, muestra su conformidad con el pronunciamiento efectuado respecto del proyecto “Planta La Garita”, correspondiente al expediente GE25/015.
5.5. Edistribución Redes Digitales, S.L.: con fecha 22 de abril de 2026 se recibe informe de la misma fecha en el que Edistribución ratifica lo indicado en su anterior escrito de 15 de mayo de 2025 y formula las siguientes consideraciones:
• El trazado de entrada a la subestación coincide con canalizaciones existentes de cables de media tensión de distribución, por lo que, antes de la ejecución de los trabajos, deberá coordinarse con Edistribución el trazado y las servidumbres de paso, a fin de evitar afecciones a las redes existentes.
• En relación con la ampliación del edificio en la parte de 66 kV, señala que esta podría dificultar el acceso de vehículos pesados para la realización de trabajos de mantenimiento o el traslado de transformadores de potencia.
Con fecha 6 de mayo de 2026, DISA Generación, S.L.U. presenta respuesta al informe de Edistribución, manifestando, en síntesis, que el objeto del expediente GE25/015 comprende exclusivamente la tramitación de la planta de generación ubicada en las parcelas 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104 del Polígono Industrial El Goro, mientras que la infraestructura de evacuación conjunta hasta la subestación CINSA 66 kV se tramita en otro expediente cuyo promotor es GPM Generación, S.L.U.
En relación con las indicaciones formuladas por Edistribución, el promotor manifiesta que toma nota de las mismas y confirma que cualquier actuación será previamente coordinada con el equipo de Edistribución.
5.6. Red Eléctrica de España: con fecha 7 de mayo de 2026 se recibe informe, emitido el 29 de abril de 2026, en el que Red Eléctrica comunica que no presenta oposición al proyecto de la Planta La Garita-El Goro, al no existir afecciones a instalaciones de su titularidad.
No obstante, respecto de los procedimientos de acceso y conexión, señala las siguientes consideraciones:
• La información relativa a la inexistencia de afecciones a instalaciones de titularidad de Red Eléctrica resulta independiente de la necesaria resolución de los procedimientos de acceso y conexión de la instalación.
• Dichos procedimientos deberán completarse para las instalaciones que vayan a conectarse a la red, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1183/2020.
• Los correspondientes permisos de acceso y conexión constituyen condición previa para el otorgamiento de la autorización administrativa de las instalaciones de generación, conforme al artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Con fecha 15 de mayo de 2026, el promotor responde al informe de Red Eléctrica de España, manifestando su conformidad con el pronunciamiento relativo a la inexistencia de afecciones a instalaciones de titularidad de Red Eléctrica.
En relación con los procedimientos de acceso y conexión señalados por Red Eléctrica, manifiesta su compromiso de respetar la normativa vigente aplicable a dichos procedimientos.
6.º) Declaración de Interés General.
Con fecha 19 de diciembre de 2024, DISA Generación, S.L.U. presenta ante esta Dirección General de Energía una solicitud motivada para la obtención de la Declaración de Interés General de las instalaciones proyectadas, en el marco del proyecto “Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW-Planta La Garita”, expediente GE25/015, en Telde, Gran Canaria.
Mediante la Orden n.º 132/2025, de 23 de abril, la Consejería de Transición Ecológica y Energía declara el interés general del proyecto.
Posteriormente, apreciada la permanencia de las razones de excepcional interés existentes para la ejecución de las instalaciones, la Consejería de Transición Ecológica y Energía emite con fecha 17 de agosto de 2026 la Orden n.º 296/2026, por la que se modifica la Orden n.º 132/2025, de 23 de abril, incorporando la nueva ubicación de la planta y de su línea de evacuación, de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
7.º) Consultas al Ayuntamiento y Cabildo afectados de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
La Orden n.º 296/2026, de 17 de agosto, por la que se modifica la Orden n.º 132/2025, de 23 de abril, de Declaración de Interés General de las instalaciones proyectadas, es trasladada al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Telde, concediéndoles un plazo de un mes, de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, a los efectos de que informen sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor, haciéndoles saber que, transcurrido dicho plazo, se entenderá evacuado el trámite y se continuará el procedimiento. Las consultas efectuadas y los antecedentes obrantes en el expediente son los siguientes:
7.1. Ayuntamiento de Telde: se solicita emisión de informe en un plazo máximo de un mes mediante oficio de fecha 19 de agosto de 2026, con n.º de Registro General de salida 697370/2026, constando su recepción por el Ayuntamiento de Telde el mismo día, sin que conste la emisión de un informe específico en respuesta a dicha consulta.
