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BOC Nº 062. Martes 26 de marzo de 2024 - 1121

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Transición Ecológica y Energía

1121 ORDEN de 18 de marzo de 2024, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el despliegue del vehículo eléctrico e infraestructuras de recarga en el sector del taxi, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 5, Línea 1), con cargo al instrumento de financiación europeo fondos «Next Generation EU», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2).

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BOC-A-2024-062-1121. Firma electrónica - Descargar

Examinado el expediente tramitado por el Programa de Gestión de Fondos Next Generation EU, por el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el despliegue del vehículo eléctrico e infraestructuras de recarga en el sector del taxi, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 5, Línea 1), con cargo al instrumento de financiación europeo fondos «Next Generation EU», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2).

Vista la propuesta formulada por el Director de la Unidad de Contratación de fecha 20 de febrero de 2024.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.- El Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 acordó un paquete de medidas de gran alcance para impulsar la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, que aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU») por valor de 750.000 millones de euros en precios constantes del año 2018.

Este Instrumento Europeo de Recuperación, que implica para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026, ha abierto una oportunidad extraordinaria para nuestro país. Adicionalmente, el 2 de octubre de 2023, la Comisión Europea ha aprobado una segunda fase del Plan de Recuperación que permitirá movilizar hasta 163.000 millones de euros en el periodo 2021-2026. La canalización de estos recursos se realizará a través de inversiones y reformas dirigidas a impulsar, entre otros objetivos, la autonomía estratégica en los ámbitos energético.

2.- En el citado contexto el Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Illes Balears y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 142, de 15 de junio de 2022, concede a ambas Comunidades Autónomas, parte de los créditos precisos para financiar actuaciones programadas para responder a los retos específicos a los que se enfrenta el sector energético en esos territorios, y en el caso de Canarias, para financiar parte de la “Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias”.

Conforme al citado Real Decreto, las actuaciones a financiar tendrán por objetivo la dinamización de la transición energética en las islas entendida como el impulso de los agentes de transición energética, el desarrollo de programas de ayudas o inversiones para nuevas instalaciones de energías renovables, proyectos singulares y energía sostenible en las islas, incluyendo la integración de renovables en la red y proyectos que garanticen potencia. También se centrarán en el desarrollo de proyectos que promuevan la integración de sistemas inteligentes, concretamente, el desarrollo de proyectos en las islas que promuevan actuaciones de flexibilidad de la demanda o de la oferta y proyectos sostenibles de almacenamiento. Asimismo, tendrá un carácter destacado la promoción de comunidades energéticas y el desarrollo de las agendas de transición energética de cada isla.

La norma asigna para ello, a las Islas Canarias, un importe de 301.700.000,00 euros, conforme establece su artículo 10.1.

3.- Tras remitirse la documentación requerida para la aceptación del importe asignado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, MP (en adelante IDAE), el 22 de julio de 2022, por Resolución de la Presidenta de dicha entidad se otorgó la ayuda a la Comunidad Autónoma de Canarias por el importe indicado.

Entre la documentación remitida se incluía el Programa Operativo, que contiene la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias y contempla los siguientes Programas y Líneas de actuación, cuya gestión se ha distribuido entre el Gobierno de Canarias y el propio IDAE:

Ver anexo en la página 9465 del documento Descargar

4.- En fecha 21 de noviembre de 2023, consta acuerdo del Director General de Energía de inicio de tramitación de las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para el fomento de la movilidad integral sostenible en las Islas, mediante el despliegue del vehículo eléctrico e infraestructuras de recarga en el sector del taxi en régimen de autónomos.

5.- A fin de proceder a la ejecución del crédito asignado a la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación de los Programas asignados a la gestión autonómica y concretamente el programa 5, en la línea de financiación 1, se ha optado por la tramitación de un procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, cuya convocatoria y bases se aprobarán mediante la presente Orden.

6.- El objeto de las subvenciones será el fomento de la movilidad integral sostenible en las Islas, mediante el despliegue del vehículo eléctrico e infraestructuras de recarga en el sector del taxi en régimen de autónomos. Las líneas de financiación serán las siguientes:

Línea 1: adquisición de vehículo eléctrico enchufable para uso de taxi.

Línea 2: implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico para el colectivo del sector del taxi.

El crédito asignado a la financiación de dichas ayudas asciende a un total de 15.000.000,00 de euros, de los cuales 12.000.000,00 irán destinados para financiar las actuaciones de la Línea 1 y 3.000.000,00 para financiar actuaciones de la Línea 2.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Régimen jurídico.

Las actuaciones subvencionables se encuentran incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo (en adelante MRR), establecido por el Reglamento UE 2021/241, de 12 de febrero de 2021, que regula el instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en ejecución del mismo, se corresponden con la Política Palanca III del PRTR estatal (“Transición energética justa e inclusiva”), en su Componente 7 (“Despliegue e integración de energías renovables”), Inversión 2 (“Energía Sostenible en Islas”), de forma que dichas actuaciones deberán estar específicamente destinadas a alcanzar los objetivos previstos en el Plan, que en el caso de la citada inversión persiguen la penetración e integración de las energías renovables en los sistemas insulares y no peninsulares.

La ejecución de los créditos concedidos para la ejecución de las actuaciones de referencia, estará sometida a la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control que se establezcan para el MRR y a la normativa de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el PRTR, así como las específicas relativas a la información y publicidad, verificación y demás impuestas por la normativa de la Unión Europea y estatal, cuya aplicación será de obligado cumplimiento, siendo en todo caso aplicable la normativa que se relaciona a continuación:

1. El Reglamento UE 2021/241, por el que se establece el MRR.

2. El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.

3. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

4. La Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante Ley 4/2021).

5. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

6. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley 38/2003), cuyos procedimientos de concesión y control de las subvenciones serán de aplicación supletoria conforme a lo establecido en su artículo 6.2.

7. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante RD 887/2006), en la medida en que la Ley que desarrolla se aplique de forma supletoria conforme a lo señalado en el punto anterior.

8. El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante Decreto 36/2009).

9. El Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Illes Balears y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante RD 451/2022).

10. La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

11. La Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España, y las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del mismo.

12. La normativa que regula la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH), especialmente:

• El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (Reglamento de Taxonomía).

• La Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01) (Guía Técnica de la Comisión Europea).

13. La normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:

• Reglamento (CE, Euratom) 2988/1995 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

• Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).

• Resolución de 17 de febrero de 2022, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su Sector Público en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, modificado por Resolución de 9 de mayo de 2022 (BOC n.º 97, de 18.5.2022).

• Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• La Guía práctica para la aplicación de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

14. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante Orden HFP/1030/2021).

15. La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante Orden HFP/1031/2021).

16. La normativa europea que regula el régimen de las ayudas de Estado, concretamente:

• El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 107 a 109).

• Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Segundo.- Procedimiento.

El artículo 43.1 de la Ley 4/2021, establece que “las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos del instrumento europeo de recuperación «Next Generation EU» podrán incorporar la convocatoria de las mismas”.

Para la ejecución del crédito asignado a la Comunidad Autónoma de Canarias en la financiación de actuaciones para el fomento de la movilidad integral sostenible incluidas en el programa 5, Línea 1 de la estrategia de energía sostenible en las Islas Canarias, se ha optado por la tramitación de un procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, al amparo de la previsión del artículo 44.1 de la Ley 4/2021, donde se dispone que, “En el caso de subvenciones financiables con los fondos del instrumento europeo de recuperación «Next Generation EU», reguladas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y cuyo objeto sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración comparativa con otras propuestas, se podrán dictar sucesivas resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria”.

La disposición adicional primera de la Ley 4/2021, dispone que el Instrumento de Planificación Estratégica (en adelante IPE) aprobado por la Consejería tiene la consideración de Plan Estratégico de Subvenciones. El vigente IPE, cuya última versión ha sido aprobado por la Comisión de Planificación y Gobernanza de los Fondos «Next Generation UE» el día 4 de mayo de 2023, recogen dentro del anexo de subvenciones la destinada para el despliegue del vehículo eléctrico e infraestructuras de recarga en el sector del taxi, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2), concretamente en las páginas 218 y siguientes.

Tercero.- Régimen de ayudas de estado.

Respecto a la compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado, las subvenciones que contempla la presente Orden se consideran compatibles con el mercado interior en base a las siguientes consideraciones:

El artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece qué medidas constituyen ayudas estatales. Por su parte, el artículo 108, apartado 3, del TFUE exige, como principio general, que la ayuda estatal se notifique a la Comisión Europea para que esta evalúe si dicha ayuda es compatible con el mercado interior. No obstante, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, el Consejo podrá determinar las categorías de ayudas que quedan exentas de esta obligación de notificación. De conformidad con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión puede adoptar reglamentos relativos a dichas categorías de ayudas estatales.

En ejercicio de tal previsión, el Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión de 13 de diciembre de 2023 (DOUE 2023/2831 de 15 de diciembre de 2023), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, dispone que las ayudas que se conceden a una única empresa durante un cierto espacio de tiempo y no superan una cantidad fija determinada, no cumplen todos los criterios que establece el artículo 107, apartado 1, del Tratado y, por lo tanto, no están sujetas al procedimiento de notificación.

En el artículo 3, apartado 2, del señalado reglamento, se dispone que “el importe total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 300.000 euros durante cualquier periodo de tres años”.

Por su parte, en el artículo 1 del propio reglamento, se relacionan aquellos sectores excluidos de su ámbito de aplicación.

Consecuencia de todo lo anterior, habida cuenta de que ninguno de los potenciales beneficiarios opera en un sector excluido de los relacionados en el párrafo anterior, el importe total de las ayudas de minimis que podrá concederse a los destinatarios que no sean administración pública y que realicen actividades económicas, no podrá exceder la cifra de 300.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, debiéndose adjuntar junto a la solicitud de la subvención, la declaración responsable de ayudas recibidas por el importe bruto (antes de impuestos) en los tres últimos años (Anexo VI).

Cuarto.- Órganos competentes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 del Decreto 36/2009, “son órganos competentes para conceder subvenciones, los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de los organismos públicos y demás entidades de derecho público que determinen sus normas reguladoras o, en su defecto, los órganos de las mismas que tengan atribuida la competencia para la aprobación del gasto correspondiente”, y “a estos efectos, se consideran titulares de los Departamentos el Presidente del Gobierno, el Vicepresidente, los Consejeros y el Comisionado de Acción Exterior”.

La disposición transitoria única del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC n.º 140, de 18.7.2023), prevé que (...) “En tanto se lleve a efecto lo previsto en la disposición final segunda de este Decreto, y siempre que no se opongan o resulten incompatibles con lo previsto en el mismo Decreto, conservarán su vigencia las normas orgánicas que determinan la estructura y funciones de las Consejerías de (entre otras) Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial”. Consecuencia de ello, resulta aplicable el Reglamento Orgánico de la antigua Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (aprobado por Decreto 54/2021, de 27 de mayo, publicado en el BOC n.º 117, de 8.6.2021), cuyo artículo 5.13 establece que es competencia del Consejero aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, acordar la convocatoria de las mismas, y dictar las correspondientes resoluciones de concesión, tanto en procedimientos de concurrencia competitiva como en los de concesión directa.

