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BOC-A-2026-162-2913.
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Examinado el expediente de referencia tramitado por el Área de Cultura y Patrimonio Cultural.
Vista la propuesta de fecha 30 de julio de 2026 formulada por el Director General de Cultura y Patrimonio Cultural.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1.º) Canarias dispone de un importante número de Bienes de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, distribuidos por distintas islas y municipios del archipiélago, que constituyen una parte esencial del patrimonio cultural canario y representan algunos de los espacios urbanos y rurales de mayor valor histórico, arquitectónico, paisajístico, social e identitario. Estos conjuntos históricos presentan una notable diversidad en cuanto a su origen, características, dimensión, función residencial, actividad económica, presión turística y capacidad de gestión, afrontando retos comunes relacionados con su protección, conservación, rehabilitación, revitalización, sostenibilidad y adaptación a las transformaciones sociales, económicas y ambientales. Esta realidad pone de manifiesto la conveniencia de reforzar los mecanismos de cooperación entre las administraciones públicas competentes, favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas y promover instrumentos permanentes de análisis, coordinación y generación de conocimiento.
2.º) Con el objetivo de analizar de forma conjunta la situación actual de los conjuntos históricos del archipiélago, compartir experiencias y promover una reflexión común sobre los principales desafíos que afrontan estos bienes, los días 17 y 18 de junio de 2026 se celebró en Betancuria (Fuerteventura) el I Encuentro de Conjuntos Históricos de Canarias, organizado por la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural, en colaboración con el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Betancuria. El encuentro reunió a representantes de las administraciones públicas competentes, universidades, colegios profesionales y personas expertas, quienes abordaron, desde una perspectiva multidisciplinar, cuestiones relacionadas con la conservación, gestión, rehabilitación, revitalización y gobernanza de los conjuntos históricos de Canarias.
3.º) Como resultado del encuentro, los asistentes elaboraron la “Declaración de Betancuria”, documento que recoge las principales conclusiones del debate y establece una hoja de ruta para orientar las actuaciones de las administraciones públicas y demás agentes implicados en la protección y gestión de los conjuntos históricos de Canarias. En dicha Declaración se reconoce que los conjuntos históricos constituyen espacios vivos y habitados, elementos esenciales de la identidad cultural del archipiélago, cuyo futuro requiere compatibilizar la protección y conservación del patrimonio cultural con la calidad de vida de sus residentes, la función residencial, la actividad económica y el desarrollo sostenible. Asimismo, la Declaración pone de manifiesto la necesidad de reforzar la cooperación institucional, favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas, mejorar el conocimiento sobre la realidad de estos bienes y promover un espacio permanente de colaboración, análisis y seguimiento que contribuya a una gestión más eficaz y coordinada de los conjuntos históricos de Canarias.
4.º) El Gobierno de Canarias asumió las referidas conclusiones, manifestando su compromiso de impulsar las actuaciones necesarias para su desarrollo. A tal efecto, se consideró pertinente disponer de un instrumento permanente de carácter técnico y participativo que permitiera articular la cooperación institucional, canalizar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, impulsar la generación de conocimiento, realizar el seguimiento de la realidad de los conjuntos históricos y servir de apoyo a la definición y evaluación de las políticas públicas en esta materia.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (en adelante, “el Estatuto”), configura el patrimonio cultural como un bien jurídico de interés general cuyo cuidado incumbe a los poderes públicos, al imponer el deber de velar por la protección y defensa del patrimonio y de la identidad cultural de Canarias. Asimismo, su artículo 137 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de la participación de las entidades locales en el ejercicio de funciones y competencias en la materia, a quienes el Estatuto reconoce funciones ejecutivas en materia de patrimonio histórico a los cabildos insulares y los municipios, en virtud de los artículos 70.2.p) y 75.5.i), respectivamente.
Este marco competencial se desarrolla y concreta a través de la normativa autonómica de régimen local, contenida en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, y en la Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares, y, de manera singular, mediante la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (en adelante, LPCC), que sistematiza el modelo de protección, conservación y gestión del patrimonio cultural en Canarias.
Segunda.- Los conjuntos históricos constituyen una categoría específica de bien inmueble de interés cultural, definida en el artículo 23.b) de la LPCC como una unidad de asentamiento urbano o rural cuya estructura física refleja la evolución de una comunidad humana. Su declaración determina la aplicación del régimen singular de protección y tutela previsto en el artículo 22.2, y su conservación debe atender a sus valores patrimoniales peculiares y a su fisonomía histórica, conforme al artículo 36.
Su régimen jurídico específico se desarrolla en la Sección 3.ª del Capítulo I del Título IV de la citada ley (artículos 36 a 38), que establece su protección y conservación atendiendo a sus valores patrimoniales culturales y a su fisonomía histórica (artículo 36), articula su ordenación y gestión mediante un plan especial de protección (artículo 37) y determina el contenido mínimo de dicho instrumento, incorporando no solo determinaciones de protección patrimonial, sino también relativas a los usos, la rehabilitación, la accesibilidad, la movilidad, la revitalización y los modelos de gestión integrada del conjunto histórico (artículo 38).