7.2. Cabildo Insular de Gran Canaria: con fecha 24 de septiembre de 2026, se recibe respuesta del Cabildo Insular de Gran Canaria a la consulta efectuada, acompañada de los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje, de fechas 17 y 22 de septiembre de 2026, en los que se analiza la modificación del proyecto desde la perspectiva de su conformidad con el planeamiento insular.
El informe señala que la nueva ubicación de la planta se encuentra en el Polígono Industrial El Goro, en las parcelas 98 a 104 del polígono 2, ocupando una superficie de 6.337 m², y analiza su compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC22) y con el Plan Territorial Especial de Ordenación de los Corredores de Transporte de Energía Eléctrica (PTE-31).
En particular, considera que la implantación de la central de producción de energía eléctrica resulta conforme con el planeamiento insular, al encontrarse en una zona compatible con la implantación de nuevas centrales de generación y almacenamiento y dentro del ámbito contemplado por la Estrategia Insular de Ordenación Energética, sin perjuicio del cumplimiento del resto de determinaciones aplicables. Asimismo, señala que la actuación no resulta disconforme con las determinaciones estructurales del PIOGC22, salvo las restricciones que pudieran derivarse del planeamiento urbanístico.
No obstante, el informe establece que deberán observarse las determinaciones del PIOGC22 relativas a la protección de la calidad ambiental frente a la contaminación acústica, lumínica y atmosférica y, en particular, incorporarse las medidas previstas respecto del número y ubicación de las estaciones de medida de emisiones, cuya instalación y puesta en funcionamiento deberá garantizarse con carácter previo a la puesta en marcha de la actividad.
Finalmente, concluye que el proyecto, en su versión de marzo de 2026 y con la modificación de la ubicación inicialmente prevista, resulta conforme con el planeamiento insular, sin perjuicio del cumplimiento de las restantes determinaciones aplicables para la implantación de tendidos e infraestructuras asociadas a las redes de energía, de las determinaciones para la protección de la calidad ambiental y de la efectiva puesta en servicio de las estaciones de medida, así como del resultado de los informes vinculantes de otras Administraciones con competencias en la materia.
8.º) Informe de impacto ambiental.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, las actuaciones del proyecto encajan en el Anexo II, grupo 4 “Industria energética” y epígrafes a) “Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el Anexo I)” y m) “Almacenamiento sobre terreno para uso industrial de combustibles fósiles no incluidos en el Anexo I”, por lo que le corresponde una evaluación de impacto ambiental simplificada.
Mediante Resolución n.º 699/2026, de 23 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, se ha formulado el informe de impacto ambiental del proyecto “Planta de generación de emergencia de 14,8 MW, La Garita-El Goro (GE25/015)”, promovido por DISA Generación, S.L.U., en el polígono industrial El Goro, en el término municipal de Telde, Gran Canaria (expediente 34/2026-0504085233).
En el anexo del informe de impacto ambiental se establecen las siguientes prescripciones ambientales adicionales al proyecto de referencia:
1.- Fase de replanteo previa al inicio de las obras y fase de obras.
Integración paisajística y ambiental de la instalación:
Se tendrá en cuenta que los acabados y tonalidades de coloración de los exteriores de la instalación sean similares a los ya existentes en el entorno.
Patrimonio Histórico:
Comunicación previa del inicio de los trabajos: por escrito y con al menos diez días de antelación, al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria a efectos del cumplimiento de las labores de inspección que la legislación sectorial asigna a los cabildos insulares. En la citada comunicación se deberá especificar qué persona o qué empresa realizará el control arqueológico al que se hace referencia en los puntos siguientes.
