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BOC Nº 162. Jueves 13 de agosto de 2026 - 2906

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

2906 Secretaría General Técnica.- Resolución de 31 de julio de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación Interadministrativa entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Consejo Insular de Aguas de La Gomera regulador de la disposición de los bienes necesarios, equipos y materiales auxiliares ubicados en Puerto Naos, isla de La Palma, destinados a la mejora de los centros de producción de agua desalada de mar de la red en alta de la isla de La Gomera.

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BOC-A-2026-162-2906. Firma electrónica - Descargar

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas de La Gomera (CIAG), en el ámbito de sus respectivas competencias, han considerado conveniente formalizar un Convenio de Cooperación Interadministrativa para la cesión temporal de diverso material de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- El Convenio tiene por objeto establecer el marco de cooperación entre ambas Administraciones para la cesión temporal al Consejo Insular de Aguas de La Gomera de un depósito vertical de PRFV de 25 m³, una bomba vertical de captación sumergible con cuadro eléctrico, cuatro tuberías ST37 de 5 metros lineales cada una, con sus correspondientes piezas especiales, dos tuberías ST37 de 2 metros lineales cada una, con sus correspondientes piezas especiales para pozo, y 5,5 metros lineales de tubería de polietileno de Ø 250 mm, todo ello de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo detalle figura en el anexo del Convenio.

Tercero.- La cesión temporal del citado material tiene por finalidad posibilitar la ejecución de actuaciones dirigidas a la reducción de las pérdidas en las redes de abastecimiento urbano
y al incremento de la producción mediante captación, contribuyendo a la mejora de la eficiencia hidráulica y energética de las infraestructuras hidráulicas de la isla de La Gomera.

Cuarto.- Suscrito el Convenio por las partes, procede ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de los convenios suscritos por las Administraciones Públicas.

A los anteriores antecedentes le son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Segunda.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que en virtud al Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, asume las competencias que en materia de planificación territorial y aguas tenía la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, salvo las competencias en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, y de conformidad con el artículo 1.1 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril es, por tanto, el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en materia de las aguas terrestres superficiales y subterráneas, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dichas materias. Por lo cual, su Consejero está facultado para suscribir en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, el mencionado convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO:

Único.- Ordenar la Publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación Interadministrativa entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Consejo Insular de Aguas de La Gomera regulador de la disposición de los bienes necesarios equipos y materiales auxiliares ubicados en Puerto Naos, isla de La Palma destinados para mejora de los centros de producción de agua desalada de mar de la red en alta de la isla de La Gomera.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de 2026.- El Secretario General Técnico, Antonio Elías López Gulías.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS Y EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA REGULADOR DE LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES NECESARIOS EQUIPOS Y MATERIALES AUXILIARES UBICADOS EN PUERTO NAOS, ISLA DE LA PALMA DESTINADOS PARA MEJORA DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE AGUA DESALADA DE MAR DE LA RED EN ALTA DE LA ISLA DE LA GOMERA.

De una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Miranda Medina, en calidad de Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias según nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023), actuando en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la facultad de suscribir convenios de cooperación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 96, de 1.8.1990), en su redacción actual.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Casimiro Curbelo Curbelo, presidente del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, en nombre y representación del mismo, facultado para este acto mediante toma de posesión de fecha 23 de junio de 2023, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, y el artículo 17 del Decreto 243/1993, de 29 de julio por el que se aprueba el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de
La Gomera.

INTERVIENEN

Las partes citadas, en la condición con que comparecen, se reconocen mutua y recíprocamente, con competencia y capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio de Cooperación interadministrativa y a tal efecto

EXPONEN

2. COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES FIRMANTES.

Por parte del Gobierno de Canarias es competente D. Manuel Miranda Medina, Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias para la firma del presente Convenio en virtud de lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 6/2006 de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por parte del Consejo Insular de Aguas de La Gomera D. Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente del Consejo Insular de Aguas de La Gomera (CIALG), en nombre y representación del mismo, facultado para este acto mediante toma de posesión de fecha 23 de junio de 2023, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas y artículo 17 del Decreto 243/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado t) del artículo 6.2. de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, en los términos en que se expresa la misma y de la legislación reguladora de los distintos sectores de la actuación pública, los Cabildos Insulares tendrán atribuida la competencia en materia de aguas.