Tercera.- La gestión de los conjuntos históricos se articula competencialmente entre las tres administraciones públicas canarias. Corresponde así a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias resolver los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural incoados y tramitados por los cabildos insulares de conformidad con la letras e) del artículo 15.2.
Los cabildos insulares, por su parte, incoan e instruyen los procedimientos de declaración, autorizan las intervenciones en los conjuntos históricos que no cuenten con plan especial de protección en vigor y emiten informe preceptivo y vinculante sobre dichos planes, conforme a las letras a), f) y h) del artículo 16.
Finalmente, corresponde a los ayuntamientos formular, tramitar y aprobar los planes especiales de protección de los conjuntos históricos, de acuerdo con la letra b) del artículo 17, asumiendo, una vez vigente el correspondiente plan especial, la autorización de las obras y usos en los términos previstos en el artículo 80.2, sin perjuicio de las competencias que el propio artículo 80 reserva al cabildo insular.
Por tanto, la concurrencia de competencias autonómicas, insulares y municipales, junto con la necesaria integración de las políticas sectoriales a que se refiere el artículo 8, determina que la protección, conservación, gestión y revitalización de los conjuntos históricos requieran mecanismos permanentes de coordinación, cooperación, asesoramiento técnico e intercambio de información entre las administraciones públicas y los sectores implicados.
Cuarta.- De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la LPCC, todas las administraciones públicas canarias están llamadas a colaborar y coordinarse en el ejercicio de sus competencias y funciones para contribuir al logro de los objetivos de la ley. Asimismo, de manera concreta, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del mismo artículo, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene como misión establecer las medidas necesarias para que se produzca dicha colaboración interadministrativa, mandato que se concreta en el artículo 15.b) del mismo texto.
Dicho precepto señala que el Departamento del Gobierno de Canarias que tenga atribuidas las competencias en materia de patrimonio cultural deberá coordinar las actuaciones de las administraciones públicas canarias y fomentar la colaboración y cooperación entre las administraciones implicadas, por razón de la materia o del territorio, en la tutela y gestión del patrimonio cultural de Canarias.
Quinta.- De acuerdo con el artículo 27.4 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, corresponde al Gobierno de Canarias la creación, organización y funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración Pública autonómica a los que se atribuyan funciones decisorias, de propuesta, de emisión de informes preceptivos, así como de seguimiento o control.
Por su parte, el artículo 27.5 prevé que la creación, organización y funcionamiento de los órganos colegiados distintos de los anteriores se llevará a cabo por disposición del departamento al que queden adscritos, atendiendo al sector material de las funciones que se les atribuyan, dando cuenta al Parlamento en forma de comunicación para su debate ante el Pleno.
En el presente caso, al configurarse este observatorio como un órgano colegiado de naturaleza colaborativa, basado en el debate y en la puesta en común de buenas prácticas, sin atribución de competencias decisorias, procede su creación mediante disposición del departamento competente en patrimonio cultural y su adscripción al centro directivo correspondiente.
Sexta.- Respecto al régimen de funcionamiento del órgano colegiado, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establecen las reglas básicas relativas al régimen de los órganos colegiados, incluyendo, entre otras cuestiones, la posibilidad de constitución y celebración de sesiones a distancia, los requisitos de válida constitución, el régimen de convocatorias, la adopción de acuerdos y la formalización de actas, sin perjuicio de las especialidades organizativas y de funcionamiento que se prevean en la presente Orden de creación.
Séptima.- El órgano competente para resolver es la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, con arreglo a las facultades que le confiere el artículo 27.5 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, correspondiendo la propuesta al Director General de Cultura y Patrimonio Cultural, de conformidad con el artículo 19.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Octava.- Resulta de aplicación el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), que establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Ambos recursos son excluyentes de manera que no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto (artículo 123.2 de la LPACAP). El plazo de interposición del recurso de reposición será de un mes (artículo 124 de la LPACAP) a contar desde el día siguiente a la notificación. Para el cómputo de los plazos se estará a lo previsto en el artículo 30.4 de la LPACAP.
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).
En caso de que el recurso de reposición se interponga por medio de representante deberá acreditarse la representación (artículo 5 de la LPACAP).
En su virtud,
RESUELVO:
Primero.- Creación y configuración.
1. Crear el Observatorio de los Conjuntos Históricos de Canarias, con carácter de órgano colegiado, en los términos previstos en el anexo de la presente Orden.
2. El Observatorio se configura como un órgano colegiado de colaboración, coordinación, cooperación institucional, análisis e intercambio de información entre las administraciones públicas competentes y demás entidades representadas, orientado al estudio, seguimiento y difusión de buenas prácticas en materia de protección, conservación, gestión y revitalización de los conjuntos históricos de Canarias.
