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BOC-A-2026-187-3271.
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Examinada la propuesta de la Jefatura del Servicio de Promoción Privada, de 1 de julio de 2026, relativa a la aprobación de la bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas al Bono Alquiler Joven para facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a personas jóvenes con escasos medios económicos, convocatoria 2026, y con base en los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El colectivo de las personas jóvenes ha tenido que hacer frente, en los últimos años, a un progresivo endurecimiento de las condiciones de acceso a la vivienda, marcado por un incremento sostenido de los precios, tanto en el mercado de compraventa como en el de alquiler. Esta tendencia ha supuesto una barrera significativa para su emancipación y para la posibilidad de establecerse de forma autónoma y duradera.
En este contexto, es relevante señalar que, de conformidad con el informe elaborado por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), correspondiente al segundo semestre de 2025, se pone de relieve un agravamiento sustancial de la situación, al constatar que la tasa de emancipación juvenil se situó en el 14,5%, constituyendo el peor dato registrado para un segundo semestre desde el inicio de la serie histórica, lo que se traduce en 48.513 personas jóvenes menos residiendo fuera del hogar familiar en comparación con el año anterior.
A finales de 2025, el alquiler de una vivienda libre alcanzaba ya un precio medio de 1.176 euros mensuales, representando un esfuerzo del 98,7% del salario de una persona joven asalariada, circunstancia que evidencia, de facto, la inviabilidad de la emancipación en solitario. Incluso en términos de unidad de convivencia, el esfuerzo económico requerido (45,3%) superaba ampliamente el umbral del 30% recomendado por organismos internacionales. Asimismo, el alquiler de habitaciones, con un coste mediano de 400 euros, excedía igualmente dicho límite.
A este contexto se suma que, a pesar del incremento real del 1,7% en los salarios de las personas jóvenes, la mejora resulta claramente insuficiente para revertir las dificultades estructurales de acceso a la vivienda. En este sentido, únicamente el 25,2% de las personas jóvenes ocupadas residían fuera del hogar familiar, lo que implica que casi tres de cada cuatro personas jóvenes con empleo no habían logrado emanciparse.
Por su parte, el Barómetro del primer trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler -organismo impulsado por la Fundación Alquiler Seguro-, el mercado del alquiler en España continúa caracterizándose por un acusado desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que sigue ejerciendo una presión sostenida al alza sobre los precios. En este periodo, la denominada presión de la demanda -medida como el número de personas interesadas en una vivienda en un plazo de diez días- alcanzó una media de 141 potenciales inquilinos por inmueble, frente a los 112 registrados en el mismo trimestre del año anterior, evidenciando un incremento significativo de la competencia en el acceso a la vivienda en alquiler.
El precio medio del alquiler en España se situó en 1.205 euros mensuales, lo que representa un aumento interanual del 5,1% respecto a los 1.146 euros del primer trimestre de 2025. Aunque se observa una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento en comparación con ejercicios previos, la tendencia alcista sigue siendo generalizada. En el caso de Canarias, los precios se mantienen igualmente en niveles elevados, con una media de 1.158 euros en la provincia de Las Palmas y de 1.111 euros en la de Santa Cruz de Tenerife, consolidando así la tensión estructural del mercado arrendaticio en el archipiélago.
En este contexto, los datos expuestos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar y dar continuidad a los mecanismos de apoyo que facilitan el acceso de las personas jóvenes a la vivienda. En particular, las ayudas y programas específicos dirigidos a este colectivo se configuran como herramientas clave para hacer frente a las dificultades señaladas y favorecer los procesos de emancipación. De este modo, su impulso y mantenimiento resultan especialmente relevantes en el actual escenario del mercado residencial.
Segundo.- El Instituto Canario de la Vivienda es un organismo autónomo creado por la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, para la gestión de las competencias que en materia de vivienda tiene atribuida la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tercero.- Con fecha 19 de enero de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, en el que, además de contemplar diferentes programas de ayudas para facilitar el acceso al mercado de alquiler de vivienda, se crea y regula el denominado Bono Alquiler Joven, con el que se pretende impulsar el acceso de la población joven a la vivienda en alquiler así como contribuir al reto demográfico mediante acciones diversas que impidan, entre otras, la despoblación, el envejecimiento, la dispersión territorial, las migraciones, la caída de la fecundidad y la baja natalidad, etc.
El Bono Alquiler Joven se diseña como una ayuda de 250 euros mensuales para las personas jóvenes que no superen los 35 años de edad con objeto de facilitar su emancipación. Se trata de una ayuda total de 6.000 euros repartida en 24 mensualidades con la que se pretende facilitar la emancipación de este colectivo, así como contribuir a evitar o, cuanto menos, ralentizar el reto demográfico.
Corresponde a los órganos competentes de las comunidades y ciudades autónomas la ordenación, instrucción, tramitación y resolución de los procedimientos de concesión de las ayudas del Bono Alquiler Joven, así como la gestión de su abono una vez se haya reconocido por dichas administraciones el derecho de las personas beneficiarias a obtenerlo dentro de las condiciones y límites establecidos en el citado Real Decreto.
A estos efectos, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana transferirá a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla los fondos para atender a la ayuda del Bono Alquiler Joven con las dotaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Cuarto.- Con fecha 14 de diciembre de 2023 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Tenerife para la realización de actuaciones en materia de vivienda, en ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 (BOC n.º 3, de 4.1.2024).
Quinto.- Con fecha 5 de junio de 2024 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Lanzarote (ahora Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa), para la realización de actuaciones en materia de vivienda, en ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 (BOC n.º 121, de 21 de junio).
Sexto.- Con fecha 5 de agosto de 2025 se suscribió el Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Lanzarote (ahora Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa), para canalizar fondos insulares al Bono Alquiler Joven en favor de la juventud de la isla (BOC n.º 166, de 22 de agosto).
Séptimo.- Con fecha 18 de diciembre de 2025 se suscribió un Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para canalizar fondos insulares en líneas de ayudas convocadas por el Organismo autónomo dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda en la isla.
Octavo.- Con fecha 30 de junio de 2026 se suscribió acuerdo para el incremento del límite de la renta arrendaticia o precio de cesión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el seno de la Comisión de Seguimiento, referida en el artículo 133.3 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda.
Noveno.- La Orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad n.º 194/2026, de 6 de agosto (BOC n.º 166, de 19 de agosto), por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Canario de la Vivienda para el periodo 2024-2026, contempla una línea de subvenciones dirigidas al Bono Alquiler Joven por importe total de 18.113.167,65 euros, de los cuales 12.878.000 euros se corresponden con la convocatoria 2026, comprendiendo el importe restante los créditos disponibles de la convocatoria Bono Alquiler Joven 2025.
Ver anexo en la página 34766 del documento Descargar
Décimo.- Con fecha 1 de julio de 2026 se emite informe propuesta por la Jefatura del Servicio de Promoción Privada del Instituto Canario de la Vivienda.
Undécimo.- Con fecha 6 de julio de 2026, la Dirección General de Asuntos Europeos emite informe favorable de compatibilidad con la normativa comunitaria, de conformidad con los artículos 9.3 y 14.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el artículo 4 del Decreto 100/1999, de 25 de mayo, de medidas para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias que limitan la concesión de Ayudas de Estado.
Duodécimo.- Con fecha 16 de julio de 2026 se suscribió Adenda modificativa al Convenio Específico de Cooperación suscrito con fecha 5 de agosto de 2025 entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Lanzarote (ahora Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa), para canalizar fondos insulares al Bono Alquiler Joven en favor de la juventud de la isla (BOC n.º 154, de 3 de agosto).
A través de dicha Adenda modificativa se procede a la integración de los remanentes del crédito no ejecutado, correspondientes a la convocatoria Bono Alquiler Joven 2025, para su incorporación a la convocatoria 2026. Dichos remanentes ascienden a un importe total de 378.000 euros.
Decimotercero.- Con fecha 20 de julio de 2026 se suscribe Convenio de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura de Gran Canaria, de Lanzarote y La Graciosa y de Santa Cruz de Tenerife, para la gestión de las subvenciones del Bono Alquiler Joven correspondientes a la convocatoria 2026 (BOC n.º 154, de 3 de agosto).
Decimocuarto.- Con fecha 14 de agosto de 2026 se emite informe de legalidad por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a la cual está adscrito el Instituto Canario de la Vivienda, de acuerdo con lo indicado en el apartado 4 del artículo 2, del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, en relación con el artículo 4 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y el artículo 2 de los Estatutos de este Organismo autónomo, aprobados mediante el Decreto 152/2008, de 7 de julio.
Decimoquinto.- Con fecha 31 de agosto de 2026 se adoptó Acuerdo por el Gobierno de Canarias por el que se autorizó el incremento del límite de gasto plurianual.
Decimosexto.- Con fecha 9 de septiembre de 2026, la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda dicta Resolución por la que se autoriza el gasto correspondiente a la presente convocatoria, el cual asciende a un importe de 12.878.000 euros, conforme a la siguiente estimación:
Ver anexo en las páginas 34767-34768 del documento Descargar
Decimoséptimo.- Consta en el expediente informe previo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias de 7 de septiembre de 2026.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 26.1, letra e), de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, es necesaria la autorización del Gobierno para todos los gastos de cuantía superior a 6.000.000 de euros, salvo:
“e) Los gastos derivados de los expedientes de convocatorias de subvenciones, que serán autorizados por la persona titular del departamento competente en la materia o, en el caso de los organismos autónomos, por quien ostente la titularidad de este. No obstante, requerirá la autorización del Gobierno la concesión a un beneficiario concreto de una cuantía superior a 6.000.000 de euros”.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la citada Ley:
“Los porcentajes a los que se refiere el apartado 2 del artículo 49 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se fijan en el 50 por ciento en el ejercicio inmediato siguiente, el 40 por ciento en el segundo ejercicio y el 30 por ciento en los ejercicios tercero y cuarto, tomándose como crédito inicial el existente a nivel de sección, servicio, programa y capítulo”.
