BOC - 2026/219. Martes 3 de noviembre de 2026 - 3761

III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

3761 - DECRETO 166/2026, de 26 de octubre, por el que se resuelve la discrepancia prevista en el artículo 334.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, para la ejecución del Proyecto de Implantación de Nuevo Edificio Judicial de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, a instancias de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia..

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El Proyecto de Implantación de Nuevo Edificio Judicial de Puerto del Rosario contempla la construcción de una nueva sede judicial. La actuación comprende tanto la ejecución de la edificación como la adecuación de los espacios exteriores y de las infraestructuras necesarias para garantizar su adecuada integración en el entorno urbano, así como la correcta conexión y funcionamiento del conjunto.

El nuevo edificio judicial se concibe como una infraestructura de uso administrativo destinada a concentrar en una única ubicación los distintos órganos y servicios judiciales que actualmente desarrollan su actividad en dependencias dispersas. Esta concentración permitirá mejorar la coordinación y el funcionamiento de los servicios, optimizar el aprovechamiento de los espacios y facilitar el acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia.

Resulta de aplicación el vigente Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario, aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias mediante acuerdos de 20 de mayo de 2015 y 6 de octubre de 2016, publicados en el Boletín Oficial de Canarias n.º 4, de 5 de enero de 2017, y cuya normativa fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º 12, de 27 de enero de 2017.

La actuación se proyecta en las parcelas AD-013 (uso administrativo) y EL-010 (espacio libre), situadas entre la avenida Eustaquio Juan Santana Gil (antes avenida Juan de Bethencourt) y las calles Antonio Espinosa y Lucha Canaria, y que, conforme al vigente Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario, se clasifican como suelo urbano consolidado (SUCU). La avenida Eustaquio Juan Santana Gil constituye, además, el tramo urbano de la carretera FV-10.

Sometido el citado proyecto al trámite de cooperación previsto en el artículo 19 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, mediante Decreto n.º 2026/000057, de 9 de enero, por la Concejala delegada de Obras Municipales, Urbanismo y Planeamiento del Ayuntamiento de Puerto del Rosario se resuelve “la no conformidad con la legalidad urbanística” de la actuación, toda vez que “El proyecto plantea la implantación de la edificación sobre ambas parcelas, sin respetar la delimitación del espacio libre realizada por el PGO e incluyendo la apertura de un nuevo viario en colindancia con la parcela contigua al noroeste (también calificada de uso administrativo) que no está previsto en el PGO, por lo que se determina, sin necesidad de mayor análisis, que el proyecto no es conforme con la legalidad urbanística”, y en la medida en que, además, la Ordenanza Municipal de Edificación de Puerto del Rosario (aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 29 de enero de 2018 y publicada en el BOP de Las Palmas n.º 41, de 4.4.2018), “exige (artículo 5.2) que los proyectos edificatorios afecten a una sola parcela (entendida como unidad mínima de referencia, tal como la define el artículo 13), incumpliendo el proyecto este aspecto, al no haberse acreditado la agrupación de las parcelas afectadas”.

Dada la no conformidad del proyecto con el planeamiento municipal, mediante escrito del Viceconsejero de Justicia y Seguridad se solicitó “al Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas la realización de la propuesta al Gobierno de Canarias para que proceda a la resolución motivada de las discrepancias y legitime la ejecución del Proyecto de nuevo edificio judicial en Puerto del Rosario”.

El artículo 19 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece que:

“1. Las actuaciones que se relacionan a continuación están sujetas a cooperación interadministrativa:

(…)

c) Los proyectos de construcción, edificación o uso del suelo para obras o servicios públicos de la Administración pública de la comunidad autónoma o de los cabildos insulares, aunque afecten al territorio de un solo municipio. Quedan excluidas las actuaciones de mantenimiento y conservación necesarias para el buen funcionamiento de las obras y servicios públicos.

(…)

7. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos de obras o servicios públicos de la Administración autonómica o de las islas a que se refiere la letra c) del apartado 1 de este artículo, se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 334 de esta ley”.

Y según el artículo 334, apartado 2, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:

“No están sujetos a licencia ni a comunicación previa los actos de construcción, edificación y uso del suelo, incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos de cualquiera de las administraciones públicas canarias, sujetos al régimen de cooperación previsto en el artículo 19 de esta ley. En tales supuestos, la resolución del procedimiento de cooperación legitimará por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos, siempre que el Ayuntamiento hubiera manifestado la conformidad del proyecto a la legalidad urbanística dentro del plazo de un mes, o de quince días en caso de urgencia, o hubiera dejado transcurrir tales plazos sin pronunciamiento alguno al respecto”.