3. El Observatorio no ejercerá funciones decisorias, ni asumirá competencias de propuesta, emisión de informes preceptivos, seguimiento o control sobre las administraciones públicas competentes, sin perjuicio de que pueda formular recomendaciones, criterios orientativos y conclusiones de carácter no vinculante.
4. Su creación y funcionamiento se incardinan en el marco previsto para los órganos colegiados de carácter no decisorio y de colaboración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Segundo.- Adscripción.
El Observatorio de los Conjuntos Históricos de Canarias queda adscrito a la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural, que prestará el apoyo administrativo y técnico necesario para su funcionamiento, sin perjuicio de la participación de las administraciones públicas y demás entidades previstas en el anexo.
Tercero.- Régimen de funcionamiento.
El Observatorio se regirá por lo dispuesto en la presente Orden y en su anexo y, con carácter supletorio, por lo previsto en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.- Habilitación para la ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural para dictar cuantas resoluciones, instrucciones y actos resulten necesarios para la ejecución y desarrollo de la presente Orden, así como para adoptar las medidas organizativas precisas para la constitución y el funcionamiento del Observatorio de los Conjuntos Históricos de Canarias, incluida la designación de sus integrantes cuando proceda conforme a lo previsto en el anexo.
Quinto.- Constitución del Observatorio.
El Observatorio de los Conjuntos Históricos de Canarias deberá constituirse en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Orden.
Sexto.- Notificación.
Notificar la presente Orden a las personas interesadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Séptimo.- Publicación.
Ordenar la publicación de la presente Orden y su anexo en el Boletín Oficial de Canarias, por razones de interés público, a efectos de general conocimiento, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2026.
LA CONSEJERA DE UNIVERSIDADES,
CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA,
Migdalia María Machín Tavío.
ANEXO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
El presente anexo tiene por objeto regular la organización, composición y funcionamiento del Observatorio de los Conjuntos Históricos de Canarias (en adelante, el Observatorio), como órgano colegiado de carácter técnico, consultivo, participativo y no decisorio, constituido como espacio permanente de análisis, cooperación institucional, intercambio de información, generación de conocimiento especializado y formulación de recomendaciones dirigidas a favorecer la protección, conservación, rehabilitación, gestión, revitalización y puesta en valor de los Conjuntos Históricos de Canarias.
Artículo 2.- Naturaleza, adscripción y régimen jurídico.
1. El Observatorio es un órgano colegiado de carácter técnico, consultivo, participativo y no decisorio, de ámbito autonómico y composición multidisciplinar, integrado por representantes de las administraciones públicas, universidades, entidades profesionales y personas expertas vinculadas a la protección, conservación, rehabilitación, investigación, planificación, gestión y difusión de los Conjuntos Históricos de Canarias.
2. El Observatorio carece de competencias resolutorias y no ejercerá potestades administrativas ni emitirá informes preceptivos o vinculantes. Sus acuerdos, conclusiones, estudios, informes y recomendaciones tendrán carácter exclusivamente técnico y no vinculante, sin perjuicio de su valor como instrumento de apoyo para la mejora de las políticas públicas en materia de conjuntos históricos.
3. El Observatorio queda adscrito a la consejería competente en materia de patrimonio cultural, a través del centro directivo competente en dicha materia, que le prestará el apoyo técnico, administrativo, documental y organizativo necesario para el adecuado desarrollo de sus funciones.
4. El Observatorio se regirá por lo dispuesto en este anexo y, supletoriamente, por la normativa reguladora de los órganos colegiados de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y por la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público.
Artículo 3.- Finalidad.
El Observatorio tiene por finalidad constituir un espacio permanente de análisis, conocimiento, cooperación técnica y coordinación institucional orientado a mejorar la protección, conservación, rehabilitación, gestión, revitalización y desarrollo sostenible de los Conjuntos Históricos de Canarias, mediante el estudio de su evolución, la identificación de necesidades y la formulación de propuestas y recomendaciones que contribuyan a la mejora continua de las políticas públicas en esta materia.
Para el cumplimiento de dicha finalidad, el Observatorio desarrollará, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) Favorecer el intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimiento especializado entre las administraciones públicas, universidades, entidades profesionales y personas expertas.
b) Promover una visión estratégica, integrada e interdisciplinar de los Conjuntos Históricos de Canarias, impulsando criterios comunes de actuación y metodologías compatibles que favorezcan su adecuada protección, conservación, rehabilitación, gestión y revitalización.
c) Analizar los principales retos y oportunidades que afectan a los Conjuntos Históricos, especialmente en relación con la planificación urbanística, la rehabilitación del patrimonio edificado, la vivienda, la actividad económica, el turismo, la movilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático y la calidad del espacio público.
d) Impulsar la elaboración de estudios, informes, diagnósticos, indicadores, recomendaciones y demás instrumentos técnicos que contribuyan al mejor conocimiento, seguimiento y evaluación de los Conjuntos Históricos de Canarias.
