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BOC Nº 075. Lunes 20 de abril de 2026 - 1241

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

1241 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 7 de abril de 2026, por la que, a propuesta del Cabildo Insular de Lanzarote, se modifica la clasificación del puesto de trabajo de colaboración denominado Vicesecretario/a, existente en su plantilla, en clase segunda, como puesto reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, en lo relativo a su dependencia orgánica y funcional.

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BOC-A-2026-075-1241. Firma electrónica - Descargar

Examinado el expediente instruido, a solicitud del Cabildo Insular de Lanzarote, para la modificación de la clasificación del puesto de trabajo de colaboración denominado Vicesecretario/a, en clase segunda, con la naturaleza de puesto de colaboración, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, en el particular relativo a su dependencia orgánica y funcional, al configurarse ahora como puesto de colaboración inmediata y auxilio al Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular y al Consejero/a-Secretario/a, en lugar de como puesto de colaboración inmediata y auxilio a la Secretaría General del Pleno.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Función Pública Local.

Y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.º) A propuesta del Cabildo Insular de Lanzarote, esta Dirección General, mediante la Resolución de 8 de febrero de 2024, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 37, de 20 de febrero siguiente, clasificó el puesto de trabajo denominado Vicesecretario/a, existente en la Plantilla del Cabildo Insular de Lanzarote, en clase segunda, como puesto reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, con la naturaleza de puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones del titular de la Secretaría General del Pleno, y estableció como forma para su provisión la de concurso.

2.º) El día 9 de marzo de 2026 se recibió en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), un oficio del Consejero Delegado del Cabildo Insular de Lanzarote, de la misma fecha, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto que en Boletín Oficial de Canarias n.º 37, de fecha 20 de febrero de 2024, la Dirección General de la Función Pública publica la Resolución de 8 de febrero de 2024, por la que, a propuesta del Cabildo Insular de Lanzarote, se clasifica el puesto de trabajo denominado Vicesecretario/a, existente en su plantilla, en clase segunda, como puesto reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, con la naturaleza de puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones del titular de la Secretaría General del Pleno, y se establece como forma de provisión la de concurso.

Visto que en fecha 17 de febrero de 2026, Boletín Oficial del Estado n.º 442, Sec.II.A. Pág. 24676, se publica la Resolución de 13 de febrero de 2026, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.

Considerando necesaria la modificación de la adscripción funcional del puesto de trabajo de colaboración, Vicesecretaria, clase segunda, con funciones atribuidas de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y ejerciendo sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular y al Consejero/a-Secretario/a”.

Se remite, junto al presente, Memoria del Área de Recursos Humanos por el que se propone la modificación de la adscripción funcional del puesto de trabajo de colaboración, Vicesecretaria, clase 2.ª, plaza código 3081, reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote”.

3.º) Esta Dirección General remitió a la Presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote un oficio fechado el día 25 de marzo de 2026 (Registro de Salida General n.º 243281/ 2026), en el que le comunica que la modificación de la clasificación del puesto de trabajo, en los términos propuestos por la Corporación -que se contrae, exclusivamente, a su dependencia funcional y jerárquica-, exigirá que, con carácter previo, modifique la Plantilla orgánica, comoquiera que se trata del instrumento organizativo -al parecer, el único vigente en la Corporación, ante la ausencia de relación de puestos de trabajo o catálogo- en el que se consignaron las características del puesto. Tal modificación se sustanciará por los trámites previstos para la modificación del Presupuesto, de conformidad con el artículo 126 del texto refundido de Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y con los artículos 168 y siguientes de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

4.º) En respuesta a dicha solicitud, el Consejero Delegado del Cabildo Insular de Lanzarote, en virtud de oficio de 31 de marzo de 2026, dio traslado del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, en la sesión celebrada el día 30 de marzo de 2026, por el que se aprueba la modificación de la adscripción funcional del puesto de trabajo de Vicesecretario/a, a fin de que pase a depender orgánica y funcionalmente del Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular y al Consejero/a-Secretario/a. Constituye dicho acuerdo el acto administrativo donde se determinan y modifican las características del puesto en concreto la modificación jerárquica y funcional del mismo.