Es competencia de los Cabildos insulares la colaboración necesaria para la ejecución de las políticas públicas y de las infraestructuras básicas de carácter regional en el ámbito insular (artículo 13 de la Ley 4/2017). Por otro lado, los Cabildos Insulares, son las entidades a las que quedan adscritos administrativamente los Consejos Insulares de Aguas, que ejercen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 c) de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, competencias y funciones administrativas en materia de aguas.

El Gobierno de Canarias, según lo dispuesto en el Decreto 158/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de aguas terrestres y obras hidráulicas, es competente para ejecutar las obras de interés regional. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, en uso de la competencia que le atribuye el artículo 7.h) de la Ley de Aguas de Canarias, y consciente del interés público que supone para la isla de La Gomera y principalmente en las redes de abastecimiento urbano, el incremento de garantía de abastecimiento de su infraestructura hidráulica al objeto de mejorar las condiciones hídricas de la isla, considera conveniente y adecuado la suscripción de un convenio de colaboración interadministrativo, ya que el Cabildo de La Gomera no cuenta con los medios materiales suficientes para ello.

3. COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA.

Según los artículos 143 y 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (LRJSP), las Administraciones cooperarán al servicio del interés general de acuerdo con las técnicas que consideren más adecuadas, como la cooperación interadministrativa para la prestación de medios materiales, económicos o personales de otras Administraciones Públicas, o actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes previstas en la legislación patrimonial. En este sentido, el Decreto 8/2015, de 5 de febrero para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales regula la cesión temporal de uso para la puesta a disposición de otras Administraciones públicas de bienes inmuebles con el fin de destinarlos a la realización de obras.

Estas relaciones de cooperación requerirán la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios, en los que se preverán las condiciones y compromisos que se asumen.

El artículo 76.1 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma regula la autorización de ocupación de bienes y derechos demaniales, que se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas y según dispone el artículo 77.1 el otorgamiento de las concesiones se efectuará en régimen de concurrencia a excepción de algunos supuestos previstos que podrá acordarse el otorgamiento directo así como otros por circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

El artículo 123 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de cabildos insulares, establece la posibilidad de celebrar convenios con la Administración autonómica en los que se establezcan libremente instrumentos de cooperación para la consecución de fines comunes de interés público en el ámbito de sus respectivas competencias. El apartado 2 de este artículo establece que, a través de los convenios, la Administración pública de la Comunidad Autónoma y los Cabildos Insulares podrán ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad de contenido análogo.

El régimen jurídico de los convenios que se celebren se encuentra recogido, con carácter general, en el Capítulo VI del Título Preliminar de la LRJSP, que los define como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público, vinculadas o dependientes, entre sí o con sujetos privados para un fin común y los denomina convenios interadministrativos cuando se celebran entre administraciones públicas, como en el presente caso.

Estos convenios pueden servir para articular las bases de las relaciones de cooperación, esto es, de aquellas situaciones en la que dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común [140.1, letra c) LRJ].

4. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

El artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, atribuye a las entidades locales para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con la Constitución y las leyes, plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Las disposiciones recogidas, tanto en el artículo 79.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-, y en el artículo 109 del Real Decreto 1372/1986, de 13 junio de 1986, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-, como en los artículos 145 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-, hacen referencia exclusivamente a la cesión gratuita de los bienes inmuebles patrimoniales a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro.

Desde la perspectiva de la normativa autonómica, en los supuestos en los que la Administración autonómica desee ceder un bien mueble a favor de otra Administración, ya sea local o insular, debemos estar a lo dispuesto en la Ley 6/2006 de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de canarias. Así, el artículo 75.3 de la Ley 6/2006, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Canarias -LPCC-, prevé que las concesiones o autorizaciones se ajustarán a las que se establezcan por el titular de la consejería, o establecerse para supuestos concretos, y su aprobación requerirá, en todo caso informe favorable del competente en materia de patrimonio.

En ese sentido, el artículo 77 de la mencionada norma dispone una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo y se otorgarán por tiempo determinado, y su plazo máximo de duración incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años.

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

Es objeto del presente Convenio establecer el marco de cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y el CIAG para la cesión temporal Depósito vertical PRFV de 25 m3, bomba vertical de captación sumergible con cuadro eléctrico y cuatro tuberías ST37 5mlc.u. i/piezas especiales y dos unidades tubería ST37 2 ml c.i. i/piezas especiales, para pozo, y 5.5 ml PE Ø 250m.m., titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se adjunta anexo al este Convenio del material cedido por parte del Gobierno de Canarias al CIAG.