En virtud de lo establecido en el artículo 49.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria:
“El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el consejero competente en materia de hacienda, a iniciativa de la consejería correspondiente, elevará al Gobierno la oportuna propuesta, previo informe de la dirección general competente en materia de presupuestos que acredite su coherencia con la programación correspondiente a los escenarios y programas plurianuales”.
Segundo.- El artículo 16.5 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, con sus posteriores modificaciones, contempla la posibilidad de que en las bases reguladoras se establezca un procedimiento de concurrencia no competitiva sin necesidad de órgano colegiado, en cuyo caso la propuesta se formulará por el órgano instructor.
Tercero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias:
“En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, organismos públicos y demás entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquella, las personas titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión (...)”.
Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 14.5.a) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, se admite la posibilidad de que las bases reguladoras de las subvenciones se incluyan en la propia convocatoria en atención a la especificidad de estas, circunstancia que se da en el presente caso.
La aprobación conjunta de las bases reguladoras y de la convocatoria del Bono Alquiler Joven 2026 responde a la naturaleza temporal de esta actuación, así como a la necesidad de ajustarla al marco de financiación disponible y al actual contexto de transición normativa, garantizando su aplicación inmediata y una gestión eficaz de los fondos públicos.
En primer lugar, la convocatoria del Bono Alquiler Joven 2026 tiene carácter estrictamente transicional, al financiarse con cargo a los créditos transferidos por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma en el ejercicio 2025. Se trata, por tanto, de fondos ya asignados con una finalidad concreta y delimitada temporalmente, cuya ejecución debe realizarse de manera ágil y coordinada, evitando dilaciones derivadas de una tramitación separada de bases y convocatoria que carecería de justificación material en este contexto.
En segundo lugar, dicho carácter transitorio viene determinado por la modificación del marco normativo estatal en materia de vivienda. Conforme al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, el Bono Alquiler Joven deja de existir como programa autónomo y es sustituido por una nueva línea de ayudas denominada Ayuda al alquiler para la emancipación de las personas jóvenes, con un régimen jurídico propio. Este cambio supone la desaparición del Bono Alquiler Joven como figura independiente y su sustitución por un nuevo sistema de ayudas, aplicable en las futuras convocatorias conforme al nuevo modelo estatal.
En consecuencia, no resulta adecuado aprobar bases reguladoras de carácter permanente para una línea de ayudas que, con la entrada en vigor del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, deja de existir como categoría diferenciada. La aprobación de unas bases de duración indefinida generaría una apariencia de continuidad que no se corresponde con esta situación y obligaría a su pronta modificación o derogación. Por ello, se opta por aprobar conjuntamente las bases reguladoras y la convocatoria del Bono Alquiler Joven 2026, como una medida de carácter limitado que permite cerrar el programa en su configuración actual y facilitar su transición al nuevo sistema de ayudas previsto en el citado Plan.
De conformidad con lo establecido en la cláusula decimoquinta del Convenio suscrito entre el extinto Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, sus efectos se extienden hasta que finalicen los plazos señalados para la recepción de las ayudas y/o ejecución de las actuaciones conforme a lo regulado en el PEAV.
En la medida en que el pago por la Comunidad Autónoma al beneficiario y el cumplimiento de las obligaciones de justificación y actuaciones relativas a la liquidación pueden superar el plazo del 31 de diciembre de 2025, se estará a lo dispuesto en la liquidación definitiva del Convenio para el seguimiento y verificación final por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del buen fin de los fondos transferidos.
Quinto.- La presente convocatoria se rige por los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de noviembre), y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE n.º 176, de 25 de julio), así como al Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, con sus posteriores modificaciones.
Sexto.- La presente ayuda se regula en el Título I del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, que regula el Bono Alquiler Joven para facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a las personas jóvenes con escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas a las personas arrendatarias o cesionarias (BOE n.º 16, de 19 de enero).
Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, establece en relación a la financiación del Bono Alquiler Joven:
“1. La financiación del Bono Alquiler Joven se realizará con las dotaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado de cada año en la partida 17.09.261N.754 «Bono Alquiler Joven» o en la que la sustituya.
2. Los recursos para subvenciones del Bono Alquiler Joven se distribuirán entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla conforme a lo que se acuerde en la correspondiente Conferencia Sectorial, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y convocada al efecto por su titular.
3. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana transferirá a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta o Melilla el importe de las subvenciones siempre que se hubiere aprobado definitivamente la distribución territorial de los créditos y se hubiere formalizado el correspondiente compromiso financiero del Ministerio mediante las resoluciones referidas en el apartado 1 del artículo 4”.
Octavo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero:
“Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla convocarán procedimientos de concesión del Bono Alquiler Joven mediante convocatorias abiertas de forma continuada y permanente”.
Noveno.- De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5.a) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, se podrá establecer un procedimiento de concurrencia no competitiva sin necesidad de órgano colegiado, en cuyo caso la propuesta se formulará por el órgano instructor, en el siguiente supuesto:
“a) Cuando el objeto sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración comparativa con otras propuestas y la prelación de las solicitudes válidamente presentadas y que cumplan los requisitos que se establezcan, se fije únicamente en función de su fecha de presentación dentro de un plazo limitado”.
Décimo.- Por Decreto 151/2022, de 23 de junio, se añade un nuevo apartado u) al artículo 10, relativo al contenido de las bases reguladoras, del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en los siguientes términos: “Criterios necesarios para garantizar, de forma efectiva, el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el caso de que la subvención sea susceptible de afectar al acceso de las personas a recursos, o tengan la capacidad de modificar roles y estereotipos de género”.
En este sentido, se considera que la regulación de la subvención no es susceptible de afectar el referido acceso ni tiene la capacidad de modificar roles ni estereotipos de género, toda vez que mujeres y hombres pueden acceder libremente en condiciones de igualdad; las bases no generan situaciones de segregación de género; la regulación de estas ayudas no incide ni directa ni indirectamente en la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género de las personas; ni el texto, incluyendo el formulario de solicitud, contiene referencia específica y expresa o implícita en contra de los derechos de las personas por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.
Asimismo, cabe destacar que en la redacción de las bases y convocatoria no se han utilizado fórmulas androcéntricas y se han evitado fórmulas sexistas en cuanto al uso del lenguaje.
Undécimo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la actuación de las Administraciones Públicas debe inspirarse y regirse por los principios de cooperación, colaboración y coordinación, con el objetivo de garantizar una gestión pública eficaz, eficiente y orientada al interés general.
En este marco, y conforme a los instrumentos de cooperación interadministrativa suscritos con los Excmos. Cabildos Insulares de Tenerife y de Lanzarote y La Graciosa ya referenciados, se articula un modelo de gestión compartido que permite la integración de recursos insulares en las líneas de ayudas convocadas por el Instituto Canario de la Vivienda.
En particular, en el ámbito de la presente convocatoria de ayudas al alquiler dirigidas a personas jóvenes, dicha cooperación posibilita la incorporación de financiación insular y su adecuada ordenación dentro del procedimiento de concesión, garantizando una mayor cobertura de las solicitudes y una gestión coordinada conforme a criterios homogéneos.
De este modo, la actuación conjunta de ambas administraciones no solo responde a los principios rectores de la actuación pública, sino que permite reforzar la eficacia de esta línea de ayudas, optimizando los recursos disponibles y contribuyendo de manera directa a facilitar el acceso de las personas jóvenes a una vivienda en régimen de alquiler.
En virtud de lo anterior,
RESUELVO:
Primero.- Bases reguladoras.
Aprobar las bases reguladoras de la presente convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al Bono Alquiler Joven para facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a personas jóvenes con escasos medios económicos, convocatoria 2026, que figuran en el anexo de la presente Resolución.
Segundo.- Convocatoria.
Aprobar la convocatoria 2026 del Bono Alquiler Joven para facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a las personas jóvenes con escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas a las personas arrendatarias o cesionarias.
Tercero.- Dotación presupuestaria.
1. La presente convocatoria se financia con cargo a los créditos consignados en las siguientes partidas presupuestarias, cuya autorización ha sido efectuada por la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda, conforme a la siguiente estimación:
Ver anexo en las páginas 34772-34772 del documento Descargar
La cuantía total máxima de las subvenciones a conceder asciende a 12.878.000 euros.
2. No obstante lo anterior, si con carácter previo a la resolución de concesión se produjera un incremento del importe del crédito presupuestario disponible como consecuencia de una generación, ampliación o incorporación de crédito, incluidas las derivadas de los créditos específicos que pudieran ser aportados por otras Administraciones Públicas, en el marco de los instrumentos de cooperación interadministrativa que se suscriban al efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada por el Decreto 151/2022, de 23 de junio, y en el artículo 58.2.4.º del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, no será necesaria la realización de una nueva convocatoria.
En este supuesto, el órgano concedente publicará la declaración de los créditos disponibles y la distribución definitiva de los mismos, con carácter previo a la resolución de concesión, en los mismos medios en los que se publicó la convocatoria, sin que dicha publicidad implique la apertura de un nuevo plazo para la presentación de solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo del plazo máximo para resolver.
Cuarto.- Solicitudes: plazo de presentación, consentimientos, autorizaciones e incidencias.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria y de las bases reguladoras en el Boletín Oficial de Canarias.
La solicitud se presentará a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Se requerirá la subsanación de las solicitudes que no se presenten con el modelo normalizado.
