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BOC Nº 060. Viernes 27 de marzo de 2026 - 1012

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

1012 Secretaría General Técnica.- Resolución de 17 de marzo de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en orden a la verificación de proyectos.

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ANTECEDENTES DE HECHO

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias tiene el propósito, con el presente Convenio, de que se desarrollen las funciones de la oficina de supervisión de proyectos establecidas en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y, en lo que resulten de aplicación, los artículos 135 y 136 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas ejerce sus competencias en materia de planificación, ordenación, gestión y ejecución de infraestructuras hidráulicas y de recursos hídricos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.d) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en la normativa sectorial que le resulta de aplicación.

Asimismo, la Consejería carece en la actualidad de medios personales y técnicos suficientes para el ejercicio directo y ordinario de las funciones propias de la oficina de supervisión de proyectos previstas en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, lo que hace necesario articular mecanismos de colaboración con entidades que dispongan de la cualificación técnica adecuada, a fin de garantizar el correcto cumplimiento de dichas funciones y la adecuada defensa del interés público.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos es una Corporación de Derecho Público, de ámbito nacional, que se rige de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución, por el texto vigente de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y por sus Estatutos, aprobados por el Real Decreto 1271/2003, de 10 de octubre.

La Ley de Colegios Profesionales (disposición adicional quinta, introducida por la Ley 25/2009) permite a las Administraciones Públicas establecer convenios con Colegios Profesionales para el encargo de la comprobación documental, técnica y sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a los trabajos profesionales.

El Colegio puede ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por la Administración, y colaborar con esta mediante la realización de estudios, informes y cualesquiera otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serle solicitadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.b) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

Las Administraciones Públicas y sus organismos, en ejercicio de su autonomía organizativa y en el ámbito de sus competencias, pueden, para un mejor cumplimiento de sus funciones, establecer con los Colegios Profesionales u otras entidades los convenios o contratar los servicios de comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

A los anteriores antecedentes les son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Segunda.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que en virtud al Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, asume las competencias que en materia de planificación territorial y aguas tenía la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, salvo las competencias en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, y de conformidad con el artículo 1.1 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril, es, por tanto, el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en materia de las aguas terrestres superficiales y subterráneas, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dichas materias. Por lo cual, su Consejero está facultado para suscribir en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias el mencionado Convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO:

Único.- Ordenar la Publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con el objeto de definir la cooperación institucional, que permita la elaboración de informes de verificación de proyectos de la Consejería.

Se acompaña, a tal efecto, el texto íntegro del Convenio para su inserción.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2026.- El Secretario General Técnico, Antonio Elías López Gulías.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS EN ORDEN A LA VERIFICACIÓN DE PROYECTOS.

En Canarias, a 5 de marzo de 2026.

REUNIDOS

De una parte, D. Manuel Miranda Medina, Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, nombrado mediante Decreto 41/2023, de 14 de julio, actuando en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Y de otra parte, D. Miguel Ángel Carrillo Suárez, en su calidad de Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con CIF Q2867009I, y domicilio corporativo en calle Almagro, 42, 28010-Madrid, de acuerdo con la representación legal reconocida por el artículo 37.1 de los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aprobados por el Real Decreto 1271/2003, de 10 de octubre.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos es una corporación de Derecho Público que se rige por los estatutos aprobados por el Real Decreto 1271/2003, de 10 de octubre (BOE n.º 253, de 22 de octubre).

Este acuerdo ha sido aprobado por la Junta de Gobierno en su sesión de 16 de febrero de 2026, a propuesta de las Juntas Rectoras de las Demarcaciones de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con los artículos 28.11.ª y 36.25.ª de los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica en la calidad en que intervienen, así como su personalidad para obligarse, y en especial la necesaria para el otorgamiento del presente Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias (en adelante la Consejería) tiene el propósito, con el presente Convenio, de que se desarrollen las funciones de la oficina de supervisión de proyectos establecidas en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y, en lo que resulten de aplicación, los artículos 135 y 136 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Segundo.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas ejerce sus competencias en materia de planificación, ordenación, gestión y ejecución de infraestructuras hidráulicas y de recursos hídricos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.d) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en la normativa sectorial que le resulta de aplicación.

