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BOC-A-2026-004-69.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de octubre, de transparencia y de acceso a la información pública, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.
En cumplimiento de lo anterior,
RESUELVO:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio interadministrativo de cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el incremento de la oferta pública de vivienda, a través de la construcción de viviendas protegidas de promoción pública en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, actuaciones 37 VPP María Jiménez y 226 VPP Cuevas Blancas, en ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, suscrito el 23 de diciembre de 2025, cuyo texto se acompaña como anexo a esta Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de 2025.- El Secretario, Huberto Suárez Hernández.
ANEXO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA, EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA PÚBLICA DE VIVIENDA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, ACTUACIONES 37 VPP MARÍA JIMÉNEZ Y 226 VPP CUEVAS BLANCAS, EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025.
En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de 2025.
INTERVIENEN
De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Rosa Elena Dávila Mamely, como Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (en lo sucesivo, “el Cabildo”), en virtud de su elección y proclamación en sesión extraordinaria del Pleno Insular de dicha Corporación celebrada el 3 de julio de 2023, según el Acta del Secretario General del Pleno de fecha 11 de julio de 2023, que se encuentra facultada para este acto al amparo de lo establecido en el artículo 125.2 de la Ley territorial 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, previa autorización del Consejo de Gobierno en sesión de 28 de noviembre de 2025.
De otra parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel Bermúdez Esparza, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en lo sucesivo, el Ayuntamiento), en representación de la Corporación Local, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en el artículo 41.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en el artículo 124.4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y facultado para este acto mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2025.
Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Juan Pablo Rodríguez Valido, Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, quien se encuentra facultado para la firma del presente Convenio en su calidad de Presidente del Instituto Canario de la Vivienda (en lo sucesivo, “el ICV”), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 7.2.g) de los Estatutos del citado organismo autónomo, aprobados por el Decreto 152/2008, de 7 de julio.
Las partes, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, se reconocen con competencia y capacidad para convenir y obligarse en los términos del presente clausulado, y, tal efecto,
EXPONEN
Primero.- El artículo 47 de la Constitución Española reconoce a los españoles el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, encomendando a los poderes públicos la promoción de las condiciones necesarias para hacer efectivo el mismo.
Segundo.- Para la realización de las competencias ejecutivas que en materia de vivienda tiene la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, creó el ICV como organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, estando adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, conforme a lo estipulado en el artículo 2.4 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de la Consejerías del Gobierno de Canarias.
Tercero.- La coyuntura económica de los últimos años está haciendo especial daño en el sector de la vivienda, encontrándonos con muchas familias y personas que tienen verdaderos problemas para acceder a una vivienda digna a unos precios de alquiler acordes con su capacidad económica. A ello contribuye de forma ostensible la insuficiencia del actual parque público de viviendas para atender la gran demanda de alquileres sociales y asequibles.
El Gobierno de Canarias en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2020, aprueba el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que comprende un conjunto de programas para hacer frente a esta realidad.
El cometido del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 es impulsar fundamentalmente el crecimiento del parque público de viviendas en alquiler, para que sea capaz de garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y atender las necesidades de los colectivos con mayores dificultades, prestando especial atención a la emancipación de la población joven y a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de 65 años, en una sociedad altamente envejecida, a través de la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética, y todo ello con la necesaria colaboración entre agentes e instituciones, tanto públicas como privadas.
La acción del Plan de Vivienda se traduce en seis ejes estratégicos y trece programas concretos de actuación. Específicamente, el primer eje estratégico se dedica a garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler y, entre otras, establece la siguiente línea de actuación: LÍNEA 1.2: PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER. Esta línea contempla un conjunto de acciones entre las que figura la siguiente:
Acción 1.2.1. Incrementar el parque de vivienda pública en alquiler, en cuantía suficiente para atender las necesidades de vivienda de la ciudadanía, especialmente en aquellas zonas territoriales donde se aprecie una especial acumulación de la demanda.
Para el desarrollo de la acción 1.2.1 el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 cuenta con el programa para el incremento del parque público de viviendas (programa n.º 4).
“La ampliación del parque público de viviendas es una necesidad ineludible para la sociedad canaria que, en particular, demanda la modalidad de alquiler. Es en efecto, en esa tipología donde deben centrarse los principales esfuerzos, al objeto de poder disponer de un parque permanente de viviendas en esta modalidad que permita garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Este programa posibilitará el incremento del parque público del Instituto Canario de la Vivienda para atender la demanda en este sector de todos los municipios canarios, y se llevará a cabo con la cooperación de los ayuntamientos y cabildos insulares, al objeto de aportar suelo mediante cesiones gratuitas que permitan al Instituto Canario de la Vivienda acometer la redacción de proyectos, dirección y ejecución de obras (…)”.
Es de señalar que, en el Capítulo 6 del Plan de Vivienda de Canarias, relativo a los objetivos que persigue alcanzar, se detalla el siguiente:
“Promover la oferta de viviendas en arrendamiento, tanto a través de la construcción de viviendas nuevas como de la compra en el mercado privado, con la finalidad de ampliar la tenencia de viviendas en este régimen cada vez más demandado por la sociedad canaria”.
Cuarto.- El Decreto ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, modifica la legislación vigente en la materia, tanto la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, como el Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de establecer las condiciones adecuadas para impulsar la construcción de viviendas protegidas.
La disposición adicional segunda, relativa a la equivalencia de regímenes de vivienda protegida, del Decreto ley 1/2024, de 19 de febrero, dispone:
“1. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto ley, las menciones realizadas al régimen especial, definido en la letra a) del apartado 2 del artículo 1 del Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se entienden equivalentes al régimen de alquiler social. Igualmente, las menciones al régimen general de la letra b) del mismo apartado y artículo del Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre, se entienden equivalentes al régimen de alquiler asequible”.
Quinto.- La Ley 4/2024, de 26 de julio, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja, modifica, en su disposición final segunda, el artículo 5 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, relativo a las competencias de los cabildos insulares en materia de vivienda, que pasa a tener la siguiente redacción:
“1. Los cabildos insulares, en los términos de la legislación autonómica, son titulares de las siguientes competencias:
a) Policía de vivienda.
b) Promover la construcción de viviendas protegidas.
c) Conservación y administración del parque público de viviendas de ámbito insular.
d) Coordinar la intervención municipal en la gestión del parque público de vivienda.