Conforme el apartado 3 del citado artículo 334:

“En el caso de que el Ayuntamiento manifestara su oposición fundada al proyecto dentro de dicho plazo, la resolución motivada de la discrepancia, legitimando en su caso su ejecución, corresponderá al cabildo insular, si la promoción de la obra corresponde al propio cabildo, a entidades públicas dependientes o a cualquier administración local y en los demás casos, al Gobierno de Canarias”.

En cualquier caso, dispone el artículo 335 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que:

“No podrá otorgarse licencia urbanística o acto autorizatorio de efecto equivalente ni presentarse comunicación previa para la realización de actuaciones sujetas a autorización sectorial o título para el uso demanial sin que se acredite el previo otorgamiento de estos, de forma expresa o por silencio, cuando este opere en sentido positivo”.

Por tanto, en la resolución del procedimiento, el máximo órgano de la Administración autonómica resolverá la discrepancia planteada, con independencia de que la decisión sea favorable o no a la posición municipal, legitimando, en su caso, por sí misma, la actividad de ejecución. En consecuencia, dicha resolución, en cuanto acto administrativo que puede habilitar la ejecución de una obra, queda sometida al cumplimiento de la legislación sectorial que imponga una autorización o un informe específico como trámite previo para la realización de las actuaciones. Conforme a lo expuesto, en el presente procedimiento se requiere:

• Informe preceptivo del Cabildo Insular de Fuerteventura, en relación con los usos y obras en las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección de los tramos de carretera que discurran por suelo urbano o correspondan a una travesía, en los términos del artículo 48 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y artículo 86 del Reglamento de Carre­teras de Canarias (aprobado por Decreto 131/1995, de 11 de mayo).

• Informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre los instrumentos que ordenan físicamente el territorio y afectan a espacios sujetos a servidumbres aeronáuticas, en los términos del artículo 54 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.

• Acuerdo previo favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la ejecución de cualquier construcción, instalación o plantación, incluida la utilización de medios auxiliares de la construcción, instalación o plantación, ubicada en los espacios y zonas afectados por servidumbres aeronáuticas no acústicas, en los términos del artículo 54 bis de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y artículos 31 y 33 del Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo, por el que se regulan las servidumbres aeronáuticas de protección de la navegación aérea.

Vistos los informes del Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura, de 9 de junio y 6 de octubre de 2026, de los que resulta que “Las obras definidas en el proyecto afectan a las zonas de protección de la carretera FV-10 en su tramo urbano”, observándose que “las actuaciones mejoran lo actualmente existente, pues inciden en la mejora del drenaje de la carretera, aumento de la señalización horizontal y vertical, ejecución de nuevos bordillos, mejoras de las canalizaciones etc... antes de la instalación tanto de la señalización horizontal como vertical se deberán poner en contacto con este Servicio de Carreteras para la supervisión de la misma”, por todo lo cual se informa favorablemente el Proyecto de Implantación de Nuevo Edificio Judicial de Puerto del Rosario, sujeto al cumplimiento de las condiciones recogidas en los citados informes.

Visto el Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de servidumbres aeronáuticas, de 20 de mayo de 2026, según el cual “analizada la documentación recibida, se ha comprobado que la construcción proyectada, la grúa torre y la grúa móvil se encuentran en terrenos que están afectados por las servidumbres aeronáuticas establecidas para el aeropuerto de Fuerteventura… No obstante, los servicios técnicos de AESA han verificado que la construcción proyectada, la grúa torre y la grúa móvil no vulneran ninguna de las servidumbres aeronáuticas establecidas para el citado aeropuerto”, razón por la que se acuerda autorizar la construcción del edificio judicial, la instalación de la grúa torre y el uso de la grúa móvil condicionado a “No superar los valores de altura y elevación indicados” en el citado acuerdo.

