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BOC-A-2026-156-2809.
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Examinado el Programa de Actuación para el control, inspección y seguimiento de las agencias de colocación en el Organismo Autónomo, de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, configura la intermediación laboral como un servicio de carácter público, con independencia del agente que la realice, y atribuye a la Agencia Española de Empleo y a los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas la responsabilidad de garantizar una intermediación eficaz y de calidad, captando ofertas y demandas de empleo y superando los desequilibrios territoriales.
En su artículo 43, la Ley 3/2023 define las agencias de colocación como las entidades, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realizan actividades de intermediación laboral en coordinación con los servicios públicos de empleo o como entidades colaboradoras de estos, y establece que dichas agencias podrán iniciar su actividad desde la presentación de la declaración responsable, “sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las administraciones competentes en los respectivos territorios donde se ejerza dicha actividad”. Asimismo, el apartado 4 del citado artículo dispone que el falseamiento de la declaración responsable y el incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 3 son causas de baja en la condición de agencia de colocación, con la consecuencia de no poder recuperar dicha condición durante los dos años siguientes.
Segundo.- El Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación, establece el régimen jurídico de estas entidades, disponiendo que las agencias autorizadas desarrollarán su actividad de acuerdo con la Ley de Empleo, el propio real decreto y las demás disposiciones aplicables, y respetarán las condiciones establecidas en los acuerdos u otros instrumentos de coordinación que se formalicen con los servicios públicos de empleo.
El artículo 5 del citado real decreto recoge las obligaciones de las agencias de colocación, entre las que se incluyen: garantizar la gratuidad a las personas trabajadoras, respetar los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo, respetar la intimidad y dignidad de las personas trabajadoras, no subcontratar la actividad de intermediación laboral salvo con otras agencias autorizadas, cumplir la normativa laboral y de Seguridad Social, cumplir las normas sobre accesibilidad universal, disponer de sistemas informáticos compatibles con el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, presentar memoria anual y llevar contabilidad separada, así como estar sujetas a las actuaciones de control e inspección de los servicios públicos de empleo y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El artículo 7 del mismo real decreto prevé que los servicios públicos de empleo realizarán un seguimiento y evaluación de las actividades de las agencias autorizadas que operen en su territorio, coordinando estas acciones a través de los órganos e instrumentos del Sistema Nacional de Empleo.
Tercero.- La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Sistema Público Integrado de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) ha aprobado el documento “Agencias de colocación. Obligaciones y requisitos de actuación” (enero de 2024), que recoge de forma sistemática las obligaciones y requisitos de actuación de las agencias de colocación derivados de la Ley 3/2023 y del Real Decreto 1796/2010, y que tiene la consideración de instrumento de coordinación de acuerdo con el artículo 4 del citado real decreto.
En dicho documento se establece, entre otras obligaciones, la de remitir mensualmente al SISPE, a través del Espacio Telemático Común (ETC), la información de su actividad como agencia de colocación, así como la de enviar una memoria anual de actividades. Se prevé expresamente que la falta de envío de la información de actividad al ETC durante tres meses consecutivos o cuatro meses en un periodo de seis, así como la falta de envío de la memoria anual, “podrá dar inicio al procedimiento administrativo de baja en la condición de agencia de colocación”.
Cuarto.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los procedimientos administrativos pueden iniciarse de oficio o a solicitud de interesado. Asimismo, exige la motivación de los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos y de los dictados en ejercicio de potestades discrecionales, y regula la publicación de los actos administrativos cuando tengan por destinatario una pluralidad indeterminada de personas, surtiendo la publicación los efectos de la notificación.
Quinto.- En el ámbito del Servicio Canario de Empleo se ha elaborado el “Programa de Actuación para el control, inspección y seguimiento de las agencias de colocación en la Comunidad Autónoma de Canarias”, en el que se establecen los criterios y el procedimiento de actuación para el control, inspección, seguimiento y, en su caso, tramitación del procedimiento de baja de las agencias de colocación cuando se detecte el incumplimiento de las obligaciones legal o reglamentariamente establecidas.