Asimismo, la Consejería carece en la actualidad de medios personales y técnicos suficientes para el ejercicio directo y ordinario de las funciones propias de la oficina de supervisión de proyectos previstas en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, lo que hace necesario articular mecanismos de colaboración con entidades que dispongan de la cualificación técnica adecuada, a fin de garantizar el correcto cumplimiento de dichas funciones y la adecuada defensa del interés público.

Tercero.- El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (en adelante el Colegio) es una Corporación de Derecho Público, de ámbito nacional, que se rige de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución, por el texto vigente de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y por sus Estatutos, aprobados por el Real Decreto 1271/2003, de 10 de octubre.

Cuarto.- La Ley de Colegios Profesionales (disposición adicional quinta, introducida por la Ley 25/2009) permite a las Administraciones Públicas establecer convenios con Colegios Profesionales para el encargo de la comprobación documental, técnica y sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a los trabajos profesionales.

El Colegio puede ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por la Administración, y colaborar con esta mediante la realización de estudios, informes y cualesquiera otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serle solicitadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.b) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

Las Administraciones Públicas y sus organismos, en ejercicio de su autonomía organizativa y en el ámbito de sus competencias, pueden, para un mejor cumplimiento de sus funciones, establecer con los Colegios Profesionales u otras entidades los convenios o contratar los servicios de comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

Y habiendo convenido en la suscripción del presente Convenio, lo llevan a efecto por medio del presente documento, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El objeto de este Convenio es definir la cooperación institucional, que permita la elaboración de informes de verificación de proyectos de la Consejería.

Segunda.- Naturaleza jurídica del Convenio.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y demás normas de derecho administrativo aplicables. A los efectos de resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en relación con la interpretación y aplicación del Convenio se estará a la aplicación de los principios previstos en la legislación estatal en materia de contratos del sector público [artículo 7.ñ) Decreto 11/2019].

Tercera.- Obligaciones del colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos.

Relativas a los medios disponibles:

El Colegio dispondrá de medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento de los fines del presente Convenio.

Relativas al alcance y límites:

La presente colaboración implica exclusivamente la elaboración de los informes de verificación de proyectos que tendrán las siguientes funciones:

1) Acreditación de que el autor del proyecto objeto de la verificación tiene competencias profesionales para realizar dicho proyecto de acuerdo con su titulación según la legislación vigente.

2) Verificación de que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario.

3) Verificación de que se ha tenido en cuenta la normativa técnica que sea de aplicación para cada tipo de proyecto.

4) Comprobación de que se aplica la normativa y las instrucciones internas de la Consejería.

5) Comprobación de la adecuación de los precios del proyecto o del modificado a las bases de precios establecidos por la Consejería o, en los casos que resulte necesario, a otras bases de precios publicadas por organismos públicos.

6) Comprobación de que las bases, hipótesis, métodos y programas informáticos de cálculo se adecúan a la normativa vigente.

7) Verificar que el proyecto contiene la documentación mínima reflejada en el Anexo Único “Guía para la redacción y verificación de proyectos para la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias”, o documento que lo sustituya, incluido en el presente Convenio.

En este sentido, la Consejería se compromete a facilitar la guía a los autores de los proyectos antes de su redacción.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Relativas al contenido de los informes:

El informe recogerá, de manera pormenorizada, el cumplimiento o las deficiencias detectadas que requieren subsanación de los diferentes aspectos verificados en los términos indicados en la cláusula tercera del presente Convenio.

En el caso de que el autor del proyecto no estuviera de acuerdo con alguno de los aspectos propuestos en el informe para su corrección, deberá justificarlo técnicamente por escrito.

El informe contendrá declaración expresa de que el proyecto reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley y por este Convenio, en caso de ser favorable, o los aspectos a corregir para que este lo sea, caso de resultar desfavorable.

Relativas a la metodología y plazos para la elaboración de los informes:

Se establece un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para la redacción y entrega a la Consejería y al autor del proyecto del primer informe, contados desde el día siguiente a la entrega del proyecto al Colegio para su verificación.

En el caso de resultar desfavorable, el informe recogerá, de manera pormenorizada, el cumplimiento o las deficiencias detectadas que requieren subsanación de los diferentes aspectos verificados en los términos indicados en la cláusula tercera del presente Convenio.

