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BOC-A-2026-203-3498.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de octubre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.
En cumplimiento de lo anterior,
RESUELVO:
Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el Convenio suscrito entre la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos y la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, S.R.G., cuyo texto figura como anexo a esta Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2026.- El Secretario General Técnico, Marcos Barrera González.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMOS Y LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R. (AVALCANARIAS) PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE BONIFICACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS DESTINADOS A FINANCIAR LAS INVERSIONES DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMAS, Y PARA LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS.
En Canarias, a 28 de septiembre de 2026.
REUNIDOS
De una parte, D. Manuel Domínguez González, Consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023; corrección de errores BOC n.º 140, de 18.7.2023), quien se encuentra facultado para la firma del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como en el artículo 5.2.h) y 6.d) del Decreto 81/2026, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos y se crean y se regulan el Consejo Regional de Internacionalización y el Consejo Canario de la Productividad (BOC n.º 91 de 13.5.2026).
De otra parte, D. Andrés Calvo García, titular del DNI/NIF *********, en representación de la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, S.G.R. (en adelante, “AVALCANARIAS”), con CIF n.º V76209899 y domicilio a estos efectos en calle Albareda, n.º 3, código postal 35007, de Las Palmas de Gran Canaria, y direcciones de correo electrónico info-lp@avalcanarias.es e info-tf@avalcanarias.es, en calidad de Presidente de la misma, con poder especial para ello, según consta en Escritura de elevación a público de acuerdos del Consejo de Administración de AVALCANARIAS del día 20 de diciembre de 2020, otorgada ante el Notario de Las Palmas de Gran Canaria, D. Francisco Javier Guerrero Arias, el 11 de enero de 2021, bajo el n.º 38 de su protocolo, que consta inscrita en el Tomo 2241, Folio 80, Hoja GC49494, inscripción 34.ª del Registro Mercantil de Las Palmas.
Ambos comparecientes se reconocen, de manera recíproca, plena capacidad jurídica y de obrar, así como la representación que ostentan para suscribir el presente Convenio y, a tal fin,
EXPONEN
Primero.- Que el artículo 102.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias otorga reconoce a la Comunidad autónoma: “el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión”.
La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias (en adelante CEICA) tiene a su cargo las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de promoción y diversificación económica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías (BOC n.º 138, de 15.7.2023); y en el artículo 1 del Decreto 81/2026, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos y se crean y se regulan el Consejo regional de internacionalización y el Consejo Canario de la Productividad (BOC n.º 91, de 13.5.2026).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.a) del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC n.º 140, de 18.7.2023), la Viceconsejería de Economía e Internacionalización forma parte de la estructura de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. Asimismo, conforme al artículo 1.2 del citado Decreto, dependen de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica, así como la Dirección General de Autónomos (en adelante, DGA).
La DGA, como órgano superior de la CEICA, tiene encomendadas las competencias en materia de gestión y promoción del trabajo autónomo, y las demás que se le atribuyen en el artículo 22 del citado Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda, apartado 6, del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, modificada por la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024 (BOC n.º 255, de 30.12.2023), a través de la disposición final quinta, establece, en su artículo 18.1, que el Gobierno de Canarias, a través de las Consejerías competentes en materia de empleo y economía:
a) Coordinará las políticas de apoyo al emprendimiento, a los autónomos, a las microempresas y a las pymes.
b) Promoverá la coordinación con las corporaciones locales en el ámbito del apoyo y fomento del espíritu emprendedor y el trabajo autónomo.
Segundo.- En cumplimiento del artículo 8 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como del artículo 6 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos aprobó, mediante Orden departamental de 29 de febrero de 2024 (BOC n.º 51, de 11.3.2024), su Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2024-2026.
Dicho Plan ha sido modificado por Orden de 29 de julio de 2024, que aprueba la primera modificación del PES (BOC n.º 158, de 12 de agosto); Orden de 7 de octubre de 2024, que aprueba la segunda modificación del PES (BOC n.º 208, de 18 de octubre); Orden de 18 de octubre de 2024, que aprueba la tercera modificación del PES (BOC n.º 218, de 31 de octubre), por Orden de 11 de diciembre de 2024, que aprueba la cuarta modificación del PES (BOC n.º 258, de 26 de diciembre); por Orden de 26 de diciembre de 2024, que aprueba la quinta modificación del PES (BOC n.º 261, de 31 de diciembre); por Orden de 20 de febrero de 2025, que aprueba la modificación sexta del PES, con motivo de la aplicación de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025 (BOC n.º 46, de 6 de marzo); por Orden de 30 de junio de 2025, que aprueba la modificación séptima del PES (BOC n.º 139, de 15 de julio); por Orden de 5 de agosto de 2025, que aprueba la modificación octava del PES (BOC n.º 164, de 20 de agosto); por Orden de 29 de octubre de 2025, que aprueba la modificación novena del PES (BOC n.º 222, de 7 de noviembre); por Orden de 5 de diciembre de 2025, que aprueba la modificación décima del PES (BOC n.º 250, de 18 de diciembre); Orden de 22 de diciembre de 2025, que aprueba la modificación undécima del PES (BOC n.º 3, de 7.1.2026); por Orden de 29 de diciembre de 2025, que aprueba la modificación duodécima del PES (BOC n.º 6, de 9.1.2026); por Orden de 18 de marzo de 2026, que aprueba la actualización del PES para el periodo 2024-2026, con motivo de la aprobación de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CAC para 2026, lo que supone la decimotercera modificación del Plan (BOC n.º 56, de 23 de marzo); por Orden de 17 de abril de 2026, que aprueba la modificación decimocuarta del PES (BOC n.º 84, de 4 de mayo), y por Orden de 10 de junio de 2026 (BOC n.º 125, de 24.6.2026), e incluye, en su vigente redacción, la subvención destinada a bonificar el tipo de interés de los préstamos destinados a financiar las inversiones de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas.