El Programa define su objeto, ámbito de aplicación, formas de inicio de las actuaciones (de oficio, en ejecución de programas o planes de control, por falta de remisión de información al SISPE, por incidencias en el ETC o por indicios de incumplimiento; y a instancia de parte, por denuncias o comunicaciones), clasifica los incumplimientos (formales, funcionales y esenciales) y articula las fases de comprobación, requerimiento de subsanación, valoración, inicio del procedimiento de baja y resolución, con pleno respeto a las garantías procedimentales de la Ley 39/2015. Asimismo, incorpora un Plan de Control Permanente que prevé la realización, siempre que sea posible, de al menos una acción de control anual, documental o presencial, sobre cada agencia de colocación autorizada.
Sexto.- La aprobación de dicho Programa se considera necesaria para dotar de seguridad jurídica y homogeneidad a las actuaciones de control, inspección y seguimiento de las agencias de colocación que operan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de las facultades de comprobación, control e inspección reconocidas por la Ley 3/2023 y el Real Decreto 1796/2010, y de las obligaciones de información y coordinación derivadas del SISPE.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- La competencia para dictar la presente Resolución corresponde a la Dirección del Servicio Canario de Empleo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2.a) y 9.2.q) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, en cuanto le atribuyen la planificación, dirección y coordinación de las actividades del Servicio necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como el ejercicio de cualquier otra función necesaria para la dirección y administración del organismo.
Segunda.- El Programa de Actuación se fundamenta en las siguientes normas:
• La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, en particular sus artículos 42 y 43, que configuran la intermediación laboral como servicio público, definen las agencias de colocación, establecen la declaración responsable como título habilitante y reconocen las facultades de comprobación, control e inspección de las administraciones competentes, así como las causas de baja en la condición de agencia de colocación.
• El Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación, que fija el régimen jurídico, las obligaciones de las agencias, el seguimiento y evaluación por los servicios públicos de empleo y la sujeción de las agencias a las actuaciones de control e inspección.
• El documento “Agencias de colocación. Obligaciones y requisitos de actuación”, aprobado por la Comisión de Coordinación y Seguimiento del SISPE, que tiene la consideración de instrumento de coordinación conforme al artículo 4 del Real Decreto 1796/2010 y concreta las obligaciones de información al Espacio Telemático Común (ETC) del SISPE, así como los criterios para el inicio de procedimientos de baja por falta de remisión de información o incumplimiento de obligaciones.
Tercera.- El Programa de Actuación tiene naturaleza de instrumento de planificación y organización de la actividad administrativa de control, inspección y seguimiento de las agencias de colocación, que concreta el ejercicio de potestades ya reconocidas por la normativa básica estatal, sin introducir nuevas obligaciones sustantivas para las agencias más allá de las derivadas de la Ley 3/2023, del Real Decreto 1796/2010 y del documento SISPE.
No obstante, dado que el Programa establece criterios generales de actuación y prevé la posible iniciación de procedimientos de baja en la condición de agencia de colocación o de sus centros de atención al público, con incidencia en derechos e intereses legítimos de las entidades afectadas, su aprobación mediante resolución motivada y su publicación en el Boletín Oficial de Canarias resultan necesarias para garantizar los principios de publicidad, transparencia y seguridad jurídica.
Cuarta.- Respecto a las garantías procedimentales, el Programa articula las fases de comprobación, requerimiento de subsanación, valoración, inicio del procedimiento de baja y resolución, asegurando:
• La constancia documental de las actuaciones de comprobación mediante informe o acta.
• La formulación de requerimientos de subsanación con indicación de la obligación incumplida, su fundamento normativo, las actuaciones necesarias, el plazo de subsanación y la advertencia de consecuencias.
• La valoración de la corrección de las deficiencias y de la reiteración, gravedad o intencionalidad.
• La adopción de acuerdos de inicio de procedimientos de baja motivados, con concesión del trámite de audiencia.
• La conclusión mediante resolución motivada, con indicación de que no agota la vía administrativa, del recurso procedente y de los efectos jurídicos de la baja, incluida la imposibilidad de recuperar la condición de agencia durante el plazo legalmente establecido.
Todo ello se ajusta a las exigencias de la Ley 39/2015 y a lo previsto en la Ley 3/2023 y en el documento SISPE sobre el procedimiento para la baja en la condición de agencia de colocación.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección
RESUELVE:
Primero.- Aprobar el “Programa de Actuación para el control, inspección y seguimiento de las agencias de colocación en la Comunidad Autónoma de Canarias”, cuyo texto se incorpora como anexo a la presente Resolución.