Artículo 4.- Principios de actuación.
El Observatorio desarrollará su actividad de acuerdo con los siguientes principios:
a) Cooperación institucional y lealtad entre las administraciones públicas competentes.
b) Gobernanza colaborativa, favoreciendo la participación activa de las administraciones públicas, las universidades, las entidades profesionales y las personas expertas.
c) Rigor, excelencia y calidad técnica en la elaboración de estudios, informes, recomendaciones y demás documentos que emanen del Observatorio.
d) Conservación integrada del patrimonio cultural, promoviendo la adecuada compatibilidad entre la protección de los valores culturales y las necesidades sociales, económicas, urbanísticas y ambientales de los Conjuntos Históricos.
e) Intercambio de conocimiento, innovación y mejora continua, fomentando la difusión de experiencias, metodologías y buenas prácticas.
f) Desarrollo territorial equilibrado, atendiendo a la diversidad insular y municipal existente en Canarias.
g) Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, en los términos previstos por la normativa aplicable.
h) Igualdad efectiva entre mujeres y hombres y presencia equilibrada en la composición y funcionamiento del Observatorio, de conformidad con la legislación vigente.
i) Desarrollo sostenible, incorporando criterios ambientales, sociales, económicos y culturales en la protección, conservación y gestión de los Conjuntos Históricos.
Artículo 5.- Funciones.
Corresponde al Observatorio, en el marco de su finalidad y de los principios que inspiran su actuación, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Analizar la situación, evolución y principales tendencias que afectan a los Conjuntos Históricos de Canarias, identificando sus fortalezas, necesidades, riesgos y oportunidades.
b) Promover el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre las administraciones públicas, universidades, entidades profesionales y demás agentes implicados en la protección, conservación, rehabilitación y gestión de los Conjuntos Históricos.
c) Elaborar estudios, informes, diagnósticos e indicadores sobre el estado de conservación, rehabilitación, gestión, dinamización y revitalización de los Conjuntos Históricos de Canarias.
d) Formular recomendaciones y propuestas de carácter técnico orientadas a mejorar las políticas públicas de protección, conservación, rehabilitación, gestión y puesta en valor de los Conjuntos Históricos.
e) Impulsar la elaboración de guías, criterios técnicos, metodologías, documentos de referencia y recomendaciones de carácter no vinculante que favorezcan una actuación coordinada de las administraciones públicas competentes.
f) Promover la investigación, la innovación, la formación especializada y la transferencia del conocimiento en materia de Conjuntos Históricos.
g) Favorecer la cooperación entre las administraciones públicas competentes y las instituciones científicas, académicas, profesionales y sociales relacionadas con la protección y gestión de los Conjuntos Históricos.
h) Elaborar y aprobar el Informe Anual sobre el Estado de los Conjuntos Históricos de Canarias, en el que se recogerán, al menos, la evolución de los principales indicadores, las actuaciones desarrolladas, las buenas prácticas identificadas, los riesgos detectados y las recomendaciones dirigidas a la mejora de las políticas públicas en esta materia.
i) Ejercer cualesquiera otras funciones de estudio, análisis, cooperación, coordinación técnica y asesoramiento que resulten coherentes con la naturaleza y finalidad del Observatorio y que no impliquen el ejercicio de potestades administrativas ni la adopción de actos con efectos jurídicos vinculantes.
CAPÍTULO II
ÓRGANOS Y COMPOSICIÓN DEL OBSERVATORIO
Artículo 6.- Órganos del Observatorio.
1. El Observatorio se estructura en los siguientes órganos:
a) El Pleno.
b) La Comisión Permanente.
c) La Presidencia.
d) La Vicepresidencia.
e) La Secretaría.
f) Los grupos de trabajo.
2. El Pleno es el órgano superior de participación, deliberación, estudio y propuesta del Observatorio.
3. La Comisión Permanente es el órgano técnico encargado de impulsar la actividad ordinaria del Observatorio, coordinar sus actuaciones y efectuar el seguimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno.
4. La Presidencia, las Vicepresidencias y la Secretaría ejercerán las funciones que se les atribuyen en la presente Orden.
5. El Pleno podrá acordar la creación de grupos de trabajo, de carácter permanente o temporal, para el estudio y análisis de materias específicas relacionadas con los fines del Observatorio.
Artículo 7.- El Pleno.