5.º) La Ley territorial 2/2006, de 7 de febrero, integró al Cabildo Insular de Lanzarote en el régimen previsto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (BOC n.º 31, de 14.2.2006).

De acuerdo con el artículo 1, será de aplicación al Cabildo Insular de Lanzarote el régimen de organización contenido en los Capítulos II y III del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a excepción de los artículos 128, 132 y 137, con las peculiaridades previstas en la disposición adicional decimocuarta del citado texto legal.

6.º) De los datos que obran en el Registro Integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, resulta:

a) Que el puesto de trabajo de Secretario/a General del Pleno (Secretaría, clase primera) del Cabildo Insular de Lanzarote, reservado a funcionarios/as de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría, categoría superior, está vacante por inexistencia de titular definitivo.

b) Que en virtud de la Resolución de este Centro Directivo n.º 2434, de 28 de diciembre de 2022, a propuesta del Cabildo Insular de Lanzarote, se autorizó la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo denominado Secretario/a General del Pleno, clase primera, existente en su Plantilla, como puesto de trabajo de naturaleza directiva y existencia obligatoria reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría superior, vacante por inexistencia de titular.

Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 7, de 11 de enero de 2023.

c) Que las funciones del indicado puesto de trabajo son desempeñadas actualmente por D. Andrés Martín Duque, con Documento Nacional de Identidad n.º ***1761**, funcionario de carrera de la Subescala Técnica de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, del Cabildo Insular de Lanzarote, Licenciado en Derecho, en virtud de nombramiento accidental conferido por la Resolución de esta Dirección General n.º 3467/2023, de 22 de diciembre.

d) Que el puesto de trabajo de Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular y al Consejero/a-Secretario/a, de clase primera, existente en la Plantilla del Cabildo Insular de Lanzarote, puesto de naturaleza directiva y existencia obligatoria en las entidades acogidas al Título X de la LRBRL, fue creado y clasificado por la Resolución de esta Dirección General de 27 de septiembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 198, de 11 de octubre de 2018, como puesto reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría superior.

e) Que en virtud de la indicada Resolución, se estableció como sistema de provisión del puesto de trabajo el de libre designación.

f) Que el puesto está vacante por inexistencia de titular definitivo.

g) Que sus funciones han venido siendo desempeñadas por Dña. María José Blanco Sánchez, con Documento Nacional de Identidad n.º ***158***, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, titular del puesto de trabajo de Secretaría, clase segunda, del Ayuntamiento de Teguise, en virtud de adscripción en comisión de servicios conferida por la Resolución de esta Dirección General n.º 3610/2024, de 15 de octubre, cuya vigencia ha sido prorrogada por las Resoluciones n.º 4267/2024, de 30 de diciembre, n.º 2093/2025, de 18 de junio, y n.º 3824/2025, de 16 de diciembre.

h) Que en virtud de la Resolución de 13 de febrero de 2026, de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (BOE n.º 42, de 17.2.2026), que resolvió el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocado por la Resolución de 13 de octubre de 2025 (BOE n.º 248, de 15.10.2025), corregida por la Resolución de 4 de noviembre de 2025 (BOE n.º 267, de 6.11.2025), se adjudicó a Dña. María José Blanco Sánchez el puesto de trabajo de Vicesecretaría, clase segunda, del Cabildo Insular de Lanzarote.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia para la creación, clasificación, supresión y modificación de la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en Corporaciones locales de Canarias.

El artículo 92 bis, apartado 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado por el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE n.º 312, de 30.12.2013), dispone que el Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.

Las previsiones contenidas en el citado precepto han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE n.º 67, de 17.3.2018).