Segundo.- El Programa será de aplicación:
a) A las agencias de colocación, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que tengan su establecimiento principal en la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) A los centros de atención al público de agencias de colocación ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de la Comunidad Autónoma donde radique su establecimiento principal.
c) A las agencias de colocación que hayan sido dadas de alta en Canarias y que ejerzan su condición por medios telemáticos.
Tercero.- Las actuaciones de control e inspección reguladas en el Programa podrán iniciarse:
a) De oficio, en ejecución de programas o planes de control aprobados por el Servicio Canario de Empleo, por falta de remisión de información obligatoria al SISPE, por detección de incidencias en el Espacio Telemático Común o por indicios de incumplimiento apreciados por el Servicio Canario de Empleo.
b) A instancia de parte, como consecuencia de denuncias o comunicaciones formuladas por personas trabajadoras, empresas usuarias u otros sujetos, o de comunicaciones de otros órganos administrativos.
Cuarto.- Se aprueba el Plan de Control Permanente previsto en el Programa, que tendrá carácter permanente y abarcará la totalidad de las agencias de colocación autorizadas por el Servicio Canario de Empleo incluidas en la base de datos en cada momento, e incluirá, siempre que sea posible, al menos una acción de control anual en cada una de ellas, ya sea documental o presencial.
Quinto.- Las actuaciones de control, inspección y seguimiento se desarrollarán al amparo del Programa y se coordinarán con el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo (SISPE), comunicándose al mismo, cuando proceda, las incidencias detectadas, las subsanaciones realizadas y las resoluciones de baja en la condición de agencia de colocación o de sus centros de atención al público, de conformidad con la Ley 3/2023, el Real Decreto 1796/2010 y el documento “Agencias de colocación. Obligaciones y requisitos de actuación”.
Sexto.- El Programa de Actuación será de obligado cumplimiento para las unidades del Servicio Canario de Empleo encargadas del control, inspección y seguimiento de las agencias de colocación, y servirá de referencia para la iniciación y tramitación de los procedimientos administrativos de baja en la condición de agencia de colocación o de sus centros de atención al público, sin perjuicio de la aplicación directa de la Ley 3/2023, del Real Decreto 1796/2010, de la Ley 39/2015 y del documento SISPE.
Séptimo.- Ordenar la publicación de la presente Resolución y de su anexo en el Boletín Oficial de Canarias, a efectos de publicidad y transparencia, dado que sus destinatarios son una pluralidad indeterminada de agencias de colocación que operan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias y que la resolución tiene efectos externos relevantes.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia del Servicio Canario de Empleo -competencia delegada por Orden de la Consejería competente en materia de empleo de fecha 12 de noviembre de 2024- en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y concluirá el mismo día en que se produjo la publicación en el mes de vencimiento, conforme a lo previsto en los artículos 30, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de 2026.- La Directora, María Teresa Ortega Granados.
ANEXO
PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA EL CONTROL, INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
I. OBJETO.
El presente Programa de Actuación tiene por objeto establecer los criterios y el procedimiento de actuación del Servicio Público de Empleo competente en la Comunidad Autónoma de Canarias para el control, inspección, seguimiento y, en su caso, tramitación del procedimiento de baja de las agencias de colocación, cuando se detecte el incumplimiento de las obligaciones legal o reglamentariamente establecidas.
II. MARCO NORMATIVO.
Las actuaciones reguladas en el presente Programa se fundamentan, entre otras, en las siguientes disposiciones:
• Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, en particular su artículo 43.
• Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación.
• Documento de obligaciones y requisitos de actuación de las agencias de colocación, con la consideración de instrumento de coordinación conforme al artículo 4 del Real Decreto 1796/2010.
• Normativa general sobre procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público.
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente Programa será de aplicación a:
a) Las agencias de colocación, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que tengan su establecimiento principal en la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Los centros de atención al público de agencias de colocación ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de la comunidad autónoma donde radique su establecimiento principal.
c) A las agencias de colocación que hayan sido dadas de alta en la Canarias y que ejerzan su condición por medio telemáticos.
IV. INICIO DE LAS ACTUACIONES.
Las actuaciones de control e inspección podrán iniciarse:
1. De oficio, como consecuencia de:
• Programas o planes de control aprobados por el órgano competente.
• Falta de remisión de información obligatoria al Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
• Detección de incidencias en el Espacio Telemático Común (ETC).