Todas las actuaciones de control arqueológico continuado y a pie de obra serán llevadas a cabo por técnico con titulación y cualificación adecuada, esto es, la exigida por la normativa sectorial para la dirección de intervenciones arqueológicas, siempre en los términos dispuestos en la normativa vigente relativo al patrimonio cultural de Canarias.
A su vez será de aplicación, en todos sus efectos, lo dispuesto en la normativa vigente del patrimonio cultural de Canarias relativo a los hallazgos casuales.
Cualquier modificación de las actuaciones previstas o cualquier actuación complementaria no recogida en los documentos evaluados requerirá de una nueva valoración de la afección sobre el patrimonio histórico.
Cambio climático:
El promotor debe incorporar al proyecto técnico las recomendaciones técnicas del informe del Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental para alinearse con el cumplimiento de la normativa de aplicación respecto a la variable de cambio climático.
Biodiversidad: flora y fauna:
- Se deberá realizar una inspección de la zona previamente al comienzo de las obras por parte de un técnico especialista para descartar la existencia de nidos, lugares de cría y otros elementos del medio que puedan servir de refugio a la fauna. En caso de presencia de nidos o ejemplares de especies protegidas, debería notificarse tal situación al Cabildo de Gran Canaria para que establezcan las medidas adecuadas según la especie afectada. Para ello, se deben cumplir las siguientes determinaciones:
- Si como fruto del trabajo de inspección se detectasen especies de la flora o la fauna exóticas, siguiendo los protocolos de actuación existentes y en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria se procederá a su extracción del medio.
- Se intentará reducir al máximo que zanjas y arquetas permanezcan abiertas, para evitar la caída accidental de animales. En caso de producirse, los ejemplares encontrados con vida serán liberados en las proximidades de la obra.
- Previo al comienzo de las obras (se recomienda que con una antelación de tres meses), el promotor se deberá poner en contacto con el Servicio de Biodiversidad y Gestión de Espacios Naturales Protegidos al correo medioambienteadministrativo@grancanaria.com para que se proceda a la realización de una prospección de la parcela y a la captura y translocación de los ejemplares de reptiles que pudieran verse afectados por los movimientos de tierra.
- Además de lo anterior recomiendan tomar las siguientes medidas y cumplir con las previstas en el apartado 8.2 del Documento ambiental:
• Se deberá disponer de un operario, además del maquinista que en caso de detectar algún lagarto perenquén o lisa pueda parar la maquinaria y ahuyentar los reptiles que puedan aparecer durante los movimientos de tierra.
• Las zanjas que no hayan sido cerradas diariamente, deberán contar con sistemas de escape para posibles ejemplares de fauna que pudieran quedar atrapados.
Emisiones contaminantes durante las obras:
Durante los movimientos de tierra y con el objeto de evitar levantamiento de polvo que pueda afectar a las personas y afectar a las vías cercanas en las obras se debe disponer de camión cisterna de agua para regar por aspersión la zona de obras y las vías de acceso.
Residuos y suelo:
Deberá cumplir con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (LRSCEC), presentando la correspondiente comunicación previa como productor de residuos y cumpliendo con los requisitos de almacenamiento, etiquetado, mezcla y envasado según los artículos 20 y 21.
Se debe verificar si la actividad está incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005 sobre actividades contaminantes del suelo; de ser así, se exige un informe preliminar de situación conforme al Anexo II del citado Decreto.
Infraestructuras agrícolas y ganaderas:
Tal y como señala la Dirección General de Agricultura en principio por la distancia no se tendría que ver afectadas ni la zona agrícola ni la cabaña ganadera ni tampoco las infraestructuras de regadíos cercanas al ámbito de las obras. Por tanto, en caso de que se reporten quejas o se detecten afecciones o incidencias sobre aquellas, el promotor deberá proponer y establecer medidas encaminadas a reducir, eliminar o compensar los posibles efectos ambientales significativos, “… con el fin de proteger el suelo agrario y la actividad agrícola y ganadera presentes ...”