Muchas de estas líneas de subvenciones se gestionan directamente por los servicios y centros directivos. Sin embargo, hay otras líneas que requieren una asistencia externa en la gestión del procedimiento de concesión, entrega y distribución de fondos debido a la complejidad de la subvención, así como a la falta de medios personales.
Tercero.- Mediante Orden n.º 54, de 17 de junio de 2026, de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos (BOC n.º 127, de 26.6.2026), se aprueban las bases reguladoras por las que se regirá la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones de bonificación del tipo de interés de los préstamos destinados a financiar las inversiones de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas.
Cuarto.- Mediante Resolución n.º 16/2026, de 26 de junio de 2026, de la Dirección General de Autónomos (BOC n.º 137, de 9.7.2026), se convoca el procedimiento de concesión de las citadas subvenciones para el ejercicio 2026.
Quinto.- Las bases reguladoras prevén la designación de una entidad colaboradora para la gestión material de determinados trámites inherentes al procedimiento subvencional, así como para la recepción, entrega y distribución de los fondos públicos destinados a la amortización anticipada del principal de las operaciones financieras subvencionadas.
Por su parte, el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por esta, recogiendo el apartado 3 del mismo precepto el contenido mínimo exigible.
Asimismo, el artículo 5 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, prevé que podrán actuar como entidades colaboradoras de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias las entidades públicas o privadas que, reuniendo las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan, colaboren en la gestión de las subvenciones, participando en la entrega y distribución de los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias o coadyuvando en la realización de actuaciones de comprobación y justificación, debiendo formalizarse las condiciones y obligaciones asumidas por dichas entidades mediante el correspondiente instrumento jurídico.
Sexto.- AVALCANARIAS es una sociedad de garantía recíproca constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero de 2015, como resultado de la integración de las dos sociedades de garantía recíproca preexistentes en Canarias, SOGARTE, S.G.R. y SOGAPYME, S.G.R. La sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, hoja GC-49494, y en el Registro Especial de Sociedades de Garantía Recíproca del Banco de España con el código 9850, constando su NIF V76209899 y su domicilio social en calle Albareda, n.º 3, 35007-Las Palmas de Gran Canaria. La inscripción en el registro especial del Banco de España determina su sujeción al régimen de supervisión, información y control establecido para las sociedades de garantía recíproca.
AVALCANARIAS se rige específicamente por la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca; por el Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, relativo a las normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de estas entidades; por la Circular 5/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, sobre recursos propios mínimos y otras informaciones de remisión obligatoria, y por la Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para la elaboración, documentación y presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias resulta asimismo aplicable el Decreto 240/1998, de 18 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico-administrativo y el apoyo financiero del Gobierno de Canarias a las sociedades de garantía recíproca, modificado por el Decreto 1/2007, de 16 de enero.
Este marco jurídico somete a las sociedades de garantía recíproca a exigencias específicas de capital, recursos propios, solvencia, Fondo de Provisiones Técnicas, concentración de riesgos, inversión de recursos, contabilidad, información periódica y supervisión por el Banco de España, configurándolas como entidades financieras especializadas en facilitar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y de las personas trabajadoras autónomas.
Séptimo.- La elección de una sociedad de garantía recíproca como entidad colaboradora responde directamente a la naturaleza financiera de la línea subvencional. La ayuda no consiste en una transferencia de libre disposición a la persona beneficiaria sino en la bonificación del coste financiero de un préstamo destinado a inversión y en la posterior aplicación del importe subvencionado a la amortización anticipada de su principal. La ejecución material de la ayuda exige, por tanto, conocimiento especializado de operaciones de financiación, capacidad para identificar y verificar préstamos y sus condiciones, interlocución ordinaria con las entidades de crédito, seguimiento de operaciones financieras y trazabilidad de los fondos hasta su efectiva imputación al préstamo subvencionado.
Aunque las bases reguladoras no reservan formalmente la condición de entidad colaboradora a una sociedad de garantía recíproca, la Administración considera que esta tipología de entidad resulta especialmente idónea para las funciones concretas previstas en la convocatoria. Su objeto legal y estatutario se encuentra directamente vinculado a la financiación empresarial: otorgamiento de garantías a favor de sus socios y prestación de asistencia y asesoramiento financiero. A diferencia de una entidad de carácter meramente administrativo, asociativo o consultivo, una sociedad de garantía recíproca desarrolla de forma ordinaria su actividad dentro del circuito financiero y está sometida a requisitos prudenciales y de supervisión específicamente orientados a la gestión de riesgos y operaciones financieras.
La selección de esta tipología de entidad no supone atribuir a la sociedad de garantía recíproca potestades administrativas ni funciones decisorias. La valoración jurídica definitiva de los requisitos, la instrucción administrativa y la resolución de concesión corresponden en todo caso a la Dirección General de Autónomos. La entidad colaboradora desarrolla exclusivamente las actuaciones materiales, técnicas y financieras previstas en las bases reguladoras, la convocatoria y el presente Convenio.
