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BOC-A-2026-192-3329.
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Vistos los preavisos de huelga presentados el 14 de septiembre de 2026 por la organización sindical Docentes de Canarias-INSUCAN y por el Sindicato Independiente Nacional de Desarrollo e Innovación, que afectan al personal docente funcionario y laboral docente dependiente de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias; estando convocada la huelga promovida por Docentes de Canarias-INSUCAN para el día 24 de septiembre de 2026, y la promovida por el Sindicato Independiente Nacional de Desarrollo e Innovación para los días 24 y 25 de septiembre de 2026, procede determinar los servicios mínimos necesarios para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, conforme a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 14 de septiembre de 2026, la organización sindical Docentes de Canarias-INSUCAN presentó preaviso de huelga que afecta al personal docente funcionario y laboral docente de los centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias. La huelga se convoca para el día 24 de septiembre de 2026, iniciándose a las 00:00 horas y finalizando a las 24:00 horas de dicha jornada.
Segundo.- Con fecha 14 de septiembre de 2026, el Sindicato Independiente Nacional de Desarrollo e Innovación presentó preaviso de huelga que afecta igualmente al personal docente funcionario y laboral docente dependiente de la citada Consejería. La huelga se convoca para las jornadas completas de los días 24 y 25 de septiembre de 2026, desde las 00:00 horas del día 24 hasta las 24:00 horas del día 25, comprendiendo la totalidad de la jornada laboral, lectiva y no lectiva, incluidos los turnos de tarde y noche de los centros que los tengan, bajo la modalidad de cese total de la actividad sin ocupación del centro de trabajo.
Tercero.- El servicio público educativo constituye un servicio esencial para la comunidad, por lo que resulta necesario conciliar su mantenimiento con el ejercicio del derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, mediante el establecimiento de los servicios mínimos indispensables para garantizar la prestación de dicho servicio esencial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 15.c), por el que se reconoce a los Empleados Públicos “Derecho al ejercicio de la huelga con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Segundo.- El Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece que el derecho de huelga del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se entenderá condicionado a que se mantengan los servicios esenciales en los distintos centros y dependencias de la misma, facultando a los titulares de las diversas Consejerías del Gobierno de Canarias para que, oído el Comité de Huelga, en su caso, los representantes del personal determinen los servicios mínimos necesarios y el personal preciso para asegurar la prestación de los mismos en el ámbito de sus respectivos Departamentos.
Tercero.- El Decreto 89/1988, de 13 de mayo, de declaración de servicios esenciales en el Archipiélago Canario en materia de educación y en centros docentes públicos no universitarios dependientes de la actual Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, por el que se adoptan las medidas que aseguren el establecimiento de los servicios mínimos correspondientes.
Cuarto.- Sostiene el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 19 de enero de 1988, que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa está facultada para acordar las medidas necesarias en orden a asegurar, de forma tal que el ejercicio del derecho de huelga no menoscabe los intereses sociales, el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, como límite del derecho de huelga que recoge el artículo 28.2 de la Constitución, debiendo entenderse como tales servicios mínimos, los racionalmente necesarios para que la comunidad o cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales o esenciales para la misma, habiendo declarado el Tribunal Constitucional, en Sentencias de 8 de abril de 1981 y de 24 de abril de 1986 que “el derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes o servicios, cede cuando con ello se ocasiona, o se puede ocasionar, un mal más grave que el que los huelguistas experimentan si su reivindicación o pretensión no tuviere éxito”, de donde se infiere que al tomarse las medidas de garantía para los ciudadanos, hay que conjugar el interés general y el de los trabajadores, de tal suerte que aquel no haga inane el derecho de estos, ni el de los trabajadores, al ejercitarse, distorsione aquel de la comunidad.
Quinto.- Asimismo, como se desprende de las Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981 y de 5 de mayo de 1986, en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquella repercute.
En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en sus Sentencias n.º 11, n.º 26 y n.º 33/1981, n.º 51/1986 y n.º 27/1989 ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal n.º 43/1990, de 15 de marzo.
De lo anterior resulta la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que “exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables”.
Sexto.- La Sentencia n.º 166/2003, de 27 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dispone que en relación a la exigencia de motivación, “ya esta Sala se ha pronunciado en un asunto semejante al aquí enjuiciado en su Sentencia de 15 de septiembre del año 2000 donde se recogía la doctrina jurisprudencial recogida en la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 8/1992, de 16 de enero, que estableció que en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, deberá ponderarse la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, teniendo en cuenta las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes protegidos constitucionalmente sobre los que repercute aquella” (Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 26/1981).
Además, la decisión debe estar motivada, y la motivación debe exteriorizarse de tal manera que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho es restringido, en la forma y con el alcance con el que lo ha sido, así como los intereses prevalentes que se trata de proteger con ello [Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 26/1981 (RTC 1981, 26)].
Séptimo.- La doctrina del Tribunal Constitucional, en relación con las normas reglamentarias que fijen servicios mínimos es recogida en la Sentencia de dicho Alto Tribunal n.º 8/1992, de 16 de enero, en la que, entre otros, se expresa el siguiente criterio a tener en cuenta: “la decisión debe estar motivada, debiendo la motivación exteriorizarse de tal manera que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho es restringido, en la forma y con el alcance en que lo ha sido, y los intereses que se trata de proteger con ello, exigiéndose, en definitiva, la motivación de los actos de restricción de los derechos y la proporcionalidad de las medidas adoptadas”.