1. El Pleno es el órgano superior de deliberación, participación, estudio y propuesta del Observatorio.
2. El Pleno estará integrado por las siguientes personas miembros, con voz y voto:
a) La persona titular del centro directivo competente en materia de patrimonio cultural, que ejercerá la Presidencia.
b) La persona titular de la Jefatura de Área competente en materia de patrimonio cultural, que ejercerá la Vicepresidencia.
c) Dos vocalías integradas por empleados públicos adscritos al área competente en materia de cultura o patrimonio cultural de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con formación o especialización en Arquitectura o Historia del Arte, designadas por la persona titular de la Presidencia.
d) Una vocalía en representación del centro directivo competente en materia de ordenación del territorio y cohesión territorial.
e) Una vocalía en representación del centro directivo competente en materia de vivienda.
f) Una vocalía en representación del centro directivo competente en materia de promoción turística.
g) Una vocalía en representación de cada uno de los cabildos insulares que cuenten con uno o más Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, con rango mínimo de Director o Directora Insular o equivalente.
h) Cuatro vocalías en representación de los municipios de Canarias que cuenten con uno o más Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, designadas por la Federación Canaria de Municipios (FECAM) por un periodo de tres años, con renovación parcial conforme determine dicha Federación.
i) Una vocalía en representación del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en atención a su condición de único municipio de Canarias cuyo conjunto histórico se encuentra inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su Valor Universal Excepcional.
j) Una vocalía en representación de la Universidad de La Laguna.
k) Una vocalía en representación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
l) Una vocalía en representación del Consejo Canario de Colegios de Arquitectos.
m) Tres vocalías integradas por personas de reconocido prestigio en los ámbitos del patrimonio cultural, la arquitectura, el urbanismo, la ordenación del territorio, la geografía, la historia, la arqueología, la rehabilitación, el paisaje cultural o disciplinas afines, designadas por la Presidencia.
3. Actuará como Secretaría del Pleno, con voz y voto, la persona titular de la Jefatura del Servicio competente en materia de patrimonio cultural. En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal, será sustituida por la persona titular del puesto singularizado adscrito al centro directivo competente en materia de patrimonio cultural.
4. Las personas designadas por las administraciones públicas, universidades, colegios profesionales y demás entidades representadas en el Observatorio deberán contar con experiencia, trayectoria profesional o conocimientos acreditados en materias relacionadas con la protección, conservación, rehabilitación, gestión o investigación de los Conjuntos Históricos, el patrimonio cultural, la arquitectura, el urbanismo, la ordenación del territorio, el paisaje cultural o disciplinas afines.
5. Las vocalías previstas en las letras c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m) del apartado 2 serán designadas por los órganos, administraciones, universidades, entidades o instituciones a las que representen o, en su caso, por la Presidencia del Observatorio cuando así se prevea expresamente, comunicándose su designación a la Presidencia del Observatorio.
6. La condición de miembro del Pleno se mantendrá mientras subsista el cargo o la designación que fundamentó el correspondiente nombramiento.
7. En la designación de las personas integrantes del Pleno se procurará una representación equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con la normativa vigente en materia de igualdad.
8. Corresponde al Pleno:
a) Aprobar las líneas generales de actuación y el programa anual de trabajo del Observatorio.
b) Conocer, debatir y, en su caso, aprobar los estudios, informes, diagnósticos, recomendaciones y demás documentos elaborados en el seno del Observatorio.
c) Aprobar el Informe Anual sobre el Estado de los Conjuntos Históricos de Canarias.
d) Formular propuestas y recomendaciones dirigidas a mejorar la protección, conservación, rehabilitación, gestión, revitalización y desarrollo sostenible de los Conjuntos Históricos de Canarias.
e) Crear, modificar y suprimir grupos de trabajo, determinando su objeto, composición, coordinación, plazo de funcionamiento y forma de presentación de sus resultados.
f) Conocer y valorar los resultados de los grupos de trabajo y acordar, cuando proceda, su remisión a las administraciones públicas, instituciones u órganos competentes.
g) Efectuar el seguimiento general de las actuaciones desarrolladas por el Observatorio y conocer las actuaciones realizadas por la Comisión Permanente.
h) Aprobar la memoria anual de actividades del Observatorio.
i) Ejercer cualesquiera otras funciones coherentes con la naturaleza y fines del Observatorio.
9. Los acuerdos, estudios, informes, conclusiones y recomendaciones aprobados por el Pleno tendrán carácter exclusivamente técnico y no vinculante.
Artículo 8.- La Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente es el órgano técnico encargado de impulsar la actividad ordinaria del Observatorio, preparar las sesiones del Pleno, coordinar los grupos de trabajo y efectuar el seguimiento de los acuerdos adoptados.
2. Estará integrada por:
a) La persona titular de la Jefatura de Área competente en materia de patrimonio cultural, que ejercerá la Presidencia.
b) La persona titular del puesto singularizado adscrito al centro directivo competente en materia de patrimonio cultural.
c)Actuará como Secretaría de la Comisión Permanente, con voz y voto, la persona titular de la Jefatura del Servicio competente en materia de patrimonio cultural. En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal, será sustituida por una persona funcionaria de carrera del Subgrupo A1, adscrita al centro directivo competente en materia de patrimonio cultural, designada por la Presidencia.
