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BOC Nº 199. Lunes 5 de octubre de 2026 - 3429

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

3429 Secretaría General Técnica.- Resolución de 23 de septiembre de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación Interadministrativa entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria regulador de la disposición de los bienes necesarios, sistema de remineralización y equipos complementarios, ubicados en Puerto Naos, isla de La Palma, destinados a paliar la falta de remineralización completa en el complejo de desalación del término municipal de La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria.

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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La erupción el 19 de septiembre de 2021 del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, ocasionó una emergencia hídrica en las zonas cercanas al volcán, resultando afectados los recursos hídricos disponibles para el riego agrícola, los cuales se vieron sustancialmente mermados como consecuencia de la rotura de los canales LP-II y Dos Pinos-Barranco.

Por lo que resultó necesaria la realización de actuaciones excepcionales por parte del Gobierno de Canarias para garantizar el abastecimiento del suministro de agua de consumo domiciliaria y para el riego agrícola.

Segundo.- La producción de agua se realizó con la puesta en servicio de tres módulos de desaladoras portátiles, descritas en el anexo y denominadas como Desaladora I, Desaladora II y Desaladora III, con un volumen de producción conjunto de (7.250 m³/día), aunque las instalaciones diseñadas y construidas podrán producir 12.000 m³/día, siendo solamente necesario añadir los módulos de bastidores necesarios para pasar de los 7.250 m³/días actuales a los 12.000 m³/día.

Tercero.- Reconstruidas las conducciones necesarias en la isla de La Palma, las desaladoras están disponibles para ser utilizadas allí donde sea necesario, pues dada la temporalidad de la obra de emergencia, el Gobierno de Canarias dispuso que fueran de naturaleza portátil para tener la capacidad de hacer frente a posibles situaciones de emergencia.

Cuarto.- El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, con fecha 28 de noviembre de 2023, presenta ante la Dirección General de Aguas solicitud de bienes necesarios: depósitos para remineralización ubicados en Puerto Naos, isla de La Palma, destinados para subsanar la falta de remineralización completa en el complejo de desalación del término municipal de La Aldea de San Nicolás, isla de Gran Canaria.

Quinto.- De dicha solicitud se extrae lo siguiente:

Con fecha 23 de noviembre de 2023, este Consejo Insular ha recibido de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias inventario de equipos recuperables y que se encuentran fuera de uso, ubicados en Puerto Naos, en la isla de La Palma.

Ante dicha información, y una vez revisado el inventario, se comunica el interés de este Organismo de los siguientes elementos:

• 8 uds. depósito remineralización, de 4,3 m de altura y 2 m de diámetro, de poliéster reforzado de fibra de vidrio, actualmente anclados.

Estos equipos se podrían utilizar en el complejo de desalación del término municipal de La Aldea de San Nicolás, que actualmente no dispone de la remineralización adecuada, debido a la alta demanda de agua que se está produciendo, a la espera de poder llevar a cabo un procedimiento de contratación para ejecutar la ampliación de dicha remineralización.

Se deberá tener en cuenta que se estima un plazo mínimo de un año para poder gestionar la contratación del trabajo de desmonte y traslado de los equipos, el cual correrá a cargo del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, así como la firma del Convenio correspondiente, si procede.

A los anteriores antecedentes les son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Segunda.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que en virtud al Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, asume las competencias que en materia de planificación territorial y aguas tenía la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, salvo las competencias en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, y de conformidad con el artículo 1.1 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril, es, por tanto, el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en materia de las aguas terrestres superficiales y subterráneas, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dichas materias. Por lo cual, su Consejero está facultado para suscribir, en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, el mencionado Convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO:

Único.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación Interadministrativa entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, regulador de la disposición de los bienes necesarios, sistema de remineralización y equipos complementarios, ubicados en Puerto Naos, isla de La Palma, destinados a paliar la falta de remineralización completa en el complejo de desalación del término municipal de La Aldea de San Nicolás, isla de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 2026.- El Secretario General Técnico, Antonio Elías López Gulías.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS Y EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA REGULADOR DE LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES NECESARIOS, SISTEMA DE REMINERALIZACIÓN Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, UBICADOS EN PUERTO NAOS, ISLA DE LA PALMA, DESTINADOS A PALIAR LA FALTA DE REMINERALIZACIÓN COMPLETA EN EL COMPLEJO DE DESALACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS, ISLA DE GRAN CANARIA.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de septiembre de 2026.