Octavo.- Dentro de las sociedades de garantía recíproca existentes en España, AVALCANARIAS presenta una vinculación singular con el objeto y el ámbito territorial de la convocatoria. Es la sociedad de garantía recíproca de implantación específicamente canaria y de carácter generalista, con presencia operativa en las dos provincias canarias y orientación al conjunto del tejido empresarial y profesional del Archipiélago.
La estructura del sistema español de garantías recíprocas muestra que las restantes sociedades de carácter generalista se encuentran vinculadas territorial y operativamente a otras comunidades autónomas o áreas territoriales. Por ejemplo, la sociedad CREA S.G.R., aun teniendo ámbito nacional, presenta una especialización sectorial en los ámbitos audiovisual, cultural y creativo, deportivo, del juego y del ocio. No consta, por tanto, otra sociedad de garantía recíproca generalista con implantación propia y específica en Canarias equivalente a AVALCANARIAS para la ejecución ordinaria de una línea dirigida transversalmente a las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago.
Esta circunstancia no se fundamenta en una imposibilidad jurídica absoluta de que otra sociedad de garantía recíproca pueda realizar operaciones respecto de empresas radicadas en Canarias, sino en la inexistencia de una pluralidad efectiva de entidades que reúnan simultáneamente las características relevantes para esta colaboración: condición regulada de sociedad de garantía recíproca, carácter multisectorial, implantación y conocimiento operativo del sistema financiero canario, relaciones consolidadas con entidades de crédito que operan en las islas y experiencia en la financiación de personas autónomas y pymes de Canarias.
Noveno.- La idoneidad concreta de AVALCANARIAS se refuerza por su integración histórica en el sistema canario de garantías y por su relación institucional con la Comunidad Autónoma de Canarias. La normativa autonómica prevé un Registro de Sociedades de Garantía Recíproca de la Comunidad Autónoma de Canarias para aquellas entidades con domicilio social y ámbito de actuación en Canarias que pretendan acceder a los instrumentos de apoyo financiero del Gobierno de Canarias. AVALCANARIAS se encuentra inscrita en dicho Registro y es, en la actualidad, la única Sociedad de Garantía Recíproca canaria que figura inscrita en el mismo, con domicilio social en Canarias y ámbito de actuación en todo el espacio territorial canario, según consta expresamente en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea para el periodo 2026-2028, aprobado por Orden de 6 de febrero de 2026 (BOC n.º 33, de 18.2.2026). Asimismo, viene desarrollando actuaciones de reafianzamiento y colaboración con el Gobierno de Canarias y con el sistema financiero.
AVALCANARIAS dispone, además, de medios técnicos y humanos especializados, experiencia acreditada en la formalización y seguimiento de operaciones de financiación empresarial, presencia en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y relaciones operativas consolidadas con las entidades financieras. Tales circunstancias permiten reducir cargas de coordinación, asegurar la identificación de las operaciones subvencionadas y reforzar la seguridad, eficacia y trazabilidad en la canalización de los fondos públicos.
Por todo ello, la designación de AVALCANARIAS como entidad colaboradora responde a criterios objetivos de especialización, solvencia, eficacia, implantación territorial y adecuación funcional al objeto de la subvención, en un marco en el que no existe pluralidad de operadores de similares características, sin que la elección se base exclusivamente en su denominación o naturaleza societaria, sino en la correspondencia entre las funciones a desarrollar y las capacidades técnicas, financieras y operativas que concurren en la entidad.
Sin perjuicio de la inaplicabilidad del artículo 16.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, toda vez que la redacción introducida por la disposición final undécima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, fue declarada inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 206/2013, de 5 de diciembre, recaída en el recurso de inconstitucionalidad n.º 2691-2009, la elección de AVALCANARIAS se fundamenta asimismo en los principios rectores de la gestión subvencional recogidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
La singularidad de AVALCANARIAS no deriva de una preferencia subjetiva de la Administración, sino de la concurrencia acumulativa de características objetivas directamente vinculadas con la correcta ejecución de esta línea: su condición de entidad financiera especializada y supervisada, su carácter generalista y multisectorial, su implantación efectiva en Canarias, su conocimiento del tejido de personas autónomas y pymes del Archipiélago, su relación operativa con las entidades financieras que actúan en Canarias y su experiencia en la gestión y trazabilidad de operaciones de financiación y fondos públicos. Del análisis del sistema español de sociedades de garantía recíproca no resulta la existencia en Canarias de otro operador que reúna simultáneamente y en términos equivalentes tales condiciones, circunstancia que limita materialmente la existencia de una concurrencia efectiva entre entidades de similares características.
En el presente supuesto, la concurrencia queda materialmente condicionada por la singularidad objetiva de las funciones a desarrollar y por las características que se consideran indispensables para una gestión adecuada de la subvención.
La elección de AVALCANARIAS debe, por tanto, valorarse desde el cumplimiento material y conjunto de dichos principios, evitando una lectura aislada del principio de concurrencia que conduzca a promover trámites carentes de utilidad real cuando no existe una pluralidad efectiva de operadores comparables.
Instar un procedimiento destinado únicamente a reproducir formalmente una concurrencia inexistente no añadiría garantías materiales a la selección y, por el contrario, introduciría actuaciones carentes de utilidad efectiva, incrementaría las cargas de tramitación y demoraría la puesta en marcha de la línea de ayudas. Por ello, la designación directa de AVALCANARIAS, suficientemente motivada en su singularidad, especialización, solvencia, implantación y adecuación funcional, se considera compatible con los principios rectores de la Ley General de Subvenciones y con las exigencias de eficacia, eficiencia, simplificación administrativa y economía procedimental.