Entregado al Colegio el nuevo proyecto corregido, bien a través de la Consejería, bien a través del autor del proyecto, se establece un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la emisión del informe final favorable.

En el caso de que, sin justificación alguna, no se hubiese corregido la totalidad de las deficiencias manifestadas en el primer informe se establece un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde la recepción del proyecto corregido, bien a través de la Consejería, bien a través del autor del proyecto, para la emisión del nuevo informe por parte del Colegio, que será desfavorable hasta la subsanación de las deficiencias manifestadas en el primer informe de las que no se haya recibido justificación de su improcedencia.

Entregada al Colegio la versión definitiva del proyecto corregido, se establece un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la emisión del informe final favorable.

Relativas a la presentación de facturas:

Finalizado el trabajo, con la emisión de un informe favorable completo o condicionado al cumplimiento de algunos puntos que dependan de terceros (p.e. expropiaciones o autorizaciones por otras Administraciones) el Colegio emitirá factura por la cantidad convenida en la cláusula quinta con cargo a la partida presupuestaria de este Convenio para ser abonada por la Consejería en un plazo no superior a tres (3) meses desde su presentación.

En el supuesto caso de que, emitido el informe de supervisión desfavorable, por causas ajenas al Colegio no se subsanen las deficiencias manifestadas y/o no se haga entrega del proyecto corregido dentro de los seis (6) meses a la entrega de dicho informe, de tal modo que no se pueda emitir un informe favorable (completo o condicionado), el Colegio emitirá factura por la cantidad convenida en la cláusula quinta, que será abonada por la Consejería con cargo a la partida presupuestaria de este Convenio en un plazo no superior a tres (3) meses desde su presentación. Si, con posterioridad al pago, se subsanan las deficiencias indicadas, el Colegio emitirá un informe favorable sin sobrecoste alguno.

Las facturas se presentarán electrónicamente.

Cuarta.- Obligaciones de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Relativas al formato de la documentación:

Los proyectos objeto de verificación se presentarán en formato digital, firmados digitalmente por su autor y se tramitarán por vía telemática en la demarcación del Colegio que corresponda a la localización provincial de las obras (Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife).

Relativas a la metodología y plazos en la elaboración de los informes:

La Consejería se compromete a hacer llegar al Colegio, directamente o a través del autor del proyecto, la nueva versión del proyecto en la que se hayan subsanado las deficiencias manifestadas en el primer informe o mantenido aquellas en las que se haya justificado suficientemente su improcedencia, así como todas aquellas versiones del proyecto que se precisen tras la elaboración de un informe desfavorable.

Relativas al pago de las facturas:

Finalizado el trabajo, la Consejería abonará al Colegio la factura en un plazo no superior a tres (3) meses desde su presentación.

En el supuesto caso de que, emitido el informe de supervisión desfavorable, por causas ajenas al Colegio no se subsanen las deficiencias manifestadas y/o no se haga entrega del proyecto corregido dentro de los seis (6) meses a la entrega de dicho informe, la Consejería abonará al Colegio la factura en un plazo no superior a tres (3) meses desde su presentación.

Relativas al contenido de los proyectos a verificar:

La Consejería facilitará a los autores de los proyectos, antes de su redacción, el contenido de la “Guía para la redacción y verificación de proyectos para la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias”, o documento que lo sustituya, incluida en el presente Convenio.

Quinta.- Precio.

El precio establecido, a abonar por la Consejería, más IGIC (Impuesto General lndirecto Canario), por la elaboración de los informes de verificación es el siguiente:

Ver anexo en la página 12045 del documento Descargar

Considerando como PEM el Presupuesto de Ejecución Material de licitación antes de aplicar la posible baja que haga el contratista y con un precio máximo (antes de aplicar el IGIC) de catorce mil novecientos noventa (14.990,00) euros.

Sexta.- Régimen económico.

Las actuaciones derivadas del presente Convenio darán lugar a una contraprestación económica a favor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en los términos y cuantías establecidos en la cláusula quinta del presente Convenio.

El gasto que se derive de la ejecución del Convenio será financiado con cargo a los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondientes a cada ejercicio presupuestario, en la aplicación presupuestaria que determine la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas en el momento de la tramitación del expediente de gasto.