Por Orden del Consejero de Transición ecológica y Energía de 8 de enero de 2024 (BOC n.º 14, de 19.1.2024), se ha delegado en el titular de la Dirección General de Energía el ejercicio de determinadas competencias referidas a las subvenciones de concurrencia no competitivas tramitadas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que afecten al Componente 7, Inversión 2, del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia estatal, entre ellas, “La resolución de los procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva y, en su caso, su modificación; la disposición del abono anticipado de las mismas, la aceptación de renuncias a la concesión y desistimientos en el procedimiento”.

En cuanto a la competencia para la instrucción y tramitación de las bases reguladoras y convocatoria de la subvención, el artículo 46.12 del citado Reglamento Orgánico prevé, dentro de las competencias del Director General de Energía, “La incoación e instrucción de los procedimientos de aprobación de las bases reguladoras y convocatorias de subvenciones en las materias de competencia específica de la Dirección General, así como de los procedimientos de concesión de las mismas, ya sean de concurrencia competitiva o de concesión directa”.

Por su parte, por Resolución de la Dirección General de Energía, de fecha 10 de enero de 2024, se ha delegado el ejercicio de determinadas competencias para la instrucción de subvenciones abiertas en la titular de la Dirección de la Unidad de Proyectos de Transición Energética del programa de Gestión de Fondos Next Generation EU (BOC n.º 16, de 23.1.2024). Esta delegación comprende: “a) La realización de los actos de instrucción que resulten necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, en los procedimientos de concesión de subvenciones de concurrencia no competitivas tramitadas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que afecten, entre otros, al Componente 7, Inversión 2 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia estatal; b) La realización de los actos de instrucción en los procedimientos de comprobación de la justificación de las subvenciones concedidas referidas en el apartado anterior; c) Respecto a las subvenciones referidas en la letra a) anterior, la propuesta de abono por anticipado o previa justificación, según los casos, cuando resulte procedente”.

Quinto.- Informes preceptivos.

El artículo 43.2 de la Ley 4/2021 establece que “para la tramitación de la aprobación de las bases reguladoras de estas subvenciones solo serán exigibles el informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias y el de la Intervención General al que hace referencia el artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, que, en todo caso será emitido en el plazo improrrogable de siete días, sin perjuicio del informe de la Dirección General competente en materia de asuntos europeos a que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo 9”.

En aplicación de dicho precepto:

1.- Con fecha 23 de noviembre de 2023, la Dirección General de Asuntos Europeos emitió informe en relación con el proyecto de Orden.

2.- Con fecha 29 de noviembre de 2023, la Viceconsejería de Servicios Jurídicos emitió informe respecto al proyecto de Orden.

3.- Con fecha 22 de febrero de 2024, la Intervención General emitió informe favorable en relación con el proyecto de Orden remitido el día 20 de febrero de 2024.

Por todo lo que antecede,

RESUELVO:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones para el despliegue del vehículo eléctrico e infraestructuras de recarga en el sector del taxi, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 5, Línea 1), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2), en los términos que figuran en el anexo a la presente Orden.

Segundo.- Aprobar el gasto destinado a financiar las ayudas que se adjudiquen en el marco de las bases reguladoras establecidas en el apartado dispositivo primero, por un importe total de 15.000.000,00 de euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se detallan a continuación:

Ver anexo en la página 9472 del documento Descargar

El gasto aprobado con la presente convocatoria podrá incrementarse con los créditos que se transfieran a la Administración autonómica para la financiación de las mismas actuaciones contempladas por la presente Orden, en cuyo caso podrán realizarse nuevas concesiones conforme a lo señalado en las bases reguladoras. Asimismo, en caso de que el número de solicitudes no cubran el total del crédito aprobado, se podrá minorar en la cantidad no solicitada a fin de destinar dicho crédito a ampliaciones del resto de convocatorias financiadas con cargo al mismo fondo presupuestario.

Tercero.- Acordar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para el despliegue del vehículo eléctrico e infraestructuras de recarga en el sector del taxi, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 5, Línea 1), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2), en régimen de concurrencia no competitiva, de acuerdo a las bases aprobadas en el apartado dispositivo primero, conforme a los siguientes datos:

a) El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 1 de abril de 2024 y finalizará uno de julio de 2024.

b) El importe del crédito presupuestario que se asigna a la presente convocatoria asciende a un total de 15.000.000,00 de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria y la distribución que se detalla en el apartado segundo.

c) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses a contar desde el día siguiente a la finalización el plazo para la presentación de solicitudes, en los términos establecidos en las bases reguladoras de las subvenciones.

Cuarto.- Se faculta a la Dirección General de Energía, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica y Energía, para adoptar cuantas medidas sean necesarias para la interpretación, aplicación y ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.

Quinto.- Con independencia de su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Portal de Transparencia o cualquier sitio web institucional, la presente Orden producirá sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Transición Ecológica y Energía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma, o bien interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2024.

EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y ENERGÍA,
Mariano Hernández Zapata.

ANEXO

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA EL DESPLIEGUE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO E INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA EN EL SECTOR DEL TAXI, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (PROGRAMA 5, LÍNEA 1), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (COMPONENTE 7, INVERSIÓN 2).

Primera.- Finalidad y régimen jurídico.

La presente Orden tiene por finalidad establecer las bases reguladoras y convocar ayudas destinadas al despliegue del vehículo eléctrico e infraestructuras de recarga en el sector del taxi en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 5, Línea 1).

En Canarias el transporte terrestre es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero debido al empleo de combustibles fósiles derivados del petróleo, por lo que su descarbonización debe ser considerada una prioridad en la política de transformación energética de las islas. El programa operativo de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias, pretende acelerar la descarbonización del transporte terrestre, uno de los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero, promoviendo para ello una movilidad integral sostenible en las islas, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire y de calidad de vida.

Por otro lado, el modelo económico de Canarias se sustenta principalmente sobre la actividad turística, por lo que una movilidad pública sostenible en las islas permitirá reducir la presión ejercida por la contaminación sobre sus frágiles ecosistemas.