2.- Fase operativa.
Control de emisiones a la atmósfera:
De acuerdo a lo establecido en el documento ambiental y el estudio de dispersión de contaminantes, y que la DG de Salud avala en su informe, el promotor, de manera conjunta con la otra PGE El Goro deberá realizar durante la fase operativa un estudio específico sobre la calidad del aire utilizando modelos de dispersión de contaminantes, con especial énfasis en monitorear las concentraciones de Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Monóxido de Carbono (CO). En caso de superación de los valores establecidos, se deberán implementar acciones adicionales para reducir y mitigar el impacto… para salvaguardar la salud de las personas y asegurar en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad del aire, teniendo en cuenta la interacción de la zona con otras actividades industriales. Se deberá tener en cuenta también, la posible generación de olores asociados al almacenamiento y manejo del combustible diésel, así como a la operación de los grupos electrógenos, especialmente en relación con la población situada a menos de 2.000 m de la instalación. Como medida preventiva, se deberán mantener los sistemas de almacenamiento y distribución de combustible en condiciones óptimas de estanqueidad y realizar un mantenimiento periódico de los equipos para minimizar emisiones y molestias odoríferas.
Todo ello sin perjuicio de que la PGE La Garita-El Goro obtenga la correspondiente autorización de actividad potencialmente contaminadora, así como obligada al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero y en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, por lo que dispondrá de la correspondiente autorización, los valores límite de emisión y los sistemas de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera, todo lo cual se irá actualizando en los términos que establezca la normativa mencionada.
Control de ruidos:
Durante el funcionamiento de las instalaciones se debe verificar que los niveles de inmisión en las naves contiguas existentes hasta 100 metros de distancia de los focos emisores no superen los límites máximos admisibles por la normativa municipal y sectorial. En caso de que se reporten quejas por parte de aquellos, el promotor está obligado a tomar las medidas que oportunamente se establezcan para reducir, eliminar o compensar los posibles efectos producidos por el exceso de ruido.
3.- Seguimiento de la instalación.
Dada la temporalidad establecida para la fase de explotación de tres (3) años, antes de emitir la prórroga, el promotor entregará un informe final justificando el cumplimiento de las medidas y la documentación requerida en los apartados anteriores y recabará informe del órgano ambiental para evaluar el grado de implementación, los resultados, la eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas, o implementar nuevas, en su caso.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- La ejecución de las instalaciones contempladas en el expediente de referencia requiere de autorización administrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el resto de normativa vigente, en particular la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
II.- En relación con la garantía del suministro de energía, la normativa vigente vela por que todos los ciudadanos tengan acceso a dicho suministro en condiciones satisfactorias, garantizando que tal servicio cuente con los parámetros de calidad necesarios para que el usuario final pueda utilizar la energía en las condiciones adecuadas a sus necesidades o las de sus instalaciones, contribuyendo las instalaciones proyectadas a la consecución de tal objetivo por su contribución a la cobertura de la demanda.
III.- El Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, establece en su artículo 59 que, en los casos en que el operador de sistema ponga de manifiesto riesgos de cobertura de la demanda en el corto plazo, la comunidad o ciudad autónoma afectada deberá, en virtud de lo establecido en el artículo 7.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, solicitar al Ministerio competente el reconocimiento de las repercusiones económicas para la adopción de medidas para la garantía del suministro, con carácter previo a su adopción.
Asimismo, por orden del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se reconocerán, en su caso, las repercusiones económicas que pudieran derivarse de la adopción de estas medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de suministro para una potencia determinada, según las características técnicas y económicas aprobadas y por un periodo de tiempo determinado.
IV.- Con fecha 7 de agosto de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dictó la Orden TED/909/2025, por la que se acuerda el reconocimiento de las repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro de energía eléctrica en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
V.- De conformidad con el artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, es competencia de la Administración General del Estado determinar, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica.
VI.- Las instalaciones no serán inscritas en el registro administrativo de instalaciones de producción, no se incluirán para calcular la cobertura de la demanda y solo serán despachadas en aquellos momentos en que exista riesgo cierto para la seguridad del suministro, por lo que no requerirán las resoluciones de reconocimiento de datos técnicos o económicos reguladas en los artículos 11 y 12 del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio.