El importe total máximo estimado del Convenio tendrá carácter variable, en función del número de proyectos efectivamente sometidos a verificación, sin que en ningún caso se adquieran compromisos de gasto superiores a los créditos presupuestarios autorizados en cada ejercicio.

La imputación del gasto se realizará con cargo a las anualidades correspondientes en función de la fecha de emisión de los informes favorables de verificación, y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria [artículo 7.h) Decreto 11/2019].

Séptima.- Responsabilidad del colegio.

El Colegio es responsable del contenido de los informes de verificación emitidos en el marco del presente Convenio dentro del alcance y límites recogidos en la cláusula tercera.

En caso de que se detecten deficiencias, errores u omisiones en los informes de verificación emitidos en el marco del presente Convenio, las responsabilidades derivadas de tales imperfecciones recaerán exclusivamente sobre el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en su calidad de entidad verificadora. El Gobierno de Canarias no asumirá responsabilidad alguna por posibles inexactitudes técnicas o normativas contenidas en dichos informes.

La responsabilidad del Colegio y de los ingenieros que realizan la verificación está cubierta por un seguro de responsabilidad civil profesional con una cobertura por siniestro de hasta un millón quinientos mil (1.500.000,00) euros y una cobertura por periodo anual de seguro de dos millones quinientos mil (2.500.000,00) euros.

Octava.- Plazo de vigencia del Convenio.

El presente Convenio tendrá una duración de cuatro (4) años a partir del día siguiente a la firma.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Todo ello conforme al artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), mediante la tramitación de la adenda correspondiente, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos de conformidad con la legislación vigente.

Novena.- Resolución del Convenio.

Serán causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre (LRJSP). En particular, y además de lo establecido en el precitado artículo, se consideran causas de resolución:

- La no consecución de los objetivos que se persiguen.

- El incumplimiento por cualquiera de las partes.

- El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no concurra otra causa de resolución.

- La denuncia, por alguna de las partes firmantes, con una antelación mínima de tres (3) meses.

Respecto al incumplimiento, además de ser causa de resolución del Convenio, podrá llevar aparejado una posible indemnización a asumir por la parte incumplidora de las obligaciones y compromisos asumidos.

En caso de incumplimiento, cualquiera de las partes podrá requerir a la parte incumplidora para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo efectuó notificará la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados. Se indemnizará el perjuicio real causado con el límite del precio máximo por informe pactado en la cláusula quinta, a tenor de lo preceptuado en el artículo 7.j) del Decreto 11/2019.

Décima.- Protección de datos y seguridad de la información.

Las partes se comprometen al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos -RGPD-), de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de la normativa nacional de protección de datos y de las instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos y autoridades de control competentes.

Ambas partes serán responsables de los datos de carácter personal que traten con motivo de la gestión de este Convenio y la prestación de los servicios derivados de él, así como de la implementación de las medidas de seguridad técnica y organizativa que correspondan.

Para cualquier comunicación en relación con la protección de datos de carácter personal se indican las siguientes direcciones de correo electrónico. Las partes acusarán recibo de los correos recibidos.

• Por la Consejería: froqvil@gobiernodecanarias.org

• Por el Colegio: dpo@ciccp.es

Los representantes de las partes autorizan expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal para la gestión del Convenio. De conformidad con RGPD tienen los derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, y, si fuera de aplicación, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de este.

Undécima.- Comisión Mixta de Seguimiento.

En cumplimiento del artículo 7.p) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la puesta en marcha, control, evaluación, seguimiento y comunicación de lo previsto en este Convenio, cada una de las partes designará dos representantes, quienes serán responsables de la supervisión y cumplimiento del presente Convenio.

La Comisión deberá valorar, al menos anualmente, la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del Convenio.

La Comisión adoptará sus decisiones mediante consenso. Serán funciones de la Comisión:

a) Vigilancia y control de las actuaciones que se haya previsto desarrollar.

b) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la adecuada realización de las actividades a desarrollar.

c) Informar sobre las incidencias acaecidas durante la ejecución del Convenio o proponer razonadamente su modificación.

d) Resolver de manera consensuada las discrepancias relativas a la interpretación y aplicación del Convenio.