De una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Miranda Medina, en calidad de Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023), actuando en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la facultad de suscribir convenios de cooperación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 96, de 1.8.1990), en su redacción actual.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Morales Méndez, en nombre del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en su condición de Presidente del mismo, facultado especialmente para este acto, en virtud de lo previsto en los Estatutos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, aprobados en Decreto 116/1992, de 9 de julio (BOC n.º 103, de 27.7.1992); el artículo 18 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, aprobado inicialmente en sesión extraordinaria el día 15 de diciembre de 2023 (BOP n.º 156, de 27.12.2023), y definitivamente en Pleno de fecha 5 de abril de 2024, así como el artículo 57.b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y asistido por el Secretario de este Organismo, D. Luis Alfonso Manero Torres, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 92.3 y disposición adicional octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el artículo 162.1 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y artículo 55 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.

INTERVIENEN

Las partes citadas, en la condición con que comparecen, se reconocen mutua y recíprocamente, con competencia y capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio de Cooperación Interadministrativa y, a tal efecto,

EXPONEN

1. Descripción de la situación.

La erupción el 19 de septiembre de 2021 del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, ocasionó una emergencia hídrica en las zonas cercanas al volcán, resultando afectados los recursos hídricos disponibles para el riego agrícola, los cuales se vieron sustancialmente mermados como consecuencia de la rotura de los canales LP-II y Dos Pinos-Barranco.

Por lo que resultó necesaria la realización de actuaciones excepcionales por parte del Gobierno de Canarias para garantizar el abastecimiento del suministro de agua de consumo domiciliaria y para el riego agrícola.

La producción de agua se realizó con la puesta en servicio de tres módulos de desaladoras portátiles, descritas en el anexo y denominadas como Desaladora I, Desaladora II y Desaladora III, con un volumen de producción conjunto de (7.250 m³/día), aunque las instalaciones diseñadas y construidas podrán producir 12.000 m³/día, siendo solamente necesario añadir los módulos de bastidores necesarios para pasar de los 7.250 m³/días actuales a los 12.000 m³/día.

Reconstruidas las conducciones necesarias en la isla de La Palma, las desaladoras están disponibles para ser utilizadas allí donde sea necesario, pues dada la temporalidad de la obra de emergencia, el Gobierno de Canarias dispuso que fueran de naturaleza portátil para tener la capacidad de hacer frente a posibles situaciones de emergencia.

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, con fecha 28 de noviembre de 2023, presenta ante la Dirección General de Aguas solicitud de bienes necesarios: depósitos para remineralización ubicados en Puerto Naos, isla de La Palma, destinados para subsanar la falta de remineralización completa en el complejo de desalación del término municipal de La Aldea de San Nicolás, isla de Gran Canaria.

De dicha solicitud se extrae lo siguiente:

Con fecha 23 de noviembre de 2023, este Consejo Insular ha recibido de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias inventario de equipos recuperables y que se encuentran fuera de uso, ubicados en Puerto Naos, en la isla de La Palma.

Ante dicha información, y una vez revisado el inventario, se comunica el interés de este Organismo de los siguientes elementos:

• 8 uds. depósito remineralización, de 4,3 m de altura y 2 m de diámetro, de poliéster reforzado de fibra de vidrio, actualmente anclados.

Estos equipos se podrían utilizar en el complejo de desalación del término municipal de La Aldea de San Nicolás, que actualmente no dispone de la remineralización adecuada, debido a la alta demanda de agua que se está produciendo, a la espera de poder llevar a cabo un procedimiento de contratación para ejecutar la ampliación de dicha remineralización.

Se deberá tener en cuenta que se estima un plazo mínimo de un año para poder gestionar la contratación del trabajo de desmonte y traslado de los equipos, el cual correrá a cargo del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, así como la firma del Convenio correspondiente, si procede.