2. Asimismo, previo convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, los cabildos insulares podrán asumir la ejecución del plan de vivienda en su isla respectiva, así como cuantos otros asuntos acuerden con el Instituto Canario de la Vivienda, directamente o, en su caso, a través del Consorcio Insular de Vivienda al que se refiere el artículo 3.e) de esta ley”.
Del apartado 2 anterior se infiere que el Cabildo, sin necesidad de constituir el Consorcio Insular previsto en los artículos 3 y 25 de la Ley de Vivienda de Canarias, puede asumir funciones de ejecución del Plan de Vivienda de Canarias en el ámbito insular, siempre que se formalice el correspondiente convenio de colaboración con el ICV.
Por su parte, el artículo 123 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, establece que la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares podrán formalizar convenios para cooperar en el ejercicio de sus respectivas competencias. En particular, su apartado 2 establece que dichos convenios podrán tener por objeto:
“Coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo sector; distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial o población de otra; ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes; compartir sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales; desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquier otra finalidad de contenido análogo”.
En términos idénticos se expresa el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, lo que refuerza el marco normativo habilitante para que el Cabildo coopere a través del presente Convenio para la consecución de fines comunes en materia de vivienda.
Sexto.- De acuerdo con el artículo 6.1.b) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, los ayuntamientos ostentan competencia en materia de promoción y gestión de viviendas, en el marco de la normativa autonómica. Esta atribución se encuentra también recogida en el artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que reconoce a los municipios la competencia para promover y gestionar vivienda de protección pública.
Además, el artículo 6.2, segundo párrafo, de la Ley de Vivienda de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre, establece expresamente que:
“Asimismo, previo convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, los ayuntamientos podrán asumir la ejecución del Plan de Vivienda en su municipio respectivo, así como cuantos otros asuntos acuerden con el Instituto Canario de la Vivienda, directamente, o a través de los organismos o entidades vinculados o dependientes integrantes de su sector público institucional”.
Este precepto habilita la participación de los ayuntamientos, en este caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la ejecución del Plan de Vivienda de Canarias y en la realización de otras actuaciones concertadas con el Instituto Canario de la Vivienda, a través de la suscripción del correspondiente convenio de colaboración.
Séptimo.- Entre las competencias y funciones del ICV, atribuidas por la Ley de Vivienda de Canarias en su artículo 8, se encuentran las siguientes:
- Promover la construcción y la adquisición de viviendas sujetas a protección pública.
- Formar, gestionar y administrar el parque público de viviendas propio, o insular, en su caso.
Asimismo, debe señalarse lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18, relativo al patrimonio, de la citada ley:
“Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto Canario de la Vivienda tendrá un patrimonio propio formado por todos aquellos bienes y derechos que adquiera por cualquier título, y del que forman parte los que le atribuya la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Octavo.- El artículo 47, apartado 1, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, define los convenios como “los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes o las Universidades entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común”.
Este Convenio se ajusta a la definición dada por el punto a) del apartado 2 del citado artículo, según el cual: “Los convenios que suscriban las Administraciones públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:
a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas”.
Asimismo, el artículo 143 de la citada norma, relativo a la cooperación entre Administraciones públicas, establece en su apartado 2 que “La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios”.
Noveno.- El régimen jurídico general de los convenios que celebren las Administraciones públicas se encuentra regulado en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, norma de carácter básico dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
En particular, su artículo 48 establece que las Administraciones públicas y sus organismos públicos podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública, y siempre en cumplimiento de la legislación en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Asimismo, los artículos 143 y 144 de la misma ley regulan las relaciones de cooperación interadministrativa, que deben formalizarse mediante acuerdos o convenios y requerirán el consentimiento expreso de las partes. Estas relaciones tienen como finalidad el servicio del interés general y pueden versar, entre otros objetos, sobre la aplicación conjunta de normativa sectorial, la cooperación patrimonial -incluyendo la cesión de bienes o cambios de titularidad-, o la ejecución conjunta de proyectos y servicios.
Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 57.1 y 2 la posibilidad de que la Administración local articule fórmulas voluntarias de cooperación económica, técnica y administrativa con las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en la prestación de servicios locales como en el desarrollo de actuaciones de interés común. Entre dichas fórmulas se encuentran los convenios administrativos, que deben orientarse a la mejora de la eficiencia en la gestión pública, la eliminación de duplicidades y el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En el ámbito de la legislación territorial, el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, contempla que el Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá suscribir convenios con los ayuntamientos y cabildos insulares, y estos a su vez con los ayuntamientos de su isla, para establecer libremente los instrumentos de colaboración necesarios para la consecución de fines comunes de interés público. A través de estos convenios, las partes pueden coordinar políticas de fomento sectorial, ejecutar obras o servicios puntuales de competencia de una de ellas y adoptar otras medidas orientadas a finalidades análogas.
Décimo.- El artículo 26 de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, relativo a la gestión de determinados gastos, establece que corresponde al Gobierno de Canarias autorizar todos los gastos de cuantía superior a tres millones (3.000.000) de euros, salvo los supuestos legalmente exceptuados.
Asimismo, el citado precepto dispone que la autorización de gastos por importe superior a dicha cuantía se entenderá implícitamente concedida cuando el Gobierno autorice una modificación de crédito o un gasto plurianual que también supere dicho límite.
Por su parte, el artículo 49 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, relativo a los compromisos de gasto plurianual, dispone que no se podrán superar unos límites por año y unas anualidades para dichos compromisos.
En lo que respecta a los límites, establece unos porcentajes sobre el crédito inicial a que corresponde la operación. En lo que respecta a las anualidades, establece que serán las del año en que se autoriza el gasto y, como máximo, cuatro adicionales. La Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, fija esos porcentajes y establece como crédito inicial el existente a nivel de sección, servicio, programa y capítulo.
En el presente Convenio, el Instituto Canario de la Vivienda no asume compromisos de gasto con cargo a la anualidad en que se formaliza el mismo, atendiendo al calendario de desarrollo de las actuaciones objeto de colaboración, tal y como se detalla en el apartado siguiente.
