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BOC Nº 148. Viernes 24 de julio de 2026 - 2658

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2658 Dirección General de Promoción y Diversificación Económica.- Anuncio de 10 de julio de 2026, por el que se requiere a determinadas personas y empresas beneficiarias, tras estimación de recursos de alzada en el ejercicio 2022, la subsanación de la documentación justificativa establecida en el Decreto ley 6/2021,de 4 de junio, y la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.

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BOC-A-2026-148-2658. Firma electrónica - Descargar

Mediante Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, se aprueban medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (BOE n.º 62, de 13.3.2021).

Mediante el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de subvenciones de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.

Mediante Resolución de 5 de octubre de 2022, del Director General de Promoción Económica, se acuerda, respecto de determinadas personas autónomas y empresas, modificar o dejar sin efecto determinadas resoluciones y se acuerda el abono de las subvenciones correspondientes a aquellas, como consecuencia de la estimación de recursos interpuestos contra las referidas resoluciones (BOC n.º 211, de 25.10.2022).

En el Anexo II de la citada Resolución constan aquellas personas y empresas beneficiarias que, tras resolución estimada del recurso de alzada interpuesto, se les reconoce un mayor importe de subvención concedida.

En el Anexo III de la citada Resolución constan aquellas personas y empresas solicitantes cuyas solicitudes de subvención, tras resolución estimada del recurso de alzada interpuesto, pasan a ser estimadas.

El artículo 15 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, relativo a la justificación de la subvención, señala en su apartado 3 que el modo de justificación dependerá de la línea y del importe concedido:

“(…)

b) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros no requerirán otra justificación que la acreditación de los requisitos establecidos en los artículos 3 y 7 del presente Decreto ley.

c) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 4.000 euros y hasta 100.000 euros se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada, prevista en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

d) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 100.000 euros se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe auditor, prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo”.

En caso de justificación mediante cuenta justificativa simplificada, el artículo 17 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, señala que esta contendrá la siguiente información:

a) Una declaración responsable de la relación clasificada de los pagos realizados para satisfacer los pagos pendientes a proveedores y acreedores, las deudas y los costes fijos incurridos no cubiertos, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, conforme al modelo normalizado aprobado por resolución de la Dirección General de Promoción Económica, que estará disponible en el procedimiento correspondiente en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, la beneficiaria está obligada a conservar dicha documentación y aportarla si es requerida para ello en la fase de verificación de la ayuda o en cualquier control financiero posterior.

b) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

En caso de justificación mediante cuenta justificativa con informe auditor, el artículo 18 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, señala que esta contendrá:

a) Una relación clasificada de los pagos realizados para satisfacer los pagos a proveedores y de la deuda financiera y no financiera. Así mismo, contendrá la cuantía de los gastos fijos no cubiertos, equivalentes a las pérdidas del periodo subvencionable, de acuerdo al modelo normalizado a que se refiere el artículo 17.1.a) del presente Decreto ley.

b) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

d) El auditor comprobará los justificantes mediante técnicas de muestreo que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos.

La auditoría limitada original relativa al empleo de los fondos recibidos en las actividades subvencionadas deberá realizarse por personas, físicas o jurídicas, inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

El Auditor de Cuentas está sometido a la potestad sancionadora del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme al régimen sancionador establecido en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de la responsabilidad civil ante la beneficiaria de la subvención en el ámbito de su relación contractual privada, ni de la responsabilidad penal del Auditor en caso de falsedades documentales o delitos contra la Hacienda Pública por fraude en subvenciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

El Auditor de Cuentas no podrá tener ninguna clase de vinculación mercantil (tal como socio, administrador o apoderado) o laboral con empresas proveedoras a la beneficiaria de bienes o servicios incluidos como gasto subvencionable.

Las personas que tengan una relación laboral por cuenta ajena con la beneficiaria no podrán actuar como Auditores de Cuentas del proyecto objeto de subvención, ya sea como personas empresarias individuales o como personas socia o partícipe, administradora o apoderada de una persona jurídica.

La auditoría recogerá, de forma literal, el alcance siguiente:

1) Verificación de que la naturaleza, cuantía y características de los elementos de la cuenta justificativa realizados corresponden a los fines para los que se concedió la subvención, de acuerdo con la resolución de concesión y en presente Decreto ley.

2) Comprobación de que los justificantes acreditativos de los elementos de la cuenta justificativa se ajustan a los requisitos recogidos en el presente Decreto ley y corresponden al periodo establecido en el mismo.

3) Verificación en los registros contables de la solicitante de la subvención, así como de que las fechas de estos pagos estén dentro del plazo de realización establecido en el presente Decreto ley. En su caso, verificación documental de que la beneficiaria no está obligada a la llevanza de contabilidad.