2. Competencias de las administraciones firmantes.

Por parte del Gobierno de Canarias, es competente el Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias para la firma del presente Convenio, en virtud de lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otra parte, el Cabildo de Gran Canaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, asume determinadas competencias y funciones en materia de aguas, que ejercerá a través del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, siendo al Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, nombrado en virtud de sesión plenaria celebrada el día 24 de junio de 2023, a quien le corresponde la Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la mencionada Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, estando debidamente facultado para la firma convenios entre administraciones, en virtud del artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 6.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, en los términos en que se expresa la misma y de la legislación reguladora de los distintos sectores de la actuación pública, los Cabildos Insulares tendrán atribuida la competencia en materia de aguas.

Es competencia de los Cabildos Insulares la colaboración necesaria para la ejecución de las políticas públicas y de las infraestructuras básicas de carácter regional en el ámbito insular (artículo 13. L.4/2017). Por otro lado, los Cabildos Insulares son las entidades a las que quedan adscritos administrativamente los Consejos Insulares de Aguas, que ejercen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.c) y 10 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, competencias y funciones administrativas en materia de aguas.

El Gobierno de Canarias, según lo dispuesto en el Decreto 158/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de aguas terrestres y obras hidráulicas, es competente para ejecutar las obras de interés regional. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, en uso de la competencia que le atribuye el artículo 7.h) de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, y consciente del interés público que supone para la isla de Gran Canaria y en concreto para la comarca de La Aldea de San Nicolás, la utilización de estos equipos en el complejo de desalación de dicho termino municipal, considera conveniente y adecuado la suscripción de un convenio de cooperación interadministrativo ya que el Cabildo de Gran Canaria no cuenta con los medios materiales suficientes para ello.

3. Cooperación interadministrativa.

Los artículos 143 y 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones cooperarán al servicio del interés general de acuerdo con las técnicas que consideren más adecuadas, como la cooperación interadministrativa para la prestación de medios materiales, económicos o personales de otras Administraciones Públicas, o actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes previstas en la legislación patrimonial. En este sentido, el Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales regula la cesión temporal de uso para la puesta a disposición de otras Administraciones públicas de bienes inmuebles con el fin de destinarlos a la realización de obras.

Estas relaciones de cooperación requerirán la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios, en los que se preverán las condiciones y compromisos que se asumen.

El artículo 76.1 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma regula la autorización de ocupación de bienes y derechos demaniales, que se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas y según dispone el artículo 77.1 el otorgamiento de las concesiones se efectuará en régimen de concurrencia a excepción de algunos supuestos previstos que podrá acordarse el otorgamiento directo así como otros por circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

El artículo 123 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, establece la posibilidad de celebrar convenios con la Administración autonómica en los que se establezcan libremente instrumentos de cooperación para la consecución de fines comunes de interés público en el ámbito de sus respectivas competencias. El apartado 2 de este artículo establece que, a través de los convenios, la Administración pública de la Comunidad Autónoma y los Cabildos Insulares podrán ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad de contenido análogo.

El régimen jurídico de los convenios que se celebren se encuentra recogido, con carácter general, en el Capítulo VI del Título Preliminar de la LRJSP, que los define como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público, vinculadas o dependientes, entre sí o con sujetos privados para un fin común y los denomina convenios interadministrativos cuando se celebran entre administraciones públicas, como en el presente caso.

Estos convenios pueden servir para articular las bases de las relaciones de cooperación, esto es, de aquellas situaciones en la que dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común [140.1.c) LRJSP].

4. Consideraciones jurídicas.

El artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, atribuye a las entidades locales para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con la Constitución y las leyes, plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Las disposiciones recogidas, tanto en el artículo 79.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-, y en el artículo 109 del Real Decreto 1372/1986, de 13 junio de 1986, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-, como en los artículos 145 y ss. de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-, hacen referencia exclusivamente a la cesión gratuita de los bienes inmuebles patrimoniales a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro.

Desde la perspectiva de la normativa autonómica, en los supuestos en los que la Administración autonómica desee ceder un bien mueble a favor de otra Administración, ya sea local o insular, debemos estar a lo dispuesto en la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así el artículo 75.3 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias -LPCC-, prevé que las concesiones o autorizaciones se ajustarán a las que se establezcan por el titular de la consejería, o establecerse para supuestos concretos, y su aprobación requerirá, en todo caso, informe favorable de competente en materia de patrimonio.