Mediante el Decreto 41/2025, de 21 de abril, se delega en la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas, vivienda, transportes y ordenación y gestión del litoral, así como titular de la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda, el ejercicio de las competencias para autorizar la realización de gastos de cuantía superior a tres millones (3.000.000) de euros, el otorgamiento de las subvenciones de concesión directa previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por importe superior a ciento cincuenta mil (150.000) euros, y la celebración de convenios con las Corporaciones Locales que impliquen obligaciones de contenido económico por importe superior al citado anteriormente, a realizar por dicho Departamento y Organismo Autónomo, respectivamente, durante el ejercicio presupuestario 2025 (BOC n.º 81, de 24.4.2025).
En consecuencia, la autorización a que se refiere el artículo 26 de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, se encuentra válidamente delegada en la persona titular de la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda.
Por otra parte, lo dispuesto en el artículo 29.3 de la citada Ley de Presupuestos no resulta de aplicación al presente Convenio, dado que dicho precepto se refiere a la autorización específica del Gobierno de Canarias para la celebración de convenios que impliquen obligaciones de contenido económico por importe superior a 150.000 euros con cabildos insulares, conforme a lo previsto en el artículo 125.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares. En este caso, la obligación económica corresponde al Cabildo Insular de Tenerife, por lo que dicha autorización no resulta exigible.
No obstante, sí será de aplicación lo dispuesto en el artículo 125.3 de la Ley 8/2015, conforme al cual el Gobierno de Canarias deberá informar trimestralmente a la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias sobre los convenios de colaboración suscritos con los Cabildos Insulares.
En la tramitación del presente Convenio se han recabado los siguientes informes preceptivos:
- Informe de coordinación de 12 de noviembre de 2025, emitido por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 11/2019, 11 febrero, de Presidencia del Gobierno, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 55.a) del Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno, aprobado por Decreto 6/2024, de 25 de enero.
- Informe de la Viceconsejería de Servicios jurídicos de fecha 9 de diciembre de 2025, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.k) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, así como en el artículo 11.g) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero.
- Informe de la Intervención General de 23 de diciembre de 2024, emitido en cumplimiento del Acuerdo de Gobierno de 3 de febrero de 2025, por el que se suspende, para determinados ámbitos de gestión, expedientes y sujetos integrantes del sector público, la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente durante el ejercicio 2025, y se establecen medidas de información, gestión y seguimiento de la actividad económico-financiera. Conforme a su apartado primero.a), resulta de aplicación la función interventora, al tratarse de un gasto superior a 3.000.000 de euros cuya autorización corresponde al Gobierno, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre.
Decimoprimero.- El presente Convenio tiene por objeto formalizar la colaboración entre las partes firmantes para la ejecución de dos actuaciones diferenciadas pero complementarias: por un lado, la construcción de 226 viviendas de promoción pública en el barrio de Cuevas Blancas (en adelante, 226 VPP Cuevas Blancas), y por otro, la construcción de 37 viviendas de promoción pública en el barrio de María Jiménez (37 VPP María Jiménez), ambas situadas en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y promovidas por el Ayuntamiento a través de su empresa pública Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.
Hasta la suscripción del presente Convenio, la financiación de dichas actuaciones ha sido canalizada mediante la concesión de subvenciones directas por parte del ICV al Ayuntamiento, conforme a lo previsto en diversas resoluciones. Las primeras ayudas se destinaron íntegramente a la actuación 37 VPP María Jiménez y a una parte minoritaria de la actuación 226 VPP Cuevas Blancas. Una vez garantizada la financiación completa de la primera, se otorgaron nuevas subvenciones para cubrir una porción adicional de la segunda.
En ambos casos, el Ayuntamiento ha asumido la aportación del suelo y la totalidad de los costes de urbanización asociados a las promociones.
La financiación aportada hasta la fecha por el ICV asciende a un total de 16.700.000 euros, distribuidos del siguiente modo:
Ver anexo en la página 699 del documento Descargar
No obstante, la promoción 226 VPP Cuevas Blancas constituye una actuación única e indivisible desde el punto de vista técnico y constructivo, por lo que no resulta viable su ejecución parcial. A día de hoy, resta por financiarse una cuantía estimada de 25 millones de euros, imprescindibles para completar el coste de la construcción.
A diferencia de la promoción de María Jiménez, cuyas obras se iniciaron el 21 de octubre de 2024 y cuentan ya con financiación asegurada, la actuación de Cuevas Blancas requiere articular un instrumento de cooperación interadministrativa que garantice su viabilidad financiera y su correcta ejecución.
Tras diversos trabajos de análisis conjunto entre el Ayuntamiento y el ICV, se ha considerado que la fórmula más adecuada es la formalización de un convenio de colaboración de carácter plurianual, que permita programar de forma ordenada la financiación conforme al desarrollo de las actuaciones previstas.
Para completar la financiación necesaria, el Cabildo se incorpora como parte firmante del presente Convenio, comprometiéndose a aportar 6.000.000 de euros con cargo a su presupuesto del ejercicio 2025, mediante la concesión de una subvención al Ayuntamiento. Esta actuación se encuadra en el ámbito competencial establecido en el artículo 8.1, letras b) y d), de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, relativo a la asistencia y cooperación a los municipios, así como al desarrollo económico y social insular.
Por su parte, el ICV completará la financiación con una aportación adicional de 19 millones de euros, distribuida en varias anualidades a partir de 2025, según el calendario financiero acordado.
Una vez concluidas las obras, la titularidad de las viviendas resultantes de ambas promociones será cedida al ICV, que procederá a su incorporación al parque público de viviendas protegidas de la Comunidad Autónoma, asumiendo su gestión integral y los procedimientos de adjudicación conforme a la normativa vigente.
En definitiva, las razones que sustentan la suscripción de este Convenio son las siguientes:
- La necesidad de garantizar la ejecución íntegra de una actuación indivisible desde el punto de vista técnico y financiero, como es la promoción 226 VPP Cuevas Blancas.
- La suma de esfuerzos y recursos de tres administraciones públicas -autonómica, insular y local-, favoreciendo una intervención coordinada.
- La experiencia acreditada del ICV en la gestión del parque público de viviendas y en los procedimientos de adjudicación, lo que permite maximizar la eficiencia administrativa y económica mediante economías de escala.
Decimosegundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los bienes adquiridos o construidos con financiación pública deben destinarse al fin concreto para el que fue concedida la subvención, durante el periodo establecido en las bases reguladoras aplicables.
No obstante, el apartado 5.b) del mismo precepto prevé que, en el caso de bienes inscribibles en un registro público, no se considerará incumplida esta obligación de destino cuando la Administración concedente autorice expresamente su cambio, enajenación o gravamen, siempre que el nuevo titular asuma el cumplimiento del destino durante el periodo restante, así como, en su caso, la obligación de reintegro por incumplimiento.
En este sentido, se hace necesario prever expresamente en el presente Convenio que, una vez concluidas las promociones financiadas -total o parcialmente- mediante subvenciones otorgadas por el Instituto Canario de la Vivienda al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la titularidad de las viviendas será cedida al ICV, como entidad pública adscrita a la Administración autonómica competente en materia de vivienda. Esta cesión comportará, con la debida autorización administrativa, la subrogación del ICV en las obligaciones derivadas de la normativa de subvenciones, especialmente en lo que respecta al cumplimiento del destino y a la posible obligación de reintegro.
Esta previsión es conforme a lo establecido en el artículo 28.1.d) de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que autoriza a las Administraciones públicas competentes, y a sus entes instrumentales, a enajenar bienes integrantes de los parques públicos de vivienda a otras Administraciones u organismos públicos, siempre que el nuevo titular asuma las condiciones de destino, duración y limitaciones establecidas.
Asimismo, el artículo 49 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 1/2024, de 19 de febrero, dispone que el régimen legal de protección de las viviendas protegidas de promoción pública tendrá carácter permanente, lo que refuerza la exigencia de mantenimiento del destino público y social de las viviendas objeto del presente Convenio, incluso tras el cambio de titularidad.
Por todo lo anterior, el presente Convenio incluirá expresamente la asunción por parte del Instituto Canario de la Vivienda del cumplimiento del destino de las viviendas, así como del resto de obligaciones legales que pudieran derivarse de las subvenciones concedidas, en los términos y condiciones previstos en la legislación de aplicación.
Decimotercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, aprobados por Decreto 152/2008, de 7 de julio, corresponde al Consejo de Dirección del Instituto, entre otras funciones, la prevista en el apartado 2.C.b), consistente en:
“Acordar los actos de adquisición, disposición, enajenación, cesión y gravamen de bienes inmuebles que, integrados en su patrimonio, sean de cuantía superior a 2.000.000 de euros”.
No obstante, mediante Acuerdo del Consejo de Dirección de 10 de diciembre de 2021, publicado por Resolución del Secretario del Instituto de 4 de marzo de 2022 (BOC n.º 54, de 17 de marzo), se aprobó la delegación de determinadas competencias del Consejo en la Dirección y en la Presidencia del Organismo.
En virtud de dicha delegación, la competencia anteriormente referida del artículo 9.2.C.b) ha sido atribuida al Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, quien queda facultado para adoptar, en nombre del Consejo de Dirección, los acuerdos relativos a actos de adquisición, disposición, enajenación, cesión y gravamen de bienes inmuebles que integrados en su patrimonio sean de cuantía superior a 2.000.000 de euros.
Decimocuarto.- Que, en virtud de cuanto antecede, las partes firmantes convienen en articular una fórmula de cooperación interadministrativa dirigida a incrementar la oferta pública de vivienda en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, mediante la construcción de viviendas protegidas de promoción pública y su posterior entrega al Instituto Canario de la Vivienda, al objeto de su integración en el parque público y su adjudicación conforme al régimen aplicable. A tal efecto, acuerdan suscribir el presente Convenio interadministrativo de cooperación, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de la cooperación interadministrativa entre el ICV, el Ayuntamiento y el Cabildo, dirigida a:
1. La ejecución de actuaciones de promoción de vivienda protegida de promoción pública en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, concretamente:
a) La construcción de treinta y siete (37) viviendas en el ámbito de María Jiménez (promoción de 37 VPP María Jiménez).
b) La construcción de doscientas veintiséis (226) viviendas en el ámbito de Cuevas Blancas (promoción de 226 VPP Cuevas Blancas).
2. La cesión posterior de la titularidad de las viviendas construidas al ICV, con la finalidad de su incorporación al parque público de viviendas protegidas de promoción pública de dicho organismo autónomo, correspondiéndole su adjudicación conforme a la normativa vigente y su gestión integral como viviendas destinadas al arrendamiento en régimen especial.
Segunda.- Descripción de la actuación.
1. La actuación objeto de este Convenio consiste en la construcción de las viviendas protegidas de promoción pública que se indican en la cláusula primera, con destino al arrendamiento en régimen especial.
El Ayuntamiento será responsable de la licitación, adjudicación y gestión de los contratos de obras y servicios necesarios para la ejecución de las promociones.
Las actuaciones que corresponden al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con el presente Convenio, se ejecutarán por Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., entidad que llevará a cabo las actuaciones materiales tendentes a la construcción de las promociones de viviendas en las parcelas que pone a disposición el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incluyendo la redacción de los correspondientes proyectos, la dirección y ejecución de las obras de edificación y urbanización, en su caso, y todos los trámites relativos a licencias o autorizaciones administrativas, escrituras, inscripciones, y cualesquiera otras inherente a la promoción.
Las parcelas donde se ejecutarán las actuaciones son de titularidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o de su sociedad mercantil vinculada -Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife S.A.-, siendo de cuenta del Ayuntamiento los gastos de urbanización.
Una vez finalizadas las obras, el Ayuntamiento procederá a la inscripción en el Registro de
la Propiedad de la escritura de obra nueva y división horizontal. A continuación, cederá al ICV la titularidad de las viviendas construidas, mediante documento administrativo conforme al Anexo 2, al objeto de su incorporación al parque público autonómico. Corresponderá al ICV su calificación como viviendas protegidas de promoción pública, así como su adjudicación, gestión, conservación y mantenimiento.
2. El Anexo 1 del presente Convenio detalla las características básicas de las parcelas objeto de actuación (superficie, localización y referencia catastral), así como la estimación del número de viviendas y la superficie construida prevista para cada promoción, conforme a los respectivos proyectos técnicos redactados y las calificaciones provisionales expedidas por el ICV.