La solicitud se presentará preferentemente de forma telemática a través de la siguiente sede electrónica: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7410
También se podrá presentar por el resto de medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presentación de la solicitud y de la documentación que la acompaña comporta la aceptación incondicionada de lo establecido en las presentes bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria.
Las solicitudes podrán ser presentadas por la persona interesada o mediante persona representante.
La identidad y la representación podrán acreditarse por cualquiera de los medios previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
El Instituto Canario de la Vivienda recabará electrónicamente los datos o documentos aludidos a través de sus redes corporativas o de consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona interesada o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.
Para ello, en la solicitud de ayuda se incluirá expresamente la autorización de la persona solicitante al Instituto Canario de la Vivienda para recabar toda la información necesaria, en particular la de carácter tributario, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o económica que fuera legalmente pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro, las entidades gestoras de la Seguridad Social y demás administraciones públicas competentes.
Si por cualquier motivo la consulta a la plataforma de intermediación de datos no ofreciese la información requerida para la tramitación del expediente, el Instituto Canario de la Vivienda podrá requerir a la persona solicitante que presente una declaración responsable en la que se haga constar los datos necesarios para la resolución del expediente, así como la veracidad de los mismos.
Esta declaración sustituirá la obligación de aportar los documentos de forma inmediata, con la advertencia de que, en caso de falsedad, la persona solicitante será responsable de las consecuencias legales derivadas de dicha inexactitud.
En concreto, la obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido constituye causa de reintegro de conformidad con lo establecido en la base vigesimotercera.
En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se requerirá la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.
En la solicitud de ayuda la persona solicitante se podrá oponer a que la Administración consulte de oficio la documentación para recabar toda la información necesaria para la tramitación del expediente. En este supuesto, deberá presentar la documentación acreditativa correspondiente que, de no aportarse, se le requerirá para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, subsane y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndole que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la mencionada Ley.
Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, el Instituto Canario de la Vivienda podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.
Asimismo, cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente, el Instituto Canario de la Vivienda podrá acordar la ampliación general de plazos del procedimiento administrativo.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015.
Quinto.- Plazo de resolución y de notificación.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución, contado a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria y de las bases reguladoras en el Boletín Oficial de Canarias, será de 6 meses. El vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado la resolución, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
En todo caso, la resolución de concesión deberá dictarse antes del 31 de diciembre de 2026.
Sexto.- Medios de notificación.
1. Los requerimientos de documentación para la subsanación de solicitudes, el trámite de audiencia, así como cualquier otra notificación que corresponda en el curso del procedimiento, y la resolución de concesión se notificarán mediante publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios
2. Los requerimientos y resoluciones que se dicten con posterioridad a la concesión se publicarán en el citado tablón de anuncios de la sede electrónica.
Séptimo.- Consentimiento informado.
Quienes presenten su solicitud de ayuda prestarán, a través de su firma, su consentimiento para que el centro gestor competente realice el oportuno tratamiento de datos de carácter personal y los incorpore a los correspondientes ficheros de su titularidad, así como para que dichos datos se reflejen, en la medida en que sean necesarios y adecuados, para la finalidad del procedimiento, en los actos que hayan de publicarse, así como declarará bajo su responsabilidad que cuenta con la debida autorización para el tratamiento de los datos de carácter personal del resto de personas que conforman su unidad de convivencia.
Octavo.- Producción de efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que las personas interesadas estimen procedente.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de septiembre de 2026.- La Directora, María del Pino de León Hernández.
ANEXO
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, DESTINADAS AL BONO ALQUILER JOVEN PARA FACILITAR EL DISFRUTE DE UNA VIVIENDA O HABITACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER O DE CESIÓN DE USO A PERSONAS JÓVENES CON ESCASOS MEDIOS ECONÓMICOS, CONVOCATORIA 2026.
Primera.- Objeto y finalidad.
Las presentes bases reguladoras tienen por objeto regular, en régimen de concurrencia no competitiva, la concesión de las ayudas dirigidas a las personas jóvenes con recursos económicos limitados, destinadas a contribuir al pago de la renta arrendaticia o del precio de cesión de la vivienda o habitación que constituya su residencia habitual.
Dichas ayudas tienen como finalidad facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler, así como promover la emancipación y el desarrollo personal de las personas beneficiarias.
Segunda.- Créditos de la convocatoria y financiación específica.
1. Las ayudas se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establecen en la presente convocatoria, sin perjuicio de la posibilidad de su ampliación, de conformidad con lo establecido en el apartado sexto de la presente base.
2. La financiación de la convocatoria se distribuye en crédito general y crédito específico. El crédito general comprende la financiación aportada en el marco del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El crédito específico comprende la financiación aportada por el Cabildo de Tenerife y del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, en el marco de los instrumentos de cooperación interadministrativa suscritos al efecto.
En el supuesto de que se incorporen créditos correspondientes a fuentes de financiación adicionales a las inicialmente previstas, se procederá a la correspondiente modificación del Plan Estratégico de Subvenciones, a fin de garantizar su adecuada constancia y reflejo en el mismo.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la convocatoria podrá incorporar financiación adicional procedente de otras administraciones públicas. En tal caso, la distribución de dicha financiación entre las solicitudes presentadas se realizará de conformidad con las reglas establecidas en el apartado siguiente.
4. Las solicitudes presentadas por las personas residentes en ámbitos territoriales con crédito específico serán abonadas, en primer término, con cargo al crédito general de la convocatoria. No obstante lo anterior, en el caso de que, como consecuencia del agotamiento del crédito general, no pudieran atenderse la totalidad de las solicitudes presentadas por las personas residentes en dichos ámbitos, las mismas serán abonadas con cargo al crédito específico correspondiente, de acuerdo con el orden de registro de entrada de las mismas.
5. Se considerará agotada la consignación presupuestaria cuando se efectúe el registro de la última solicitud de ayuda, válidamente presentada, que totalice el importe total del crédito asignado a la convocatoria.
No obstante lo anterior, en el caso de que se produzca una liberación de crédito derivado de la tramitación de los expedientes, como consecuencia de la desestimación o desistimiento de las solicitudes presentadas admitidas a trámite, se podrá realizar una redistribución del crédito, para atender aquellas solicitudes que no tengan crédito asignado. Se podrán realizar cuantas redistribuciones de crédito sean necesarias hasta agotar el crédito disponible.
6. En la convocatoria quedarán reflejados los créditos presupuestarios a los que se imputa y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
No obstante lo anterior, si con carácter previo a la resolución de concesión se produjera un incremento del crédito presupuestario disponible como consecuencia de una generación, ampliación o incorporación de crédito, incluidas las derivadas de los créditos específicos que pudieran ser aportados por otras Administraciones públicas, en el marco de los instrumentos de cooperación interadministrativa que se suscriban al efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada por el Decreto 151/2022, de 23 de junio, y en el artículo 58.2.4.º del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, no será necesaria la realización de una nueva convocatoria.
En este caso, el órgano concedente publicará la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.
Tercera.- Régimen jurídico.
1. La tramitación de las subvenciones se regirá, además de por lo establecido en las presentes bases reguladoras, por lo dispuesto en el Título I del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, así como por la normativa siguiente:
- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- El Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las demás normas básicas que desarrollen la citada ley.
- El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
- La Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
- El Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- La Ley 12/2014, 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias.
- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- La Ley 2/2003 de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
- La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
- El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, aprobado por Acuerdo de Gobierno de 18 de diciembre de 2020 (BOC n.º 3, de 7.1.2021).
- La Orden de 10 de marzo de 1995, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen los requisitos de solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 36, de 24.3.1995).
2. En defecto de previsión expresa en la presente convocatoria, en sus bases reguladoras o en la normativa específica que resulte de aplicación, se estará a lo dispuesto en el conjunto del ordenamiento jurídico público. Con carácter supletorio, y en la medida en que resulte compatible con la naturaleza jurídica de las subvenciones y del procedimiento administrativo, será de aplicación el derecho privado.
Cuarta.- Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de las presentes bases se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, sin necesidad de órgano colegiado, siendo la propuesta de resolución formulada por el órgano instructor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.5.a) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
2. Las ayudas se concederán atendiendo a la mera concurrencia de los requisitos para ser persona beneficiaria, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas, siguiendo el orden correlativo de registro de entrada de la solicitud, siempre que exista disponibilidad presupuestaria suficiente.
A estos efectos, se considerará como fecha de solicitud completa aquella en la que la solicitud quedara válidamente presentada, por reunir los requisitos exigidos por las presentes bases reguladoras y venir acompañada de la totalidad de los documentos exigidos.
En el supuesto de que, en el momento de presentar la solicitud, no se disponga de contrato de arrendamiento y este se formalice con posterioridad a dicha presentación, pero antes de la resolución de concesión, la persona solicitante estará obligada a comunicar dicha circunstancia y a aportar el contrato de arrendamiento con anterioridad a la resolución definitiva del procedimiento.
A los efectos de la tramitación se considerará como fecha de solicitud completa aquella en la que el contrato haya sido presentado por la persona solicitante.
En caso de no cumplir con esta obligación, una vez concedida la ayuda de forma condicionada a la aportación del contrato, se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, previa resolución dictada al efecto, de conformidad con lo previsto en la base vigesimosegunda.
3. Una vez agotado el crédito general de la convocatoria, las solicitudes presentadas por las personas residentes en ámbitos territoriales con créditos específicos, serán abonadas con cargo a dichos créditos, de conformidad con el orden de registro de entrada de las mismas, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias existentes.
4. En el caso de que la última solicitud atendida con cargo al crédito general, que superara el crédito disponible, no pudiera ser cubierta en su totalidad, la persona solicitante podrá resultar beneficiaria por el importe restante hasta el agotamiento del citado crédito.