El artículo 79.2.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 108/2024, de 31 de julio (BOC n.º 156, de 8.8.2024)-, atribuye a la Dirección General de la Función Pública la competencia para la creación, clasificación, modificación y supresión de los puestos de trabajo reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de oficio o a propuesta de la corporación local respectiva, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal.

La eficacia de las modificaciones que se operen en la plantilla y relación de puestos de trabajo de la Corporación respectiva, en el ámbito de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, quedará condicionada, empero, al acto formal de clasificación que ha de emanar de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo -a diferencia de la previsión contenida en el artículo 9 del derogado Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio-, omite el trámite de publicación del acto clasificatorio en los boletines y diarios oficiales; pero dicho trámite resulta de obligado cumplimiento, al tratarse de un acto administrativo plúrimo, que trae causa en la relación de puestos de trabajo (artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; STS de 5 de febrero de 2014, recaída en recurso de casación n.º 2986/2012).

Segunda.- Modificación de la clasificación del puesto de trabajo de colaboración denominado Vicesecretario/a del Cabildo Insular de Lanzarote, como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el particular relativo a su adscripción orgánica y funcional. Motivación.

A) Consideraciones generales.

El derogado artículo 165.1 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la redacción dada por el apartado 1 del artículo 2.5 del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, dispuso que, con independencia de los puestos de trabajo mínimos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional a que se refieren los artículos anteriores, las Corporaciones locales, en los términos que reglamentariamente se determinaran por la Administración del Estado, podrían crear otros puestos de trabajo reservados igualmente a funcionarios que posean dicha habilitación, cuya clasificación correspondería a las Comunidades Autónomas.

El desarrollo reglamentario se efectuó en virtud del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. Así, el artículo 2.g) definía los puestos de colaboración como aquellos que las Corporaciones locales podrían crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de Secretaría, Intervención o Tesorería, y a los que correspondería la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les fueran encomendadas por dichos funcionarios titulares. Añadía que estos puestos se clasificarían a propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que procediera.

El artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que derogó el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, permite, asimismo, que las entidades locales puedan crean otros puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Dichos puestos quedan reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente. Les corresponderán las funciones reservadas que, previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería; y, asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

El artículo 15.3.b) dispone que, en las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clase 1.ª -como acontece en el Cabildo Insular de Lanzarote-, los puestos de colaboración a las funciones de secretaría podrán ser clasificados en 1.ª, 2.ª y 3.ª clase, y ser adscritos, respectivamente, a las Subescalas de Secretaría, categoría superior, Secretaría, categoría de entrada, y a la Subescala de Secretaría-Intervención. Los puestos de colaboración a las funciones de intervención podrán ser clasificados en 1.ª, 2.ª y 3.ª clase, y ser adscritos, respectivamente, a las Subescalas de Intervención-Tesorería, categoría superior, Intervención-Tesorería, categoría de entrada, y a la Subescala de Secretaría-Intervención.

La creación y supresión de estos puestos de colaboración constituyen, pues, la manifestación del ejercicio de una potestad discrecional que la normativa señalada atribuye a las Corporaciones locales, y que se exterioriza a través del acto de modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo. En todo caso, el acto habrá de ser motivado, por exigencia del artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

B) Motivación.

En la Resolución dictada por esta Dirección General, con fecha 8 de febrero de 2024, se clasificó el puesto de Vicesecretario/a, clase segunda, del Cabildo Insular de Lanzarote, como puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones del titular de la Secretaría General del Pleno, de acuerdo con la propuesta que formuló la Corporación insular.

En el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular, en la sesión celebrada el día 30 de marzo de 2026, se arguyen como motivos para modificar el régimen de adscripción del puesto los siguientes:

«...

Segundo.- La Ley territorial 2/2006, de 7 de febrero, integró al Cabildo Insular de Lanzarote en el régimen previsto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (BOC n.º 31, de 14.2.2006).