Duodécima.- Resolución de controversias.

Las cuestiones litigiosas o controversias que puedan surgir entre las partes serán resueltas por la Comisión Mixta de Seguimiento. En cumplimiento del artículo 7.o) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en caso de desacuerdo, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o aplicación del presente Convenio se sustanciarán ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias conforme a sus normas de competencia y procedimiento.

Décima tercera.- Modificaciones al Convenio.

Toda modificación que se estime preciso introducir respecto al Convenio que se suscribe deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre (LRJSP).

En todo caso, la modificación del Convenio requerirá acuerdo expreso y unánime de las partes firmantes.

Décima cuarta.- Publicidad y transparencia.

El presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de acuerdo con el artículo 29.2 de la Ley de transparencia y de acceso a la información, y se inscribirá en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con el principio de transparencia, el Convenio será hecho público por las partes y a tal efecto se publicará en sus páginas web.

Y en prueba de conformidad de todo lo expuesto, ambas partes firman el presente documento.- Por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda Medina, Consejero.- Por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo Suárez, Presidente.

ANEXO ÚNICO

GUÍA PARA LA REDACCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS.

Generalidades.

Los proyectos se entregarán en un único archivo digital en formato PDF, con firma electrónica reconocida.

Los proyectos deberán definir obras completas, susceptibles de ser entregadas al uso público a la finalización de las mismas y por tanto deberán contener los proyectos parciales necesarios para el cumplimiento de este fin. En este caso, el presupuesto del proyecto principal contendrá como capítulos independientes los de los proyectos parciales.

Los proyectos de obras se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a los artículos 125 a 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y si definieran obras de edificación, al anejo I de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

El proyectista evitará relacionar elementos del proyecto por marcas comerciales.

El orden de los documentos del proyecto será el que se establece en esta guía.

División del proyecto en diferentes archivos.

El proyecto se entregará en un único archivo digital, con las excepciones siguientes:

a) Si el proyecto contuviera proyectos parciales, estos se incluirán en archivos electrónicos independientes. La denominación del proyecto parcial comenzará por la del proyecto principal, seguida de la denominación correspondiente al proyecto parcial.

Ejemplo: “Proyecto de EDAR de Puerto del Rosario. Proyecto parcial de instalaciones”.

b) En el caso de que el proyecto principal o alguno de los parciales superara el tamaño de 50 Mb, se dividirá en archivos de tamaño inferior a esta cifra, de forma que cada archivo contenga documentos completos de los enumerados en el apartado “Contenido del proyecto”.

En el caso de que el proyecto se haya dividido en diferentes archivos, para asegurar la integridad del mismo, en el apartado “Índice de los documentos que integran el proyecto”, de la memoria, figurará en primer lugar la relación de archivos que componen el proyecto, con indicación de su contenido, la fecha de su firma electrónica y el nombre y titulación profesional del firmante.

Contenido y formato del proyecto.

El contenido de los proyectos y los aspectos a verificar, salvo que por sus características pueda omitirse justificadamente alguno de sus apartados, será el siguiente:

1) CON CARÁCTER GENERAL.

- Comprobar que el proyecto está fechado (mes y año), y firmado digitalmente por el autor.

- Comprobar que existe un índice general y otro para cada uno de los documentos.

- Comprobar que el proyectista ha efectuado los cálculos para el dimensionamiento de los distintos elementos resistentes, así como de cualquier otra disciplina técnica.

2) MEMORIA.

Comprobar que contiene los siguientes apartados, así como que se presentan en el orden indicado a continuación:

- Índice de los documentos que integran el proyecto.

- Índice de la Memoria.

- Agentes intervinientes: promotor, proyectista y técnicos colaboradores.

- Objeto de las obras (1).

- Necesidades a satisfacer (1).

- Antecedentes (1).

- Emplazamiento.

- Condicionantes iniciales y datos de partida (1).

- Normativa de aplicación (1).

- Descripción de las obras proyectadas.

- Justificación de la solución adoptada (1).

- Prestaciones del edificio (caso de existir alguna obra de edificación).

- Clasificación de la obra (2).

- Declaración de cumplimiento de la ley de accesibilidad.