VII.- Analizadas las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública, las contestaciones formuladas por la entidad promotora y los informes emitidos por las Administraciones, organismos y entidades consultadas durante la tramitación del expediente, esta Dirección General considera que las cuestiones planteadas han sido objeto de valoración suficiente en el procedimiento, en los términos que se exponen a continuación:
1. Sobre la compatibilidad urbanística y territorial de la actuación y la ubicación de la instalación.
Las alegaciones cuestionan la ubicación de la planta y sus posibles afecciones sobre el territorio y la población, planteándose asimismo la necesidad de valorar adecuadamente la compatibilidad del nuevo emplazamiento con el planeamiento aplicable.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que el proyecto fue declarado de interés general mediante Orden n.º 132/2025, de 23 de abril, posteriormente modificada por la Orden n.º 296/2026, de 17 de agosto, con objeto de incorporar la nueva ubicación de la planta y de su línea de evacuación, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
En el marco de dicho procedimiento se efectuaron las correspondientes consultas al Ayuntamiento de Telde y al Cabildo Insular de Gran Canaria. No consta la emisión de un informe específico por el Ayuntamiento de Telde en respuesta a dicha consulta.
Por su parte, el Cabildo Insular de Gran Canaria, a través del Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje, analiza la modificación del proyecto desde la perspectiva del planeamiento insular, concluyendo que la implantación de la central resulta conforme con el planeamiento insular, sin perjuicio del cumplimiento del resto de determinaciones aplicables y de las restricciones que pudieran derivarse del planeamiento urbanístico.
El informe señala asimismo que la actuación no resulta disconforme con las determinaciones estructurales del PIOGC22, y considera compatible la implantación de la central en el ámbito analizado, sin perjuicio del cumplimiento de las determinaciones relativas, entre otras materias, a calidad ambiental y servidumbres aeronáuticas.
Por tanto, de los informes incorporados al expediente no resulta una incompatibilidad de la actuación con el planeamiento insular, sin perjuicio de las determinaciones que resulten aplicables y de los efectos derivados de la declaración de interés general y del régimen excepcional previsto en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997.
2. Sobre las emisiones atmosféricas, el ruido y las posibles afecciones sobre la población y el medio ambiente.
Las cuestiones planteadas respecto de las emisiones atmosféricas, el ruido y las posibles afecciones derivadas del funcionamiento de la instalación han sido específicamente consideradas durante la evaluación ambiental del proyecto.
La instalación ha sido sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, habiéndose formulado mediante Resolución n.º 699/2026, de 23 de septiembre, de la Dirección General de Calidad Ambiental, el correspondiente informe de impacto ambiental.
Dicha Resolución determina, a los solos efectos ambientales, que el proyecto no debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se cumplan los términos constructivos presentados, las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Documento Ambiental, el Programa de Vigilancia Ambiental y las prescripciones ambientales adicionales establecidas por el órgano ambiental.
En particular, la evaluación ambiental analiza las emisiones atmosféricas asociadas al funcionamiento de los grupos de generación y las posibles afecciones sobre la calidad del aire, así como las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento previstas para evitar o reducir los impactos derivados de la ejecución y funcionamiento de la instalación.
Asimismo, el informe emitido por el Cabildo Insular de Gran Canaria señala la aplicación de las determinaciones del PIOGC22 en materia de prevención de la contaminación acústica, lumínica y atmosférica, estableciendo la necesidad de incorporar las medidas relativas al número y ubicación de las estaciones de medida de emisiones y garantizar su instalación y puesta en funcionamiento con carácter previo a la puesta en marcha de la actividad.
Por tanto, las cuestiones ambientales planteadas en las alegaciones no han sido omitidas, sino que han sido objeto de valoración por el órgano ambiental y por los organismos competentes y quedan sometidas a las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento establecidas en el expediente.