3. La Comisión Permanente podrá recabar la asistencia de personal empleado público adscrito al centro directivo competente en materia de patrimonio cultural, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje. Dicho personal asistirá con voz, pero sin voto, exclusivamente para prestar apoyo técnico o asesoramiento en las materias de su competencia.
4. Corresponde a la Comisión Permanente:
a) Preparar las sesiones del Pleno y elevar a la Presidencia las propuestas de orden del día y la documentación correspondiente.
b) Impulsar y realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos adoptados por el Pleno, informando a la Presidencia sobre su grado de cumplimiento.
c) Coordinar la actividad de los grupos de trabajo.
d) Examinar los estudios, informes y propuestas elaborados por los grupos de trabajo y elevarlos, junto con las observaciones que estime oportunas, a la Presidencia para su inclusión, en su caso, en el orden del día del Pleno.
e) Coordinar la elaboración del informe anual y de la memoria anual de actividades del Observatorio, para su elevación a la Presidencia.
f) Recabar, por conducto de la Presidencia, la información y documentación necesarias para el ejercicio de las funciones del Observatorio, sin perjuicio de la colaboración de las administraciones y entidades representadas en el mismo.
g) Formular a la Presidencia propuestas sobre la creación, modificación o supresión de grupos de trabajo, para su elevación al Pleno cuando proceda.
h) Formular propuestas de actuación, recomendaciones e iniciativas dirigidas a mejorar la protección, conservación, rehabilitación, gestión y puesta en valor de los Conjuntos Históricos.
i) Cualesquiera otras funciones de estudio, coordinación, impulso y seguimiento que le encomiende el Pleno o la Presidencia del Observatorio.
5. La Comisión Permanente dará cuenta de sus actuaciones al Pleno en la primera sesión que este celebre.
Artículo 9.- La Presidencia y las Vicepresidencias.
1. La Presidencia ostenta la representación del Observatorio y dirige e impulsa su actividad. Le corresponden, en particular, las siguientes funciones:
a) Acordar la convocatoria de las sesiones del Pleno y fijar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las propuestas formuladas por sus miembros.
b) Presidir las sesiones, moderar los debates y suspenderlos por causas justificadas.
c) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
d) Impulsar el cumplimiento de las líneas de actuación y de los acuerdos adoptados por el Pleno.
e) Instar la creación de grupos de trabajo y proponer al Pleno su objeto, composición y plazo de funcionamiento.
f) Designar a las personas integrantes del Observatorio cuando así se prevea en este anexo.
g) Acordar la participación de personas invitadas y expertas en las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente o de los grupos de trabajo.
h) Visar las actas y certificaciones expedidas por la Secretaría.
i) Velar por el cumplimiento de este anexo y resolver las dudas que suscite su interpretación.
j) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la Presidencia de un órgano colegiado.
2. La Vicepresidencia asistirá a la Presidencia en el ejercicio de sus funciones y la sustituirá en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
3. Sin perjuicio del régimen de sustitución previsto en el apartado anterior, la persona titular de la Presidencia podrá delegar en la persona titular de la Vicepresidencia el ejercicio de las competencias que resulten legalmente delegables.
Artículo 10.- La Secretaría.
1. Corresponde a la Secretaría prestar asistencia técnica, jurídica y administrativa al Pleno y a la Comisión Permanente y, en particular, ejercer las siguientes funciones:
a) Asistir a la Presidencia y a la Comisión Permanente en la preparación de las convocatorias y en la gestión del orden del día.
b) Redactar y custodiar las actas y la documentación del Observatorio.
c) Prestar apoyo técnico y administrativo al funcionamiento del Observatorio.
d) Prestar apoyo a las comisiones y grupos de trabajo y asegurar la trazabilidad de sus documentos.
e) Impulsar, por indicación de la Presidencia, las actuaciones necesarias para el seguimiento de los acuerdos y la elaboración de la memoria anual.
f) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Observatorio.
g) Certificar las actuaciones del Observatorio.
h) Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos sean respetadas
Artículo 11.- Grupos de trabajo.
1. El Pleno podrá acordar la creación de grupos de trabajo, permanentes o temporales, para el análisis y estudio de materias específicas relacionadas con los Conjuntos Históricos de Canarias y para la elaboración de estudios, informes, propuestas, recomendaciones, guías, protocolos y otros documentos técnicos de carácter no vinculante.
2. El acuerdo de creación determinará, al menos:
a) Su denominación y objeto.
b) Su composición.
c) La persona responsable de su coordinación.
d) Las tareas encomendadas.
e) El plazo para la realización de sus trabajos.
f) La forma de presentación de sus resultados.
3. Los grupos de trabajo podrán estar integrados por miembros del Observatorio y, cuando resulte conveniente por razón de la materia, por personas expertas o representantes de otras administraciones públicas, universidades, colegios profesionales, instituciones o entidades especializadas.