3. Se establece como hito intermedio la firma del acta de comprobación del replanteo de las obras de la promoción “226 VPP Cuevas Blancas”. Este documento, debidamente formalizado, deberá ser aportado al ICV como requisito previo para que este proceda al pago de la primera transferencia de fondos, de conformidad con la programación de pagos prevista en la cláusula tercera.
4. El plazo previsto de finalización de las obras será el siguiente, sin perjuicio de su eventual modificación autorizada:
a) Promoción “37 VPP María Jiménez”: 19 de febrero de 2027.
b) Promoción “226 VPP Cuevas Blancas”: 1 de febrero de 2029.
Asimismo, el calendario estimado de las principales actuaciones de la promoción de “Cuevas Blancas” es el siguiente:
Ver anexo en la página 703 del documento Descargar
5. Se entenderá como finalización de las actuaciones previstas en este Convenio la formalización del acto de cesión de las viviendas al ICV.
Tercera.- Presupuesto y financiación de la actuación.
1. El presupuesto total de la actuación se estima en cuarenta y un millones setecientos mil (41.700.000,00) euros, sin incluir el precio del suelo ni los costes de urbanización, que serán asumidos íntegramente por el Ayuntamiento.
El desglose de costes estimados es el siguiente:
Ver anexo en la página 703 del documento Descargar
La inversión estimada incluye todos los gastos asociados a las actuaciones, incluidos, en su caso, modificaciones o liquidaciones contractuales, redacción de proyectos, dirección facultativa de obra y coordinación de seguridad y salud.
El desglose por actuación tiene carácter estimativo y podrá ser modificado por acuerdo de la Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula octava, en función de los costes reales incurridos. No obstante, no podrá superarse el presupuesto total previsto en el presente Convenio, salvo que se suscriba una adenda modificativa, previa propuesta de la Comisión de Seguimiento.
2. A la fecha de suscripción del presente Convenio, el ICV ha concedido al Ayuntamiento subvenciones por importe de dieciséis millones setecientos mil (16.700.000,00) euros (²), conforme a lo señalado en el exponendo decimoprimero. En consecuencia, la financiación objeto de este convenio asciende a veinticinco millones (25.000.000,00) de euros, resultado de detraer (²) del importe total (¹), y se destinará íntegramente a la actuación correspondiente a la promoción “226 VPP Cuevas Blancas”.
3. El presupuesto de la actuación será cofinanciado por el ICV y el Cabildo, con arreglo a los siguientes porcentajes máximos:
- ICV: 76,00 %
- Cabildo: 24,00 %
La programación de pagos es la siguiente:
Ver anexo en la página 704 del documento Descargar
3.1. El ICV transferirá al Ayuntamiento las aportaciones correspondientes a las anualidades previstas, que podrán tener carácter anticipado, previa presentación de la siguiente documentación en los correspondientes ejercicios, que tendrá la consideración de justificante suficiente:
- Primer pago (anualidad 2028): acta de replanteo debidamente cumplimentada y firmada correspondiente a la promoción “226 VPP Cuevas Blancas”, junto con memoria resumen de las actividades realizadas.
- Segundo pago (anualidad 2029): último certificado parcial de obra emitido o, en su caso, certificado final de obra, acompañado de memoria resumen de actividades realizadas desde el hito anterior (primer pago).
Las transferencias se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria 4901 261B 6020000, PI 256G0204 INCREMENTO PARQUE VPP AYTO.SCTFE.
La programación de las transferencias, hasta un máximo de diecinueve millones (19.000.000,00) de euros, se adapta al calendario técnico previsto para la actuación “226 VPP Cuevas Blancas”.
En el supuesto de que las obras programadas se adelanten al calendario estimado, se podrán efectuar pagos anticipados, por importe total o parcial, en ejercicios anteriores a los inicialmente programados, quedando su efectividad condicionada a lo que disponga el Gobierno de Canarias en cada ejercicio respecto a la autorización de pagos anticipados y, en todo caso, a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. En tal caso, las anualidades futuras afectadas se minorarán en igual cuantía a la anticipada, de forma que no se supere el importe total previsto. Estas modificaciones en la programación de pagos deberán formalizarse mediante la correspondiente adenda modificativa al presente Convenio.
En el supuesto del párrafo anterior, la documentación necesaria para proceder a la tramitación de los pagos primero y segundo será, igualmente, la relacionada anteriormente para dichos pagos cuando el calendario responde a lo previsto.
Los fondos transferidos que no sean aplicados al objeto de las actuaciones deberán ser devueltos al ICV tras la liquidación del Convenio.
3.2. El Cabildo se compromete a conceder al Ayuntamiento, en el ejercicio 2025, una subvención nominativa tramitando el correspondiente expediente por importe de seis millones (6.000.000,00) de euros destinada a la financiación de la promoción “226 VPP Cuevas Blancas”.
La subvención se imputará a las aplicaciones presupuestarias 25.0911.1521.76240, 25.0911.1521.7624001 y 25.0911.1521.7624003, Ejecución de las obras “Promoción de 226 VPP en Cuevas Blancas” y “37 VPP María Jiménez”
Esta subvención se regirá por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como por su normativa de desarrollo y demás disposiciones que resulten aplicables.
4. La actuación objeto del presente Convenio estará sujeta al control financiero de la Intervención General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en atención al porcentaje de financiación asumido por el ICV.
5. En caso de que, durante la ejecución de las actuaciones previstas en este Convenio, deban introducirse modificaciones en los contratos de obras o de servicios que supongan un incremento del presupuesto global indicado en el apartado 1 de la presente cláusula se estará a lo previsto en el párrafo final de dicho apartado.
Cuarta.- Obligaciones del ICV.