3. Sobre los riesgos derivados del almacenamiento y utilización de propano y la seguridad de la instalación.
Las alegaciones relativas al riesgo de incendio, explosión, transporte y almacenamiento de propano y posibles efectos sobre las instalaciones y población próximas han sido igualmente consideradas en la evaluación ambiental.
El informe de impacto ambiental exige, con anterioridad al inicio de las obras, la valoración de los efectos que pudiera producir un accidente de la planta sobre las instalaciones industriales próximas y, recíprocamente, los efectos sobre la planta de un accidente producido en dichas instalaciones, considerando expresamente el posible efecto dominó.
Asimismo, exige la adopción de las medidas adicionales de seguridad que resulten necesarias, la consideración de las condiciones de accesibilidad de los servicios de emergencia, tiempos de respuesta y disponibilidad de recursos hídricos, debiendo dicha valoración obtener informe favorable de la Dirección General de Emergencias. También exige la elaboración y tramitación del correspondiente Plan de Autoprotección y el cumplimiento de las obligaciones que resulten exigibles conforme al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre.
En consecuencia, las cuestiones relativas a seguridad industrial y emergencias no quedan diferidas a una valoración genérica, sino sometidas a las condiciones específicas establecidas por los órganos competentes.
4. Sobre la necesidad de la instalación y la utilización de combustibles fósiles frente a alternativas renovables o de almacenamiento.
Las alegaciones cuestionan la necesidad y justificación de una instalación de generación basada en combustibles fósiles, considerando que deberían priorizarse alternativas basadas en energías renovables, almacenamiento u otras soluciones de gestión del sistema eléctrico compatibles con los objetivos de descarbonización.
La instalación objeto del expediente no responde a una planificación de generación ordinaria de carácter permanente, sino a las medidas temporales y extraordinarias adoptadas para garantizar la seguridad del suministro eléctrico ante los riesgos de cobertura puestos de manifiesto por el Operador del Sistema.
La necesidad de disponer de generación adicional gestionable tiene su origen en los informes de cobertura de los sistemas eléctricos de Canarias y en la declaración de emergencia energética acordada por el Gobierno de Canarias el 2 de octubre de 2023. Asimismo, mediante la Orden TED/909/2025, de 7 de agosto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconoció las repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y extraordinarias destinadas a garantizar la seguridad del suministro en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Asimismo, el informe del Operador del Sistema establece que, dado el carácter de emergencia de esta generación y su utilización limitada a situaciones en las que exista riesgo cierto para la seguridad del suministro, las instalaciones deben ser capaces de acoplar en tiempos inferiores a 20 minutos y tener un tamaño no superior a 30 MW. A fin de disponer de estas características, el citado informe determina que la generación debe corresponderse con generadores de tipo A, según la clasificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio.
En consecuencia, la finalidad de la instalación no es sustituir el desarrollo de generación renovable o de sistemas de almacenamiento, sino disponer temporalmente de potencia gestionable susceptible de ser utilizada exclusivamente cuando exista riesgo cierto para la seguridad del suministro.
5. Sobre el carácter temporal de la instalación y su posterior desmantelamiento.
También se plantea la necesidad de concretar el carácter temporal de la instalación y las condiciones relativas a su cese y posterior desmantelamiento, evitando que una instalación concebida como solución de emergencia adquiera carácter permanente.
Sobre esta cuestión, la Orden TED/909/2025 contempla estas medidas con carácter temporal, durante un periodo de tres años, sin perjuicio de las prórrogas que puedan resultar necesarias en función de las necesidades de garantía del suministro.
En coherencia con ello, la presente Resolución establece expresamente que las instalaciones de generación de emergencia estarán en funcionamiento por un plazo máximo de tres años, siendo posible su prórroga únicamente en la medida en que el mantenimiento de las medidas extraordinarias resulte necesario para garantizar el suministro eléctrico. Asimismo, las instalaciones únicamente podrán ser despachadas cuando exista riesgo cierto para la seguridad del suministro.
Por tanto, la autorización no configura la instalación como una nueva instalación ordinaria y permanente de producción, sino como una medida extraordinaria vinculada a una concreta necesidad de garantía del suministro.