Décimo.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los artículos 12 y 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 5 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, todo ello, en el marco del Decreto 11/2019, 11 febrero, de Presidencia del Gobierno, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ambas partes consideran procedente formalizar el presente Convenio como instrumento jurídico idóneo para articular la participación de AVALCANARIAS como entidad colaboradora.
La colaboración asumida por AVALCANARIAS tiene carácter gratuito y no oneroso. La entidad no percibirá de la Consejería compensación económica, comisión, precio, tarifa ni contraprestación alguna por las actuaciones de gestión, comprobación material, interlocución financiera, recepción, custodia, canalización y distribución de fondos que asume en virtud de este instrumento.
Esta ausencia de contraprestación, unida a la existencia de un fin común de interés público consistente en facilitar la correcta ejecución de una línea de apoyo financiero a las personas trabajadoras autónomas de Canarias, determina la idoneidad del convenio como instrumento jurídico de formalización de la colaboración sin que el presente instrumento tenga por objeto prestaciones propias de un contrato del sector público al prescindir de la onerosidad.
En consecuencia, ambas partes acuerdan formalizar el presente Convenio según las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.- Objeto.
El objeto del presente Convenio es definir las relaciones entre la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos y AVALCANARIAS para la gestión de la convocatoria de subvenciones de bonificación del tipo de interés de los préstamos destinados a financiar las inversiones de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, así como para la recepción, entrega y distribución de los fondos públicos a las entidades financieras colaboradoras para su aplicación a la amortización anticipada del principal de las operaciones subvencionadas.
Segunda.- Normativa reguladora de las subvenciones y del Convenio.
Las subvenciones cuya gestión se articula mediante el presente Convenio, así como las relaciones jurídicas derivadas de la participación de AVALCANARIAS como entidad colaboradora, se regirán por la siguiente normativa:
1. En el ámbito del Derecho de la Unión Europea:
a) Artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos al régimen de ayudas otorgadas por los Estados.
b) Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, siendo de aplicación a la presente línea subvencional el límite máximo de acumulación de ayudas de minimis por única empresa durante cualquier periodo de tres años y las restantes condiciones de compatibilidad, control y seguimiento previstas en el mismo.
c) Las demás disposiciones del Derecho de la Unión Europea que resulten de aplicación en materia de ayudas de Estado, publicidad, transparencia, control financiero, seguimiento y utilización de fondos públicos.
2. En el ámbito de la legislación estatal básica:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
e) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
f) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
g) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a sus principios inspiradores y con carácter supletorio para la resolución de dudas o lagunas interpretativas.
h) Las demás disposiciones estatales que resulten de aplicación en materia de gestión subvencional, control financiero, transparencia, responsabilidad patrimonial, régimen presupuestario y control de fondos públicos.
i) Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.
j) Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, relativo a las normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de garantía recíproca.
k) Circular 5/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, a sociedades de garantía recíproca, sobre recursos propios mínimos y otras informaciones de remisión obligatoria.
l) Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para la elaboración, documentación y presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca.
3. En el ámbito del Derecho Autonómico de la Comunidad Autónoma de Canarias:
a) Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
b) Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
c) Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
d) Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
e) Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
f) Decreto 81/2026, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos y se crean y se regulan el Consejo Regional de Internacionalización y el Consejo Canario de la Productividad (BOC n.º 91, de 13.5.2026).
g) Las restantes disposiciones autonómicas de naturaleza presupuestaria, financiera, de control interno, de organización administrativa y de gestión de subvenciones que resulten aplicables.
h) Decreto 240/1998, de 18 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico-administrativo y el apoyo financiero del Gobierno de Canarias a las sociedades de garantía recíproca en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 1/2007, de 16 de enero.
4. En el ámbito de la normativa específica reguladora de la presente línea subvencional:
a) Orden n.º 54, de 17 de junio de 2026, de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos (BOC n.º 127, de 26.6.2026), por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones de bonificación del tipo de interés de los préstamos destinados a financiar las inversiones de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas.
b) Resolución n.º 16/2026, de 26 de junio de 2026, de la Dirección General de Autónomos (BOC n.º 137, de 9.7.2026), por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2026.
c) Las instrucciones, resoluciones interpretativas, criterios de gestión y demás actos administrativos que dicte el órgano gestor para la correcta ejecución de la citada línea de ayudas.
5. Régimen complementario:
Asimismo, serán de aplicación cuantas disposiciones normativas vigentes resulten procedentes en materia de subvenciones, gestión económico-financiera, control y fiscalización de fondos públicos, protección de datos personales, transparencia administrativa y responsabilidad de las entidades colaboradoras.
Tercera.- Plazo de vigencia.
El Convenio entrará en vigor desde la fecha de firma del mismo, con una vigencia de un año.
El presente Convenio será prorrogable en virtud de acuerdo expreso entre las partes, por periodos anuales, mediante adenda a formalizar antes de su finalización, a tenor de lo previsto en el artículo 6.1.e) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, dentro del límite máximo de cuatro años establecido en el artículo 49.1.h) de la Ley 40/2015.
Cuarta.- Solvencia y condiciones de seguridad financiera de la entidad colaboradora.
AVALCANARIAS deberá acreditar, con carácter previo a la efectividad del presente Convenio y durante todo el periodo de su vigencia, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.
Asimismo, la entidad colaboradora deberá mantener durante toda la vigencia del presente instrumento las condiciones de solvencia técnica, operativa, financiera y organizativa que justifican su designación, obligándose a comunicar de forma inmediata a la Dirección General de Autónomos cualquier alteración relevante que pudiera afectar a su capacidad de cumplimiento.