4. Las personas externas al Observatorio que participen en los grupos de trabajo serán designadas por la Presidencia, a propuesta del Pleno o de la Comisión Permanente.
5. La Comisión Permanente coordinará y efectuará el seguimiento de los grupos de trabajo, facilitando los medios necesarios para el adecuado desarrollo de las tareas que tengan encomendadas.
6. Los grupos de trabajo elevarán sus resultados a la Comisión Permanente, que los examinará con carácter previo a su remisión al Pleno para su conocimiento, debate y, en su caso, aprobación.
7. Los grupos de trabajo quedarán extinguidos una vez cumplido su objeto y presentados sus resultados, salvo que el Pleno acuerde expresamente la continuidad de sus actuaciones.
Artículo 12.- Personas invitadas.
1. La Presidencia, por iniciativa propia o a propuesta del Pleno o de la Comisión Permanente, podrá invitar a participar en las sesiones del Observatorio o de sus grupos de trabajo, con voz y sin voto, a personas físicas o representantes de otras administraciones públicas,entidades públicas o privadas, asociaciones, organizaciones sociales, centros de investigación, organismos nacionales o internacionales y, en general, a cualquier otra persona o entidad cuya participación se considere de interés en atención a las materias incluidas en el orden del día o al cumplimiento de los fines del Observatorio.
2. Las personas invitadas podrán intervenir en los debates y aportar la información, documentación o asesoramiento técnico que les sea requerido, sin adquirir por ello la condición de miembro del Observatorio.
3. La invitación determinará, en su caso, el alcance de la participación, la duración de la misma y la documentación a la que podrán acceder, con sujeción a la normativa aplicable.
Artículo 13.- Suplencias, sustituciones y pérdida de la condición de miembro.
1. En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal, las personas miembros por razón del cargo serán sustituidas por quienes legalmente les sustituyan.
2. Las vocalías designadas en representación de administraciones públicas, universidades, colegios profesionales y demás entidades podrán ser sustituidas en cualquier momento por el órgano o entidad que hubiera efectuado su designación, debiendo comunicarse dicha circunstancia a la Secretaría del Observatorio.
3. Las personas miembros perderán tal condición por alguna de las siguientes causas:
a) Cese en el cargo que motivó su pertenencia al Observatorio.
b) Revocación de la designación efectuada por la administración, universidad, entidad o institución correspondiente.
c) Renuncia expresa.
d) Fallecimiento.
e) Incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su designación.
f) Cualquier otra causa legalmente prevista.
4. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas mediante el mismo procedimiento previsto para la designación del miembro sustituido, por el tiempo que reste, en su caso, del mandato correspondiente.
CAPÍTULO III
FUNCIONAMIENTO
Artículo 14.- Régimen general de funcionamiento.
1. El Observatorio desarrollará sus funciones a través del Pleno, la Comisión Permanente y, en su caso, de los grupos de trabajo que se constituyan de conformidad con lo previsto en la presente Orden.
2. El funcionamiento del Observatorio se ajustará a lo dispuesto en la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público, en la normativa autonómica reguladora de los órganos colegiados y en la presente Orden.
3. Las sesiones podrán celebrarse de forma presencial, a distancia o mediante sistemas mixtos, siempre que quede garantizada la identidad de las personas asistentes, la continuidad de la comunicación, la participación efectiva en las deliberaciones y la emisión del voto, de conformidad con la normativa vigente.
4. El Observatorio podrá utilizar medios electrónicos para la convocatoria de las sesiones, la remisión de documentación, la celebración de reuniones, la adopción de acuerdos y cualquier otra actuación necesaria para el desarrollo de sus funciones.
Artículo 15.- Convocatorias y sesiones.
1. El Pleno celebrará, al menos, una sesión ordinaria cada año.
2. Asimismo, podrá reunirse en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde la Presidencia, por iniciativa propia, a propuesta de la Comisión Permanente o cuando lo solicite, al menos, un tercio de las personas miembros del Pleno.
3. La Comisión Permanente se reunirá cuantas veces resulte necesario para el adecuado desarrollo de las funciones del Observatorio y, al menos, una vez entre cada sesión ordinaria del Pleno.
4. La convocatoria de las sesiones corresponderá a la Presidencia y será cursada por la Secretaría con una antelación mínima de cinco días hábiles, salvo que concurran razones de urgencia debidamente motivadas, en cuyo caso podrá reducirse dicho plazo.
5. La convocatoria incluirá el orden del día, la documentación necesaria para el estudio de los asuntos a tratar y, cuando proceda, las instrucciones para la participación mediante medios electrónicos.
6. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todas las personas miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto por mayoría.
Artículo 16.- Constitución y adopción de acuerdos.
1. Para la válida constitución del Pleno y de la Comisión Permanente será necesaria, en primera convocatoria, la asistencia de quienes ejerzan la Presidencia y la Secretaría, o de quienes legalmente les sustituyan, así como de, al menos, la mitad de sus miembros.