El fin de la misma será la reducción de las pérdidas, principalmente en las redes de abastecimiento urbano y también para el incremento de la producción captación, vinculadas estas actuaciones a mejoras de la eficiencia energética e hidráulica.

Segunda.- Obligaciones de las partes.

2.1. El Gobierno de Canarias asume para el correcto desarrollo de este Convenio, las siguientes obligaciones:

• Poner a disposición del CIAG de forma temporal por un plazo inicial de 4 años, la cesión material para la instalación de Depósito vertical PRFV, bomba de captación sumergible con cuadro eléctrico y tuberías para pozo ubicada actualmente en Puerto Naos así, a fin de que en los fines propios del CIAG eviten la situación de riesgo de abastecimiento en el sistema de desalación de agua de mar en la isla de La Gomera entendiéndose esta cesión temporal otorgada con la suscripción del presente Convenio.

• El Convenio supone la asunción de la totalidad del coste económico para la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas mediante Orden n.º 245/2024, Libro 261, de 10 de octubre de 2024, por encargo a medio propio a la empresa pública Tragsa para desmontaje y desmantelamiento de las instalaciones de las plantas desaladoras portátiles de emergencia, en la localidad de Puerto Naos, isla de La Palma.

• El Gobierno de Canarias se reserva la titularidad de las Plantas y equipos de referencia, por lo que le corresponde autorizar cualquier modificación sobre las mismas.

2.2. El CIAGM asume, además de las obligaciones propias recogidas en la normativa de aplicación, las siguientes:

• El montaje y puesta en marcha de la planta desaladora objeto del presente Convenio en la isla de La Gomera, si fuera necesario.

• La inversión y actuaciones necesarias para optimizar el caudal de producción de los equipos y material cedido.

• El mantenimiento de la totalidad de equipos que conforman la totalidad de las instalaciones y equipos durante la vigencia del presente Convenio.

• El CIAG acepta recibir el uso de un depósito vertical PRFV de 25 m3 i/material para instalación, bomba de captación sumergible con cuadro eléctrico y tubería para pozo.

• Presentar un informe inicial, seguido de informes cuatrimestrales, que describan las acciones dirigidas a superar la situación de emergencia relacionada con la capacidad de producción de agua y su cronograma.

Tercera.- Vigencia y prórroga.

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y su duración abarcará el tiempo necesario hasta culminar las actuaciones en el sistema comarcal con el límite de cuatro (4) años, salvo denuncia expresa de incumplimiento o resolución formulada por cualquiera de las partes.

En caso de que en ese plazo no hayan finalizado las actuaciones necesarias y suficientes de mejora del ciclo integral del agua de abastecimiento, el Convenio podrá ser prorrogado antes del término de su vigencia, previo acuerdo de las partes, por el plazo necesario con el límite, incluida la prorroga de un total de seis (6) años, de manera inmediata salvo que una de las partes con un mes de antelación al vencimiento del mencionado Convenio solicite la finalización del mismo.

Cuarta.- Modificación y resolución del Convenio.

Cualquiera de las partes podrá promover la revisión del Convenio para incorporar aspectos no previstos, modificarlo o ampliarlo en su alcance y contenido, debiendo comunicarlo con un plazo mínimo de antelación de dos meses. Las posibles modificaciones acordadas de forma unánime por los firmantes deberán formalizarse mediante la suscripción de la correspondiente Adenda, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para su aprobación inicial.

El presente Convenio se extinguirá por terminación de su plazo o si concurriesen las causas de resolución a que se refiere el artículo 83 de la Ley 6/2006 de 17 de julio del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias que le sea de aplicación.

Quinta.- Publicidad.

Este Convenio será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de la publicación que deba realizarse en la sede electrónica y página web de cada institución, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública, así como la Ley 8/2015, de 1 de abril de cabildos insulares.

Sexta.- Protección de datos.

De acuerdo con la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, las partes se informan mutuamente de que los datos recabados en el presente Convenio serán tratados por la parte contraria, en calidad de Responsable del tratamiento, y realizar los trámites administrativos y gestiones operativas inherentes al mismo, en base a la ejecución de un acuerdo. Los datos serán conservados durante la vigencia del Convenio y posteriormente durante los plazos aplicables que resulten aplicables, y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como los demás que la normativa de protección de datos reconoce, dirigiendo un email a la parte correspondiente. Asimismo, en caso de no estar conforme con el tratamiento, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Cada una de las partes se compromete a respetar las obligaciones que en materia de protección de datos de carácter personal se deriven del cumplimiento de la normativa vigente y a la colaboración con las restantes partes en el cumplimiento de las mismas, formalizando a dichos efectos los acuerdos que resulten necesarios.