De conformidad con la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se recoge la más amplia jurisprudencia constitucional, otro de los criterios a tener en cuenta en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, en el ámbito de la educación, tanto en los centros educativos como en los servicios centrales, es el que obliga a ponderar la extensión -territorial y personal- de la misma, debiendo existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos, por cuanto se entiende que el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga solo hasta extremos razonables, sin que el ejercicio del derecho a la huelga ocasione o pueda ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren, y que deba afrontar la comunidad entera, como destinataria de tales servicios esenciales.
En cumplimiento de tal exigencia de motivación cabe destacar que la determinación de los servicios mínimos, en las referidas convocatorias de huelga, se fundamenta en el hecho de que la huelgas anunciadas inciden directamente en la prestación de un servicio público esencial, el educativo (así lo consagran la exposición de motivos y el artículo 2 del Decreto autonómico 89/1988, de 13 de mayo, de declaración de servicios esenciales en el Archipiélago Canario en materia de educación y en centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes), estrechamente vinculado al derecho fundamental a la educación (artículo 27 de la Constitución Española), carácter fundamental sobre el que, dada su obviedad, se estima innecesaria una más amplia disquisición teórica.
Octavo.- Así, el seguimiento de las huelgas convocadas sin la determinación de una prestación mínima de tal servicio público podría generar graves perjuicios al interés general, entendido este como el derecho de la comunidad educativa a recibir correctamente el servicio público esencial de la educación.
Por ello, se estima que esa lesión al interés general subsume las convocatorias antedichas en el supuesto consagrado en el artículo 3 del Decreto 89/1988, de 13 de mayo, mencionado, convirtiendo en esencial la correcta prestación del servicio público de la educación, por incidir directamente en la actividad educativa necesaria para garantizar en ese periodo el derecho a la formación de los alumnos, de conformidad con el artículo 2.a) del mismo Decreto.
Noveno.- Visto lo anteriormente expuesto, es obvio que las huelgas anunciadas inciden directamente en la prestación de un servicio público esencial, el educativo, estrechamente vinculado al derecho fundamental a la educación, por lo que se hace necesario determinar los servicios mínimos a cumplir y el personal docente funcionario y laboral adscrito a esta Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, que deberá atender los mismos durante la huelgas convocadas, siendo competencia de este Departamento, en el contexto de la Administración Autonómica, el aseguramiento de la tutela, el cuidado, la docencia y la evaluación debidos para con el alumnado de los diferentes centros educativos.
Las convocatorias de huelga anunciadas afectarán a la totalidad de la red de centros docentes públicos dependientes de esta Consejería.
En este sentido, la determinación de servicios mínimos establecida en el anexo no pretende ni se acerca, siquiera, a garantizar el funcionamiento normal del servicio, sino meramente trata de reducir o paliar la lesión que, al servicio público esencial educativo, las huelgas convocadas infligen, y en relación con unos centros en los que las funciones de la Administración educativa se extienden no solo al ámbito de la enseñanza, sino también al de la tutela, cuidado del alumnado y demás circunstancias concomitantes.
De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de las competencias conferidas en los artículos 29.1.m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el artículo 5 y siguientes del Decreto 84/2024, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y el artículo 2 del anteriormente citado Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
RESUELVO:
Primero.- Determinar los servicios mínimos que deberán cumplirse por el personal funcionario y laboral docente de los centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, con motivo de las huelgas convocadas para los días 24 y 25 de septiembre de 2026, de acuerdo con lo previsto en el anexo de la presente Orden, en los siguientes términos:
a) El día 24 de septiembre de 2026, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, con motivo de las huelgas convocadas por la organización sindical Docentes de Canarias-INSUCAN y por el Sindicato Independiente Nacional de Desarrollo e Innovación.
b) El día 25 de septiembre de 2026, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, con motivo de la huelga convocada por el Sindicato Independiente Nacional de Desarrollo e Innovación.
Los servicios mínimos determinados serán de aplicación durante la totalidad de las jornadas de huelga indicadas, en los términos establecidos en el citado anexo.
Segundo.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias y en la web de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.
Tercero.- Remitir la presente Orden a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.
Además, contra la misma cabrá interponer el recurso para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contemplado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre de 2026.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES,
Hipólito Alejandro Suárez Nuez.
ANEXO
SERVICIOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ PRESTAR EL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES CON MOTIVO DE LAS HUELGAS CONVOCADAS PARA LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
Centros Educativos afectados por la declaración de huelga:
Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP), Centros de Educación Obligatoria (CEO), Instituto de Formación Profesional Agraria (IFPA), Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), Centros de Educación de Personas Adultas a Distancia (CEAD), Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo Pesquero (IFPMP), Escuelas de Arte (EA), Escuelas de Arte y Superior de Diseño (EASD), Centro de Educación en Línea (CEL):
1 Cargo Directivo.
1 Profesor o profesora por cada 9 grupos.
Escuelas Oficiales de Idiomas y Conservatorios de Música:
1 Cargo Directivo.
Centros de Infantil y Primaria, Colectivo de Escuelas Rurales y Aulas Adscritas a otros centros:
A) Centros de hasta 6 grupos: 1 Cargo Directivo. 1 Profesor o profesora.
B) Centros de más de 6 grupos: 1 Cargo Directivo. 1 Profesor o profesora por cada 6 grupos.
Residencias escolares ordinarias:
1 Cargo Directivo.
El 25% de la plantilla docente.
Residencias escolares específicas y Centros de Educación Especial:
1 Cargo Directivo.
El 50% de la plantilla docente.
Centros de profesores:
Director o Directora.
Procurando alcanzar el consenso entre los trabajadores y trabajadoras, las Direcciones de los diferentes centros educativos mencionados determinarán nominativamente el cargo directivo y profesorado que deberán desarrollar estos servicios mínimos.
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