No obstante, cuando dicha solicitud pueda ser atendida con cargo al crédito específico, la ayuda se abonará íntegramente con cargo a este. En tal caso, el crédito general disponible se destinará, siguiendo el orden de registro de entrada, a atender las solicitudes siguientes que no cuenten con financiación específica, hasta el límite del crédito disponible.
Quinta.- Órgano competente.
1. Será competente para la instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones que se convoquen de acuerdo con las presentes bases reguladoras el Instituto Canario de la Vivienda.
2. Corresponde a la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda la concesión y abono de las subvenciones, de conformidad con el artículo 7.2.i) de anexo al Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del mencionado Instituto o, en su caso, a la persona u órgano en quien delegue.
En virtud de la Resolución de la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda, de 31 de mayo de 2024 (BOC n.º 122, de 24.6.2024), se delegan dichas competencias en la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda.
Sexta.- Requisitos de las personas solicitantes.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones establecidas en las presentes bases reguladoras las personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a) Ser persona física y tener hasta treinta y cinco años, incluida la edad de treinta y cinco años, en el momento de solicitar la ayuda.
b) Poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza, o el parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación. En el caso de las personas extranjeras no comunitarios deberán hallarse en situación de estancia o residencia regular en España.
c) Ser titular o estar en condiciones de suscribir, en calidad de persona arrendataria, en la Comunidad Autónoma de Canarias, un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o, en calidad de persona cesionaria, de un contrato de cesión de uso. En el caso de alquiler de habitación no es exigible que la formalización sea en los términos de la Ley 29/1994.
d) Disponer al menos de una fuente regular de ingresos que le reporte unas rentas anuales, incluidos los de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida o a arrendar o ceder, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento o cesión, iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referido a 14 pagas. En el supuesto de alquiler de habitación no se incluirá la renta de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, solamente se considerarán las de la persona física arrendataria.
A estos efectos, se entenderá que tienen una fuente regular de ingresos quienes estén trabajando por cuenta propia o ajena, el personal investigador en formación y las personas perceptoras de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que puedan acreditar una vida laboral de al menos tres meses de antigüedad, en los seis meses inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde el día de su solicitud.
Si la fuente regular de ingresos de la persona solicitante consistiera en actividades empresariales, profesionales o artísticas, la acreditación de las rentas se referirá al rendimiento neto de dicha actividad económica calculado con carácter previo a la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 32 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio, correspondiente al último ejercicio fiscal vencido en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. A estos efectos, no se considerarán los datos relativos a ejercicios fiscales cuyo plazo de presentación venza con posterioridad a la citada fecha.
Si la persona solicitante del Bono Alquiler Joven dispone de más de una fuente de ingresos las rentas computables serán la suma de las rentas derivadas de dichas fuentes.
2. No podrá concederse la ayuda cuando la persona solicitante o alguna de las que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento o de cesión de uso se encuentre en alguna de las situaciones que a continuación se indican:
a) Ser persona propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. A estos efectos no se considerará que se es persona propietaria o usufructuaria de una vivienda si el derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin testamento.
Se exceptuarán de este requisito quienes siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de la persona titular o alguna otra persona de la unidad de convivencia.
b) Que la persona arrendataria, la persona cesionaria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora o cedente de la vivienda.
c) Que la persona arrendataria, cesionaria o cualquiera de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida sea socia o partícipe de la persona jurídica que actúe como arrendadora o cedente, o mantenga con la persona física arrendadora o cedente una relación de copropiedad, comunidad u otra vinculación jurídica equivalente.
Séptima.- Condición de vivienda habitual y permanente.
1. La vivienda o habitación arrendada o cedida deberá constituir la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria o cesionaria, lo que deberá acreditarse mediante certificado o volante de empadronamiento en el que consten, a fecha de la solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual y permanente en la vivienda objeto de arrendamiento o cesión o en la que se ubique la habitación objeto de arrendamiento o cesión.
2. En el caso de personas beneficiarias que estén en condiciones de acceder a un arrendamiento o cesión de vivienda o habitación, el citado certificado o volante deberá aportarse en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, que quedará condicionada a su aportación. El correspondiente contrato de arrendamiento o cesión deberá formalizarse en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de dicha resolución, que también quedará condicionada a su aportación.
3. La vivienda deberá constituir el domicilio habitual y permanente de la persona beneficiaria durante todo el periodo subvencionable, sin perjuicio de lo establecido en la base vigesimoprimera respecto al cambio de domicilio de las personas beneficiarias.
Octava.- Renta arrendaticia o precio de cesión.
1. La renta arrendaticia o precio de cesión de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento o cesión deberá ser igual o inferior a 900 euros mensuales. En el caso de alquiler de habitación la renta o precio deberá ser igual o inferior a 450 euros.
En esta renta o precio no se incluye el importe que pudiera corresponder a anejos tales como plazas de garaje, trasteros o similares, ni aquellos correspondientes a gastos de comunidad u otros gastos complementarios de la vivienda.
Estos límites se establecen de conformidad con el acuerdo suscrito con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el seno de la Comisión de Seguimiento, referida en el artículo 133.3 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, con fecha 30 de junio de 2026.
2. Si en el contrato de arrendamiento o cesión de uso se incluyeran anejos como garaje o trastero y el precio de cada uno de ellos no estuviera desglosado, figurando en el contrato únicamente el importe global, a los efectos de la comprobación del importe máximo del precio establecido en el apartado anterior, se valorará el importe de la renta o precio de cesión de la vivienda como el 80 por 100 del precio total del contrato cuando este incluya vivienda y garaje, 95 por 100 cuando el contrato incluya vivienda y trastero, y 75 por 100 cuando el contrato incluya vivienda, garaje y trastero.
Si en el contrato de arrendamiento o cesión de uso se incluyeran los gastos de comunidad u otro tipo de gastos adicionales y su precio no estuviera desglosado figurando en el contrato únicamente el importe global, a los efectos de la comprobación del importe máximo del precio anterior, se valorará el importe de estos gastos como el 5 por 100 del importe del precio de alquiler o cesión de la vivienda.
Novena.- Cuantía de la ayuda y periodo subvencionable.
1. Se concederá a las personas beneficiarias una ayuda de 250 euros mensuales, con el límite del importe mensual de la renta arrendaticia o del precio de la cesión de la vivienda o habitación.
2. Si existe más de una persona solicitante en una misma vivienda, la suma de las subvenciones concedidas no podrá superar el importe mensual del alquiler o del precio de cesión. En el supuesto de que el importe de las subvenciones sobre una misma vivienda superase el límite establecido, el importe de las ayudas concedidas a cada una de las personas beneficiarias se minorará en la proporción correspondiente.
3. En el supuesto de compatibilidad regulado en el artículo 55.1 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, la suma de la ayuda del Bono Alquiler Joven y de la ayuda al alquiler o cesión regulada en el programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico, no podrá ser superior al 75% del importe de la renta o precio de la vivienda o habitación.
4. El periodo subvencionable será de dos años, empezando la primera mensualidad, con carácter general, en enero de 2025, con carácter retroactivo, para las personas solicitantes que dispongan de un contrato de arrendamiento o de cesión de uso de vivienda o habitación desde dicha fecha; o desde el mes de efectividad del contrato de arrendamiento si este fuera posterior a enero de 2025.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la persona solicitante podrá concretar en su solicitud la fecha de inicio del periodo subvencionable.
En defecto de indicación expresa en la solicitud, se considerará como fecha de inicio del periodo subvencionable la indicada en el párrafo anterior.
5. La persona solicitante deberá figurar empadronada en el domicilio que conste en el correspondiente contrato de arrendamiento que fundamenta la solicitud de la subvención. En el supuesto de que, en la fecha indicada como inicio del periodo subvencionable, o en la fecha de la firma del contrato, la persona solicitante no se encontrara empadronada en dicho domicilio, se considerará como fecha de inicio del periodo subvencionable la fecha en que se produzca el empadronamiento efectivo en el mismo.
6. Si en el momento de la presentación de la solicitud la persona solicitante está en condiciones de acceder a un contrato de arrendamiento, dicho periodo subvencionable comenzará a contar desde la formalización del contrato, que tendrá lugar en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de la resolución de concesión, que quedará condicionada a su aportación.
En el caso de que, una vez presentado el contrato de arrendamiento, se constate que el mismo es de fecha anterior a la resolución de concesión condicionada, tal circunstancia se considerará una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, lo que dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención, previa resolución dictada al efecto, con arreglo al procedimiento establecido en la base vigesimosegunda.
Décima.- Compatibilidad y complementariedad de las ayudas.
1. La ayuda del Bono Alquiler Joven deberá destinarse obligatoriamente por la persona beneficiaria al pago de la renta arrendaticia o precio de cesión de su vivienda o habitación habituales y permanentes y no se podrá compatibilizar con ninguna otra ayuda que para el pago del alquiler o cesión puedan conceder las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales o cualesquiera otras administraciones o entidades públicas.
2. No se considerarán afectados por esta incompatibilidad los supuestos excepcionales en que la Comunidad Autónoma de Canarias, los municipios, otras entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones aporten una ayuda para esa misma finalidad a personas beneficiarias víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
Tampoco se considerarán afectados por esta incompatibilidad las personas perceptoras de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ni las beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.
3. Las presentes ayudas serán incompatibles con las concedidas en las convocatorias del Bono Alquiler Joven correspondientes a los ejercicios anteriores a la presente convocatoria, cuando exista coincidencia en el periodo subvencionable. En concreto, no podrán resultar beneficiarias las personas que, en el momento de la solicitud, continúen percibiendo la ayuda de convocatorias anteriores y cuyo periodo subvencionable coincida, total o parcialmente, con el de la presente convocatoria.
