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BOC-A-2026-075-1239.
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Visto el procedimiento iniciado por la Dirección General de Cualificaciones Profesionales de “Evaluación y Acreditación de competencias adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación”, en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de acuerdo a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que el Gobierno impulsará los procedimientos de reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o aprendizajes no formales e informales, de forma que permita a todos los ciudadanos la obtención de una acreditación de sus competencias profesionales. A tal fin las administraciones competentes promoverán un incremento de los procedimientos para el reconocimiento y la agilización y la flexibilización de los procesos. Estos se basarán en los principios de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, y eficiencia y adecuación de los medios a los fines institucionales.
Segundo.- La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, establece como uno de los objetivos del Sistema de Formación Profesional la facilitación de la acreditación y el reconocimiento de las competencias profesionales vinculadas al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, adquiridas mediante la experiencia laboral u otras vías no formales e informales. Así mismo, determina que esta acreditación de competencias profesionales constituye un procedimiento administrativo abierto de forma permanente, respecto a los estándares de competencia.
Tercero.- El Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, ordena y actualiza el procedimiento de acreditación de competencias adquiridas por la experiencia laboral y otras vías no formales de formación que venía estando en vigor desde el año 2009 con el objetivo de adaptarlo a la realidad del presente, y permitir a las administraciones facilitar la cualificación y recualificación permanente de las personas a lo largo de todo su periodo vital y laboral. A este respecto, se establecen en dicha norma la finalidad y características, la organización y gestión, y las fases e instrucción del procedimiento, estableciéndose que dicho procedimiento se constituye como un procedimiento administrativo abierto de forma permanente.
Cuarto.- El mismo Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, determina que en cada ámbito territorial las administraciones responsables del procedimiento nombrarán una o varias comisiones de evaluación por familia profesional, con una composición no superior a tres personas, que dirimirá en caso de reclamaciones. Además, se les encomienda la función de mantener un registro de personas asesoras y evaluadoras, y designarlas para cada solicitud, así como, en su caso, las comisiones de evaluación y dictar las instrucciones que orientarán sus actuaciones. La presidencia de la comisión será la responsable de los trabajos, su transparencia y objetividad y recaerá en una persona empleada pública de la Administración que ostente la condición de funcionario público, preferentemente con experiencia mínima de dos años en funciones de asesoramiento o evaluación en este procedimiento.
Quinto.- En Canarias, la gestión del procedimiento requiere la participación de personal docente propio de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, así como de personal externo a la misma, que es experto especialista habilitado de las diferentes familias profesionales e idiomas. Dicho personal debe realizar las acciones de coordinación, asesoramiento, evaluación, presidencia y vocalía para el desarrollo del procedimiento antedicho, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 179, apartado 11, del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
Las cuantías a percibir por el personal que ejerce las funciones de coordinación, evaluación, asesoramiento, presidencia o vocalía en el marco del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, en función de los estándares de competencia profesionales (ECP) asesorados y/o evaluados total o parcialmente, han sido establecidas anualmente atendiendo a los módulos económicos que al respecto disponían las instrucciones técnicas de fondos MRR asignados y vigentes hasta al 31 de diciembre de 2025.
En ausencia de financiación del procedimiento mediante fondos europeos, el propio Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, dispone en su artículo 187.5 que “Los y las responsables del asesoramiento, la evaluación, así como la comisión de evaluación podrán percibir las compensaciones económicas que reglamentariamente establezca la Administración convocante en función de sus disponibilidades presupuestarias. Cuando la convocatoria la realice el Ministerio de Educación y Formación Profesional, las compensaciones se regirán por lo dispuesto en la normativa reguladora sobre indemnizaciones por razón del servicio”; en el ámbito territorial de Canarias la norma reguladora es el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razones de servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 67/2002, de 20 de mayo.
Sexto.- El Decreto 84/2024, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, regula las competencias generales y específicas de la Dirección General de Cualificaciones Profesionales, entre las que se encuentra y con carácter principal, la función de gestionar el procedimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral u otras vías no formales e informales.
Séptimo.- En Canarias, se establece de forma permanente un procedimiento abierto de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral u otras vías no formales e informales referido, al menos, a la totalidad de los estándares de competencia profesional incluidos en la oferta existente de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma, vinculada al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales para cuya puesta en marcha es necesario el nombramiento de las correspondientes comisiones de evaluación.