En relación con el cese de la actividad y el desmantelamiento de las instalaciones, el carácter temporal de la autorización no exime al titular del cumplimiento de las obligaciones que resulten exigibles al finalizar su funcionamiento, de conformidad con la normativa aplicable y las condiciones establecidas en las autorizaciones correspondientes.
6. Sobre la evaluación ambiental y el análisis de alternativas.
Respecto de las alegaciones que sostienen que el proyecto carece de la evaluación ambiental legalmente exigible, consta que el proyecto correspondiente al nuevo emplazamiento objeto de esta autorización ha sido sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada conforme a los artículos 7 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
El procedimiento ha concluido con la Resolución n.º 699/2026, de 23 de septiembre, de la Dirección General de Calidad Ambiental, que formula el informe de impacto ambiental e incorpora prescripciones adicionales que el promotor deberá integrar, presupuestar y cumplir junto con las medidas preventivas y correctoras contenidas en el Documento Ambiental.
Por tanto, las cuestiones relativas a emisiones atmosféricas, ruido, efectos acumulativos, riesgos sobre la población, avifauna, integración paisajística y demás aspectos ambientales quedan sometidas a las determinaciones del órgano ambiental competente.
7. Sobre el cambio de ubicación de la instalación.
Durante la tramitación del expediente el promotor modificó la ubicación inicialmente prevista para la planta, trasladándola al Polígono Industrial El Goro, y procedió a actualizar la documentación técnica y ambiental correspondiente.
Con fecha 21 de febrero de 2026, DISA Generación, S.L.U. presentó la actualización del proyecto y solicitó la continuación de la tramitación de la autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y modificación de la declaración de interés general.
La nueva ubicación ha sido, por tanto, la considerada en la documentación técnica y ambiental correspondiente al proyecto objeto de la presente autorización, así como en la modificación de la declaración de interés general efectuada mediante Orden n.º 296/2026, de 17 de agosto, y en la evaluación de impacto ambiental concluida mediante Resolución n.º 699/2026, de 23 de septiembre.
Asimismo, el Cabildo Insular de Gran Canaria ha analizado específicamente la modificación de la ubicación desde la perspectiva del planeamiento insular, concluyendo en los términos anteriormente expuestos.
En consecuencia, la autorización objeto de la presente Resolución se refiere al nuevo emplazamiento de El Goro y a la documentación técnica y ambiental correspondiente al mismo.
8. Sobre los riesgos asociados a la proximidad del aeropuerto.
En relación con las alegaciones relativas a la proximidad del aeropuerto de Gran Canaria, consta en el expediente el Acuerdo favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), de fecha 21 de mayo de 2026, expediente V26-0038, aportado por el promotor el 28 de mayo de 2026, con n.º de Registro General de entrada 1156080/2026.
Mediante dicho Acuerdo, AESA autoriza la construcción de la planta de generación y la utilización de una grúa móvil, al concluir que no vulneran las servidumbres aeronáuticas establecidas para el aeropuerto de Gran Canaria-Base Aérea de Gando, con sujeción a las condiciones establecidas en el citado acuerdo.
9. Conclusión sobre las alegaciones.
En consecuencia, examinadas conjuntamente las alegaciones formuladas, las contestaciones aportadas por el promotor, el informe de impacto ambiental y los informes sectoriales emitidos durante la tramitación, no se aprecia que las cuestiones alegadas determinen la imposibilidad de otorgar la autorización administrativa solicitada, sin perjuicio del obligado cumplimiento de las prescripciones ambientales, técnicas, de seguridad y sectoriales incorporadas al expediente y de las condiciones establecidas en la presente Resolución.
VIII.- La ejecución de las instalaciones proyectadas requiere de evaluación de impacto ambiental simplificada por encontrarse incluido el proyecto en el Anexo II, grupo 4 “Industria energética” y epígrafe a) “Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el Anexo I)” y m) “Almacenamiento sobre el terreno para uso industrial de combustibles fósiles no incluidos en el Anexo I”, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
IX.- La Orden n.º 296/2026, de 17 de agosto, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, por la que se modifica la Orden n.º 132/2025, de 23 de abril, declara de interés general las obras necesarias para la ejecución de las instalaciones eléctricas de alta tensión del proyecto, incorporando la nueva ubicación de la planta y de su línea de evacuación.