Las subvenciones que regulan las presentes bases se financian con cargo al Programa 5 de la Estrategia de Energía sostenible en las Islas Canarias, cuya Línea 1 se destina al fomento de la movilidad integral sostenible en las islas, para el despliegue del vehículo eléctrico e infraestructuras de recarga en el sector del taxi.

Dentro de esta actuación se distinguen dos línea, la Línea 1: adquisición de vehículo eléctrico para uso de taxi, y la Línea 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico para el colectivo del sector del taxi, que a los efectos de solicitudes se tramitarán como líneas de subvención diferenciadas.

Las actuaciones subvencionables se encuentran incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, establecido por el Reglamento UE 2021/241, de 12 de febrero de 2021, que regula el instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU» y en ejecución del mismo, se corresponden con la Política Palanca III del PRTR estatal (“Transición energética justa e inclusiva”), en su Componente 7 (“Despliegue e integración de energías renovables”), Inversión 2 (“Energía Sostenible en Islas”), de forma que dichas actuaciones deberán estar específicamente destinadas a alcanzar los objetivos previstos en el Plan, que en el caso de la citada inversión persiguen la penetración e integración de las energías renovables en los sistemas insulares y no peninsulares.

En tal sentido, el anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, señala lo siguiente respecto a la inversión 2 de su Componente 7: “Esta inversión apoyará las políticas de transporte y movilidad sostenible, el Proyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias (LCCTEC) contempla la necesidad de fomentar el transporte y la movilidad sostenible a través de planes y proyectos destinados a potenciar modelos de transporte público y colectivo, vehículo compartido, eléctrico o no motorizado en detrimento del uso del vehículo de combustión interna privado mediante la adopción de, entre otras medidas: la reserva de plaza para uso exclusivo de vehículos de bajas o nulas emisiones en las vías y aparcamientos públicos; el mandato directo a los grandes centros de trabajo de incorporar planes de movilidad sostenible -que deberán de aprobarse en un plazo máximo de dos años desde la aprobación de la Estrategia Canaria de Acción Climática- y a las universidades de fomentar el transporte público, mediante planes de escalonamiento horario.

Las actuaciones financiables con cargo a la citada inversión deberán contribuir a la consecución de los siguientes objetivos:

Objetivo 119, denominado “Finalización de proyectos de apoyo a la transición energética en las islas”. Contempla para el tercer trimestre de 2025, la realización de “al menos 600 acciones, proyectos o programas apoyados o realizados, en particular; programas u oficinas de dinamización, hojas de ruta insulares, proyectos de inversión o de ayuda, vinculados al programa Smart Islands y al programa “Energía Limpia para las Islas de la UE”, energía renovable o proyectos de almacenamiento sostenible”. Para el caso de Canarias, el objetivo se concreta por el Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, tras la modificación operada por el Real Decreto 186/2024 en la realización de 400 actuaciones”.

Objetivo 120, denominado “Capacidad adicional de producción de energía renovable en las islas”. Contempla para el segundo trimestre de 2026, la consecución de “Capacidad de producción adicional acumulada de energía renovable adquirida mediante licitaciones de capacidad renovable en las islas (al menos 180 MW instalados)”. Para el caso de Canarias, el objetivo se concreta por el Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, en 120 MW de nueva potencia instalada.

Las ayudas contempladas en las presentes bases tendrán la naturaleza jurídica de subvención, y se someterán a los mecanismos de gestión y control que se establezcan para el MRR y a la normativa de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el PRTR, así como las normas específicas relativas a la información y publicidad, verificación y demás impuestas por la normativa de la Unión Europea y estatal, cuya aplicación será de obligado cumplimiento, siendo en todo caso aplicable la normativa que se relaciona a continuación, además de lo dispuesto en la respectiva convocatoria y resolución de concesión de las ayudas:

1. El Reglamento UE 2021/241, por el que se establece el MRR.

2. El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.

3. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

4. La Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante Ley 4/2021).

5. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

6. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley 38/2003), cuyos procedimientos de concesión y control de las subvenciones serán de aplicación supletoria conforme a lo establecido en su artículo 6.2.

7. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante RD 887/2006), en la medida en que la Ley que desarrolla se aplique de forma supletoria conforme a lo señalado en el punto anterior.

8. El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante Decreto 36/2009).

9. El Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Illes Balears y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante RD 451/2022).

10. La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

11. La Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España, y las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del mismo.

12. La normativa que regula la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH), especialmente:

• El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (Reglamento de Taxonomía).

• La Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), (Guía Técnica de la Comisión Europea).

13. La normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:

• Reglamento (CE, Euratom) 2988/1995 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

• Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión Europea (Reglamento financiero).

• Resolución de 17 de febrero de 2022, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su Sector Público en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, modificado por Resolución de 9 de mayo de 2022 (BOC n.º 97, de 18.5.2022).

• Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• La Guía práctica para la aplicación de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

14. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante Orden HFP/1030/2021).

15. La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante Orden HFP/1031/2021).

16. La normativa europea que regula el régimen de las ayudas de Estado, concretamente:

• El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 107 a 109).

• Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes bases las personas o entidades que se enumeran a continuación.

2.1.- Para la Línea 1 (adquisición de vehículo eléctrico enchufable para uso de taxi) las personas físicas que ejerzan actividad económica en régimen de autónomos en el sector del taxi. Para ello, deben estar en posesión de una licencia municipal que le habilite para la prestación de servicio urbano en un municipio de Canarias, así como de una autorización administrativa de transporte expedida por los Cabildos Insulares para la prestación de servicios interurbanos (CNAE 4932: Transporte por taxi), en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.2.- Para la Línea 2 (implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico para el colectivo del sector del taxi), podrán ser beneficiarios:

A) Personas físicas a las que se refiere el apartado anterior (taxistas).