4) Comprobación de que las facturas y documentos justificativos de los gastos efectuados que se relacionan en el modelo normalizado a que se refiere el artículo 17.1.a) del presente Decreto ley, cumplen los requisitos de expedición establecidos en la normativa vigente de aplicación.

5) Verificación del importe de las deudas en concepto de pagos pendientes a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos se han devengado a partir del 1 de marzo de 2020 y proceden de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

6) El auditor deberá indicar si la beneficiaria está o no obligada a presentar las cuentas anuales e indicar, en su caso, el auditor.

7) El auditor deberá identificar el lugar de emplazamiento de los documentos acreditativos correspondientes a la operación cofinanciada.

8) El auditor deberá conservar toda la documentación e información relativa a las operaciones cofinanciadas durante el mismo plazo establecido para la beneficiaria.

9) En el caso de que la empresa beneficiaria haya recibido ayuda para compensar costes fijos incurridos no cubiertos, el auditor deberá relacionar los costes subvencionados de forma individualizada.

En aquellos casos en que la beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley de Auditoría de Cuentas, circunstancia que ha de estar recogida en el informe de auditoría, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor.

Si como consecuencia de la actividad de comprobación realizada por la Intervención General se derivase la exigencia de un reintegro a una beneficiaria, se podrá poner en conocimiento de las corporaciones profesionales de los auditores dicha circunstancia.

El artículo 5 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, establece las obligaciones y compromisos de las personas y empresas beneficiarias, y en su apartado 2:

“El resto de las obligaciones y compromisos que deben cumplir las empresas y personas trabajadoras autónomas son las establecidas en la disposición adicional cuarta, apartado 2, del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo”.

La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, establece como compromisos de los destinatarios de las ayudas:

“a) Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022, con la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 4.5 del presente Real Decreto-ley.

b) No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.

c) No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas”.

El artículo 19 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, recoge la forma en la que se acredita el cumplimiento del requisito de mantenimiento de la actividad y de los compromisos establecidos en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Además, todos los beneficiarios “en el plazo de un mes desde que hayan transcurrido dos años desde la concesión de la ayuda, deberá aportar certificado acreditativo de no haber aprobado incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la concesión de la ayuda, también telemáticamente”.

Según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, el órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas mediante el citado Decreto ley, en el supuesto de la Línea 2, será la Dirección General de Promoción Económica.

El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento, así como que, contra el acuerdo de acumulación, no procederá recurso alguno.

Los requerimientos que se dirijan a las personas o entidades interesadas para subsanar defectos en la documentación aportada con las solicitudes, se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo, a efectos de su conocimiento, serán objeto de publicidad en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (artículo 13.7 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio).

Es por ello que, en virtud de lo establecido en el artículo 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se requiere a las entidades para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el siguiente al de notificación de este requerimiento, presente la documentación detallada en el “Anexo de Requerimiento” que figura en su expediente.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección General, en ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas,

ACUERDA:

Primero.- Requerir a las personas y entidades relacionadas en el anexo del presente requerimiento para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, aporten la documentación justificativa de la subvención concedida y abonada al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

Para conocer los detalles del requerimiento deben acceder a su expediente, a través de la sede electrónica, y visualizar el documento “anexo de requerimiento”, siguiendo los pasos recogidos en el acuerdo segundo de este anuncio.

Segundo.- La presentación de la documentación requerida se realizará obligatoriamente, a través de la sede electrónica única del Gobierno de Canarias, siguiendo el procedimiento que se indica a continuación:

1. Acceder a su dirección de correo electrónico y pinchar en el enlace que figure en él para acudir a la sede electrónica única del Gobierno de Canarias (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/).

2. Validarse en la sede electrónica, ya sea con certificado de firma electrónica o a través del sistema cl@ve (debe ser el mismo que con el que se presentó la solicitud).

3. Acceder al apartado Área Personal > Gestión de Requerimientos Pendientes.

4. En el requerimiento correspondiente acceder a Contestar al Requerimiento y aportar la documentación que corresponda siguiendo los pasos indicados en la sede para firmar y presentar.

5. Para que la documentación a aportar quede reflejada en el expediente, se debe pulsar sobre el botón “Aportar y Registrar” una vez cumplimentada y firmada toda la documentación.

Asimismo, se les advierte de que, en caso de no presentar la documentación requerida en el plazo concedido, se procederá, a tenor de lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a tenerles por decaídos en su derecho al trámite correspondiente y se solicitará el procedimiento de reintegro total o parcial, según corresponda, de la cantidad concedida.

Tercero.- Disponer la publicación del presente requerimiento en el Boletín Oficial de Canarias, a efectos de notificación, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica única de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para conocimiento de las personas y entidades interesadas.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2026.- El Director General de Promoción y Diversificación Económica, Manuel Alexis Oliva Hernández.

ANEXO

Ver anexo en la página 27773 del documento Descargar

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