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BOC-A-2026-058-975.
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Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de la Función Pública por la que se propone, por razones de operatividad y de mayor eficacia, la conveniencia de delegar la competencia para la resolución de los procedimientos de integración en la Especialidad Jurídica, que se inicien por parte del personal funcionario de carrera que pertenezca a la Escala de Administración General dentro del Cuerpo Superior de la Administración, y estén en posesión del título de Licenciado/a o Graduado/a en Derecho.
Vista la propuesta formulada por el Director General de la Función Pública, de fecha 11 de marzo de 2026.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El artículo 18 de la Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas, crea la Especialidad Jurídica dentro de la Escala de Administración General del Cuerpo Superior de la Administración. Su regulación se completa, para la primera integración, con lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la misma ley.
Segundo.- En dicha norma reguladora no se atribuye la competencia para resolver la integración a órgano administrativo alguno.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El artículo 6.2, letra m), de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, asigna a la Consejería de Presidencia -hoy Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad- las competencias que en materia de personal no estén atribuidas a otros órganos.
Segunda.- Los artículos 1.13, letra a), y 36.1, letra p), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 108/2024, de 31 de julio, permiten establecer que la competencia de la integración corresponde a este Departamento, y en particular a la persona titular de la Consejería al no estar atribuida de manera concreta a órgano administrativo alguno.
Tercera.- El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, posibilita la delegación de la competencia que tenga atribuida un órgano en otro jerárquicamente dependiente. Igualmente, regula la obligatoriedad de publicar dicha delegación en el boletín oficial correspondiente y que se exprese tal circunstancia cuando el órgano delegante resuelva en su ejercicio.
En virtud de lo anteriormente expuesto, en el ejercicio de las funciones legal y reglamentariamente atribuidas,
RESUELVO:
Primero.- Delegar en la Dirección General de la Función Pública la competencia para la resolución de los procedimientos de integración en la Especialidad Jurídica del personal funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración General dentro del Cuerpo de Administración General.
Segundo.- En todas las resoluciones que se dicten en el ejercicio de la delegación conferida por la presente Orden, deberá hacerse contar expresamente tal circunstancia, con mención a su fecha y publicación en el Boletín Oficial de Canarias, entendiéndose dictadas por el órgano delegante.
Tercero.- La delegación contenida en esta Orden se adopta sin perjuicio de las facultades de avocación y revocación que ostenta el órgano delegante.
Cuarto.- La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de marzo de 2026.
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
Nieves Lady Barreto Hernández.
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