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BOC Nº 183. Viernes 11 de septiembre de 2026 - 3233

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V. Anuncios - Otros anuncios - Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

3233 Viceconsejería de Infraestructuras.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de septiembre de 2026, que somete a nuevo trámite de información pública el proyecto de trazado “LP-2. Variante El Remo-La Zamora. Fuencaliente. Isla de La Palma”.

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BOC-A-2026-183-3233. Firma electrónica - Descargar

Promovido por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias se tramita el proyecto de referencia, constando en el mismo los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La carretera LP-2 es una carretera de interés regional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y en el Anexo n.º 2 del Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado mediante Decreto 131/1995, de 11 de mayo.

Segundo.- Con fecha 25 de octubre de 2024, la Dirección General de Infraestructura Viaria, como promotora del proyecto, remitió a este centro directivo el presente proyecto de trazado denominado “LP-2. Variante El Remo-La Zamora. Fuencaliente. Isla de La Palma”, junto con su correspondiente estudio de impacto ambiental, para la realización de los trámites de información pública y de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Tercero.- Mediante Orden n.º 222/2024, de 30 de septiembre, del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, se procedió a la aprobación técnica del proyecto de trazado y construcción denominado “LP-2. Variante El Remo-La Zamora. Fuencaliente”, isla de La Palma, ordenándose el sometimiento del proyecto a los trámites de información pública y consultas necesarios con carácter previo a su aprobación definitiva.

Cuarto.- Mediante Resolución n.º 120/2024, del Viceconsejero de Infraestructuras, registrada el 18 de noviembre de 2024, se acordó iniciar el trámite de información pública del proyecto y de su correspondiente estudio de impacto ambiental por plazo de treinta (30) días hábiles, anunciado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 241, de 3 de diciembre de 2024.

Asimismo, a través de la Resolución n.º 121/2024, del Viceconsejero de Infraestructuras, en igual fecha, se acordó someter el proyecto al trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

Se practicaron las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recibiéndose durante la tramitación del procedimiento los informes y alegaciones que obran incorporadas al expediente.

Quinto.- Con fecha 14 de febrero de 2025, una vez concluidos los plazos establecidos para los trámites de información pública y consultas, se dio traslado de las alegaciones e informes recibidos a la Dirección General de Infraestructura Viaria, indicándose, asimismo, que procedía reiterar la solicitud de los informes preceptivos aún no recibidos (OPVM/975/2025).

Sexto.- Con fecha 21 de abril (129431/2026), la Dirección General de Infraestructura Viaria remite informe valorando las alegaciones e informes emitidos durante los trámites de información publica y consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, en el que se señalan los aspectos estimados y medidas de mejora propuestas a incluir en la fase de proyecto de construcción, no suponiendo una modificación sustancial en relación a lo desarrollado en el proyecto de trazado que pueda desvirtuar su estudio de impacto ambiental.

Séptimo.- Mediante Resolución de 7 de julio de 2026, del Viceconsejero de Infraestructuras, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 173, de 28 de agosto de 2026, se declaró la caducidad de los trámites de información pública y consultas practicados en relación con el proyecto, al haber transcurrido el plazo de un (1) año desde su finalización sin que constase el traslado del expediente al órgano ambiental para la evaluación de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con el artículo 33.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

La citada Resolución dejó constancia que la caducidad se contrae exclusivamente a los trámites de información pública y consultas realizados en el expediente, y que los trámites caducados no podrán servir de base para la remisión del expediente al órgano ambiental ni para la continuación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, sin perjuicio de que, si persistiera el interés público en la actuación, puedan practicarse nuevamente los trámites de información pública y consultas conforme a los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013.

Octavo.- Subsiste el interés público en la actuación, como se desprende del informe citado de fecha 21 de abril de 2026, de la Dirección General de Infraestructura Viaria, promotora del proyecto, interesando a este centro directivo la reposición de los trámites de la información pública y consultas, haciéndose constar que el proyecto de trazado y su estudio de impacto ambiental mantienen su vigencia y que no han sobrevenido circunstancias que exijan su actualización, y facilitándose el acceso a la documentación completa a efectos de su exposición pública.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Este proyecto, junto a su correspondiente estudio de impacto ambiental, está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 7.1 y el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Segundo.- Al no producirse afectación en el territorio de otro Estado, no resulta de aplicación lo previsto en los artículos 49 y 50 de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, relativos a las consultas transfronterizas.

Tercero.- El órgano sustantivo para la aprobación del proyecto es la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, en virtud de las competencias atribuidas a la persona titular de ese Departamento por el artículo 7.6 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, aprobado mediante Decreto 193/2024, de 18 de noviembre (BOC n.º 235, de 25.11.2024), visto, asimismo, lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías.

Cuarto.- El órgano ambiental encargado de realizar el análisis técnico del expediente y de formular la declaración de impacto ambiental, según lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, es la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, para la que se crea el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento, correspondiendo a la Dirección General de Calidad Ambiental, adscrita actualmente a la Consejería de Transición Ecológica y Energía, formular las declaraciones de impacto ambiental de proyectos de competencia de la administración autonómica, conforme con el artículo 15.a) del Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias.