B) Cooperativas, asociaciones, federaciones o agrupaciones de personas referidas en la base 2.1, siempre que se encuentre legalmente constituidas con anterioridad a la presentación de la solicitud.

C) Las Entidades Locales a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siempre que la infraestructura de recarga para la cual se solicita la ayuda se dedique al uso exclusivo de los beneficiarios referidos en la base 2.1.

2.3.- No podrán ser beneficiarias de esta subvención las personas o entidades cuyo objeto sea el arrendamiento de vehículos con conductor, según se define en el artículo 79 bis de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

2.4.- Conforme a lo previsto en los apartados 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, no podrán ser beneficiarias de subvención las personas o entidades en quienes concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las cooperativas, asociaciones, federaciones o agrupaciones de taxistas cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

Conforme a lo previsto en los apartados 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, en ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Tampoco podrán ser beneficiarias de subvención las personas o entidades que tengan su residencia fiscal en los territorios identificados reglamentariamente como paraísos fiscales, a menos que tengan la condición de órganos consultivos de la Administración española, en aplicación de lo previsto por el artículo 20.1 del Real Decreto 887/2006.

La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

No podrán acceder a las subvenciones contempladas en estas bases las personas o entidades que se encuentren incursas en alguna prohibición o en sanción administrativa o penal que conlleve la imposibilidad de obtención de subvención o ayuda pública.

La condición para ser beneficiario deberá mantenerse hasta la liquidación del total de la subvención que se conceda.

2.5.- Deberá quedar acreditado en el expediente que la persona o entidad solicitante cumple los siguientes requisitos:

A) Que en el momento de la solicitud cumple las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

B) Que ha acordado solicitar la subvención y se compromete a financiar la parte no cubierta por la misma.

C) Que no incurren en ninguno de los supuestos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003.

2.6.- El cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas y entidades solicitantes de las ayudas se verificará, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor, bien de forma automática (previo consentimiento) o requiriendo a las entidades la certificación correspondiente, en los términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006.

La Administración autonómica podrá consultar los sistemas de información disponibles para verificar el cumplimiento por las personas y entidades beneficiarias de las condiciones para el acceso a las subvenciones, tanto con anterioridad como con posterioridad a su concesión, y en caso de detectarse incumplimientos no subsanables, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de su reintegro.

2.7.- Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.

2.8.- A efectos de dar cumplimiento al artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se informa a posibles solicitantes de lo siguiente respecto a los datos correspondientes a cada una de las subvenciones que se concedan con cargo a las presentes bases:

A) La subvención se registrará conforme a lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

B) Tanto la Administración autonómica convocante de las ayudas, como el resto de órganos contemplados por el citado artículo 22 del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tendrán acceso a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación; así como a cualesquiera otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dicha información sobre los titulares reales, conforme establecen el artículo 8.1.d) de la Orden HFP/1030/2021 y el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021.

C) La cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos se realizará según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.

2.9.- La persona o entidad solicitante manifestará que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

Tercera.- Objeto de la subvención.

3.1.- Líneas de subvención.

Con cargo a las subvenciones contempladas en las presentes bases solo podrán financiarse actuaciones que correspondan a alguno de los siguientes tipos:

Línea 1: adquisición de vehículo eléctrico enchufable para uso como taxi:

Será actuación subvencionable la adquisición directa de vehículos eléctricos nuevos o seminuevos, de categoría M1, destinados al sector del taxi.

A estos efectos, se entiende como:

- Vehículo nuevo: se entenderá como tales los vehículos de primera matriculación.

- Vehículo seminuevo: aquellos con un máximo de doce meses de antigüedad (vehículos de demostración), a computar desde la fecha de su primera matriculación, hasta la primera de las siguientes fechas: fecha de la factura de compra venta o fecha de registro de solicitud, cuya titularidad sea de un concesionario o punto de venta del grupo fabricante/importador que realice la venta del vehículo al destinatario último de la ayuda. En este caso, el vehículo deberá haber sido adquirido por el concesionario o punto de venta como vehículo nuevo al fabricante o importador.

En ambos casos, se requiere que la fecha de factura de compraventa y los justificantes de pago del destinatario último de la ayuda, sean posteriores a la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Los vehículos susceptibles de ayudas deberán ser de motor, con al menos cuatro ruedas, diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros, que tengan, además del asiento del conductor y ocho plazas como máximo. Además, deberán pertenecer a alguna de las categoría siguientes:

- Vehículos eléctricos puros (BEV), propulsados total y exclusivamente mediante motores eléctricos cuya energía procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica.

- Vehículos híbridos “enchufables” (PHEV), propulsados total o parcialmente mediante motores de combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos cuya energía procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica.

Será obligatorio que el vehículo subvencionado permanezca al menos durante un periodo de tres años desde la fecha de adquisición prestando el servicio de taxi.

Línea 2: implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico asociada al sector del taxi.

Serán actuaciones subvencionable los sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos en la modalidad de adquisición directa, siempre que estén destinada exclusivamente al sector del taxi.

Se admitirá tanto la instalación de puntos de recarga individuales asociados a una única licencia de taxi, como la adquisición de uno o varios puntos de manera conjunta por alguno de los beneficiarios referidos en la base 2.2.b) y c).

Se podrá subvencionar los sistemas de recarga de cualquier potencia y tipo.