De acuerdo con el artículo 1, será de aplicación al Cabildo Insular de Lanzarote el régimen de organización contenido en los Capítulos II y III del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a excepción de los artículos 128, 132 y 137, con las peculiaridades previstas en la disposición adicional decimocuarta del citado texto legal.

El artículo 92 bis, apartado 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado por el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, dispone que el Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.

Las previsiones contenidas en el citado precepto han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE n.º 67, de 17.3.2018).

La disposición adicional cuarta regula el régimen jurídico de los puestos reservados en los Municipios de Gran Población del Título X de la LRBRL. Conforme a la citada disposición adicional cuarta del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se establece que:

“(...) 1. En los municipios de gran población, las funciones de fe pública, y asesoramiento legal preceptivo, así como las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y las de contabilidad, tesorería y recaudación se ejercerán en los términos establecidos en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en la disposición adicional octava de la misma. Igualmente, será aplicable la anterior regulación a los Cabildos Insulares canarios en los términos establecidos en la disposición adicional decimocuarta de dicha ley.

2. La clasificación de los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los Cabildos Insulares Canarios, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta de la misma, se efectuará por la Comunidad Autónoma correspondiente, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) El puesto de Secretario General del Pleno, está reservado a la Subescala de Secretaría, categoría superior, y deberá clasificarse en clase 1.ª

b) El puesto de titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al Concejal- Secretario de la misma está reservado, igualmente, a la Subescala de Secretaría, categoría superior, y deberá clasificarse en clase 1.ª

c) El puesto de Intervención General municipal está reservado a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, y deberá clasificarse en clase 1.ª

d) El puesto o puestos correspondientes al órgano u órganos que tengan asignadas las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación, así como las de presupuestación, en su caso, estarán reservados a la Subescala de Intervención-Tesorería, pudiendo ser desempeñados por funcionarios pertenecientes a la categoría de entrada o superior, dentro de la misma. (...)”».

Tercero.- Los puestos de colaboración a los que se refiere el artículo 15 del Real Decreto 128/2018, son de creación discrecional para la Corporación Local, si bien deben ser igualmente clasificados por la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios de establecidos en el artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

“Artículo 15. Puestos de colaboración.

1. Las Entidades Locales podrán crear otros puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Estos puestos de trabajo estarán reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente”.

3.1. Debe señalarse que la actual Corporación Insular a lo largo de los años ha ido adoptando un conjunto de medidas organizativas con la finalidad de dotar a esta Administración de personal funcionario cualificado, especialmente en el Grupo A dado que existe un déficit manifiesto de este personal, en sus distintas Subgrupos, Escalas, Subescalas y Empleos Públicos, y especialmente en el ámbito de los perfiles profesionales jurídicos y presupuestarios.

3.2. El Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, entre otras, tiene las funciones tasadas reguladas en el artículo 149 del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Lanzarote, ya relatadas en el antecedente de hecho sexto, poniendo el acento en que corresponde a dicho titular las Secretaria de todos los organismos públicos vinculados al Cabildo de Lanzarote, en concreto del:

• Consorcio del Agua de Lanzarote.

• Consorcio de Emergencias.

• Consejo Insular de Aguas de Lanzarote.

• Red Tributaria de Lanzarote.

• Entidad pública empresarial CACT.

• Sociedad mercantil SPEL.

En el caso de los organismos públicos, se validan todos los Decretos y Resoluciones de la Presidencia de los mismos, realizan funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo en todos los expedientes que por normativa lo requieran.

3.3. Debe tenerse en cuenta que esta situación es especialmente compleja en el ámbito de los Cabildos Insulares de las islas no capitalinas donde la especial dificultad para la cobertura de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, en general, entra en conflicto con el complejo entramado de competencias atribuidas a las Corporaciones Insulares, tanto propias como transferidas y delegadas, lo que implica un mayor nivel de responsabilidad de quienes desempeñan puestos de trabajo en el nivel pre-directivo.