La Dirección General de Autónomos podrá requerir en cualquier momento la documentación acreditativa complementaria que estime necesaria para verificar la persistencia de dichas condiciones de solvencia y eficacia.
AVALCANARIAS responderá de la adecuada custodia, conservación, trazabilidad contable y correcta aplicación material de los fondos públicos que le sean anticipadamente librados por la Administración, en los términos previstos en el presente Convenio y en la normativa reguladora de subvenciones.
Quinta.- Obligaciones generales de la entidad colaboradora.
1. Son obligaciones generales de AVALCANARIAS las establecidas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que resulten de aplicación.
2. AVALCANARIAS deberá disponer de los medios humanos, materiales, tecnológicos y operativos necesarios para el correcto desarrollo de la colaboración objeto del presente Convenio.
3. Las tareas a ejecutar serán:
a) Recibir la documentación vinculada a las solicitudes en los términos previstos en las bases reguladoras.
b) Comprobar la integridad formal de la documentación aportada.
c) Verificar el cumplimiento por las personas solicitantes y beneficiarias de los requisitos establecidos en la normativa reguladora de las ayudas, tomando como referencia la documentación obrante en el expediente de aval y aquella aportada junto con la solicitud de subvención, así como efectuar cuantas comprobaciones administrativas resulten necesarias para la adecuada tramitación de los expedientes. Cuando la documentación acreditativa relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social hubiera perdido su vigencia por el transcurso del tiempo, AVALCANARIAS dejará constancia de dicha circunstancia en su informe, sin perjuicio de las comprobaciones que correspondan al órgano gestor con carácter previo a la resolución del procedimiento.
d) Emitir informe-propuesta de resolución favorable o no dirigido a la Dirección General de Autónomos, incluyendo los datos identificativos del expediente de cada solicitante, si considera acreditado o no el cumplimiento de los requisitos y, en su caso, el importe a subvencionar, todo ello, de acuerdo con las bases reguladoras y la convocatoria de la citada subvención, junto con el Anexo I cumplimentado.
e) Comprobar el cumplimiento por las personas solicitantes de los límites y requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, verificando la información disponible en los registros, bases de datos o sistemas de información que resulten procedentes y comunicando a la Dirección General de Autónomos cualquier incidencia que pudiera afectar a la elegibilidad de la ayuda.
f) Mantener la interlocución operativa necesaria con las entidades financieras.
g) Recibir en la cuenta bancaria designada al efecto los fondos públicos anticipadamente librados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, custodiar dichos fondos con plena separación contable respecto de cualesquiera otros recursos gestionados por la entidad y mantener en todo momento su perfecta identificación, disponibilidad y trazabilidad documental.
h) Proceder, previa instrucción o comunicación del órgano gestor respecto de los expedientes favorables, a la ordenación y ejecución de la transferencia individualizada del importe correspondiente a la entidad financiera titular del préstamo subvencionado, con identificación expresa del expediente administrativo, de la persona beneficiaria, del importe transferido y de la concreta operación financiera a la que deba aplicarse.
i) Recabar de la entidad financiera receptora certificación acreditativa de haber aplicado íntegramente el importe recibido a la amortización anticipada del principal del préstamo subvencionado, con indicación de la persona beneficiaria, referencia de la operación financiera, importe amortizado, fecha de aplicación y saldo vivo resultante, trasladando dicha certificación a la Dirección General de Autónomos para su incorporación al expediente administrativo.
j) Comunicar de forma inmediata a la Dirección General de Autónomos cualquier incidencia, anomalía, retraso, insuficiencia documental, error material, disfunción operativa o circunstancia sobrevenida que pudiera afectar a la correcta tramitación de los expedientes subvencionales, al traslado de los fondos públicos o a la acreditación de su efectiva aplicación.
k) Actuar en nombre y por cuenta de la Dirección General de Autónomos exclusivamente en el marco de las actuaciones materiales de colaboración previstas en el presente Convenio, sin asumir facultades resolutorias, decisorias o de valoración administrativa propias del órgano gestor, y sin que pueda encomendar a terceros, total o parcialmente, la ejecución de las funciones que le son atribuidas por este instrumento.
l) Realizar todas las actuaciones derivadas del presente Convenio con estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, confidencialidad de la información y deber de reserva, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y uso debido de la documentación e información tratada.
m) Someterse a las actuaciones de comprobación, inspección, seguimiento y control que pueda realizar la Dirección General de Autónomos dirigidas a verificar la adecuada gestión de los fondos públicos recibidos y el correcto cumplimiento de las obligaciones asumidas, así como al control financiero de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y a las actuaciones fiscalizadoras de la Audiencia de Cuentas de Canarias, del Tribunal de Cuentas y de cualesquiera otros órganos competentes.
Sexta.- Obligaciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos.