Visto el informe de la Dirección General de Aviación Civil, de 16 de septiembre de 2026, según el cual “este Centro Directivo informa favorablemente el “Proyecto de Implantación de Nuevo Edificio Judicial”, en el término municipal de Puerto del Rosario (Las Palmas, isla de Fuerteventura), en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere, condicionado a que se modifique dicho Proyecto de Implantación de forma que se incorpore con carácter normativo el plano de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura que se adjunta como Anexo I al presente informe, y a que se incluyan con carácter normativo una serie de disposiciones en relación con las limitaciones impuestas por las servidumbres aeronáuticas y las medidas para garantizar su cumplimiento, conforme a lo que a continuación se dispone:

“Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en el ámbito del “Proyecto de Implantación de Nuevo Edificio Judicial”, en el término municipal de Puerto del Rosario, incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.), plantaciones, modificaciones del terreno u objetos fijos o móviles (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de las infraestructuras viarias, no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Fuerteventura, que vienen representadas en los planos XXX [nombre a determinar por el equipo redactor del Proyecto] de servidumbres aeronáuticas del “Proyecto de Implantación de Nuevo Edificio Judicial”. Excepcionalmente, conforme al artículo 54 ter de la Ley 48/1960 y al artículo 28 del Real Decreto 369/2023, la Dirección General de Aviación Civil podrá informar favorablemente planes e instrumentos de ordenación en los que se incluyan actuaciones que vulneren las servidumbres aeronáuticas, previa consulta al titular o gestor de la infraestructura aeronáutica o proveedor de servicios de navegación aérea e informe vinculante de AESA, en el que se acredite que no se compromete ni la seguridad ni la regularidad de las operaciones de las aeronaves.

En caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las construcciones, instalaciones o plantaciones previstas, no se generará ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ni del titular o gestor de la infraestructura aeronáutica o proveedor de los servicios de navegación aérea, salvo cuando afecte a derechos ya patrimonializados.

La ejecución de construcciones, instalaciones [postes, antenas, aerogeneradores -incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)] o plantaciones, requerirá acuerdo previo favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme al artículo 54 bis de la Ley 48/1960 y a los artículos 31 y 33 del Real Decreto 369/2023.

De conformidad con el artículo 27.9 del Real Decreto 369/2023, una vez aprobado definitivamente el “Proyecto de Implantación de Nuevo Edificio Judicial”, en el término municipal de Puerto del Rosario, se solicita se remita a la Dirección General de Aviación Civil, a la mayor brevedad posible, con el objeto de comprobar la adecuada inclusión del plano y las disposiciones que se indican en el presente informe, los cuales condicionan el carácter favorable del mismo”.

Visto que se ha incorporado a la documentación gráfica del Proyecto el plano U.04 “Servidumbres Aeronáuticas” y que, asimismo, se incluye, dentro del apartado “Propuesta urbanística”, el subapartado “Disposiciones en relación con las servidumbres aeronáuticas”, que reproduce las disposiciones establecidas en el citado informe de la Dirección General de Aviación Civil.

Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios Técnico y Jurídico-Administrativo de Planeamiento Urbanístico Oriental de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, de 2 y 7 de octubre de 2026.

Vista la propuesta del Director General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, de 13 de octubre de 2026.

Considerando, dado que el proyecto permitirá dotar a Fuerteventura de una infraestructura adecuada a las necesidades de la Administración de Justicia en la isla, que procede acordar la ejecución del Proyecto de Implantación de Nuevo Edificio Judicial de Puerto del Rosario, quedando condicionada al cumplimiento de lo establecido en los informes del Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura, de 9 de junio y 6 de octubre de 2026; el Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de servidumbres aeronáuticas, de 20 de mayo de 2026, y el informe de la Dirección General de Aviación Civil, de 16 de septiembre de 2026.

Considerando que, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos podrán ser objeto de publicación cuando así lo aconsejen razones de interés público. En el presente caso, esas razones vienen dadas por la afección que tiene el artículo 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, sobre los planes urbanísticos, que son disposiciones de carácter general y que, a su vez, también se publican en los diarios oficiales correspondientes.

En su virtud, y de conformidad con las disposiciones de general aplicación, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58.1.a) de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, y previa deliberación del Gobierno de Canarias en su reunión celebrada el día 26 de octubre de 2026,

RESUELVO:

Primero.- Resolver la discrepancia prevista en el artículo 334.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en sentido favorable y acordar la ejecución del Proyecto de Implantación de Nuevo Edificio Judicial de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, en las parcelas AD-013 (uso administrativo) y EL-010 (espacio libre), situadas entre la avenida Eustaquio Juan Santana Gil (antes avenida Juan de Bethencourt) y las calles Antonio Espinosa y Lucha Canaria, con sujeción a las siguientes condiciones:

a) En materia de carreteras (informes del Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura, de 9 de junio y 6 de octubre de 2026):

• Antes del inicio de los trabajos se deberá hacer llegar al Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura la señalización a colocar en la FV-10 para su análisis y revisión por parte de dicho Servicio.