3.4. Precisamente la necesidad de llevar a cabo estas atribuciones, de especial relevancia para esta Corporación, exigen de la persona que lo desempeñe una especial responsabilidad que va más allá de las funciones y tareas propias del puesto, y dada la inherente vinculación que algunas de ellas tienen en relación con la dirección política de la Corporación, exige igualmente una especial relación de confianza entre la dirección política y el personal funcionario que desempeña el puesto.

3.5. Por todo ello, en el Cabildo Insular de Lanzarote, se considera preciso encomendar las tareas derivadas de los organismos públicos del Cabildo de Lanzarote, la validación de sus Decretos y Resoluciones de la Presidencia de los mismos, el asesoramiento legal preceptivo en todos los expedientes que por normativa lo requieran estos órganos, así como realizar las funciones de fe pública de los mismos.

Reiteramos que, si bien los Estatutos de los distintos organismos establecen la posibilidad de delegación de las funciones, dada la complejidad de las funciones asignadas el puesto, se considera procedente que las mismas se vinculen al puesto de Vicesecretario/a adscrito orgánicamente a la Secretaria General del Pleno, y que pase a depender orgánicamente de Titular del Órgano de Apoyo al Gobierno Insular y al Consejero/a Secretario/a del mismo, para que realice funciones de colaboración inmediata, auxilio y apoyo, pudiendo así delegarse, o encomendarse en la Vicesecretaria parte de las funciones que hoy se vinculan al Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular.

3.6. Se han expuesto las razones que justifican la modificación de la adscripción funcional del puesto de Vicesecretaria, como puesto de auxilio y colaboración inmediata al titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, al tratarse del ejercicio de una potestad discrecional ex artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se exponen a continuación.

Se considera necesaria la modificación de su adscripción funcional únicamente de un puesto de colaboración, de Vicesecretario/a, en el Órgano de apoyo al Consejo de Gobierno Insular-Secretaria, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el ejercicio de las potestades de autoorganización de la Corporación insular.

La propuesta trae su razón en el desempeño de las funciones de la Secretaria, indicadas en el apartado anterior (punto 3. 2 y 3.5), a través de un puesto de colaboración reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, que ejercerá la colaboración inmediata y auxilio al titular; dada la imposibilidad material de que el Titular del Órgano de apoyo al Consejo de Gobierno Insular pueda desempeñar, además de las de Cabildo, todas las indicadas, debido al crecimiento poblacional surgido en los últimos años, que trae a colación una incremento notable en la gestión competencial del nivel de servicios que se prestan, y por ende presupuestario.

Cuarto.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en su artículo 90.2, prevé que las Entidades Locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública, y que corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las RPT, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación.

Añade el artículo 126.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-, que las RPT tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública y se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, -LRBRL-.

En parecidos términos, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-, nos remite a la legislación básica sobre función pública, siendo el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-, el que dispone que:

“Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”.

El artículo 90.1 de la LRBRL se refiere a las Plantillas que debe confeccionar cada Administración Local, considerando que son un claro exponente de la potestad de autoorganización que legalmente se reconoce a las entidades locales en el artículo 4 de la citada Ley. Añade que no resulta exigible a la modificación de la Plantilla en cuestión ningún trámite de negociación con los sindicatos o representantes de los trabajadores, en la medida en que ningún empleado público pudiera ver alteradas sus condiciones de trabajo.

Consecuentemente, es cada Administración la que puede y debe valorar las concretas necesidades de su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de autoorganización, potestad que se materializa mediante la aprobación o modificación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, debiendo incluir al menos lo dispuesto en el artículo 74 TREBEP y, en su caso, en la normativa autonómica que resulte de aplicación.

La plantilla es, por tanto, consustancial con la potestad de autoorganización prevista en los artículos 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, y 4.1.a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-, aprobado por Real Decreto 2568 /1986, de 28 de noviembre, estando, en consecuencia, excluida de la obligatoriedad de negociación con las organizaciones sindicales.