En ese sentido, el artículo 77 de la mencionada norma dispone una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo y se otorgarán por tiempo determinado, y su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años.

A fin de lograr el objetivo de disponer de un sistema de remineralización adecuado en el complejo de desalación del término municipal de La Aldea de San Nicolás, que permita complementar la producción de la EDAM existente debido a la alta demanda de agua que se está produciendo, a la espera de poder llevar a cabo un procedimiento de contratación para ejecutar la ampliación de dicha remineralización.

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

Es objeto del presente Convenio establecer el marco de cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y el CIAGC para la cesión temporal de la siguiente relación de equipos e instalaciones, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias:

• Tuberías y colectores: una (1) unidad de Isométrico de remineralización, ejecutado en tubería PEAD, adecuado a la instalación, actualmente conectada, incluidos 2 colectores de agua remineralizada D=450 mm y 1 colector de vaciado de depósitos D=250 mm con su valvulería correspondiente.

• Depósitos: ocho (8) depósitos de remineralización de 4,3 m de altura y 2 m de diámetro, de poliéster reforzado de fibra de vidrio.

• Estructuras metálicas: una (1) estructura de pasarela metálica de remineralización, con tramex antideslizante, de 19,2x2,5m, incluida escalera de gato, adecuada a la instalación actual, i/isométrico.

Se adjunta anexo a este Convenio relación exhaustiva y descripción detallada de los equipos y materiales cedidos por parte del Gobierno de Canarias al CIAGC.

El sistema de remineralización de la instalación se abastece del agua producida por las plantas de ósmosis. Este sistema instalado en Puerto Naos con motivos de la emergencia consistió en lechos de calcita marca DrinTec, compuesto por 12 depósitos verticales fabricados en PRFV lacado exterior resistente a UV. Estos están diseñados para garantizar una autonomía de 30 días y un vertido mínimo si se controlan adecuadamente los turbios de purga.

Los lechos de calcita se encuentran colocados en 2 líneas de 6 tanques cada una, los cuales funcionan por gravedad con una pérdida de carga baja, la turbiedad se controla utilizando material limpio y manteniendo el caudal de alimentación constante, evitando cambios bruscos en el mismo.

Ver anexo en la página 35966 del documento Descargar

De los 12 depósitos instalados en la obra de emergencia son 8 los cedidos al CIAGC. Los 4 restantes fueron cedidos al CIA de Tenerife, a través de Resolución de 30 de julio de 2024, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, regulador de la puesta a disposición de los bienes necesarios, planta desaladora, equipos y materiales auxiliares ubicados en Puerto Naos, La Palma, destinados para atenuar el riesgo de desabastecimiento del sistema de desalinización de agua de mar de Adeje-Arona.

Los tanques cuentan con una pasarela en la parte superior para realizar la carga de calcita en los mismos. La pasarela está fabricada en acero y cuenta con un suelo de tramex.

El fin de dichas instalaciones será su incorporación en el complejo de desalación del término municipal de La Aldea de San Nicolás, que actualmente no dispone de la remineralización adecuada, debido a la alta demanda de agua que se está produciendo, a la espera de poder llevar a cabo un procedimiento de contratación para ejecutar la ampliación de dicha remineralización.

Segunda.- Obligaciones de las partes.

2.1. El Gobierno de Canarias asume, para el correcto desarrollo de este Convenio, las siguientes obligaciones:

• Poner a disposición del CIAGC, por el plazo en que esté vigente el Convenio el sistema de remineralización y equipos complementarios instalados en Puerto Naos, de forma que, según los fines propios del CIAGC, puedan paliar la falta de remineralización completa en el complejo de desalación del término municipal de La Aldea de San Nicolás, isla de Gran Canaria, entendiéndose esta cesión temporal otorgada con la suscripción del presente Convenio.

• Colaborar con el CIAGC para posibilitar un eficiente traslado e instalación de las instalaciones y equipos de referencia, prestando la colaboración técnica y administrativa que resulte precisa.