No obstante lo anterior, podrán resultar beneficiarias las personas que, en el momento de la presentación de la solicitud, continúen percibiendo la ayuda correspondiente a convocatorias anteriores, siempre que el periodo subvencionable de dicha ayuda finalice con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y con anterioridad al 1 de octubre de 2026, de modo que no exista coincidencia efectiva de los periodos subvencionables.
En estos casos, y con independencia de la fecha de inicio del periodo subvencionable indicada en la solicitud, se tendrá en cuenta la finalización efectiva del periodo subvencionable de la ayuda percibida en convocatorias anteriores, iniciándose el periodo subvencionable de la presente convocatoria en el mes siguiente a dicha finalización.
Undécima.- Entidades colaboradoras.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Instituto Canario de la Vivienda designará una entidad colaboradora que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a las personas beneficiarias de las subvenciones concedidas según lo dispuesto en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, que regula las bases de esta convocatoria, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos.
A tal efecto, consta la suscripción del correspondiente Convenio entre el Instituto Canario de la Vivienda y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navgeación de Fuerteventura de Gran Canaria, de Lanzarote y La Graciosa y de Santa Cruz de Tenerife, para la gestión de las subvenciones del Bono Alquiler Joven correspondientes a la convocatoria 2026 (BOC n.º 154, de 3 de agosto), que actuará como entidad colaboradora.
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la entidad colaboradora queda sometida a las siguientes obligaciones:
a) Entregar a las personas beneficiarias los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente.
b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por las personas beneficiarias.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Realizar todas las actuaciones cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 10 de marzo de 1995, por la que se establecen los requisitos de solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las corporaciones de derecho público están exentas de la prestación de garantías para ser designada entidad colaboradora.
No obstante, deberá acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social, mediante la aportación de certificados expedidos por los órganos competentes.
Duodécima.- Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes, dirigidas al Instituto Canario de la Vivienda, se presentarán en el plazo y forma establecidos en la convocatoria, e irán acompañadas de la documentación establecida en la base decimotercera.
2. La solicitud se presentará a través del formulario normalizado publicado en la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Se requerirá la subsanación de las solicitudes que no se presenten con el modelo normalizado.
3. Las solicitudes se atenderán con cargo a los créditos generales y, en su caso, a los créditos específicos que resulten aplicables, de conformidad con lo establecido en la base segunda. A estos efectos, el órgano instructor determinará la imputación de cada solicitud en función de la disponibilidad de dichos créditos, aplicándose los créditos generales con carácter prioritario y, una vez agotados estos, los créditos específicos correspondientes, siguiendo en todo caso el orden de registro de entrada de las solicitudes y hasta el límite de las disponibilidades presupuestarias existentes.
4. Solo se podrá presentar una única solicitud por persona, por lo que si se detectara la presentación de varias solicitudes para una misma vivienda o habitación, se anularán de oficio las solicitudes duplicadas, manteniéndose como una única solicitud la presentada en primer lugar.
5. Las solicitudes podrán ser presentadas por la persona interesada o mediante persona representante. La identidad y la representación podrán acreditarse por cualquiera de los medios previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
6. La solicitud contendrá la siguiente información:
- Datos de la persona solicitante.
- Datos o circunstancias de los miembros de la unidad de convivencia y las autorizaciones/no oposiciones que estos deban prestar.
- En el caso de disponer de contrato de arrendamiento o de cesión de uso en el momento de la solicitud, los datos de la vivienda, del contrato de arrendamiento y de la persona arrendadora.
- Periodo subvencionable. Se indicará la fecha de inicio del periodo subvencionable.
- Declaración responsable, relativa al cumplimiento de los requisitos establecidos en la base sexta.
- Datos de las ayudas o subvenciones destinadas al alquiler de vivienda o habitación concedidas por otras Administraciones Públicas.
- Documentación a aportar.
- Cláusula de protección de datos personales.
- Renta de alquiler o cesión de la vivienda o habitación, y, en su caso, cuota parcial de participación en el disfrute de la vivienda de cada uno de los inquilinos y el importe de la renta a la que tienen que hacer frente.
- En su caso, que no dispone de contrato de arrendamiento en vigor en el momento de presentación de la solicitud.
7. La solicitud irá acompañada de la documentación que se especifica, con carácter general, en la base decimotercera, salvo los datos o documentos siguientes, por aplicación de la normativa sobre procedimiento administrativo común:
a) Datos o documentos que hayan sido elaborados por las Administraciones Públicas.
b) Documentos que ya estuvieran en poder de cualquier Administración Pública, en cuyo caso la persona solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.
8. El Instituto Canario de la Vivienda recabará electrónicamente los datos o documentos aludidos a través de sus redes corporativas o de consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona interesada o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.
Para ello, en la solicitud de ayuda se incluirá expresamente la autorización de la persona solicitante al Instituto Canario de la Vivienda para reclamar toda la información necesaria, en particular la de carácter tributario, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o económica que fuera legalmente pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro, las entidades gestoras de la Seguridad Social y demás administraciones públicas competentes.
Si por cualquier motivo la consulta a la plataforma de intermediación de datos no ofreciese la información requerida para la tramitación del expediente, el Instituto Canario de la Vivienda podrá requerir a la persona solicitante que presente una declaración responsable en la que se haga constar los datos necesarios para la resolución del expediente, así como la veracidad de los mismos.
Esta declaración sustituirá la obligación de aportar los documentos de forma inmediata, con la advertencia de que, en caso de falsedad, la persona solicitante será responsable de las consecuencias legales derivadas de dicha inexactitud.
En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se requerirá la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.
9. El Instituto Canario de la Vivienda no podrá ceder a terceras personas la información de carácter tributario o económico recibida.
10. En caso de que la persona solicitante no presente oposición expresa y, en su caso, aporte autorización expresa, el Instituto Canario de la Vivienda podrá realizar las siguientes consultas de intermediación:
a) Si no hay oposición expresa:
- Verificación de los datos de identidad y residencia en España. Para ello, en la solicitud se recabarán para todos los miembros de la unidad de convivencia el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) cuando sean mayores de 14 años y, en caso de personas extranjeras, el Número de Identificación de Extranjero (NIE). No se exigirá el permiso de residencia a quienes estén excluidos de esta obligación conforme a lo establecido en la legislación estatal.
- Consulta al Catastro sobre si los miembros de la unidad de convivencia son personas propietarias o usufructuarias de alguna vivienda en España.
- Consulta de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
- Empadronamiento de la persona solicitante en el caso de alquiler o cesión de uso de una vivienda o habitación.
- Consulta de datos de residencia histórica y colectiva (convivencia).
- Consulta ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de las prestaciones por desempleo en el último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la apertura del plazo de presentación de solicitudes de ayuda al alquiler.
- Prestaciones públicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) En caso de autorización expresa:
- Consulta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) del nivel de renta respecto de los datos fiscales más recientes disponibles en el momento de solicitud de la ayuda.
- En caso de persona extranjera mayor de edad, residencia o domicilio fiscal.
- Consulta de estar al corriente en las obligaciones tributarias estatales (AEAT).
- Consulta de estar al corriente en las obligaciones tributarias autonómicas (ATC).
El tratamiento y transmisión de datos que la Administración realice en el marco de la gestión de procedimientos de subvenciones se ajustará a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
11. En la solicitud de ayuda la persona solicitante se podrá oponer a que la Administración consulte de oficio la documentación para recabar toda la información necesaria para la concesión de la subvención. En este supuesto, deberá presentar la documentación acreditativa correspondiente que, de no aportarse, se le requerirá para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, subsane y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndole que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la mencionada Ley.
12. Dada la naturaleza de la subvención, que no fomenta una actividad económica ni comporta un proyecto generador de ingresos, sino que trata de paliar la dificultad que afrontan personas con escasos recursos económicos consistente en pagar un arrendamiento o una cesión de uso de su vivienda o habitación habitual y permanente, intentando este programa de ayudas hacer efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, se exime de presentar como documento exigible para solicitar la subvención el plan de financiación de la actividad subvencionable y la previsión de ingresos y gastos.
13. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, el Instituto Canario de la Vivienda podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.
Asimismo, cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente, el Instituto Canario de la Vivienda podrá acordar la ampliación general de plazos del procedimiento administrativo.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
14. La solicitud se presentará preferentemente de forma telemática a través de la siguiente sede electrónica: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7410
También se podrá presentar por el resto de medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
15. La presentación de la solicitud y de la documentación que la acompaña comporta la aceptación incondicionada de lo establecido en las presentes bases reguladoras y convocatoria.
Decimotercera.- Documentación a aportar por la persona solicitante.
1. Cuando la persona solicitante haya autorizado, en su caso, o no se haya opuesto a la consulta por el Instituto Canario de la Vivienda de toda la información necesaria para la tramitación de la solicitud, deberá presentar, junto al formulario normalizado de solicitud, la siguiente documentación:
a) Declaración responsable de las personas que conforman la unidad de convivencia y autorización de acceso de datos, firmado por todas las personas mayores de catorce años, y en el caso de las personas menores de catorce años, por quienes ejerzan la tutela o patria potestad de las personas menores, de conformidad con el modelo establecido en la correspondiente convocatoria.
b) En caso de actuar por medio de persona representante poder notarial, poder apud acta o auto o sentencia judicial que establezca la representación legal o cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
c) Copia completa del contrato de arrendamiento, formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de cesión de uso de la vivienda, en vigor; o copia del contrato de alquiler o uso de la habitación, en su caso. En todos los casos, el documento deberá hacer mención expresa al importe del alquiler o precio de cesión, así como el medio y forma de pago a la persona arrendadora o cesionaria.
En caso de existir más de un contrato consecutivo en el periodo subvencionable, se aportarán todos ellos.