El ICV, para el adecuado desarrollo de la actuación objeto del presente Convenio, asume las siguientes obligaciones:
a) Transferir al Ayuntamiento la aportación económica a la que se refiere la cláusula tercera, apartado 3.1, conforme al calendario de pagos establecido.
b) Colaborar técnicamente con el Ayuntamiento, tanto con carácter previo al inicio de las obras como durante su ejecución, cuando así se estime oportuno por requerirse el criterio técnico del ICV.
c) Designar un técnico responsable del seguimiento de la ejecución del proyecto, que actuará en coordinación con el técnico gestor designado por el Ayuntamiento. Dicho técnico participará asimismo en la supervisión de la documentación remitida y representará al ICV en la Comisión de Seguimiento.
d) Validar, con carácter previo a la modificación de los proyectos de construcción, cualquier aspecto que afecte al número de viviendas o a sus características esenciales (tipología, número de habitaciones y superficie útil). Esta validación se entenderá otorgada mediante acuerdo de la Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula octava.
e) Asistir al acto de comprobación del replanteo y al de recepción de las obras tras su finalización.
f) Tramitar el expediente de aceptación de la cesión de las promociones de las viviendas incluidas en la actuación.
g) Suscribir el documento administrativo de cesión al que se refiere el artículo 79.2 del Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme al modelo incluido como Anexo 2 del presente Convenio, mediante el cual se formaliza la transmisión de la propiedad al ICV.
h) Tramitar la inscripción de dicho documento en el Registro de la Propiedad correspondiente, en los términos previstos en el citado artículo 79.2, de forma que la titularidad de ambas promociones pase a ser del ICV.
i) Incorporar las viviendas cedidas a su parque público de viviendas, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo y conforme a la normativa vigente, asumiendo su gestión y mantenimiento, así como el cumplimiento del destino establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.
j) Proceder a la adjudicación de las viviendas cedidas en régimen de alquiler, con arreglo a lo establecido en la normativa vigente en materia de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública, garantizando su destino como residencia habitual y permanente de unidades familiares o de convivencia con recursos económicos limitados.
k) Incluir, en toda difusión de actuaciones realizadas en el marco del presente Convenio, mención expresa a las entidades firmantes y al carácter cofinanciado de las mismas, con sujeción a lo previsto en el Manual de identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife y del Ayuntamiento.
Quinta.- Obligaciones del Cabildo.
El Cabildo, en el marco de sus competencias y para el correcto desarrollo del presente Convenio, asume las siguientes obligaciones:
a) Aportar financiación para la actuación “226 VPP Cuevas Blancas”, en los términos y con el porcentaje de cofinanciación establecidos en la cláusula tercera del presente Convenio.
b) Designar una persona con perfil técnico para realizar el seguimiento de la actuación y representar como vocal a la institución en la Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula octava.
c) Velar por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en la normativa reguladora de la subvención concedida al Ayuntamiento, especialmente en lo relativo a la justificación de la actuación subvencionada y a la comprobación de su ejecución.
d) Incluir, en toda difusión de las actuaciones desarrolladas en el marco del presente Convenio, mención expresa a las entidades firmantes y al carácter cofinanciado de la actuación, con arreglo a lo dispuesto en el Manual de identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias y del propio Cabildo Insular.
e) Facilitar al Instituto Canario de la Vivienda, a efectos de coordinación y seguimiento, la documentación relativa a la subvención otorgada al Ayuntamiento, así como cualquier incidencia relevante que pudiera afectar a su ejecución.
Sexta.- Obligaciones del Ayuntamiento.
Sin perjuicio de las previsiones establecidas en la cláusula segunda, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como entidad promotora de las actuaciones objeto del presente Convenio, asume las siguientes obligaciones:
1. En relación con la construcción de las viviendas:
a) Obtener las autorizaciones administrativas, licencias e informes sectoriales necesarios para la ejecución de las obras.
b) Aprobar, en su caso, las modificaciones de los proyectos técnicos por el órgano municipal competente, previa supervisión en los términos del artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).
c) Licitar, adjudicar y gestionar los contratos de servicios necesarios para la ejecución de las obras.
d) Aportar las parcelas descritas en el Anexo 1 de este Convenio.
e) Tramitar los procedimientos de contratación para la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado, con sujeción a la LCSP, su normativa de desarrollo y demás normativa sectorial aplicable.
f) Ejecutar las actuaciones conforme al presente Convenio y a los proyectos técnicos aprobados. Cualquier modificación sustancial que afecte al número de viviendas, tipología, distribución o superficie requerirá autorización previa de la Comisión de Seguimiento y deberá tramitarse conforme a lo previsto en la LCSP.
g) Incluir en todas las acciones de difusión, comunicación o publicidad vinculadas a la actuación una mención expresa a las entidades firmantes del Convenio y al carácter cofinanciado de la actuación, conforme al Manual de identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular.
En particular, se instalará un cartel informativo en la obra que indique expresamente la participación del ICV y del Cabildo en la financiación.
h) Designar una persona con perfil técnico para representar al Ayuntamiento como vocal en la Comisión de Seguimiento.
i) Permitir la asistencia de los técnicos designados por el ICV y el Cabildo Insular a las visitas de obra en calidad de observadores, facilitando su acceso previa autorización a la empresa contratista y a la dirección facultativa.
j) Remitir al ICV toda la documentación administrativa y técnica que se vaya generando como consecuencia de la adjudicación y ejecución del contrato de obras, incluyendo, al menos:
- Número de expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público del expediente de licitación de la obra.
- Resoluciones de adjudicación y formalización de los contratos.
- Porcentaje de la baja obtenida en la adjudicación del contrato, en su caso.
- Resumen del Presupuesto de adjudicación.
- Acta de replanteo de comienzo de la obra.
- Certificados final de obra.
- Acta de recepción de obra.
- Libro del edificio completo.
- Certificados de instalación para el suministro de los servicios -tanto de las instalaciones generales como de las particulares de cada vivienda-, debiendo constar en los certificados de instalación para el suministro de energía eléctrica de las viviendas el correspondiente Código Universal de Punto de Suministro (CUPS).
Asimismo, se notificará al ICV con antelación suficiente la fecha y hora de la comprobación del replanteo y del acto de recepción de la obra.
k) Facilitar al ICV cuanta información le sea requerida relacionada con la ejecución de las actuaciones, así como remitir copia de la documentación que este precise. Si el Cabildo lo solicitara, se le podrá facilitar copia de aquella documentación que le resulte relevante en relación con su participación como entidad cofinanciadora.
l) Efectuar la liquidación final de las obras una vez terminadas, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de contratación del sector público y en los pliegos que rigen la ejecución de los contratos.
m) Responder de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de los daños o perjuicios que puedan derivarse para las Administraciones participantes o para terceros como consecuencia de errores u omisiones técnicas en la ejecución.
n) Tramitar y resolver las reclamaciones que se presenten durante el plazo de garantía.
o) Cumplir con las condiciones y obligaciones impuestas en las resoluciones de concesión de subvención vinculadas a la actuación, tanto las emitidas por el ICV como por el Cabildo Insular.