- Declaración de cumplimiento de las ordenanzas urbanísticas.

- Declaración de obra completa (3).

- Clasificación del contratista (4).

- Plazo de ejecución.

- Revisión de precios (5).

- Valor estimado del contrato (6).

- Presupuesto base de licitación (7).

Si incluyera una obra de edificación (8), se incluirá además una memoria constructiva relativa a dicha edificación y un apartado referido al cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) de la misma:

Memoria constructiva.

• Sustentación del edificio.

• Sistema estructural.

• Sistema envolvente.

• Sistema de compartimentación.

• Sistema de acabados.

• Sistemas de acondicionamientos e instalaciones.

• Equipamiento.

Cumplimiento del CTE.

• Seguridad estructural-SE Estructuras.

• Seguridad en caso de incendio-SI Incendios.

• Seguridad de utilización y accesibilidad-SUA Utilización y accesibilidad.

• Salubridad-HS Salubridad.

• Protección contra el ruido-HR Ruido.

• Ahorro de energía-HE Energía.

3) ANEJOS A LA MEMORIA.

Comprobar que el proyecto contiene los anejos relacionados que procedan, u otros que se considere necesario en función de la naturaleza de la obra, y que en ellos se hace referencia a normativa en vigor:

- Antecedentes. Estudios previos.

- Cartografía y topografía.

- Documentación fotográfica.

- Geología y geotecnia (1).

- Estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada.

- Climatología e hidrología.

- Reposición de servicios afectados.

- Planeamiento sectorial, territorial y urbanístico.

- Estudio de inundabilidad.

- Cálculos justificativos.

- Estudio de explotación y mantenimiento.

- Programa de trabajos en tiempo y coste (1).

- Justificación de precios (10).

- Afección a los objetivos de conservación de la Red Natura 2000.

- Evaluación ambiental (9).

- Estudio de integración paisajística.

- Expropiaciones e indemnizaciones o delimitación de la ocupación de terrenos.

- Estudio de Seguridad y Salud (o básico en su caso).

- Gestión de residuos de construcción y demolición.

- Cumplimiento de la Ley Canaria de Accesibilidad.

- Plan de control de calidad y presupuesto de ensayos (el presupuesto de ensayos no figurará en el presupuesto de la obra).

Si se trata o existe alguna obra de edificación, se incluirán además los siguientes anejos:

- Protección contra incendios.

- Instalaciones.

- Cumplimiento del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

- Cumplimiento del Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).

- Cumplimiento del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.

- Cumplimiento de Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/2015, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

4) PLANOS.

- Índice de planos.

Comprobar que los planos incluyen:

- Definición de escalas.

- Definición de la situación y emplazamiento de las obras.

- Definición de la topografía y estado actual.

- Definición de la situación y de la reposición de los servicios afectados y servidumbres.

- Definición de las expropiaciones o, en su caso, delimitación de la ocupación de terrenos.

- Definición de las estructuras, características de los materiales y coeficientes de seguridad, comprobando que coinciden con los indicados en los anejos.

- Definición y detalle de todos los elementos necesarios para la ejecución de las obras.

5) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

Comprobar que contiene:

- Índice del pliego de prescripciones técnicas particulares.

- Capítulo 1. Descripción de las obras.

- Capítulo 2. Condiciones que deben cumplir los materiales, dispositivos e instalaciones.

- Capítulo 3. Condiciones de ejecución y control de las obras.

- Capítulo 4. Prescripciones generales.

En el Capítulo 2 se deberá incluir el siguiente artículo:

Ejecución de obras defectuosas. En caso de ejecución de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, pero que sean sin embargo admisibles según el criterio del Director de las obras, este podrá proponer a la Administración la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de precios, que podrá llegar al 50% de los previstos en el contrato. El contratista quedará obligado a aceptar los precios fijados por la Administración, a no ser que optara por demolerlas y reconstruirlas por su cuenta.

6) PRESUPUESTO.

Constará de los siguientes apartados:

- Mediciones.

- Cuadro de precios n.º 1 (cuadro de precios de las unidades de obra, en letra y número).

- Cuadro de precios n.º 2.

- Presupuesto de ejecución material.

- Valor estimado del contrato.

- Presupuesto base de licitación.