En consecuencia, puede efectuar modificaciones en la misma. Así viene determinado en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, EBEP*: “Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos. En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en este capítulo”.

Como se ha indicado, la competencia de ejecución en materia de clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de esta Dirección General. La competencia es, pues, autonómica, y la decisión que adopte quedará condicionada a que la propuesta de la Corporación se adecue a los requisitos de índole formal y material establecidos reglamentariamente, a saber, que el puesto esté reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la subescala y categoría que, a su juicio, proceda, y que se modifiquen los instrumentos organizativos con la publicidad que resulte preceptiva. Pero, en todo caso, la decisión de crear o de suprimir el puesto de colaboración de que se trate, así como la decisión de determinar sus características y régimen de adscripción, es de la Corporación local y tiene, además, naturaleza discrecional.

El Cabildo Insular de Lanzarote ha explicitado las razones que justifican la modificación de la adscripción orgánica y funcional del puesto de trabajo de Vicesecretario/a, clase segunda, que pasa a configurarse como puesto de auxilio y colaboración inmediata al puesto de trabajo de Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular y al Consejero/a-Secretario/a, en lugar de puesto de auxilio y colaboración inmediata al titular de la Secretaría General del Pleno.

Acerca del ejercicio de dicha potestad discrecional en cuanto a la clasificación y configuración de los puestos de colaboración, la Dirección General de la Función Pública del extinto Ministerio de Hacienda y Función Pública, en informe facultativo de 17 de abril de 2023, en atención a consulta formulada por este Centro Directivo, indica:

“En relación con los puestos de colaboración, el punto de partida debe ser el alcance de la potestad de autoorganización. En su Sentencia del 17 de marzo de 2021 el Tribunal de Justicia de Castilla La Mancha (n.º recurso 278/2019) lleva a cabo una definición que entendemos resulta clarificadora:

“Con carácter general, debemos de recordar que la Administración goza de una potestad de autoorganización para diseñar sus estructuras organizativas.

Esta potestad tiene un fuerte contenido discrecional, lo que no equivale a arbitrariedad, ni desde luego está exenta de control por los Tribunales de Justicia, toda vez que el mismo es posible a través de distintas técnicas como es el control de los elementos reglados (legalidad de la potestad, competencia del órgano, procedimiento, motivación y finalidad de los actos) y de los hechos determinantes de la potestad, esto es de la concurrencia del supuesto previsto en la norma atributiva de la potestad, así como mediante la sujeción a los principios generales del derecho.

Desde este punto de vista, hemos de señalar que si bien la Administración goza de esa potestad para el logro de los fines que le son propios, también lo es que los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta a los fines que la justifican (artículo 106.1 CE). No en vano el artículo 72 del EBEP dispone: en el marco de sus competencias de autoorganización de las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en este Capítulo (STSJCLM de 19 de mayo de 2016, rec. 26/2016).

Igualmente se ha explicitado: “En definitiva, es de recordar que, como sabemos desconocido, la Administración goza de una potestad que resulta incuestionable, que es la de auto organizarse. La Administración pública, en base a los intereses generales que está en su propia esencia el salvaguardar, proteger y gestionar, ostenta un conjunto de atribuciones, conferidas por el Ordenamiento Jurídico, para organizarse en la forma que considere más oportuna o más conveniente para su mayor eficacia, a la que le compete el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, sin trabas derivadas del mantenimiento de formas de organización que hayan podido mostrarse menos adecuadas para la satisfacción de ese mandato, potestad de autoorganización en la que es característica la discrecionalidad que domina su ejercicio, no confundirle con la arbitrariedad, siempre, como no podía ser de otra manera prohibida (STSJ Madrid de 12 de abril de 2016, rec. 794/2014).