Quinto.- Corresponde a esta Viceconsejería de Infraestructuras el ejercicio de las competencias de estudio, informe y seguimiento medioambiental de los planes, programas y proyectos de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que conlleven evaluaciones ambientales, de conformidad con el artículo 20.5 del Decreto 193/2024, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería.

Sexto.- Declarada la caducidad de los trámites de información pública y consultas practicados con anterioridad, y persistiendo el interés público en la actuación, procede practicarlos nuevamente conforme a los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, con la documentación que resulte actualizada y procedente, a fin de que puedan sustentar válidamente la remisión del expediente al órgano ambiental y la continuación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Conforme al artículo 33.3 de la Ley 21/2013, los trámites que ahora se acuerdan tendrán una vigencia de un (1) año desde su finalización, plazo dentro del cual habrá de darse traslado del expediente al órgano ambiental para la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

El estudio de impacto ambiental conserva su validez a los efectos del artículo 35.4 de la Ley 21/2013, toda vez que fue presentado ante el órgano sustantivo para la realización de la información pública y de las consultas dentro del plazo de un año desde la fecha de su conclusión. La caducidad declarada se contrae a los trámites de participación, sin alcanzar al proyecto ni a su estudio de impacto ambiental, que permanecen válidamente incorporados al expediente.

Conforme al artículo 33.3 de la Ley 21/2013, los trámites que ahora se acuerdan tendrán una vigencia de un (1) año desde su finalización, plazo dentro del cual habrá de darse traslado del expediente al órgano ambiental para la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Séptimo.- Los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, conforme al artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La caducidad declarada no alcanzó a la Orden n.º 222/2024, de 30 de septiembre, de aprobación técnica del proyecto, ni a los informes técnicos obrantes en el expediente, que conservan su validez y eficacia, por lo que no procede reiterar dichas actuaciones.

En consecuencia, y de conformidad con los principios de racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, recogidos en las letras d) y j) del artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la reposición ordenada por el artículo 33.3 de la Ley 21/2013 se contrae a los trámites de información pública y consultas, sin que proceda retrotraer el procedimiento a actuaciones anteriores que conservan plena validez.

Octavo.- El artículo 36 de la Ley 21/2013 exige que el órgano sustantivo someta el proyecto y el estudio de impacto ambiental a información pública por plazo no inferior a treinta (30) días hábiles, mediante anuncio en el diario oficial correspondiente y en su sede electrónica.

Noveno.- La Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, en su artículo 16.6, prevé asimismo que se lleve a cabo un trámite de información pública en el supuesto de construcción de nuevas carreteras o tramos de ellas.

A la vista de lo anterior, en virtud de las competencias que tengo atribuidas y al efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de la citada Ley de evaluación ambiental, siguiendo la disposición adicional primera de la Ley territorial 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, así como el artículo 16.6 de la Ley de Carreteras de Canarias,

RESUELVO:

Primero.- Iniciar nuevamente el trámite simultáneo de información pública y de consulta a la Administraciones públicas afectadas y personas interesadas que se detallan en el anexo de la presente Resolución, relativo al proyecto de trazado denominado “LP-2. Variante El Remo-La Zamora. Fuencaliente. Isla de La Palma”, y de su correspondiente estudio de impacto ambiental, por un plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para la presentación de alegaciones, observaciones y consultas.

Segundo.- Hacer constar que el trámite que ahora se acuerda se practica en sustitución del declarado caducado mediante Resolución de 7 de julio de 2026, del Viceconsejero de Infraestructuras (BOC n.º 173, de 28.8.2026), por lo que, en su caso, se deberán presentar nuevamente, dentro del nuevo plazo que ahora se abre, las alegaciones, observaciones y consultas, pudiéndose, si así se considera por los que las formularon en su día, reiterar, ratificar o completar las alegaciones, observaciones y consultas realizadas.

Tercero.- Durante dicho plazo podrá consultarse la documentación del proyecto en la página web de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, en la siguiente dirección electrónica: https://www.gobiernodecanarias.org/obraspublicas/carreteras/pciudadana/index.html

Un ejemplar en formato digital del proyecto completo podrá ser igualmente consultado en las dependencias de la Viceconsejería de Infraestructuras, en la Avenida Francisco La Roche, n.º 35, Santa Cruz de Tenerife.

Cuarto.- Remitir copia digital del proyecto tanto al Cabildo Insular de La Palma como a los Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y Fuencaliente, al objeto de que pueda procederse a su exhibición por los mismos, en su caso, para lo que se recabará su colaboración.

Quinto.- Las observaciones, alegaciones y consultas que se realicen deberán ser dirigidas a la mencionada Viceconsejería de Infraestructuras de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, y su presentación podrá hacerse a través de cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto.- Comunicar la presente Resolución a la Dirección General de Infraestructura Viaria, como promotora del proyecto, y al órgano ambiental, a los efectos previstos en el artículo 3.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Contra el presente acto, por ser de mero trámite no cualificado, no cabe interponer recurso administrativo, sin perjuicio de que puedan realizarse alegaciones de oposición al mismo para su consideración en la resolución definitiva del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2026.- El Viceconsejero de Infraestructuras, Francisco Javier González Díaz.

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