Corresponde a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Autónomos, el ejercicio íntegro de las potestades administrativas inherentes a la gestión de la línea subvencional y, en particular, las siguientes actuaciones:
a) Remitir a AVALCANARIAS copia de los expedientes administrativos de las solicitudes presentadas en el aplicativo informático de gestión de la convocatoria, ubicado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Resolver, a la vista del informe-propuesta de Aval Canarias, el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en las bases aprobadas al efecto, así como dictar cuantos actos administrativos de impulso, requerimiento, subsanación, concesión, denegación, modificación, pérdida del derecho al cobro, reintegro o cualesquiera otros resulten precisos para la correcta ordenación del procedimiento.
c) Cuando los certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social incorporados al expediente por AVALCANARIAS hubieran perdido su vigencia antes de dictarse la resolución de concesión, corresponderá a la Dirección General de Autónomos verificar nuevamente dicho requisito mediante las consultas de oficio que procedan o, en su defecto, mediante el requerimiento de la documentación correspondiente.
d) Ordenar y materializar, conforme a las disponibilidades presupuestarias existentes, el libramiento anticipado de fondos a favor de AVALCANARIAS y, en su caso, los ulteriores ajustes financieros derivados de la ejecución de la convocatoria.
e) Recibir, examinar e incorporar a cada expediente la documentación justificativa remitida por AVALCANARIAS en relación con el traslado de fondos a las entidades financieras y con la acreditación bancaria de su efectiva aplicación a la amortización anticipada del principal de las operaciones subvencionadas.
f) Remitir a AVALCANARIAS las resoluciones de concesión, denegación y/o desistimiento dictadas por la Dirección General de Autónomos, para que proceda conforme a su contenido y, en su caso, transfiera los fondos a los beneficiarios en los términos expuestos en la base reguladora octava de la Orden n.º 54, de 17 de junio de 2026.
g) Realizar el seguimiento, supervisión y control continuado del cumplimiento del presente Convenio, pudiendo requerir a la entidad colaboradora cuanta documentación, aclaración o información complementaria estime necesaria para verificar el adecuado desarrollo de las actuaciones convenidas.
h) Ejercer, en su caso, las potestades de comprobación, inspección, revisión, revocación y reintegro que correspondan conforme a la normativa reguladora de subvenciones.
i) Impulsar y mantener las actuaciones de coordinación y seguimiento con AVALCANARIAS necesarias para el adecuado cumplimiento del presente Convenio.
j) Custodiar la documentación administrativa principal del procedimiento y garantizar la adecuada conservación de los expedientes subvencionales en los términos legalmente exigibles.
Séptima.- Justificación documental del traslado y de la aplicación de los fondos públicos.
A efectos de acreditar la correcta canalización y aplicación material de los fondos públicos librados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en ejecución de las subvenciones objeto del presente Convenio, AVALCANARIAS deberá incorporar y remitir al órgano gestor, respecto de cada expediente subvencional, la siguiente documentación:
a) justificante bancario acreditativo de la transferencia efectuada por AVALCANARIAS a la entidad financiera receptora;
b) certificación emitida por la entidad financiera receptora acreditativa de la aplicación íntegra del importe transferido a la amortización anticipada del principal del préstamo subvencionado, con identificación de la persona beneficiaria, referencia de la operación financiera, importe aplicado, fecha de la amortización practicada y saldo pendiente resultante.
La documentación señalada en los apartados anteriores tendrá la consideración de justificación documental suficiente de la correcta aplicación material de los fondos públicos canalizados en cada expediente, a efectos de su incorporación al procedimiento administrativo y de su ulterior comprobación por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de verificación y control que correspondan a este respecto del cumplimiento de la normativa reguladora de las subvenciones.
Octava.- Abono de los importes de la convocatoria, régimen de entrega y destino de los fondos públicos.
1. Sin perjuicio de la posibilidad reconocida en la base reguladora novena de la Orden de 17 de junio de 2026 (BOC n.º 127, de 26.6.2026), por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones de bonificación del tipo de interés de los préstamos destinados a financiar las inversiones de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, se procederá al abono a cuenta de la subvención en cada remesa de concesión una vez formalizada la resolución de concesión por parte de la Dirección General de Autónomos, poniendo a disposición de AVALCANARIAS y con cargo a la aplicación presupuestaria 15.19.241K.470.02, Elemento PEP 154G2662, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, la cuantía indicada en la misma, sin que pueda superar un importe máximo inicial de seiscientos mil (600.000,00) euros, resultando aplicable la exoneración de constitución de garantía del artículo 38.8 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. El citado importe tendrá carácter inicial y estimado, pudiendo ser objeto de incremento, minoración, reposición o ajuste en función de las disponibilidades presupuestarias de la Dirección General de Autónomos, del grado de ejecución de la convocatoria, de la eventual ampliación del crédito destinado a la misma y de las necesidades de aplicación material de fondos que se produzcan durante la vigencia del presente Convenio.
3. Los fondos públicos librados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a favor de AVALCANARIAS tendrán la consideración de provisión anticipada de fondos afectada exclusivamente a la financiación de las subvenciones objeto del presente Convenio.
4. Dichos fondos serán ingresados en la cuenta bancaria designada por AVALCANARIAS a tal efecto, debiendo permanecer en todo momento perfectamente identificados y separados de cualesquiera otros recursos propios o ajenos gestionados por la entidad colaboradora.
5. En ningún caso los fondos públicos librados se integrarán en el patrimonio de AVALCANARIAS, de conformidad con el artículo 12.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La entidad actuará exclusivamente en nombre y por cuenta del órgano concedente para su custodia, canalización y distribución, siendo responsable de su adecuada conservación, separación contable, trazabilidad documental y aplicación conforme a las resoluciones e instrucciones emitidas por la Dirección General de Autónomos.
6. AVALCANARIAS únicamente podrá ordenar la transferencia total o parcial de los fondos disponibles a las entidades financieras titulares de las operaciones subvencionadas previa comunicación o instrucción de la Dirección General de Autónomos en relación con los expedientes que hayan resultado favorables conforme a la normativa reguladora de la convocatoria.