Constando en el expediente informe que concluye la conformidad con el planeamiento insular del Cabildo Insular de Gran Canaria respecto del nuevo emplazamiento del proyecto y habiendo transcurrido el plazo legalmente conferido sin que el Ayuntamiento de Telde haya emitido informe específico en respuesta a la consulta efectuada tras la modificación de la declaración de interés general, concurre el supuesto previsto en los apartados 4 y 7 del artículo 6 bis de la Ley 11/1997.
En consecuencia, la autorización territorial especial se entiende otorgada y queda subsumida en la presente autorización sustantiva. Esta autorización legitima por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en el proyecto, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística y sin sujeción a licencia urbanística ni a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular, todo ello en los términos del artículo 6 bis de la Ley 11/1997.
X.- El Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias, establece que la Dirección General de Energía tiene atribuidas las competencias para la concesión de autorizaciones y la tramitación de comunicaciones previas y declaraciones responsables en materia energética, ejerciendo exclusivamente sobre las mismas las atribuciones sectoriales en materia de energía.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Otorgar la autorización administrativa de las instalaciones contempladas en el proyecto denominado “Planta de Generación con Grupos de Emergencia 14,8 MW-Planta La Garita”, revisión 6, de marzo de 2026, en el término municipal de Telde, isla de Gran Canaria, con n.º de expediente GE25/015, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y resto de normativa de aplicación.
Segundo.- El plazo máximo para presentar la solicitud de puesta en servicio de las instalaciones será de 6 meses, contados a partir de la notificación de la presente Resolución. Dicha solicitud se ajustará a los términos previstos en el artículo 14 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre.
Tercero.- La ejecución de las instalaciones se ajustará estrictamente al proyecto identificado en la presente Resolución, debiendo ajustarse a lo establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre. Cualquier modificación sustancial de las características de la instalación autorizada exigirá nueva resolución de autorización administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.5 de dicho Reglamento.
Cuarto.- Las obras se ejecutarán de conformidad con los condicionados emitidos por los organismos afectados.
Quinto.- La instalación deberá ser ejecutada por instalador o empresa instaladora en alta tensión.
Sexto.- Durante el desarrollo y ejecución de las instalaciones, se deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Séptimo.- Esta autorización se concede con los efectos previstos en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, y sin perjuicio de la obtención de cualquier otra autorización o intervención exigible por la legislación vigente cuyo otorgamiento competa a otras administraciones y organismos públicos.
Octavo.- Previo al comienzo de las obras de ejecución de las instalaciones proyectadas, el promotor constituirá las garantías necesarias, de acuerdo con la legislación vigente, asegurando las coberturas por daños que la ejecución del proyecto pudiera causar a terceros.
Noveno.- Previos los trámites legales oportunos, la Administración podrá declarar la nulidad de esta autorización si se comprobase la inexactitud de las declaraciones del solicitante que figuran en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, así como en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Décimo.- En materia de caducidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Undécimo.- Estarán en funcionamiento las instalaciones de generación de emergencia por un plazo máximo de tres años, siendo posible la prórroga en la medida en que el mantenimiento de las medidas extraordinarias resulte necesario para garantizar el suministro eléctrico.
Duodécimo.- Las instalaciones solo serán despachadas en aquellos momentos en que exista riesgo cierto para la seguridad del suministro.- En Las Palmas de Gran Canaria.- La Jefa de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario, Alejandra Rodríguez Alloza.
Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,
RESUELVO:
Primero.- Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.
Segundo.- Notificar la presente Resolución al promotor, a los organismos que informaron o debieron informar en el procedimiento y a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados por la misma.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Este recurso podrá presentarse en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del procedimiento número 7590 (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7590).
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de 2026.- El Director General de Energía, Alberto Hernández Suárez.
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