• El Gobierno de Canarias se reserva la titularidad de las instalaciones y equipos de referencia, por lo que le corresponde autorizar cualquier modificación sobre las mismas.

2.2. El CIAGC asume, además de las obligaciones propias recogidas en la normativa de aplicación, las siguientes:

• El CIAGC acepta recibir el uso de las instalaciones y equipos de referencia en el punto primero, con todas las consecuencias jurídicas inherentes a la misma.

• Presentar un informe anual relacionado con la capacidad de producción de agua y su cronograma. Este informe es necesario para monitorear los plazos debido a la naturaleza temporal de la cesión y así planificar el uso futuro de las instalaciones y equipos de referencia en función de otras necesidades en las islas.

Tercera.- Obligación económica.

El Convenio supone la asunción de la totalidad del coste económico para la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, mediante Orden n.º 245/2024, Libro 261, de 10 de octubre de 2024, por encargo a medio propio a la empresa pública Tragsa para desmontaje y desmantelamiento de las instalaciones de las plantas desaladoras portátiles de emergencia, en la localidad de Puerto Naos, isla de La Palma.

El presente Convenio conlleva las siguientes obligaciones de contenido económico:

1. Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas:

Este Convenio supone el coste del 100% que será soportado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

2. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria:

Este Convenio no supone ningún coste para el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

Cuarta.- Vigencia y prórroga.

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y su duración será de cuatro (4) años prorrogables por otros cuatro (4) años. La prórroga ha de ser acordada por las partes antes de la finalización del plazo previsto del Convenio.

Quinta.- Modificación y resolución del Convenio.

Cualquiera de las partes podrá promover la revisión del Convenio para incorporar aspectos no previstos, modificarlo o ampliarlo en su alcance y contenido, dentro de los límites de la normativa, debiendo comunicarlo con un plazo mínimo de antelación de dos meses. Las posibles modificaciones acordadas de forma unánime por los firmantes deberán formalizarse mediante la suscripción de la correspondiente adenda, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para su aprobación inicial.

El presente Convenio se extinguirá por terminación de su plazo o si concurriesen las causas de resolución a que se refiere el artículo 83 de la Ley 6/20006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que le sea de aplicación.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio en los términos previstos en la cláusula tercera.

b) El acuerdo unánime de los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

d) Si los bienes cedidos no fuesen destinados al fin o uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejaran de serlo posteriormente, se incumplieran las cargas o condiciones impuestas, o llegase el término fijado, se considerará resuelta la cesión, y revertirán los bienes a la Administración cedente. En este supuesto, será de cuenta del cesionario el detrimento o deterioro sufrido por los bienes cedidos, sin que sean indemnizables los gastos en que haya incurrido para cumplir las cargas o condiciones impuestas.

En los casos c) y d), cualquiera de las partes podrá requerir a la parte incumplidora para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo efectuó notificará la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados.

a) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

b) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en las leyes.

c) Por denuncia de cualquiera de las partes, formalizada por escrito, con al menos un mes de antelación.

En caso de resolución del Convenio, las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos compromisos hasta la fecha en que esta se produzca. Los efectos de la resolución se adecuarán a lo establecido por el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de lo establecido anteriormente para los casos de incumplimiento.

Sexta.- Comisión Mixta de Seguimiento.

En cumplimiento del artículo 7.n) del Decreto 11/2019, se crea una Comisión de Seguimiento que estará formada por cuatro (4) vocales, dos en representación de cada Administración firmante, sin perjuicio de que se hagan acompañar de los asesores que crean oportunos en cada momento.

Serán representantes de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas:

El Director General de Aguas.

El Jefe de Servicio del Área de Aguas.

Serán representantes del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria:

El Consejero/a del Cabildo Insular de Gran Canaria responsable en materia de aguas.