7. La entidad colaboradora llevará un sistema de control contable diferenciado que permita en todo momento conocer:
a) el importe global de fondos recibidos;
b) el importe aplicado a cada expediente subvencional;
c) las fechas de cada transferencia;
d) las entidades financieras receptoras;
e) los remanentes existentes y
f) cualquier incidencia producida en el circuito de fondos.
8. Los fondos remanentes no aplicados a la finalidad prevista, así como aquellos importes que deban ser objeto de regularización por cualquier causa, deberán ser reintegrados a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo máximo que se determine por la Dirección General de Autónomos o, en su defecto, al término de la vigencia del presente Convenio.
9. La incorrecta aplicación, falta de trazabilidad, indisponibilidad injustificada o utilización para finalidad distinta de los fondos públicos anticipadamente librados dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan conforme a la normativa de subvenciones y demás disposiciones aplicables.
Novena.- Coordinación y seguimiento del Convenio.
El seguimiento de las actuaciones derivadas del presente Convenio corresponderá a la Dirección General de Autónomos y a AVALCANARIAS, a través de las personas que ambas partes designen al efecto, quienes mantendrán la coordinación necesaria para asegurar el correcto desarrollo de las actuaciones previstas, resolver las incidencias que pudieran producirse y procurar la adecuada aplicación de los fondos públicos objeto de canalización.
AVALCANARIAS comunicará su designación a la Dirección General de Autónomos formalmente tras la firma del presente Convenio.
A fin de garantizar el correcto seguimiento del presente Convenio se creará una Comisión paritaria que estará integrada por la persona titular del centro directivo o en la que esta delegue y la persona representante de AVALCANARIAS designada para la coordinación de las actuaciones previstas, que se reunirá anualmente.
No obstante lo anterior, podrán celebrarse cuantas reuniones de coordinación se consideren necesarias a instancia de cualquiera de las partes, así como intercambiarse la documentación, información y aclaraciones que resulten precisas para el adecuado cumplimiento del presente instrumento.
Las discrepancias o incidencias interpretativas que pudieran suscitarse en la ejecución del Convenio serán analizadas conjuntamente por ambas partes a fin de procurar su resolución de mutuo acuerdo.
Décima.- Modificación del Convenio.
Las necesidades de modificación, ajuste o adaptación del presente Convenio que pudieran ponerse de manifiesto durante su ejecución serán analizadas conjuntamente por la Dirección General de Autónomos y AVALCANARIAS en el marco de las actuaciones de seguimiento y coordinación previstas en la estipulación novena.
Cuando de dicho análisis se concluya la conveniencia de introducir modificaciones para una mejor ejecución de las actuaciones previstas, para adaptar el contenido del instrumento a eventuales cambios normativos o procedimentales o para incorporar ajustes operativos que no alteren su objeto esencial, el Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes.
Cualquier modificación deberá formalizarse mediante la correspondiente Adenda, suscrita por ambas partes, previa tramitación de los informes y actuaciones administrativas legalmente exigibles.
Las adendas de modificación quedarán sujetas al mismo régimen de publicidad, inscripción y eficacia previsto para el presente Convenio.
Undécima.- Extinción y resolución del Convenio.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en cualquiera de las siguientes causas de resolución:
a) el transcurso del plazo de vigencia previsto sin haberse acordado su prórroga o modificación;
b) el mutuo acuerdo expreso de las partes;
c) el incumplimiento grave o reiterado por cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas en virtud del presente instrumento;
d) la imposibilidad material o jurídica sobrevenida que impida continuar con la ejecución de las actuaciones convenidas;
e) la decisión judicial firme declaratoria de nulidad del Convenio;
f) cualesquiera otras causas legalmente previstas.
En el supuesto de incumplimiento, la parte que lo advierta requerirá formalmente a la otra para que, en un plazo razonable atendiendo a la naturaleza de la incidencia detectada, proceda al cumplimiento de las obligaciones asumidas o a la subsanación de las deficiencias observadas.
Si persistiera el incumplimiento o resultara imposible su adecuada corrección, podrá acordarse la resolución del Convenio.
La resolución del Convenio por incumplimiento no generará por sí misma derecho a indemnización. No obstante, cuando el incumplimiento imputable a una de las partes hubiera ocasionado a la otra daños o perjuicios efectivos, evaluables económicamente y debidamente acreditados, podrá dar lugar a la correspondiente indemnización.
Para determinar, en su caso, la procedencia y cuantía de la indemnización se atenderá a la existencia de una relación causal directa entre el incumplimiento y el daño producido, la entidad y gravedad del perjuicio efectivamente causado, el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas, la posibilidad de reparación o subsanación y el principio de proporcionalidad.
En ningún caso tendrán carácter indemnizable los daños o perjuicios meramente hipotéticos, indirectos o no suficientemente acreditados, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente pudieran resultar exigibles en relación con la gestión, custodia, aplicación o reintegro de los fondos públicos.
La eventual extinción o resolución del presente instrumento no afectará a las actuaciones que, encontrándose ya iniciadas, deban concluirse para asegurar la correcta aplicación, justificación, regularización o reintegro de los fondos públicos anticipadamente canalizados, debiendo ambas partes adoptar las medidas de coordinación necesarias para el adecuado cierre de los expedientes en tramitación.
Duodécima.- Resolución de controversias.