Los sistemas de recarga, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Para las instalaciones conectadas en baja tensión, instalación de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, concretamente ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK adecuado en función de la ubicación según REBT.

b) Alimentación: monofásica o trifásica 230-400 VAC o voltajes superiores para el caso de recarga ultra rápida.

c) Protecciones eléctricas de acuerdo con la normativa de seguridad.

d) Declaración CE.

e) Para el caso de recarga en espacio público, deberá disponer, al menos, de conector tipo 2 según IEC 62.196-2, o conector CCS2-Combo 2, según IEC 62196, con compatibilidad con modo 3 o modo 4 según instalación, con medida de energía integrada. Según el artículo 4 del Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, proporcionará la posibilidad de recarga puntual a los usuarios de vehículos eléctricos del sector de taxi, sin necesidad de que medie contrato con el operador del punto de recarga que se trate, facilitando el servicio de recarga a disposición de los usuarios interesados de una forma abierta, transparente y no discriminatoria. Además, deberá garantizar que el punto esté operativo al menos durante cinco años. Además, deberá disponer de los siguientes requisitos de conectividad:

1) Acreditar que la instalación dispone de interfaz de conexión que la permita plena conectividad y de sistema de memoria para almacenaje local de datos.

2) Compatible con el protocolo OCPP v1.6 o versión superior, mediante el uso de servicios web (SOA); y actualizable a versiones superiores.

3) Medida de la potencia y de la energía transferida.

4) Módulo de comunicación móvil 3G/GPRS o superior o cualquier canal de comunicación equivalente.

Los sistemas de recarga se clasificarán, según su potencia, de la siguiente forma:

a) Sistema de recarga vinculado: potencia inferior a 7 kW.

b) Sistema de recarga convencional: potencia igual o superior a 7 kW e inferior a 15 kW.

c) Sistema de carga semirrápida: potencia igual o superior a 15 kW e inferior a 40 kW.

d) Sistema de carga rápida: potencia igual o superior a 40 kW e inferior a 100 kW.

e) Sistema de carga ultra rápida: potencia igual o superior a 100 kW.

En caso de existir distintas potencias en un mismo sistema de recarga, este se clasificaría atendiendo a la potencia máxima de los puntos de recarga de la instalación.

Será obligatorio que el punto de recarga subvencionado permanezca al menos durante un periodo de cinco años dedicado exclusivamente al destino para el que se ha concedido la subvención.

3.2.- Subcontratación.

En virtud del artículo 29 de la Ley 38/2003, se entiende que la persona o entidad beneficiaria de las subvenciones subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir dicha persona o entidad para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.

Considerando lo establecido en dicho precepto, podrá ser objeto de subcontratación el cien por cien de las actividades subvencionadas, aplicándose lo previsto en dicho precepto y en el artículo 68 del RD 887/2006, siendo necesario que se faciliten a la Consejería los datos identificativos de todas las personas y entidades subcontratistas, a fin de dar cumplimiento al artículo 22.2.d) del Reglamento UE 2021/241.

Asimismo, en caso de que las beneficiarias de las subvenciones previstas en las presentes bases sean entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estas podrán ejecutar las acciones subvencionadas a través de encargos a medios propios, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por dicha norma para ello.

En cualquiera de los casos, serán de aplicación los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 29 de la Ley 38/2003, de forma que cuando la actividad subcontratada exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000,00 euros:

A) La subcontratación debe formalizarse por escrito.

B) Deberá recabarse previamente autorización de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. A tal efecto, la persona o entidad beneficiaria remitirá a la Consejería una solicitud de autorización del subcontrato, a la que incorporará el borrador del mismo, que detallará las prestaciones objeto de subcontratación, el detalle de los costes de las mismas y un cronograma para su ejecución. Se incorporará además el compromiso expreso de las partes firmantes de cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos atribuidos a las beneficiarias de las subvenciones por las presentes bases.

Según lo dispuesto en el artículo 31 de la misma norma, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, previo a la subcontratación, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

En todo caso, las subcontratas deberán cumplir las condiciones establecidas en las bases y en la normativa general de subvenciones, y quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a la Administración.

3.3.- Cumplimiento del principio DNSH.

Las actuaciones subvencionadas deberán cumplir el denominado “principio DNSH” (nombrado por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”), es decir, tanto durante su implantación como al final de su vida útil, no causarán directa o indirectamente un perjuicio significativo al medio ambiente, de conformidad con el Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

A efectos informativos y para facilitar tanto la cumplimentación de los documentos requeridos por la base novena, como de cara a la ejecución posterior de la actuación subvencionada, se indica a continuación la normativa y documentación relacionada con el principio DHSH:

A) Guía Técnica de la Comisión Europea: guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01).

https://www.boe.es/doue/2021/058/Z00001-00030.pdf

B) Guía DNSH del MITERD: documento del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, con recomendaciones para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente.

https://www.idae.es/sites/default/files/general_content/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

C) Reglamento MRR: Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

https://www.boe.es/doue/2021/057/L00017-00075.pdf

D) Reglamento de Taxonomía: Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

https://www.boe.es/doue/2020/198/L00013-00043.pdf

E) Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales.

https://www.boe.es/doue/2021/442/L00001-00349.pdf

3.4.- Contribución al etiquetado verde.

Una vez seleccionadas las actuaciones a las que se concedan subvenciones conforme a lo regulado en las presentes bases, se podrá determinar su grado de aportación a los objetivos fijados por el MRR y la Orden HFP/1030/2021, conforme dispone el artículo 4 de esta última norma, así como su contribución a la transición ecológica y digital (etiquetado climático y digital).