En el supuesto de contratos de arrendamiento o de cesión de uso con varias personas titulares, todas ellas deberán constar como miembros de la unidad de convivencia y figurar como tales en la solicitud, salvo que acrediten documentalmente no tener atribuido el derecho de arrendamiento o de cesión de uso, o se acredite la no disponibilidad de la vivienda.
En este supuesto de existencia de más de una persona titular, la ayuda se concederá a cada persona titular solicitante aplicando los requisitos y limitaciones establecidas en la base sexta.
d) En el caso de alquiler o cesión de uso de habitación, escritura pública, documento privado o cualquier otro medio válido en derecho acreditativo de la configuración de la vivienda, donde conste el número de habitaciones existentes.
e) Recibos acreditativos del pago de las mensualidades de la renta de alquiler o del precio de la cesión de uso de la vivienda o habitación abonados desde el inicio del periodo subvencionable, en su caso.
2. En el caso de que la persona solicitante no preste consentimiento expreso, en su caso, o haya formulado oposición expresa para que el Instituto Canario de la Vivienda realice las consultas a las Administraciones Públicas u organismos correspondientes, deberá aportar, además de la documentación prevista en el apartado anterior, la siguiente:
a) Identidad de la persona solicitante y de todos los miembros de la unidad de convivencia: DNI, NIE. En caso de extranjeros no comunitarios, autorización de estancia o residencia en España.
b) En el supuesto de falta de autorización u oposición expresa por parte de algún miembro de unidad familiar o de convivencia mayores de edad para la consulta de datos sobre los ingresos o sobre el patrimonio de la unidad de convivencia, se deberá aportar la siguiente documentación:
b.1) Certificado de la renta del último ejercicio fiscal vencido en la fecha de apertura del plazo de presentación de solicitudes, con código seguro de verificación, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), para todos los miembros de la unidad de convivencia que no hayan autorizado, sobre los siguientes extremos:
b.1.1) Para personas con obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y aquellas que sin tener obligación la hayan realizado, las bases imponibles, general y de ahorro, las deducciones aplicadas a los rendimientos del trabajo y, en su caso, las posibles rentas exentas.
b.1.2) En el supuesto de personas que no tengan obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, se aportarán los certificados negativos de renta, que incluyan las imputaciones que le constan a la AEAT.
b.2) Certificado de prestaciones percibidas de la Seguridad Social, en el caso de que la base imponible general y del ahorro de la declaración del IRPF sea cero o negativa.
b.3) Declaración responsable de ingresos en el caso de que los apartados b.1.1) y b.1.2) no contemplen los datos económicos correspondientes.
b.4) Certificación catastral de los bienes inmuebles de las personas integrantes de la unidad de convivencia que no hayan autorizado la consulta.
c) Certificado catastral de bienes de las personas integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad que tienen su domicilio habitual y permanente en la vivienda objeto de arrendamiento o cesión de uso o en la que se ubique la habitación objeto de arrendamiento o cesión de uso, en el supuesto de no autorizar la consulta de datos con la Dirección General del Catastro.
d) Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales para las personas titulares del contrato de arrendamiento o de cesión de uso.
e) Certificado emitido por la Agencia Tributaria Canaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias autonómicas para las personas titulares del contrato de arrendamiento o de cesión de uso.
f) Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social para los titulares del contrato de arrendamiento o de cesión de uso.
g) Volante o certificado de empadronamiento histórico colectivo o de convivencia donde consten, a fecha de solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual y permanente en la vivienda objeto de arrendamiento, o de cesión de uso, y la fecha de alta de las mismas en la vivienda. Si el empadronamiento se encontrase en trámite, se deberá aportar copia del justificante de la solicitud con el compromiso de aportar la acreditación del empadronamiento desde que esté disponible.
h) Certificado de residencia fiscal para personas mayores de edad de nacionalidad distinta a la española.
3. Documentación opcional para acreditar determinadas circunstancias y/o singularidades.
3.1. En el caso de las personas solicitantes que deban acreditar, en su caso, la no disponibilidad de la vivienda:
a) Documento que acredite que una persona titular del contrato de arrendamiento o de cesión de uso no puede vivir en la vivienda o habitación objeto del contrato de arrendamiento.
b) En su caso, acreditación de no disponibilidad de la vivienda en propiedad, tanto de la persona solicitante como de las personas que integran la unidad de convivencia.
b.1) Separación o divorcio, u otras causas derivadas de auto o sentencia judicial. Esta situación se acreditará mediante convenio regulador de separación o divorcio o sentencia que acredite dicha circunstancia, en la que se otorgue el disfrute de la vivienda al otro cónyuge.
b.2) Si el derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la misma inferior al 50% y se ha obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin testamento: certificación del Registro de la Propiedad.
b.3) Si la propiedad está declarada ruinosa: certificación expedida por el ayuntamiento correspondiente que acredite dicha declaración.
b.4) Si la vivienda no es accesible para alguno de las personas integrantes de la unidad de convivencia: informe técnico del ayuntamiento donde se recoja la falta de accesibilidad. Asimismo, la falta de accesibilidad de la vivienda también podrá acreditarse mediante informe de persona técnica competente.
b.5) Si concurre cualquier otra causa ajena a la voluntad de la persona solicitante que le impida el uso efectivo de la vivienda o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de la persona titular o alguna otra persona de la unidad de convivencia: acreditación suficiente en función del tipo de impedimento.
3.2. En caso de residencia fiscal fuera de España, certificado de ingresos emitido por el órgano competente del país de que se trate y adverado por el correspondiente consulado.
3.3. En el supuesto que el contrato incluyera gastos adicionales al coste del arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda o habitación, podrá presentarse anexo firmado por ambas partes (parte arrendadora y arrendataria), con el desglose de los siguientes importes:
- Renta del alquiler o del precio de la cesión de uso de la vivienda o habitación.
- Importe del alquiler o cesión de uso del resto de anejos (garaje, trastero, etc.).
- Importe de los otros gastos (comunidad, IBI, etc.).
Este documento es opcional. En su defecto, se aplicarán los límites a la renta arrendaticia o precio de cesión establecidos en la base octava.
3.4. Para las personas solicitantes que no figuren dadas de alta en el sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLOGIC), podrán aportar la solicitud de alta de datos a terceros, con cuenta asociada abierta en España, presentada según el procedimiento habilitado a tal fin: https://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/tesoro/altas_terceros/
En caso de figurar dadas de alta en el SEFLOGIC, deberán indicarlo en la solicitud.
En el caso de que la persona solicitante no aporte dicha documentación con la solicitud se le requerirá para su cumplimentación en la resolución de concesión de la ayuda, de conformidad con lo establecido en la base decimoquinta.
3.5. Para las personas solicitantes que no cuenten con una vida laboral de, al menos, tres meses de antigüedad, en los seis meses inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, se requerirá la acreditación de que cuentan con una fuente de ingresos, con una duración de al menos seis meses, contados desde el día de la solicitud.
3.6. En caso de que la unidad de convivencia incluya personas víctimas de violencia de género: documentación que lo acredite.
Decimocuarta.- Ordenación e instrucción del procedimiento.
1. La competencia para la ordenación e instrucción del procedimiento corresponde al órgano determinado en la base quinta, que realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.
2. Una vez realizado el análisis de la documentación aportada en el expediente por el órgano instructor, este requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez días hábiles proceda a la subsanación y/o presentación de documentación requerida, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley.
3. La cumplimentación de la subsanación se realizará en el formulario de solicitud habilitado, señalando el apartado “subsanación”, a través de los mismos medios establecidos para la presentación de la solicitud.
4. El órgano instructor, tras la evaluación de las solicitudes presentadas, formulará propuesta de resolución debidamente motivada, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes, que será elevada al órgano competente para resolver.
Decimoquinta.- Resolución del procedimiento.
1. La competencia para dictar la resolución del procedimiento corresponderá al órgano competente de conformidad con lo establecido en la base quinta.
2. El órgano competente dictará la resolución de concesión sin realizar los trámites de resolución provisional y aceptación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.6 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, con sus posteriores modificaciones.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 6 meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria y de las bases reguladoras en el Boletín Oficial de Canarias. El vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado la resolución, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
En todo caso, la resolución de concesión deberá dictarse antes del 31 de diciembre de 2026.
4. La resolución de concesión deberá expresar la relación de solicitantes a los que se concede la subvención y su cuantía, así como las solicitudes denegadas y desistidas.
La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y ante la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición, o bien se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo.
5. El órgano competente podrá dictar varias resoluciones de concesión de las ayudas, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes.
6. En el caso de que las personas solicitantes estén en condiciones de acceder a un arrendamiento o cesión de uso de vivienda o habitación, la resolución de concesión quedará condicionada a la aportación del correspondiente certificado o volante de empadronamiento, en el plazo de tres meses, así como a la formalización del contrato de arrendamiento o cesión, en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de dicha resolución.
7. En el caso de que la persona solicitante no estuviera dada de alta en el Sistema de Información Económico-Financiera y Logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC), la resolución de concesión de la ayuda comprenderá el requerimiento a las personas beneficiarias, confiriéndoles un plazo de 10 días hábiles a tal efecto.
La no gestión del alta por la persona beneficiaria, en el plazo conferido al efecto, supondrá la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida, previa resolución dictada al efecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la base vigesimosegunda.
En este caso, el órgano concedente podrá proceder a la revocación parcial de la resolución de concesión, respecto a aquellas solicitudes que, cumpliendo los requisitos establecidos en las presentes bases reguladoras, hubieran resultado desestimadas por agotamiento del crédito de la convocatoria.
8. En el supuesto de que existan personas solicitantes que, reuniendo los requisitos establecidos en las presentes bases para ostentar la condición de beneficiarias, no resulten adjudicatarias de la ayuda por agotamiento del crédito disponible, estas serán incluidas en una lista de reserva.