La Gerencia del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

La Presidencia corresponderá a uno de los representantes de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

La Secretaría de la Comisión será desempeñada por un/a funcionario/a, designado/a por cada una de las Administraciones firmantes. Será Secretario/a titular la persona designada por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, y suplente la persona designada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Las funciones de este órgano serán:

• Competencias: corresponderá a la Comisión coordinar la actuación de las partes firmantes, impulsar la tramitación de los expedientes, el seguimiento de las actuaciones del Convenio, resolver las incidencias que se planteen, resolver las dudas o cuestiones que se planteen en la interpretación y cumplimiento del mismo, y garantizar el intercambio de información, proponiendo los acuerdos que proceda adoptar por los órganos competentes de cada Administración, previa emisión de los informes necesarios y tramitación del correspondiente procedimiento.

• Actas: de cada sesión de la Comisión se levantará acta por el/la Secretario/a, que será aprobada, si procede, en la siguiente sesión que la Comisión celebre.

• Lugar de celebración: las sesiones de la Comisión se celebrarán en el lugar que en cada caso designe la Presidencia. La Comisión se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como telemática. En las sesiones que se celebren de forma telemática, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos tales como los telefónicos y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones y el momento en que estas se producen.

Con el fin de agilizar las comunicaciones entre las Administraciones firmantes, así como de realizar un seguimiento de la ejecución del Convenio y una evaluación periódica que permita valorar la conveniencia de continuar con la relación pactada, cada parte firmante designará personal encargado de sus respectivos expedientes, que mantendrá contactos de forma regular entre sí, para informar sobre la efectiva realización de las obligaciones y tareas asumidas.

Régimen de adopción de acuerdos: la Comisión adoptará sus acuerdos, como regla general, por mayoría de los miembros presentes. De dichos acuerdos se dará debida cuenta a los órganos de gobierno de las respectivas Administraciones para su toma de conocimiento y, en caso de que sea necesario, para su aprobación definitiva.

Periodicidad de las sesiones: la Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, por convocatoria de su Presidente, y, al menos, una vez durante la vigencia del presente Convenio.

Los miembros de la Comisión podrán asistir a las sesiones que se convoquen acompañados de personal técnico si lo consideran necesario para contar con algún tipo de asesoramiento especializado.

De la Comisión darán cuenta del resultado de su gestión a las respectivas partes firmantes.

El funcionamiento de la Comisión, en todo lo no previsto por este Convenio, se regirá por las normas establecidas para el funcionamiento de los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima.- Publicidad.

Este Convenio será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de la publicación que deba realizarse en la sede electrónica y página web de cada institución, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, así como la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

Octava.- Protección de datos.

De acuerdo con la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, las partes se informan mutuamente de que los datos recabados en el presente Convenio serán tratados por la parte contraria, en calidad de Responsable del tratamiento, y realizar los trámites administrativos y gestiones operativas inherentes al mismo, en base a la ejecución de un acuerdo. Los datos serán conservados durante la vigencia del Convenio y posteriormente durante los plazos aplicables que resulten aplicables, y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como los demás que la normativa de protección de datos reconoce, dirigiendo un email a la parte correspondiente. Asimismo, en caso de no estar conforme con el tratamiento, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Cada una de las partes se compromete a respetar las obligaciones que en materia de protección de datos de carácter personal se deriven del cumplimiento de la normativa vigente y a la colaboración con las restantes partes en el cumplimiento de las mismas, formalizando a dichos efectos los acuerdos que resulten necesarios.

Novena.- Naturaleza y régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el apartado 2 de su artículo 6. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de los principios de la citada norma para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, según dispone su artículo 4.

En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

Las partes interpretarán, desarrollarán y ejecutarán el contenido del presente Convenio teniendo en cuenta los fines que con el mismo se persiguen, comprometiéndose a resolver de buena fe y común acuerdo todas las cuestiones que puedan surgir en relación con su interpretación y ejecución.

En defecto de acuerdo cualquiera de las partes podrá recabar la tutela de los Tribunales. A tales efectos para cualquier divergencia o litigio que pueda surgir o derivarse de este Convenio, las partes se someten voluntariamente a la jurisdicción contencioso-administrativa de los Jueces y Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.

Se adjunta anexo con material cedido.

Y las partes, en prueba de conformidad con lo pactado en el presente Convenio, lo firman de forma electrónica por duplicado ejemplar y a un solo efecto.- El Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda Medina.- El Presidente del CIAGC, Antonio Morales Méndez.

ANEXO

Ver anexo en las páginas 35972-35981 del documento Descargar

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