A efectos informativos, se indica a continuación la normativa relacionada, además del propio PRTR y las guías indicadas en el apartado 4.3, que establece la contribución de cada Componente:

Listado de campos de intervención UE: Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el MRR (página 47): https://www.boe.es/doue/2021/057/L00017-00075.pdf

Etiquetado de contribución climática de las inversiones del PRTR: Anexo del Análisis del PRTR que acompaña a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación del PRTR (Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión) (página 115, punto 6): https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_4_swd_es.pdf

Conforme a la normativa indicada, las actuaciones financiadas con cargo a la Inversión 2 del Componente 7 del PRTR se estima que contribuirán a los objetivos climáticos de la Unión Europea al menos con un coeficiente climático de un 100% y un coeficiente medioambiental del 40%, según su asignación a los campos de intervención enumerados en el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 citado, concretamente los campos de intervención 073: “Infraestructura de transporte urbano limpio” (para instalaciones de recarga de vehículo eléctrico) y la intervención 074: “Material rodante de transporte urbano limpio” (para los vehículos eléctricos), en el que deben estar incluidas todas las actuaciones financiadas por las subvenciones reguladas en las presentes bases.

Las citadas ayudas no tienen asignado coeficiente de etiquetado digital, en los términos previstos por el mismo Reglamento y conforme a lo señalado en el anexo citado en el punto 4.4.2.

Cuarta.- Gastos subvencionables y cuantía de las subvenciones.

4.1.- Gastos subvencionables. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen a partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias. Estos gastos deberán dejar constancia documental de los mismos y ser verificables.

No serán subvencionables aquellas actuaciones que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de “no causar un perjuicio significativo” en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020.

4.1.1. Línea 1: adquisición de vehículo eléctrico para uso como taxi.

Serán subvencionables los siguientes gastos:

a) Los gastos de compraventa de vehículo.

b) En caso de que se trate de un taxi adaptado para el acceso y utilización de personas con discapacidad, los gastos de reforma o adaptación del vehículo realizado por taller autorizado, cumpliendo los requisitos recogidos en la Norma UNE 26.494:2014 y sus posteriores modificaciones, según lo previsto en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

No serán subvencionables:

a) En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos, como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.

b) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos.

4.1.2. Línea 2: implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico asociada al sector del taxi.

Serán subvencionables los siguientes gastos:

a) El proyecto eléctrico o memoria técnica relacionada con la tipología de actuación objeto de ayuda.

b) La obra civil, cuando esté directamente relacionada con las actuaciones objeto de la ayuda y aquellas que sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto.

c) Los costes de dirección facultativa relacionados con las tipologías de actuación objeto de ayuda, hasta un máximo de un 4% del importe de la ayuda, con un límite máximo de 10.000 euros.

d) Coordinación de Seguridad y Salud de la obra de montaje relacionados con las tipologías objeto de ayuda, hasta un máximo de un 2% del importe de la ayuda, con un límite máximo de 5.000 euros.

e) El coste de la propia infraestructura de recarga.

f) La instalación o actualización de cualquier elemento eléctrico, incluido el transformador, trabajos de conexión a la red de distribución, centros de seccionamiento y transformación y acometida de media tensión, necesarios para conectar la infraestructura de recarga a la red o a la unidad de producción o almacenamiento local de electricidad. La adecuación de terrenos o carreteras.

g) Los costes de instalación y costes por permisos relacionados y necesarios.

h) El sistema de pago integrado en la estación de carga, la señalización de las estaciones de recarga y el sistema de gestión, control y seguridad.

i) Los costes de la unidad de producción renovable para generar la energía eléctrica, caso de existir, serán elegibles únicamente si están exclusivamente dedicados al punto de recarga y se pueden considerar parte de la estación de recarga.

j) Los sistemas de gestión de la carga de los vehículos eléctricos, así como instalaciones de telecomunicaciones, internet, 3G, 4G o sistemas que permitan garantizar una carga de vehículos inteligente que minimice las necesidades de un aumento de potencia eléctrica contratada.

k) Los costes relacionados con la asistencia técnica para redacción de los pliegos de condiciones para realizar la licitación pública.

En la Línea 2 no serán subvencionables:

a) Gastos derivados de expedientes de expropiación forzosa y de cambios de servicios afectados.

b) Los gastos y los pagos realizados fuera del periodo de ejecución y justificación establecidos en estas bases o, en su caso, de la eventual prórroga de dicho plazo.

c) Los gastos correspondientes a la gestión, conservación y mantenimiento posterior de las infraestructuras o servicios que en su caso sean objeto de las actuaciones subvencionadas, y el resto de los gastos considerados no subvencionables, de acuerdo a lo que establece la legislación sobre subvenciones.

d) Los gastos de gestión correspondientes a gastos de constitución, funcionamiento o estructura permanente o habitual de las entidades que se encarguen de la gestión de las actuaciones financiables.

e) El coste de adecuaciones, remodelaciones o ejecuciones de otras líneas eléctricas diferentes de las exclusivas para la el punto de recarga.

f) Los costes de almacenamiento local.

g) La instalación de contadores inteligentes, que habrán de ser facilitados por las compañías eléctricas a los consumidores (usuarios finales o gestores de recarga), generalmente bajo régimen de alquiler.

h) Los gastos para la adecuación de los accesos en las carreteras públicas y caminos existentes hasta la instalación.

i) La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta en marcha.

j) Los costes de visado de la documentación técnica que se haya de redactar.

k) Estudios de Impacto ambiental, si fuera necesario.

l) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, multas.

m) Seguros suscritos por el solicitante.

4.2.- Cuantía de las subvenciones. La cuantía de la subvención será fija para la línea 1, en función del tipo de vehículo, características del mismo y si ha habido previo achatarramiento de otro vehículo destinado a prestar servicio de taxi, en los términos expuestos en el apartado 4.2.2 de las presentes bases. En cambio, para la línea 2 la cantidad subvencionable se calculará en proporción al coste total subvencionable según lo dispuesto en los apartados siguientes.