En síntesis, esta potestad de autoorganización es una potestad innovadora, para crear o cambiar el diseño de plazas y puestos de trabajo”.

Y es precisamente esa potestad con carácter innovador que el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a las entidades locales en la que se encuadra el diseño de los puestos de colaboración que regula el artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al que habrá que acudir a la vista de la remisión genérica llevada a cabo por la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril, a las disposiciones reglamentarias de desarrollo. Esto es así porque debe hacerse una interpretación sistemática de la norma reglamentaria, ya que la disposición adicional cuarta del Real Decreto 128/2018, de 1 de abril, lejos de establecer una regulación pormenorizada y completa del ejercicio de las funciones reservadas en los municipios de gran población, se ciñe a establecer las particularidades que los diferencian. Sentado lo anterior, entendemos que a este tipo de entidades locales se les debe aplicar el régimen general establecido en el artículo 15 del Real Decreto 128/2018, ya que en ausencia de régimen diferenciado, resulta de aplicación lo dispuesto con carácter general para el conjunto de las entidades locales”.

Tercera.- Afectación al destino definitivo de la funcionaria titular del puesto de trabajo de Vicesecretario/a, clase segunda, del Cabildo Insular de Lanzarote.

La disposición adicional primera del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, dispone:

“Disposición adicional primera. Modificaciones en la clasificación o forma de provisión de puestos de trabajo.

1. Las modificaciones en la clasificación o forma de provisión de puestos de trabajo efectuadas al amparo de este real decreto no afectarán a los destinos de quienes los vinieran desempeñando con carácter definitivo.

2. El funcionario que, como consecuencia de lo previsto en el párrafo anterior, cesare en su puesto de trabajo, continuará percibiendo, en tanto se le atribuye otro puesto y durante un plazo máximo de tres meses, las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al suprimido”.

En consecuencia, la modificación del régimen de adscripción orgánica y funcional del puesto de trabajo de Vicesecretario/a, clase segunda, no afectará al destino definitivo de Dña. María José Blanco Sánchez, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, titular por concurso.

Cuarta.- Inscripciones y anotaciones en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El artículo 23 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, dispone que, en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública (en la actualidad, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), existirá un Registro de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, integrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como los actos que afecten a la vida administrativa de dichos funcionarios. El Registro tendrá carácter electrónico. En dicho Registro, las Comunidades Autónomas efectuarán las anotaciones referentes a la clasificación de los puestos reservados, a nombramientos, tanto definitivos como de carácter provisional, en puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional, así como las tomas de posesión y los ceses correspondientes. Asimismo, anotarán las sanciones disciplinarias de su competencia. Podrán, también, efectuar en dicho Registro las anotaciones de los méritos autonómicos, a los efectos de su valoración en los correspondientes concursos.

En virtud de lo anterior, y en el ejercicio de la competencia atribuida, esta Dirección General, a propuesta de la Corporación insular,

RESUELVE:

1. Modificar la clasificación del puesto de trabajo de colaboración denominado Vicesecretario/a, existente en la Plantilla del Cabildo Insular de Lanzarote, que se dispuso por la Resolución de esta Dirección General, de 8 de febrero de 2024 (BOC n.º 37, de 20.2.2024), en cuanto a su adscripción orgánica y funcional, al configurarse ahora como puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones del puesto de trabajo de naturaleza directiva y existencia obligatoria denominado Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular y al Consejero/a-Secretario/a, clase primera, en lugar de puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones del/la titular de la Secretaría General del Pleno, asimismo, puesto de naturaleza directiva y existencia obligatoria.

2. Mantener inalterados los demás elementos del acto clasificatorio.

3. La modificación de la clasificación no afectará al destino definitivo de Dña. María José Blanco Sánchez, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, titular por concurso.

4. Inscribir la modificación del puesto de trabajo en el Registro Integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, regulado en el artículo 23 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

5. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, y comunicarla a la Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo en cuya circunscripción tengan su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2026.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo.

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