Séptima.- Obligación económica.

El presente Convenio conlleva las siguientes obligaciones de contenido económico:

1. Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas:

Este Convenio supone el coste del 100% que será soportado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

2. Consejo Insular de Aguas de La Gomera:

Este Convenio no supone ningún coste para el Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

Octava.- Órgano mixto.

En cumplimiento del artículo 7.n, del Decreto 11/2019, se crea una Comisión de Seguimiento que estará formada por cuatro (4) vocales, dos en representación de cada Administración firmante, sin perjuicio de que se hagan acompañar de los asesores que crean oportunos en cada momento.

Serán representantes de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas:

1. El Director General de Aguas.

2. El Jefe de Servicio del Área de Aguas.

Serán representantes del Consejo Insular de Aguas de La Gomera:

1. El Consejero/a del Cabildo Insular de La Gomera responsable en materia de Aguas.

2. La Gerencia del Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

La Presidencia corresponderá a uno de los representantes de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

La Secretaría de la Comisión será desempeñada por un/a funcionario/a, designado/a por cada una de las Administraciones firmantes. Será Secretario/a titular la persona designada por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera y suplente, la persona designada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Las funciones de este órgano serán:

• Competencias: corresponderá a la Comisión coordinar la actuación de las partes firmantes, impulsar la tramitación de los expedientes, el seguimiento de las actuaciones del Convenio, resolver las incidencias que se planteen, resolver las dudas o cuestiones que se planteen en la interpretación y cumplimiento del mismo, y garantizar el intercambio de información, proponiendo los acuerdos que proceda adoptar por los órganos competentes de cada Administración, previa emisión de los informes necesarios y tramitación del correspondiente procedimiento.

• Actas: de cada sesión de la Comisión se levantará acta por el/la Secretario/a, que será aprobada, si procede, en la siguiente sesión que la Comisión celebre.

• Lugar de celebración: las sesiones de la Comisión se celebrarán en el lugar que en cada caso designe la Presidencia. La Comisión se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como telemática. En las sesiones que se celebren de forma telemática, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos tales como los telefónicos y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones y el momento en que estas se producen.

• Régimen de adopción de acuerdos: la Comisión adoptará sus acuerdos, como regla general, por mayoría de los miembros presentes. De dichos acuerdos se dará debida cuenta a los órganos de gobierno de las respectivas Administraciones para su toma de conocimiento y, en caso de que sea necesario, para su aprobación definitiva.

• Periodicidad de las sesiones: la Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, por convocatoria de su Presidente, y, al menos, una vez durante la vigencia del presente Convenio.

• Régimen jurídico: el funcionamiento de la Comisión, en todo lo no previsto por este Convenio, se regirá por las normas establecidas para el funcionamiento de los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Novena.- Mecanismos de evaluación de la conveniencia del Convenio.

En cumplimiento de la letra p) del artículo 7 el Decreto 11/2019, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, proporcionará a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, más concretamente a la Dirección General de Aguas, informe semestral del funcionamiento de la Planta, tiempo de funcionamiento, agua producida, mantenimientos e incidencias.

Décima.- Naturaleza y régimen jurídico y jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 6.2. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de los principios de la citada norma para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, según dispone su artículo 4.

En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

Las partes interpretarán, desarrollarán y ejecutarán el contenido del presente Convenio teniendo en cuenta los fines que con el mismo se persiguen, comprometiéndose a resolver de buena fe y común acuerdo todas las cuestiones que puedan surgir en relación con su interpretación y ejecución.

En defecto de acuerdo cualquiera de las partes podrá recabar la tutela de los Tribunales. A tales efectos para cualquier divergencia o litigio que pueda surgir o derivarse de este Convenio, las partes se someten voluntariamente a la jurisdicción contencioso-administrativa de los Jueces y Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.

Se adjunta anexo con material cedido.

Y las partes, en prueba de conformidad con lo pactado en el presente Convenio, lo firman a 23 de junio de 2026.- El Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda Medina.- El Presidente del CIAG, Casimiro Curbelo Curbelo.

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