• Indicios de incumplimiento apreciados por el Servicio Público de Empleo.
2. A instancia de parte, como consecuencia de:
• Denuncias o comunicaciones formuladas por personas trabajadoras, empresas usuarias u otros sujetos.
• Comunicaciones de otros órganos administrativos.
V. CLASIFICACIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS.
A efectos del presente Programa, los incumplimientos se clasifican en:
1. Incumplimientos de carácter formal o administrativo: aquellos que afectan a obligaciones de carácter organizativo, informativo o documental, y que, con carácter general, resultan subsanables.
2. Incumplimientos de carácter funcional: aquellos que afectan al correcto desarrollo de la actividad de intermediación laboral o a los sistemas de información y comunicación con el SISPE.
3. Incumplimientos de carácter esencial: aquellos que vulneran obligaciones sustantivas previstas en el artículo 43.3 de la Ley 3/2023 o suponen falseamiento de la declaración responsable, discriminación, cobro a las personas trabajadoras o incumplimientos reiterados de especial gravedad.
VI. FASES DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.
1. Fase de comprobación.
La fase de comprobación comprenderá, entre otras actuaciones:
• Revisión de la declaración responsable y de la documentación obrante en el expediente.
• Verificación de la remisión de información periódica al ETC del SISPE.
• Comprobación de la página web y de la información al público.
• Visita a los centros de atención al público, verificando el cumplimiento de sus obligaciones.
• Requerimiento de información adicional.
De estas actuaciones se dejará constancia mediante informe o acta de comprobación, en el que se reflejarán los hechos constatados.
2. Fase de requerimiento de subsanación.
Cuando los incumplimientos detectados sean susceptibles de subsanación, se formulará requerimiento a la agencia de colocación, en el que se indicará:
• La obligación incumplida y su fundamento normativo.
• Las actuaciones necesarias para su corrección.
• El plazo concedido para la subsanación.
• La advertencia expresa de las consecuencias derivadas del incumplimiento del requerimiento.
La subsanación deberá acreditarse documentalmente dentro del plazo otorgado conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.
3. Fase de valoración.
Una vez finalizado el plazo de subsanación, el órgano instructor procederá a valorar:
• La corrección o no de las deficiencias detectadas.
• La concurrencia de reiteración, gravedad o intencionalidad.
• La procedencia del archivo de las actuaciones o de la continuación del procedimiento.
En su caso, se podrá acordar la comunicación de los hechos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social u otros órganos competentes, sin perjuicio del inicio del correspondiente procedimiento de baja en su condición de agencia de colocación por incumplimiento de sus obligaciones.
4. Inicio del procedimiento de baja.
Se acordará el inicio del procedimiento administrativo de baja en la condición de agencia de colocación cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 43.4 de la Ley 3/2023, en particular:
• Incumplimiento de las obligaciones esenciales.
• Falseamiento de la declaración responsable.
• Incumplimiento reiterado de los requerimientos efectuados.
• Falta de remisión de información obligatoria al SISPE en los plazos establecidos.
El acuerdo de inicio será motivado y concederá el preceptivo trámite de audiencia a la entidad interesada.
5. Resolución.
El procedimiento concluirá mediante resolución motivada del órgano competente, que podrá declarar:
• La baja en la condición de agencia de colocación, o
• La baja de uno o varios centros de atención al público.
La resolución indicará expresamente:
• Que no agota la vía administrativa.
• El recurso administrativo procedente.
• Los efectos jurídicos de la baja, incluida la imposibilidad de obtener nuevamente la condición de agencia durante el plazo legalmente establecido.
VII. REGISTRO, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO.
Todas las actuaciones se incorporarán al expediente administrativo correspondiente y se comunicarán, cuando proceda, al SISPE y a los órganos competentes.
En los supuestos de subsanación, se realizará un seguimiento posterior del cumplimiento de las obligaciones.
En los supuestos de baja, se verificará el cese efectivo de la actividad.
VIII. PLAN DE CONTROL PERMANENTE.
El Plan de Control de las Agencias de Colocación autorizadas por el Servicio Canario de Empleo tendrá carácter permanente y abarcará la totalidad de las entidades autorizadas incluidas en la base de datos en cada momento, e incluirá, siempre que sea posible, al menos una acción de control anual en cada una de ellas, ya sea documental o presencialmente.
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