2. En segunda convocatoria, que podrá celebrarse treinta minutos después de la primera, será suficiente la asistencia de quienes ejerzan la Presidencia y la Secretaría, o de quienes les sustituyan, y de un tercio de las personas miembros del órgano.
3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas miembros presentes, salvo que una norma con rango legal establezca una mayoría distinta.
4. En caso de empate decidirá el voto de calidad de la Presidencia.
5. Las personas miembros podrán formular voto particular, que deberá incorporarse al acta cuando así lo soliciten.
Artículo 17.- Funcionamiento de los grupos de trabajo.
1. Los grupos de trabajo desarrollarán las funciones que les encomiende el Pleno, de conformidad con el acuerdo de creación.
2. Cada grupo de trabajo contará con una persona coordinadora designada por el Pleno, que impulsará sus trabajos y velará por el cumplimiento de los objetivos encomendados.
3. Podrán participar en los grupos de trabajo personas expertas o representantes de administraciones públicas, universidades, colegios profesionales, entidades o instituciones cuya colaboración resulte de interés para el desarrollo de los trabajos encomendados.
4. Los estudios, informes, propuestas o recomendaciones elaborados por los grupos de trabajo serán elevados a la Comisión Permanente para su examen y posterior remisión al Pleno, a efectos de su conocimiento, debate y, en su caso, aprobación.
Artículo 18.- Actas, certificaciones, informes y memoria anual.
1. De cada sesión del Pleno y de la Comisión Permanente se levantará la correspondiente acta por la Secretaría, que será aprobada en la siguiente sesión o mediante el procedimiento que acuerde el respectivo órgano colegiado.
2. Corresponde a la Secretaría expedir certificaciones de los acuerdos adoptados y custodiar la documentación generada por el Observatorio.
3. El Observatorio podrá elaborar estudios, informes, recomendaciones, propuestas técnicas, indicadores, guías de buenas prácticas y cualesquiera otros documentos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
4. El Pleno aprobará anualmente el Informe sobre el Estado de los Conjuntos Históricos de Canarias, que incorporará la memoria de actividades desarrolladas durante el ejercicio, los principales resultados obtenidos, las buenas prácticas identificadas y las recomendaciones formuladas para la mejora de las políticas públicas en esta materia.
5. El Informe Anual y aquellos estudios o documentos cuya difusión se considere de interés general podrán hacerse públicos a través del portal institucional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o por cualquier otro medio que se estime adecuado, de conformidad con la normativa sobre transparencia, protección de datos personales, propiedad intelectual y reutilización de la información del sector público.
CAPÍTULO IV
RÉGIMEN JURÍDICO Y DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 19.- Régimen jurídico.
1. El Observatorio se regirá por lo dispuesto en la presente Orden y, supletoriamente, por la normativa reguladora de los órganos colegiados contenida en la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público y en la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias que resulte de aplicación.
2. En todo lo no previsto en la presente Orden será de aplicación la normativa reguladora del funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 20.- Publicidad y difusión de la actividad del Observatorio.
1. Sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la normativa sobre protección de datos personales, transparencia, acceso a la información pública, propiedad intelectual y demás normativa aplicable, el Observatorio podrá dar publicidad a los estudios, informes, recomendaciones, indicadores, memorias y demás documentos aprobados por el Pleno.
2. La difusión de la actividad del Observatorio y de los estudios, informes, indicadores, recomendaciones y demás documentos cuya publicación acuerde el Pleno se realizará, preferentemente, a través del Sistema de Información del Patrimonio Cultural de Canarias, previsto en el artículo 13 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, sin perjuicio de su publicación en el Portal Institucional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o mediante cualquier otro medio que contribuya a su conocimiento y difusión, de conformidad con la normativa sobre transparencia, protección de datos personales y propiedad intelectual.
3. El Observatorio podrá promover la organización de jornadas, encuentros, seminarios, publicaciones y cualesquiera otras actuaciones dirigidas a favorecer el intercambio de experiencias, la difusión de buenas prácticas y la transferencia del conocimiento en materia de conjuntos históricos.
Artículo 21.- Indemnizaciones por razón del servicio.
La pertenencia al Observatorio, así como la asistencia a las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de los grupos de trabajo, no dará derecho a la percepción de asistencias, dietas, indemnizaciones o cualquier otra compensación económica, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón del servicio que, en su caso, correspondan conforme a la normativa aplicable a la Administración, entidad o institución de procedencia de las personas participantes.
Artículo 22.- Medios personales, materiales y financiación.
1. El centro directivo competente en materia de patrimonio cultural prestará el apoyo técnico, administrativo y material necesario para el funcionamiento del Observatorio.
2. El funcionamiento del Observatorio será atendido con los medios personales, materiales, técnicos y presupuestarios existentes en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. La creación y funcionamiento del Observatorio no supondrá incremento de las dotaciones presupuestarias, de personal ni de gasto público.
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