Se realizarán las siguientes comprobaciones:

- Que las mediciones están desglosadas.

- Coincidencia de los precios del anejo de justificación de precios con los cuadros de precios n.º 1 y n.º 2.

- Que el cuadro de precios n.º 2 se descompone según la normativa.

- Comprobación aritmética del Presupuesto de Ejecución Material, a partir de los presupuestos finales de cada capítulo, comprobando que se han traslado correctamente los importes.

- Comprobación aritmética de la elaboración del Valor Estimado del Contrato, así como del Presupuesto de Ejecución por Contrata.

Notas aclaratorias.

(1) Artículo 233 de la Ley 9/2017 (LCSP).

(2) Artículo 232 de la Ley 9/2017 (LCSP).

(3) Artículo 125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(4) Artículos 25, 26 y 36 del RGLCAP, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(5) Artículo 104 del RGLCAP, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(6) El Valor Estimado del Contrato será el resultado de sumar al Presupuesto de Ejecución Material, los gastos generales y el beneficio industrial.

El porcentaje de Gastos Generales a aplicar al Presupuesto de Ejecución Material será del 16%, para los que en virtud del Acuerdo de 24 de septiembre de 1993 del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias se establece que “el porcentaje a aplicar por todos los departamentos del Gobierno de Canarias en los proyectos de obras en concepto de gastos generales queda fijado en un porcentaje fijo del 16% del presupuesto de ejecución material, más el porcentaje correspondiente al tipo impositivo del IGIC que corresponda”, porcentaje que podrá ser de aplicación, igualmente, a los contratos de obra a realizar por el resto de poderes adjudicadores que conforman el sector público de esta Comunidad Autónoma.

Asimismo, se considerará la cantidad del 6% en concepto de Beneficio Industrial del contratista.

(7) El Presupuesto Base de Licitación será el resultado de incrementar el Valor Estimado del Contrato con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

En el supuesto caso en el que, en aplicación de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, o aquella que la sustituya, el proyecto se encuentre en alguno de los supuestos indicados en el artículo 52 “Tipo de gravamen cero”, salvo indicación en sentido contrario, en el proyecto se mantendrá el tipo de gravamen normal del IGIC, justificándose en el informe de verificación la posibilidad de que el IGIC de aplicación sea cero.

(8) El epígrafe 2 del artículo 2 “Ámbito de aplicación” del CTE indica:

“El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas”.

(9) Artículo 129 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

(10) En este anejo de la memoria, se deberán justificar los precios de las unidades de obra del proyecto, que aparecerán en el cuadro de precios n.º 1.

La justificación incluirá una relación de los precios elementales que compondrán las unidades de obra que incluirá el proyecto, materiales, maquinaria y mano de obra.

En cumplimiento del artículo 100.2 de la Ley 9/2017 (LCSP), los costes salariales deberán estimarse para cada categoría profesional a partir del convenio laboral de la construcción. El cumplimiento de este precepto se indicará expresamente.

Se calculará el coste directo de cada unidad, a partir de los precios elementales ya enumerados, sin incluir los costes indirectos.

Sumando los productos de las mediciones de las diferentes unidades, por sus costes directos, se obtendrá el coste directo de la obra.

Se calcularán los costes indirectos de la obra, entendiendo como tales aquellos que siendo imputables a la misma, no lo sean de forma directa a las diferentes unidades, tales como salarios del personal directivo de la obra, salarios del personal administrativo de la obra, costes de oficinas a pie de obra, consumos de agua y luz de la obra, etc. (No confundir con gastos generales de la empresa).

La suma de los costes indirectos supondrá un porcentaje sobre el coste directo de la obra, K1. Si este porcentaje superara el 5,0%, se adoptará el valor K1=5,0%.

Al porcentaje de costes indirectos se le sumará el de imprevistos, K2, que será el siguiente:

K2 = 1,0% si se tratara de una obra terrestre.

K2 = 2,0% si se tratara de una obra fluvial.

K2 = 3,0% si se tratara de una obra marítima.

Los precios de las unidades de obra, que se incluirán en el cuadro de precios número 1 del presupuesto, se obtendrán incrementando sus costes directos, el porcentaje K=K1+K2 ya calculado.

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