2. En relación con la gestión inmobiliaria:
a) Formalizar la escritura de obra nueva y división horizontal, e inscribirla debidamente en el correspondiente registro de la propiedad, con carácter previo a la cesión de las viviendas al ICV.
b) Garantizar que las viviendas se encuentren, en el momento de formalizar la cesión al ICV, terminadas, completamente equipadas, libres de ocupantes, cargas, gravámenes o deudas transmisibles que impidan su inscripción registral a nombre del Instituto Canario de la Vivienda.
c) Suscribir con el ICV el documento administrativo de cesión al que se refiere el artículo 79.2 del Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, conforme a la redacción incluida en el Anexo 2 del presente Convenio, mediante el cual se transfiere la titularidad de las promociones al Instituto Canario de la Vivienda.
3. En relación con el ámbito fiscal:
Una vez formalizada la cesión de la titularidad de las viviendas al Instituto Canario de la Vivienda, el Ayuntamiento se compromete a valorar, en el ejercicio de su autonomía financiera y conforme al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales o norma que lo sustituya, la posible incorporación en su Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una bonificación en el porcentaje máximo legalmente permitido respecto de los inmuebles objeto del presente Convenio, previa tramitación del correspondiente expediente.
Séptima.- Titularidad de las viviendas.
La titularidad de las viviendas resultantes de la ejecución de las actuaciones previstas en el presente Convenio corresponderá al Instituto Canario de la Vivienda, una vez formalizada la cesión por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en los términos establecidos en la cláusula sexta y conforme al procedimiento previsto en el artículo 79.2 del Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Octava.- Comisión de Seguimiento.
1. A efectos del presente Convenio, se crea una Comisión de Seguimiento de carácter paritario e interadministrativo, con el objeto de coordinar la ejecución de las actuaciones, garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes y resolver las cuestiones que se susciten en su interpretación, aplicación y desarrollo.
2. Corresponde a la Comisión de Seguimiento el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Resolver las cuestiones de interpretación y ejecución del presente Convenio, así como las controversias que puedan surgir entre las partes.
b) Dictar las instrucciones necesarias para la adecuada ejecución de las actuaciones, informando a las partes signatarias de las incidencias relevantes que se produzcan durante su desarrollo.
c) Proponer modificaciones motivadas del Convenio, así como la prórroga del mismo.
d) Canalizar el cumplimiento de las obligaciones de las partes, especialmente en relación con:
- La remisión de documentación técnico-administrativa.
- La comunicación de incidencias relevantes en la ejecución.
- La valoración y eventual propuesta de modificación de los proyectos cuando afecten a elementos sustantivos como el número de viviendas, tipología, número de habitaciones o superficies.
- Las acciones de difusión y publicidad institucional.
- La tramitación de los expedientes de cesión y aceptación de las viviendas.
e) Valorar, al menos una vez al año, la conveniencia de continuar con la relación pactada, o en su caso, formular propuesta de denuncia del Convenio.
f) Supervisar el cumplimiento de los hitos técnico-financieros que condicionan las aportaciones económicas previstas.
g) Acordar el plan de trabajo del grupo técnico de seguimiento, así como evaluar sus informes y propuestas.
3. La Comisión de Seguimiento estará integrada por:
- La persona titular de la Dirección del ICV, que ejercerá la presidencia, o persona en quien delegue.
- La persona que ostente la concejalía del Ayuntamiento competente en materia de vivienda o persona en quien delegue.
- La persona responsable de vivienda en el Cabildo o persona en quien delegue.
- Una vocalía con perfil técnico por cada una de las Administraciones firmantes, designada por quien ostente la representación institucional en la Comisión.
- La secretaría será ejercida por una persona designada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con voz pero sin voto. No obstante, en cualquier momento del desarrollo del Convenio, las partes firmantes podrán acordar el cambio de la persona que ejerza la secretaría, designando a otra que cumpla dicho cometido.
4. La Comisión se reunirá:
- Al menos con periodicidad anual, de conformidad con el artículo 7.p) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional del sector público autonómico.
- Siempre que lo solicite alguna de las partes firmantes, previa convocatoria de su Presidencia.
De cada sesión se levantará acta, en la que se hará constar los asuntos debatidos, los acuerdos adoptados y, en su caso, las propuestas formuladas.
Los acuerdos se adoptarán por consenso. En su funcionamiento y régimen de acuerdos se estará, en lo no previsto expresamente en esta cláusula, a lo dispuesto en la legislación administrativa común sobre órganos colegiados.
5. Las personas designadas con perfil técnico constituirán un grupo de trabajo técnico, encargado del seguimiento ordinario de las actuaciones, la elaboración de informes de avance, la detección de incidencias y la formulación de propuestas de mejora o medidas correctoras, que podrán elevar a la Comisión de Seguimiento para su análisis y aprobación, en su caso.
Novena.- Efectos y vigencia del Convenio.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio surtirá plenos efectos desde el momento de su firma por todas las partes, y mantendrá su vigencia durante un plazo de cuatro años, salvo que, con anterioridad, se hubieran ejecutado completamente las actuaciones previstas, en cuyo caso se entenderá finalizado por cumplimiento.
2. No obstante, en cualquier momento anterior a la finalización del plazo de vigencia previsto en el apartado anterior, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga, siempre que la duración total del Convenio, incluidas las prórrogas, no exceda de ocho años, o su extinción anticipada, previa propuesta de la Comisión de Seguimiento.
3. La prórroga, en su caso, deberá formalizarse mediante adenda al presente Convenio y surtirá efectos desde la fecha de finalización del plazo inicial de vigencia.
Décima.- Modificaciones.
El presente Convenio podrá modificarse a instancia de cualquiera de las partes firmantes, mediante acuerdo unánime adoptado en el seno de la Comisión de Seguimiento, al objeto de regular aquellas cuestiones no incorporadas inicialmente o para corregir determinaciones que dificulten la consecución de la actuación convenida.