Las discrepancias, dudas interpretativas, incidencias de ejecución o controversias que pudieran suscitarse entre las partes en relación con la interpretación, aplicación, cumplimiento o efectos del presente Convenio serán analizadas conjuntamente por la Dirección General de Autónomos y AVALCANARIAS en el marco de las actuaciones de coordinación y seguimiento previstas en la estipulación novena, al objeto de procurar una solución consensuada y de mutuo acuerdo.
Cuando no resulte posible alcanzar dicho entendimiento, las cuestiones controvertidas serán resueltas conforme a lo dispuesto en la estipulación decimosexta relativa a la naturaleza jurídica del presente instrumento y al orden jurisdiccional competente.
Decimotercera.- Protección de datos de carácter personal.
1. La ejecución del presente Convenio comportará el acceso y tratamiento por AVALCANARIAS de datos personales contenidos en las solicitudes, documentación administrativa, información económico-financiera y demás antecedentes obrantes en los expedientes subvencionales gestionados al amparo de la presente línea de ayudas.
2. AVALCANARIAS tendrá, a estos efectos, la condición de encargada del tratamiento respecto de los datos personales a los que tenga acceso por cuenta de la Dirección General de Autónomos, comprometiéndose a tratarlos únicamente conforme a las instrucciones de esta y exclusivamente para la finalidad derivada de la ejecución del presente Convenio.
3. AVALCANARIAS se obliga a guardar la debida confidencialidad y reserva respecto de toda la información y documentación a la que tenga acceso, no pudiendo utilizar los datos para finalidad distinta de la prevista en este instrumento ni comunicarlos, cederlos o ponerlos a disposición de terceras personas, salvo obligación legal expresa o autorización escrita de la Dirección General de Autónomos.
4. La entidad colaboradora garantizará que el personal propio que intervenga en la ejecución de las actuaciones convenidas quede expresamente sujeto al deber de sigilo profesional, confidencialidad y cumplimiento de las medidas de seguridad legalmente exigibles, respondiendo directamente de cualquier incumplimiento que pudiera producirse.
5. AVALCANARIAS adoptará cuantas medidas técnicas y organizativas resulten necesarias para asegurar la integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad y trazabilidad de los datos personales y de la documentación tratada, evitando su alteración, pérdida, tratamiento no autorizado o acceso indebido en cumplimiento del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
6. La entidad colaboradora no podrá subcontratar con terceros, operaciones de tratamiento de datos vinculadas a la ejecución del presente Convenio ni permitir el acceso de personas ajenas no autorizadas a la información obrante en los expedientes.
7. Una vez finalizada la vigencia del presente Convenio o extinguidas definitivamente las actuaciones derivadas del mismo, AVALCANARIAS deberá devolver a la Dirección General de Autónomos o destruir, según las instrucciones que esta determine, la documentación e información con datos personales que obre en su poder, sin perjuicio de aquella que deba conservarse en cumplimiento de obligaciones legales de archivo, control o fiscalización.
8. En todo lo no expresamente previsto en la presente estipulación será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en las demás disposiciones vigentes en materia de protección de datos personales.
Decimocuarta.- Publicidad, transparencia e inscripción registral.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de actividad convencional y transparencia administrativa, particularmente en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, el presente Convenio deberá ser objeto de:
a) Publicación íntegra en el Boletín Oficial de Canarias dentro del plazo legalmente establecido desde su suscripción.
b) Inscripción en el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
c) Incorporación al Portal de Transparencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en los términos legalmente procedentes.
Igualmente serán objeto de la misma publicidad e inscripción, en cuanto resulte exigible, las eventuales adendas de modificación, prórrogas, acuerdos de resolución anticipada o cualesquiera otros actos que afecten a la vigencia, contenido o eficacia del presente instrumento.
La Dirección General de Autónomos impulsará las actuaciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad, inscripción y transparencia derivadas del presente Convenio.
Decimoquinta.- Naturaleza jurídica y régimen aplicable.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en sus propias cláusulas, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias; en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Registro de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como por las restantes disposiciones que resulten de aplicación.
Asimismo, será de aplicación la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, en particular respecto de las obligaciones de publicidad activa derivadas de la suscripción del presente Convenio.
La participación de AVALCANARIAS como entidad colaboradora se realizará sin compensación económica a su favor. La colaboración es gratuita para la Administración y no genera derecho al cobro de precio, comisión o retribución por las funciones asumidas en el presente Convenio. Esta circunstancia constituye un elemento esencial de su naturaleza convencional y excluye la existencia de una relación contractual onerosa.
El presente instrumento tiene por finalidad articular la participación de AVALCANARIAS como entidad colaboradora en la gestión material, recepción, canalización, entrega y distribución de fondos públicos vinculados a la línea subvencional a que se refiere, sin constituir una relación de prestación patrimonial propia de un negocio jurídico contractual oneroso.
Decimosexta.- Orden y órgano jurisdiccional competente para resolver controversias.
Las cuestiones litigiosas que no hubieran podido resolverse de mutuo acuerdo conforme a lo previsto en la estipulación duodécima serán de conocimiento y competencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Y en prueba de conformidad, las partes lo firman electrónicamente.- El Consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez González.- El Presidente de AVALCANARIAS, Andrés Calvo García.
ANEXO I
1.- Fichero datos identificativos de la persona beneficiaria.
Este fichero consta de los datos personales de las personas beneficiarias. Deberá realizarse una tabla en un documento Excel (o equivalente) con las siguientes columnas:
- NIF.
- Nombre.
- Apellido1.
- Apellido2.
- Domicilio.
- Municipio.
- Provincia.
- Código postal.
- Población.
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