Dicha lista podrá ser utilizada en caso de que se produzca una liberación de crédito como consecuencia de renuncias, incumplimientos o pérdida del derecho al cobro por parte de las personas beneficiarias, procediéndose en tal caso a la concesión de la ayuda siguiendo el orden de registro de entrada de las solicitudes, de acuerdo con el crédito disponible.
Decimosexta.- Medios de notificación.
1. Los requerimientos de documentación para la subsanación de solicitudes, el trámite de audiencia, así como cualquier otra notificación que corresponda en el curso del procedimiento, y la resolución de concesión se notificarán mediante publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en la dirección: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios
2. Los requerimientos y resoluciones que se dicten con posterioridad a la concesión se publicarán en el citado tablón de anuncios de la sede electrónica.
Decimoséptima.- Modificación de la resolución de concesión.
1. Se podrá autorizar la modificación de la resolución de concesión, a petición de las personas beneficiarias, cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 20.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, que se detallan a continuación, siempre que no se dañen los derechos a terceras personas:
a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.
b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad de la persona beneficiaria inicial.
c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.
2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, previstas en el artículo 20.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo:
a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una subvención.
b) La obtención por las personas beneficiarias de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y por otras Administraciones o Entes Públicos para el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los periodos establecidos en la misma.
3. Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 de la presente base reguladora, como la comunicación de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2, deberán presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
Decimoctava.- Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la persona beneficiaria de la subvención queda sometida a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamentó la concesión de la subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 “in fine” de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Orden de 7 de marzo de 2005, por la que se regula el suministro por la Administración Tributaria Canaria de información para finalidades no tributarias sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias, la presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Administración Tributaria Canaria. La obtención de los certificados por el órgano gestor por esta vía sustituye a la aportación de los mismos por la persona interesada, sin perjuicio de su aportación por la propia interesada a iniciativa propia o por requerimiento del órgano administrativo.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por un periodo no inferior a cuatro años.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
2. Además de las anteriores, las personas beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones:
a) Estar dadas de alta en el Sistema de Información Económico-Financiera y Logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC), y mantener actualizados los datos sobre las cuentas bancarias para recibir pagos asociados a dicha alta, y, en todo caso, en el plazo máximo conferido en la resolución de concesión de la subvención, de conformidad con lo establecido en la base decimoquinta.
En el caso de que desee que los pagos vinculados a esta subvención se realicen en alguna cuenta determinada de entre las dadas de alta en dicho Sistema, deberá solicitarlo expresamente con anterioridad a la resolución de concesión, ya que, en caso contrario, se ordenará el pago indistintamente en alguna de las cuentas que figuren en dicho Sistema a su nombre. En todo caso, la cuenta bancaria para ingresar la subvención deberá ser una cuenta abierta en España.
El incumplimiento de dicha obligación, en el plazo máximo conferido, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida, de conformidad con lo establecido en la base vigesimosegunda.
b) En el caso de las personas solicitantes que estén en condiciones de acceder a un arrendamiento o cesión de vivienda o habitación, estas tendrán la obligación de presentar el certificado o volante de empadronamiento en el plazo de 3 meses desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda.
Asimismo, tendrán la obligación de presentar el correspondiente contrato de arrendamiento o cesión, que deberá formalizarse en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de la citada resolución de concesión, que quedará condicionada a su aportación.
c) Comunicar el cambio de domicilio, de conformidad con lo establecido en la base vigesimoprimera.
d) Comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al Instituto Canario de la Vivienda, cualquier modificación de las condiciones o requisitos que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda, y, en todo caso, en el plazo máximo de 15 días, contados a partir del día siguiente al que se produzca la modificación de que se trate.
En particular, se deberá comunicar de inmediato la suscripción del contrato de arrendamiento, en su caso, a los efectos previstos en la base cuarta.
e) Las restantes obligaciones establecidas en las presentes bases reguladoras.
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases reguladoras, así como de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, dará lugar, previa instrucción del procedimiento correspondiente, a la pérdida del derecho al cobro de la misma y, en su caso, al reintegro de las cantidades ya percibidas, con los intereses de demora que correspondan, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.
4. Las personas perceptoras de subvenciones concedidas por el Instituto Canario de la Vivienda, como órgano del sector público canario, quedan sometidas, a efectos de fiscalización externa, a la Audiencia de Cuentas de Canarias, sin perjuicio de las compentecias generales del Tribunal de Cuentas en caso de responsabilidad contable.
Decimonovena.- Justificación de la ayuda.
1. La documentación prevista en el apartado 2 de la presente base, justificativa del pago de la renta arrendaticia o del precio de cesión de la vivienda, que no hubiera sido aportada junto con la solicitud, deberá presentarse con carácter semestral ante el Instituto Canario de la Vivienda, a través de los mismos medios de presentación establecidos en la convocatoria, antes de los días 1 de junio y 1 de diciembre de cada anualidad.
En el supuesto de que el abono del alquiler correspondiente a los meses de junio o diciembre se efectúe con posterioridad a dichas fechas, la documentación acreditativa podrá aportarse en el requerimiento de recibos que se efectúe al efecto.
Transcurridos dichos plazos sin haberse presentado la documentación justificativa correspondiente, se requerirá a la persona beneficiaria para que la aporte en el plazo improrrogable de quince días hábiles. La no aportación de los recibos requeridos en el plazo conferido al efecto determinará la pérdida del derecho al cobro de las mensualidades correspondientes.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, con posterioridad a la resolución de concesión de las ayudas se podrá requerir a las personas beneficiarias para la presentación de los recibos acreditativos del pago de las mensualidades del alquiler devengadas hasta la fecha de la misma, a los efectos de proceder a su abono con anterioridad al cierre del ejercicio presupuestario.
La no aportación de los recibos en dicho periodo no determinará la pérdida del derecho al cobro de los mismos. En tal caso, los correspondientes abonos se efectuarán en cada una de las justificaciones semestrales, de conformidad con lo establecido en la base vigésima.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 25.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, dada la naturaleza de la actividad subvencionada, que se limita a financiar parte de la renta mensual del alquiler de la vivienda arrendada o del precio de cesión de la vivienda o habitación, la cuenta justificativa contendrá, únicamente, la documentación que se enumera a continuación:
- Justificante del pago bancario de las mensualidades de la renta de alquiler, o del pago del precio de la cesión de uso de la vivienda o de la habitación: transferencia, domiciliación, ingreso en cuenta, tarjeta de crédito o débito o cualquier método de pago electrónico acreditable mediante justificante bancario. En el documento deben constar los datos identificativos de la persona que realiza el pago (que deberá coincidir con la persona arrendataria o cualquier otra persona miembro de la unidad de convivencia), los datos identificativos de la persona arrendadora, el concepto de pago de la renta de alquiler y el mes al que corresponde.
El número de cuenta debe estar identificado en el contrato o documento análogo. En el caso de que se esté efectuando el pago en una cuenta distinta a la que consta en el contrato de arrendamiento deberá acreditarse mediante documento justificativo la titularidad de la cuenta a nombre de la persona arrendadora.
En caso de pago mediante tarjeta de crédito o débito, o cualquier método de pago electrónico, debe aportarse el justificante bancario de dicha operación. No se considerarán válidos los documentos acreditativos del pago en los que no consten los datos citados, ni aquellos que contengan enmiendas o tachaduras.
4. El pago se efectuará a través de medios electrónicos, en cumplimiento del artículo 17.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Solo se admitirá el pago en metálico cuando, excepcionalmente, alguna de las partes, ya sea la arrendadora o cedente, o bien la arrendataria o cesionaria, carezca de acceso a medios electrónicos de pago. Para ello, la persona solicitante deberá haber marcado la forma de pago “en efectivo” en el formulario de solicitud de la ayuda, o bien en la subsanación de dicha solicitud, y no haber pagado por medios electrónicos ninguna mensualidad hasta la concesión de la ayuda.
Desde que, en dicho periodo, haya constancia de algún recibo pagado por medios electrónicos, solo se admitirán pagos en metálico hasta el segundo mes posterior a la apertura del plazo de presentación de solicitudes. Al igual que en los pagos electrónicos, en el documento deben constar los datos identificativos de la persona arrendataria o cesionaria que realiza el pago, o cualquier otra persona miembro de la unidad de convivencia, los datos identificativos de la persona arrendadora o cedente del derecho de uso, el concepto de pago de la renta de alquiler o precio de cesión de uso y el mes al que corresponde, con la firma de ambas partes.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 35.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, el límite para el pago en efectivo de facturas o de documentos justificativos del gasto subvencionable se fija en 3.000 euros por expediente.
6. En caso de que la persona beneficiaria haya obtenido otros ingresos y/o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, declaración responsable del detalle de los mismos con indicación del importe, destino y procedencia.
Vigésima.- Abono de la ayuda.
1. El abono de la ayuda a la persona beneficiaria se realizará, previa justificación, de forma periódica semestralmente.
2. La subvención concedida será abonada mediante pagos fraccionados, previa justificación de los mismos. El número de pagos fraccionados será, con carácter general, de cuatro, coincidiendo con cada uno de los requerimientos de presentación de recibos semestrales.
No obstante lo anterior, podrá realizarse un primer pago en el momento de la concesión de la ayuda, comprendiendo las mensualidades de alquiler o de precio de cesión de la vivienda o habitación que se correspondan con los justificantes bancarios o recibos acreditativos del pago presentados por la persona solicitante.
Asimismo, podrán efectuarse pagos adicionales con anterioridad al cierre del ejercicio presupuestario, así como aquellos otros que resulten precisos de acuerdo con la gestión de los expedientes, de conformidad con los recibos aportados por la persona beneficiaria.