• La profundidad de las canalizaciones, que afecten a la carretera FV-10, deberán ser tal que como mínimo la parte superior de cualquiera de ellas esté a 40 centímetros de la rasante del terreno.

• Las arquetas de las canalizaciones no deberán sobresalir por encima de la rasante del terreno y deberán disponer de una tapa de fundición con la suficiente resistencia para soportar el paso accidental de un vehículo.

• Los cruces subterráneos a realizar estarán formados por el doble de pasatubos de los necesarios de los que, al menos, la mitad deben quedar libres para futuras ampliaciones.

• La zanja necesaria para la colocación de la conducción que cruza la carretera se ejecutará por tramos parciales que ocupen, como máximo, un carril de circulación por jornadas, y no podrá iniciarse la zanja del tramo siguiente sin estar el anterior completamente terminado y en condiciones de soportar cualquier clase de tráfico.

• La profundidad mínima de la zanja en los cruces subterráneos deberán ser tal que, como mínimo, la parte superior de los pasatubos esté a 40 centímetros de la rasante de la carretera. El precorte del asfalto se realizará mediante radial.

• La zanja bajo la calzada de la carretera se rellenará en su totalidad con hormigón en masas excepto los 10 últimos centímetros que se rellenarán con aglomerado asfáltico tipo AC16 surf S o AC16 surf D, dispuesto en dos capas, compactados por medios mecánicos. En el hormigón se emplearán acelerantes de fraguado que permitan que este adquiera las características resistentes que permitan que el tráfico pase por encima antes de comenzar el tramo siguiente.

• Las juntas que se producirán en el asfalto, como consecuencia de la ejecución de la canalización subterránea, serán perpendiculares al eje de la vía, y se ejecutarán con maquinaria (tipo radial o similar) que permita ejecutar un corte recto y limpio, y que, por lo tanto, no deje irregularidades que impidan la correcta terminación de la capa de rodadura.

• En los extremos de los cruces subterráneos se ejecutarán arquetas de registro, fuera de la zona de dominio público de las carreteras.

• Los trabajos de apertura de la zanja en los márgenes de las carreteras se desarrollarán extremando las debidas precauciones para no dañar las existentes, realizándose catas para localizar las mismas.

• Las obras se desarrollarán extremando al máximo las precauciones debido a que los trabajos se desarrollarán con la carretera en servicio.

• Antes del inicio de los trabajos se deberá colocar la preceptiva señalización de obra, debiendo estar la misma ajustada, en función del tipo de actuación, a lo establecido en el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento. En este sentido, antes del inicio de los trabajos, se deberá entregar una propuesta en el Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura con la señalización a colocar en la vía de cara a avisar a los usuarios de la misma.

• Se deberá tener especial cuidado con la colocación y retirada de dicha señalización de obra y realizarse conforme a lo establecido en el punto 3.7 colocación y retirada de la señalización contenida en el citado Manual de ejemplos de señalización de obras fijas contenidos en la norma 8.3 I.C “señalización de obras”.

• Deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura la fecha de comienzo de la obra solicitada con tres (3) días hábiles de antelación como mínimo. En cumplimiento de la nueva redacción dada al artículo 12.1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, deberá comunicarse el inicio de las obras al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad autonómica o local responsable de la gestión y regulación del tráfico.

b) En materia de servidumbres aeronáuticas (Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de 20 de mayo de 2026):

• No podrán superarse los valores de altura y elevación indicados en la siguiente tabla para el edificio, la grúa torre y la grúa móvil, incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos (carteles, iluminación, etc.) o cualquier añadido sobre los mismos:

• Si es necesaria la utilización de medios auxiliares no incluidos en el acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de 20 de mayo de 2026, deberá solicitarse la correspondiente autorización de forma previa y preceptiva a su instalación.

c) Deberá remitirse el Proyecto de Implantación de Nuevo Edificio Judicial de Puerto del Rosario, una vez aprobado definitivamente, a la Dirección General de Aviación Civil, a los efectos previstos en su informe, de 16 de septiembre de 2026.

Segundo.- Ordenar paralelamente la iniciación del procedimiento de modificación del Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario, con ocasión de la primera modificación sustancial, respecto de todas aquellas determinaciones que resulten necesarias para la ejecución del proyecto objeto del presente Decreto.

Tercero.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de su notificación al Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el primero o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Dado en Canarias, a 26 de octubre de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
p.s., EL VICEPRESIDENTE
(Decreto 108/2026, de 22 de octubre,
del Presidente),
Manuel Domínguez González.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL,
COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS,
Manuel Miranda Medina.



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