Estás en:
ATENCION. La versión HTML de este documento no es oficial. Para obtener una versión oficial, debe descargar el archivo en formato PDF.
4 páginas.
Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat.
Tamaño: 190.73 Kb.
BOC-A-2026-071-1170.
Firma electrónica
- Descargar
Vista Resolución de esta misma Consejería de fecha 3 de diciembre de 2025, publicada en el Boletín Oficial de Canarias, en su edición n.º 249, el miércoles 17 de diciembre de 2025, mediante la que se declaran los campos de adiestramiento y entrenamiento para la temporada de invierno verano 2026, y que incluía, entre otras condiciones:
“Está prohibida la captura de cualquier especie de fauna, tanto cinegética como no cinegética. Toda pieza cobrada accidentalmente, deberá ser entregada al guarda de caza, agentes de Medio Ambiente o a la Guardia Civil”.
Visto que, con fecha 7 de enero de 2026, se presenta recurso potestativo de reposición interpuesto formulando, entre otras, la siguiente alegación:
• La modificación o corrección de la cuarta condición del resuelvo primero, a fin de eliminar la figura del guarda de caza, por considerar que carece de la condición de funcionario y de agente de la autoridad, así como la habilitación para el decomiso de capturas y la garantía de custodia en supuestos de infracción administrativa o ilícito penal.
Considerando que el escrito presentado se encabeza bajo la denominación “recurso potestativo de reposición”, y que el acto que ha sido dictado por esta Consejería no agota la vía administrativa, por lo tanto el cauce impugnatorio legalmente pertinente es el recurso de alzada, conforme a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En virtud del principio de antiformalismo y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 115.2 de la citada Ley, que reconoce que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter, se procede a la recalificación de oficio del escrito presentado, tramitándose a todos los efectos como un recurso de alzada.
Considerando que el recurso fundamenta su primera alegación en los artículos 40 y 52 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, cuyos preceptos relevantes disponen, en síntesis, lo siguiente:
El artículo 40 atribuye a los agentes de medio ambiente la obligación de cumplir y hacer cumplir la normativa cinegética, sin perjuicio de las competencias de vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reconociendo asimismo la figura de los guardas de caza como auxiliares de aquellos.
El artículo 52 regula el régimen de los comisos en materia de infracciones cinegéticas, estableciendo el comiso cautelar de las piezas y medios utilizados, así como las actuaciones a realizar en función de si la caza es viva o muerta.
No obstante, estos preceptos deben ser interpretados de forma sistemática y conforme con el resto del ordenamiento. En este sentido, resulta determinante lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que reconoce expresamente a los guardas de caza la facultad de proceder a la retirada u ocupación de piezas y medios de caza, incluidas las armas, con la obligación de su entrega inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
Esta previsión legal se ve reforzada por el artículo 81.10 del Reglamento de la Ley 7/1998, que establece que el régimen de los guardas de caza se entiende sin perjuicio de la normativa estatal sobre seguridad privada, exigiendo, en todo caso, la correspondiente acreditación por el Cabildo Insular.
Bajo esta premisa debe distinguirse entre la potestad de comiso, como acto administrativo de gravamen derivado de una presunta infracción, reservado a los Agentes de la Autoridad según el artículo 52 de la Ley 7/1998, y la recepción y custodia preventiva de piezas cobradas accidentalmente. En este segundo supuesto, el guarda de caza actúa como depositario necesario y colaborador de la Administración, sin que su intervención suponga una quiebra de la cadena de custodia, ya que la instrucción de las diligencias y la potestad sancionadora permanecen bajo la competencia exclusiva de la autoridad pública tras la entrega de los efectos.
No obstante, y sin perjuicio de la validez legal de la figura de los guardas de caza, en ejercicio de la potestad autoorganizativa y en aras de la eficacia administrativa, y con el fin de dotar de la mayor seguridad jurídica a la actuación administrativa y a los propios usuarios de los campos de entrenamiento, se considera oportuno realizar una precisión interpretativa del alcance del término ‘guarda de caza’. Si bien la figura está plenamente justificada legalmente, mientras se culmina el proceso de habilitación individual del personal, es conveniente que la recepción de piezas se centralice exclusivamente en los Agentes de Medio Ambiente o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
Visto que en fecha 27 de marzo de 2026, se emite Decreto de la Presidencia mediante el que se resuelve recurso de alzada interpuesto a la publicación anteriormente mencionada, en relación con la inclusión de la figura del guarda de caza como agente receptor de piezas cobradas indebidamente.
La competencia corresponde al Sr. Consejero Insular del Área de Política Territorial, Medio Ambiente y Sector Primario, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Cabildo Insular de La Gomera, de 3 de junio de 2016 (ROFI), artículo 33, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, artículo 57, y Decreto de la Presidencia, de fecha 29 de junio de 2023, de reparto de competencias.
RESUELVO:
Primero.- Modificar la Resolución de 3 de diciembre de 2025, por la que se acuerda la apertura de los campos de adiestramiento y entrenamiento, en su condición cuarta del resuelvo primero, en los siguientes términos:
“Está prohibida la captura de cualquier especie de fauna, tanto cinégetica como no cinégetica. Toda pieza cobrada accidentalmente deberá ser entregada a los Agentes de Medio Ambiente o a la Guardia Civil”.
Segundo.- Notificar la presente Resolución a la Guardia Civil (SEPRONA) y a la Sociedad Colaboradora que tiene adjudicado el servicio de gestión de los terrenos sometidos a régimen cinegético especial de caza controlada en la isla de La Gomera, a los efectos pertinentes, dejando constancia de todo ello en el expediente de su razón y proceder a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, y de igual forma, se exponga la presente Resolución en la sede electrónica de este Cabildo en https://sede.lagomera.es
RECURSOS:
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, haciendo saber que el acto notificado, que no pone fin a la vía administrativa, y conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas (LPACAP), podrá ser recurrido en alzada ante el Presidente. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de estas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos).
El recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la LPACAP, se interpondrá ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación, y se entenderá desestimado si transcurridos otros tres meses desde su interposición no se hubiera recibido la notificación de la resolución del mismo.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la LPACAP, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a actos dictados en procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, su estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la LPACAP, la interposición de este recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
Contra la desestimación presunta del recurso de alzada no cabe otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1, pudiéndose interponerse recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8.1, 14 y 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife. La interposición del recurso contencioso-administrativo en este caso no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de acuerdo con la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 52/2014, de 10 de abril.
Todo ello sin perjuicio de que se pueda utilizar cualquier otra vía de recurso que se estime procedente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Sebastián de La Gomera, a 1 de abril de 2026.- El Consejero Insular del Área de Política Territorial, Medio Ambiente y Sector Primario, Héctor Manuel Cabrera Martín.
© Gobierno de Canarias