3. De conformidad con el artículo 37.6 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, no se podrá realizar el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro.
4. Con carácter previo a los pagos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Instituto Canario de la Vivienda comprobará el cumplimiento de los requisitos recabando los documentos electrónicos que sean necesarios a través de las plataformas de intermediación de datos y otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
En el caso que la persona solicitante se oponga expresamente a esta circunstancia en la solicitud, con carácter previo a cada pago, deberá adjuntar junto con la documentación justificativa la siguiente:
- Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria que acredite que la persona beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias estatales.
- Certificado emitido por la Agencia Tributaria Canaria que acredite que la persona beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias autonómicas.
- Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, emitido por el órgano competente.
5. Para el abono de la subvención concedida será necesario que la persona beneficiaria esté dada de alta como tercero en el Sistema de Información Económico Financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLOGIC).
En el caso de que la persona beneficiaria no estuviere dada de alta en el momento de la resolución de concesión se le requerirá su cumplimentación, de conformidad y con los efectos previstos en el apartado séptimo de la base decimoquinta.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la persona solicitante podrá tramitar dicha alta con anterioridad a la resolución de concesión de la subvención, de conformidad con lo establecido en la base decimotercera.
Vigesimoprimera.- Cambio de domicilio de las personas beneficiarias.
1. Cuando durante el periodo subvencionable la persona beneficiaria cambie su domicilio a otro ubicado dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la misma u otra provincia, sobre el que suscriba un nuevo contrato de arrendamiento o cesión de uso, quedará obligada a comunicar dicho cambio al Instituto Canario de la Vivienda en el plazo máximo de 15 días desde la firma del nuevo contrato.
2. La persona beneficiaria no perderá el derecho a la subvención por el cambio, siempre que con el nuevo contrato se cumpla con todos los requisitos, límites y condiciones establecidos en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, y en las presentes bases reguladoras, y se formalice sin interrupción temporal con el anterior.
3. Cuando una persona beneficiaria de esta ayuda cambie su domicilio a otro ubicado en una comunidad o ciudad autónoma diferente, sobre el que suscriba un nuevo contrato de arrendamiento o cesión de uso, quedará obligada a comunicar dicho cambio al órgano concedente de origen y a la comunidad o ciudad autónoma de destino, en el plazo máximo de quince días desde la firma del nuevo contrato.
Asimismo, la persona beneficiaria deberá presentar ante el Instituto Canario de la Vivienda la resolución de la comunidad autónoma de origen acreditativa de la finalización del periodo subvencionable en la misma, así como la documentación acreditativa de los importes que se hubiesen percibido hasta la fecha de firma del nuevo contrato.
4. A los efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para ser persona beneficiaria de la ayuda, la persona interesada, una vez comunicada la modificación de su domicilio, deberá presentar la correspondiente solicitud de subvención conforme al modelo normalizado publicado, acompañada, en su caso, de la declaración responsable de las personas que conforman la unidad de convivencia y autorización de acceso de datos, de conformidad con lo establecido en la base decimotercera.
5. El Instituto Canario de la Vivienda podrá resolver la concesión de la ayuda desde la fecha de suscripción del nuevo contrato y por el plazo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, siempre que existiera disponibilidad presupuestaria, descontando el plazo ya disfrutado en la comunidad de origen, y de acuerdo con las condiciones del nuevo contrato de arrendamiento.
6. La no comunicación del cambio de domicilio, en el plazo establecido, determinará la no exigibilidad de la ayuda y la pérdida del derecho de cobro en los términos establecidos en la normativa de aplicación.
7. En el supuesto de cambio de domicilio el requisito del límite de rentas anuales previsto en la base sexta será de 4 veces el IPREM. Esta elevación del límite de rentas anuales no será de aplicación para el supuesto de alquiler de habitación.
Vigesimosegunda.- Pérdida del derecho al cobro de la subvención.
1. Las personas beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al Instituto Canario de la Vivienda, cualquier modificación de las condiciones o requisitos que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. En todo caso, dicha comunicación deberá efectuarse en el plazo máximo de 15 días contados a partir del día siguiente al que se produzca la modificación de que se trate.
2. En todo caso, se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención en el caso de falta de presentación del contrato de alquiler o cesión de uso y del certificado o volante de empadronamiento en los plazos previstos en la base reguladora decimoquinta.
3. Una vez que el órgano concedente constate que se ha producido una modificación de las condiciones o requisitos de la persona beneficiaria que no haya sido comunicada en tiempo y forma, se iniciará el correspondiente procedimiento para declarar el incumplimiento de las condiciones de la ayuda y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las mensualidades pendientes.
Cuando, como consecuencia de dicho incumplimiento, se hubieran percibido cantidades que no correspondieran, procederá el inicio del correspondiente procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
En todo caso, con carácter previo a la resolución se conferirá a las personas interesadas trámite de audiencia por plazo de 15 días hábiles.
Asimismo, la no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.
4. En el supuesto de que el órgano competente resuelva que la modificación es causa de la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda, limitará en su resolución el plazo de concesión de la misma hasta la fecha en que se considere efectiva dicha pérdida.
Vigesimotercera.- Reintegro y criterios de graduación.
1. Procederá el reintegro, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 40 a 42 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro cuando se incurra en alguna de las causas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Asimismo, constituyen causa de reintegro las circunstancias siguientes:
a) El incumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias establecidas en la base decimoctava.
b) La falta de justificación de la subvención o la falsedad en el pago de las rentas o precio de cesión de su vivienda habitual y permanente.
c) La falta de comunicación al órgano instructor de cualquier modificación de las circunstancias determinantes del reconocimiento de la subvención.
d) La resolución del contrato de alquiler, salvo en los supuestos previstos de cambio de domicilio, en los términos establecidos en la base vigesimoprimera.
e) La interrupción temporal en la formalización de un nuevo contrato de alquiler o cesión de uso de vivienda o habitación con respecto al anterior, en el supuesto de cambio de domicilio.
f) La formalización del contrato de alquiler o cesión de uso en términos distintos a los que constan en el compromiso presentado junto con la solicitud.
3. Procederá el reintegro del 100% de la ayuda concedida en los siguientes casos:
a) Cuando la subvención se haya obtenido falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) En caso de incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad o la no adopción del comportamiento que fundamentaron la concesión de la subvención.
c) Cuando la persona beneficiaria adopte resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y personas beneficiarias, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. Se entenderá, en todo caso, que concurre este incumplimiento en el supuesto de que no se comuniquen las modificaciones habidas en el arrendamiento o cesión de uso de la vivienda o habitación durante la fase de tramitación de la solicitud de subvención, dando lugar a la percepción de una ayuda indebida.
En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos asumidos por las personas beneficiarias, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o en caso de modificación de la resolución de concesión o la alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una subvención, serán de aplicación criterios de graduación porcentual.
e) En los casos que la persona beneficiaria adopte, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
4. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por la persona beneficiaria.
4.1. Los criterios de graduación porcentual indicados serán de aplicación cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime, de modo significativo, al cumplimiento total y se acredite por esta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
4.2. Se considerarán incumplimientos parciales y generarán la obligación de reintegro en la parte proporcional, entre otros:
a) La no comunicación en el plazo de 15 días hábiles del cambio de vivienda o habitación para cuyo alquiler o cesión de uso se concedió la ayuda, de conformidad con lo establecido en la base vigesimoprimera.
b) El incumplimiento de los requisitos, límites y condiciones establecidos en estas bases por el nuevo contrato cuando exista cambio de vivienda, aun cuando se comunique el cambio en plazo.
En estos casos, el reintegro afectará a las mensualidades que se hayan podido percibir tras el cambio de vivienda o habitación.
5. En caso de la concurrencia de subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales de carácter compatible con la actividad de acuerdo con lo establecido en la base décima, en ningún caso el importe de la subvención concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por cualquier Administración o ente público o personal, supere el coste de la actividad subvencionada. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente a este programa fuese concedida, procederá el reintegro en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.
6. En todos los supuestos de reintegro indicados anteriormente, además de la devolución, total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora devengado, de conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que sea de aplicación, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta.
Vigesimocuarta.- Medidas de difusión y publicidad.
1. Por razón de la actividad subvencionable no se exigirá a las personas beneficiarias publicidad de la subvención percibida.
2. En concordancia con la cláusula decimotercera.2 del Convenio entre el extinto Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana y la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, firmado el 7 de julio de 2022, la resolución de concesión y los actos de notificación de la misma, así como cualesquiera otras dirigidas a las personas beneficiarias del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, deberán expresar que están financiadas con cargo a fondos del Estado (BOE n.º 213, de 5.9.2022).
La promoción, publicidad e información que se facilite sobre estas ayudas deberá incluir, en todo caso, la imagen institucional del Gobierno de España-Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como la inclusión de la Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias.
Estos requisitos de publicidad deben incluirse, además de en la “promoción, publicidad e información de las actuaciones”, en la documentación facilitada a las personas beneficiarias, tal como se establece en el artículo 21.3.f) del Real Decreto 42/2022, así como en la cláusula decimotercera del Convenio, según la cual debe hacerse constar la participación de ambas instituciones “en cuanta información pública se edite por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos”, por lo que se incluirá en los modelos de solicitud y resto de formularios la participación del Estado, en los términos en que así se haya acordado.
Vigesimoquinta.- Infracciones y sanciones y régimen aplicable a la prescripción.
1. Serán de aplicación, en cuanto a las infracciones y sanciones, los artículos básicos 59, 67, 68 y 69 del Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el Capítulo IX del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el artículo 154 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
2. Será de aplicación, en cuanto al régimen de prescripción, lo establecido en el artículo 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 153 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
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