La modificación se formalizará mediante la correspondiente adenda, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos, incluyendo, en su caso, el sometimiento a fiscalización previa conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Gobierno de Canarias que resulte de aplicación.
Decimoprimera.- Extinción, causas de resolución y consecuencias del incumplimiento de las obligaciones por las partes.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento íntegro de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en esta cláusula.
2. Constituyen causas de resolución del Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia establecido en la cláusula novena sin haberse acordado su prórroga.
b) El acuerdo unánime de los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes del Convenio, previa denuncia y resolución.
En este supuesto, cualquiera de las partes podrá requerir por escrito a la parte incumplidora para que en un plazo determinado subsane el incumplimiento. El requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento para su valoración y a las demás partes firmantes.
Si transcurrido dicho plazo persistiera el incumplimiento, la parte requirente notificará la concurrencia de causa de resolución tanto a la parte incumplidora como a las demás partes firmantes, y se entenderá resuelto el Convenio.
d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en este clausulado o en las disposiciones vigentes que resulten de aplicación.
3. La extinción del Convenio, ya sea por cumplimiento o por resolución, se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Dado que el presente Convenio conlleva compromisos de carácter financiero, se entenderá cumplido cuando su objeto haya sido ejecutado conforme a lo previsto y a satisfacción de las partes, de acuerdo con sus respectivas competencias. En todo caso, la liquidación deberá tener en cuenta las siguientes reglas:
a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por el Ayuntamiento fuera inferior al previsto, y la financiación aportada por las demás partes excediera de la que les corresponden, el Ayuntamiento deberá reintegrar a dichas partes el exceso conforme a lo previsto en la cláusula tercera, apartado 3.1, en el plazo máximo de dos meses desde que se hubiera aprobado la liquidación.
Transcurrido el plazo máximo indicado en el párrafo anterior sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, en el plazo de un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.
En caso de que procediera la devolución de fondos al Cabildo, tendrá prevalencia lo que determine la correspondiente resolución de concesión.
b) En el caso de existir desviaciones presupuestarias al alza, debidamente justificadas y no imputables a ninguna de las partes, que impidan la finalización de las actuaciones previstas en el presente Convenio, se procederá como sigue:
El Ayuntamiento emitirá la certificación final de las obras ejecutadas, haciendo constar las actuaciones pendientes para su completa terminación y el grado de ejecución alcanzado, asumiendo la responsabilidad técnica, patrimonial y de conservación sobre las obras realizadas y su entorno, hasta la terminación de las viviendas y su posterior entrega al Instituto Canario de la Vivienda, en el caso de existir acuerdo entre las partes.
El Ayuntamiento quedará obligado a custodiar y conservar las obras y terrenos afectados, así como a mantener su destino a la promoción de vivienda pública, sin que pueda destinarlos a otros fines o enajenarlos sin la previa autorización del ICV, bajo apercibimiento de reintegro de las cantidades percibidas y de las responsabilidades que procedan.
Podrá acordarse la prórroga del Convenio, previa justificación de la necesidad de obtener la financiación adicional, siempre que exista conformidad expresa de todas las partes firmantes.
Una vez obtenida la financiación necesaria para su completa finalización, el Ayuntamiento procederá a la conclusión de las obras y a la posterior cesión de la promoción al Instituto Canario de la Vivienda, conforme a la normativa patrimonial aplicable y a lo previsto en el presente Convenio.
De no cumplirse con lo indicado en el párrafo anterior, se procederá a la liquidación del Convenio y a la exigencia del reintegro de los fondos recibidos por el Ayuntamiento, junto con los intereses que correspondan conforme a la normativa presupuestaria aplicable, en los términos de la letra a) de este apartado.
4. Si en el momento de producirse la causa de resolución existieran actuaciones en curso, las partes podrán acordar, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, la continuación y finalización de aquellas que consideren oportunas, siempre que establezcan un plazo improrrogable para su conclusión. Transcurrido dicho plazo, deberá procederse a la correspondiente liquidación en los términos establecidos en el apartado anterior.
Decimosegunda.- Naturaleza jurídica, jurisdicción y resolución de controversias.
1. El presente Convenio de Cooperación tiene naturaleza interadministrativa conforme a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Será de aplicación el régimen jurídico establecido en la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre; en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares; en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como lo dispuesto en la resolución de concesión que, en su caso, dicte el Cabildo Insular de Tenerife.
2. Este Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6. No obstante, los principios y criterios contenidos en dicha Ley podrán ser utilizados para resolver las dudas o lagunas que pudieran suscitarse en relación con su interpretación y aplicación.
3. Las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación, aplicación, modificación, resolución o efectos del presente Convenio deberán intentarse resolver de mutuo acuerdo entre las partes, a través de los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión de Seguimiento.
4. En caso de que no fuera posible alcanzar un acuerdo en la Comisión de Seguimiento, las cuestiones litigiosas que pudieran surgir se resolverán conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, correspondiendo su conocimiento a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, por razón de la materia y del territorio.
Decimotercera.- Protección de datos.
En todo momento deberá darse cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), así como la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y garantía de derechos digitales, y las normativas de privacidad en vigor.
Decimocuarta.- Responsabilidad patrimonial.
Será por cuenta del Ayuntamiento la instrucción y resolución, así como el pago de las correspondientes indemnizaciones a las que hubiera lugar, como consecuencia de los daños y perjuicios producidos a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras contenidas en las actuaciones de este Convenio.
Decimoquinta.- Publicación e inscripción del Convenio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y el artículo 20 del Decreto 11/2019, este Convenio, así como sus modificaciones, prórrogas y anexos o adendas, se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma, y se procederá a su inscripción en el Registro General de Convenios del sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias según establece el apartado 2 del citado artículo 20.
Igualmente, de conformidad con el Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de fecha 30 de octubre de 2013, inscribir el presente Convenio en el registro de convenios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, de conformidad con el artículo 125.3 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, se dará cuenta del presente Convenio a la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman de forma electrónica el presente documento.- El Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, Juan Pablo Rodríguez Valido.- La Presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Elena Dávila Mamely.- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza.
ANEXO 1
Ver anexo en las páginas 716-717 del documento Descargar
ANEXO 2
Ver anexo en las páginas 718-720 del documento Descargar
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