A los anteriores antecedentes de hecho, le serán de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
Segundo.- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Tercero.- La Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, establece en su artículo 29.1.j) que “corresponde a los Consejeros disponer los gastos propios de los Servicios de su Consejería no reservados al Gobierno de Canarias”.
Cuarto.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa de aplicación.
Quinto.- El Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, en su artículo 175, apartado 1, dispone que “El procedimiento de acreditación de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral u otras vías no formales o informales constituye un procedimiento administrativo abierto de forma permanente, que tendrá como referente el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, sin que se requiera convocatoria al respecto”.
Sexto.- El Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, en su artículo 187.5 establece […] “Los y las responsables del asesoramiento, la evaluación, así como la comisión de evaluación podrán percibir las compensaciones económicas que reglamentariamente establezca la Administración convocante en función de sus disponibilidades presupuestarias. Cuando la convocatoria la realice el Ministerio de Educación y Formación Profesional, las compensaciones se regirán por lo dispuesto en la normativa reguladora sobre indemnizaciones por razón del servicio”.
Séptimo.- El artículo 7 del Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, establece que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes asume las competencias que en materia de educación, formación profesional y deportes estaban atribuidas a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, salvo las relativas a materias de universidades, cultura y patrimonio cultural.
Octavo.- El Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, determina como órgano superior dependiente de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales. Así mismo, establece en su disposición adicional segunda que se atribuyen a dicha Viceconsejería la gestión de las competencias en materia de formación profesional y cualificaciones profesionales, y las demás que se le atribuyan en el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.
Noveno.- En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 43/2003, de 7 abril, por el que se crea y regula el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, le atribuye, entre sus fines, el de gestionar los procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales.
Décimo.- El Decreto 84/2024, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, en su disposición final primera.- Modificación del Decreto 43/2003, de 7 de abril, por el que se crea y regula el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, en el artículo 2, apartado 1.a), establece realizar la gestión del procedimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral u otras vías no formales e informales, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, o norma que lo sustituya entre otras atribuciones a la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones, la de efectuar las asignaciones, gestión y tramitación presupuestaria específica de los centros y enseñanzas de su ámbito competencial.
Undécimo.- El Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, por el que se regula la organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, establece en el artículo 19.1 que “los directores generales, en el área de actividad que tengan encomendada, desempeñan las atribuciones que se especifiquen en el correspondiente Reglamento Orgánico”.
Duodécimo.- El Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio, modificado parcialmente por el Decreto 67/2002, de 20 de mayo, establece el marco de indemnizaciones por razón del servicio en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la misma. En su Título IV se regulan las Asistencias.
De acuerdo con todo lo anterior, y en ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 27.1.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias,
RESUELVO:
Primero.- Establecer las compensaciones económicas a percibir por el personal que ejerza las funciones de coordinación, asesoramiento, evaluación o sean miembros de las comisiones de evaluación en el marco del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, según lo establecido en el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razones de servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias. A tales efectos, las funciones a las que hace referencia la presente Resolución y que son motivo de remuneración quedan adscritas a la categoría cuarta de las establecidas en su Anexo IV.
Los importes a percibir serán los resultantes de aplicar dicha categoría cuarta según los siguientes criterios, por los trabajos derivados de su actuación como asesores o evaluadores:
a) Por la actuación como asesor/a, una (1) asistencia técnica de las previstas en dicha categoría cuarta del Anexo IV, en el nivel de “Presidente y Secretario” por cada Estándar de Competencia Profesional asesorado.
b) Por la actuación como evaluador/a, una (1) asistencia técnica de las previstas en dicha categoría cuarta del Anexo IV, en el nivel de “Presidente y Secretario” por cada Estándar de Competencia Profesional evaluado.
c) Por la actuación de cada miembro de las comisiones de evaluación: 3 asistencias técnicas de las previstas en dicha categoría cuarta del Anexo IV, en el nivel de “Presidente y Secretario” por cada reclamación que resuelvan en la que participen y resuelvan.
Segundo.- El número máximo de asistencias por anualidad autorizadas a cada participante con independencia de su rol (asesor, evaluador, presidente o secretario) es de ciento veinte (120) al año.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un (1) mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, recurso de alzada ante la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, sin perjuicio de cualquier otro que se estime interponer.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2026.- El Director General de Cualificaciones Profesionales, Alfredo David Espinosa Vega.
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