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BOC-A-2026-109-1904.
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Visto el preaviso de huelga presentado el pasado 13 de mayo por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (CCOO), Unión Sindical Obrera Canarias (USO) y CSIF en Canarias, la cual implica al personal de las empresas que prestan indirectamente el servicio público de prestación del servicio de transporte sanitario urgente y no urgente.
Visto el escrito del Director Gerente de la Sociedad Mercantil Pública denominada Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, S.A. (en adelante GSC), en el que propone los servicios mínimos que se deben fijar para garantizar la prestación de un servicio público esencial que es transporte sanitario urgente como no urgente.
Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Servicio Canario de la Salud (SCS) presta el servicio de gestión y prestación del transporte sanitario urgente y no urgente a través de GSC, sociedad mercantil pública, declarada medio propio personificado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
GSC lleva a cabo, entre otras funciones, la de la gestión directa de las emergencias en Canarias -a través del CECOES 1-1-2-, así como de la gestión del transporte Sanitario -terrestre y aéreo- en esta Comunidad Autónoma, lo que se realiza a través de la subcontratación de dichos servicios, siendo precisamente el personal de dichas adjudicatarias el afectado por la huelga referida.
Segundo.- El servicio público consistente en el transporte sanitario urgente, así como en el no urgente, está considerado un servicio público esencial para la Comunidad porque su paralización puede afectar a la salud y la vida de los ciudadanos.
Tercero.- Teniendo en cuenta los términos en que se ha convocado esta huelga, resulta que los paros afectarán a todas las personas trabajadoras que presten sus servicios en el Sector del Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de Canarias, afectados por el Convenio Colectivos Sectorial, iniciándose a las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del lunes día 8 de junio de 2026; el siguiente día, con el mismo horario, será el viernes 19 de junio de 2026, y continuará todos los viernes de cada semana de manera indefinida en el mismo horario.
Cuarto.- Vistas las condiciones en las que está convocada esta huelga, es obvio que, mientras duren los paros, no podría garantizarse la prestación del servicio público de transporte sanitario urgente y no urgente, al no contar con el apoyo indispensable para la continuidad de su actividad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 12.2.c) del Decreto 37/2024, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Empleo y se crea la Comisión de Coordinación de Políticas de Emprendimiento, Autónomos y Pymes (BOC n.º 52, de 12 de marzo), establece: “En los casos de huelga en servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, el preaviso se remitirá por la autoridad laboral a la autoridad de quien dependa la actividad o el servicio a efectos de que por la misma se determinen los servicios mínimos”.
Segundo.- El artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1997, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, determina que “Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios...”.
Tercero.- Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 27/1989, ha interpretado que dicha autoridad será la que resulte “más apropiada” por tener competencias sobre servicios afectados, pues es la que mejor puede ponderar las necesidades de preservación de los mismos.
Cuarto.- La noción de lo que ha de ser considerado servicio esencial en relación con el derecho de huelga, también ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional que considera que lo son todos aquellos que afecten a prestaciones vitales y necesarias para la vida de la comunidad y los bienes constitucionalmente protegidos (S.T.C. 29.4.1993, s.t.c. 11/1981). Resulta obvio que los servicios de transporte sanitario de enfermos y accidentados por parte de las empresas que han sido contratadas para prestar dicho servicio, tienen carácter de servicio esencial para la comunidad, en tanto en cuanto su paralización puede afectar a la salud y a la vida de los ciudadanos.
Por tanto, se trata de un servicio cuyo normal funcionamiento no puede verse perturbado, ni paralizado o interrumpido por alteraciones o paros por parte del personal de las empresas que le dan un apoyo imprescindible para su funcionamiento. Por esta razón, debe garantizarse su prestación mediante la fijación de servicios mínimos, ya que la falta de protección del referido servicio colisiona frontalmente con el derecho a la vida y a la salud, proclamado en el artículo 15 de la Constitución. En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás concordantes que le sean de aplicación, y según propuesta de GSC,
RESUELVO:
Primero.- Determinar servicios mínimos en la huelga convocada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Unión Sindical Obrera Canarias (USO) y CSIF en Canarias, que implica al personal de las empresas contratadas para la prestación del servicio público de transporte sanitario urgente y no urgente, la cual tendrá carácter indefinido, comprendiendo inicialmente los días que se indican a continuación:
- Desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del lunes día 8 de junio de 2026; el siguiente día, con el mismo horario, será el viernes 19 de junio de 2026, y continuará todos los viernes de cada semana de manera indefinida en el mismo horario.
Segundo.- Durante las jornadas de huelga, los servicios mínimos que han de prestarse al 100% son los siguientes:
A) En cuanto al transporte urgente:
Todas las demandas de transporte sanitario urgente generadas por los Coordinadores Sanitarios del Servicio de Urgencias Canario:
El transporte de enfermos en todos aquellos traslados urgentes ordenados por un facultativo, tanto del dispositivo de Atención Primaria como del dispositivo hospitalario, bien sea para enviarlos entre Centros Asistenciales, bien desde el domicilio del paciente al centro donde pueda recibir atención sanitaria, y, en general, cualquier traslado que fuese necesario para evitar riesgo del paciente.
El transporte de enfermos a los Centros de Atención Primaria y Hospitales de aquellos traslados solicitados a través de llamadas de socorro, efectuadas por agentes de la autoridad, familiares o cualquier ciudadano.
B) En cuanto al transporte sanitario no urgente:
I. Todos los servicios de guardias de presencia en las Salas de Coordinación y Programación de las Empresas de Transporte Sanitario (MTSNU), así como a las guardias localizadas del personal de Coordinación y Programación de recursos.
II. Traslado de pacientes -con origen tanto en domicilios como centros sanitarios- que tengan como destino cualquier centro sanitario para diagnóstico, control y/o tratamiento, cuya demora en la atención sanitaria incida desfavorablemente en la evolución del estado de salud del paciente, a criterio del personal facultativo responsable de dicha atención sanitaria.
III. Los traslados programados de todos los pacientes sometidos a tratamiento no demorables incluyendo pacientes de hemodiálisis, radioterapia, quimioterapia, hospital de día y paliativos.
IV. Las altas de Centros Sanitarios (Hospitales y de Atención Primaria) que, a requerimiento facultativo de los servicios de urgencias, precisen su traslado a domicilio en transporte sanitario dado que, de lo contrario, se podría generar un colapso en los servicios de urgencias ante el elevado número de pacientes sin evacuar, lo que implicaría la imposibilidad de garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en los términos adecuados a todos aquellos nuevos ingresos que se produjesen.
Tercero.- Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante aquel en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Potestativamente, para el supuesto de que se acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro medio de impugnación que proceda en derecho.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2026.
LA CONSEJERA
DE SANIDAD
(p.d.f. Orden n.º 232/2026, de 15 de abril),
la Secretaria General Técnica,
Esther Gloria Carcía Cabrera.
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