4.2.1.- En la línea 1 la cuantía de la subvención se calculará conforme a lo siguiente:

Ver anexo en la página 9487 del documento Descargar

4.2.2.- A los efectos expuestos en el apartado anterior, se entiende que existe achatarramiento previo de vehículo destinado al sector del taxi, cuando se da de baja definitiva en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico, procediendo a la destrucción del mismo en un Centro Autorizado de Tratamiento de este tipo de residuos. En este caso, el vehículo debe tener una antigüedad igual o superior a 10 años desde su primera matriculación en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico y estar destinado a su uso como taxi al momento de publicación de estas bases en el Boletín Oficial de Canarias.

4.2.3.- Para la línea 2 la cuantía de la subvención se calculará conforme a las siguientes reglas:

1.- Para los destinatarios que sean personas físicas (taxistas), la ayuda para la instalación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos será del 70% del coste subvencionable, sin que el importe de la ayuda pueda ser superior a 6.000 euros por beneficiario.

2.- Para las Cooperativas, asociaciones, federaciones o agrupaciones del sector del taxi la ayuda a otorgar será de un 60 % de los costes subvencionables con carácter general, o el 70% del coste subvencionable para aquellas actuaciones que justifiquen encontrarse en municipios de menos de 5.000 habitantes. En ambos caso, el importe de la ayuda no podrá superar los 100.000 euros por beneficiario.

3.- Para las Entidades Locales a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la ayuda a otorgar será de un 50% de los costes subvencionables si se trata de municipios de menos de 5.000 habitantes y de un 40% en el resto de municipios, sin que se establezca importe máximo de la ayuda.

Quinta.- Consignaciones presupuestarias.

El crédito correspondiente a la convocatoria se financiará con cargo al presupuesto de gasto de la Consejería de Transición Ecológica y Energía para el ejercicios 2024, aplicándose el gasto correspondiente a las subvenciones que se concedan a la aplicación presupuestaria:

Ver anexo en la página 9488 del documento Descargar

Tal como se indica en la base primera, el crédito indicado corresponde a los fondos provenientes del Instrumento europeo de recuperación «Next Generation EU», articulados a través del PRTR estatal, incluidos concretamente en el Componente 7, Inversión 2 de este último y transferidos por la Administración del Estado mediante el Real Decreto 451/2022, de 14 de junio.

Sexta.- Limitación a la presentación de solicitudes de subvenciones y actuaciones subvencionables.

Una misma persona o entidad podrá presentar más de una solicitud en la presente convocatoria, siempre que se refieran a actuaciones claramente diferenciadas, que sean ejecutables de forma independiente y cumplan todos los requisitos para ser consideradas subvencionables. En caso de que alguna de las solicitudes no cumpla dichos criterios, y no sea susceptible de subsanación, será denegada.

En el supuesto de la persona o entidad interesada haya presentado más de una solicitud, y siempre que todas cumplan lo señalado en el apartado anterior, se tramitarán de forma independiente, aplicándose los criterios y el procedimiento regulados en las bases, siguiéndose el orden y las limitaciones que prevén las mismas para la concesión de las ayudas.

Séptima.- Compatibilidad con otras subvenciones y prohibición de doble financiación.

7.1.- Las subvenciones que se concedan al amparo de las presentes bases serán compatibles con otras ayudas o subvenciones que pudieran ser otorgadas por cualesquiera Administraciones Públicas u organismos o entes públicos, siempre y cuando no tengan su origen en un fondo o programa de ayudas de la Unión Europea y no cubran el mismo coste, así como el importe de la ayuda o subvención, aisladamente o en concurrencia con otros incentivos, no supere el coste del proyecto y cumpla con la normativa nacional y europea de ayudas de Estado.

7.2.- La citada compatibilidad no podrá suponer en ningún caso la vulneración de la prohibición de doble financiación establecida por el artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, por lo que la persona o entidad beneficiaria de la subvención deberá informar a la Administración de la existencia de cualquier otra ayuda que se le haya otorgado o se le otorgue para la ejecución de la actuación subvencionada, y en caso de que la cuantía total de la financiación recibida supere el coste total, se reducirá el importe de la subvención regulada en las presentes bases, hasta el límite máximo que corresponda.

Particularmente las subvenciones serán incompatibles con las previstas en el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.

Octava.- Plazo de presentación y formalización de solicitudes.

8.1.- El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones reguladas por las presentes bases se establecerá en la correspondiente convocatoria. Dicho plazo podrá ser ampliado por el órgano competente para aprobar la misma, en caso de que sea posible incrementar el presupuesto inicial de la convocatoria, o si se considera oportuno para permitir el registro de solicitudes que cubran dicho importe inicial.

8.2.- Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente a través del respectivo procedimiento de la Consejería de Transición Ecológica y Energía ubicado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/9241

Los modelos normalizados relativos a la convocatoria se encontrarán publicados en la dirección electrónica anterior.

Una vez cumplimentado el formulario de solicitud y adjuntada en el procedimiento la documentación, se procederá por la persona o entidad solicitante a firmar la solicitud y a continuación será registrada en el propio procedimiento, tras lo cual se extenderá un comprobante de la presentación de la solicitud.

8.3.- Solo se admitirán las comunicaciones de incidencias técnicas que se realicen a través del formulario habilitado al efecto en el mencionado procedimiento de la sede electrónica. Cuando la persona o entidad solicitante detecte un problema técnico que le impida presentar la solicitud y obtener el correspondiente resguardo, deberá comunicarlo de forma inmediata a través de dicho formulario en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/formulario_contacto

En las comunicaciones de incidencia técnica debe constar expresamente como mínimo: el nombre de la persona o entidad solicitante de la subvención afectada por la incidencia, el número de borrador de solicitud generado en el procedimiento que esté afectado (o en su defecto el título del proyecto o actuación para la que se solicita subvención) y la exposición clara del problema técnico que ha ocurrido y cómo le está afectando a la tramitación.

8.4.- En el caso de que el procedimiento, por incidencias técnicas generalizadas que deberán ser contrastadas, no esté operativo y por este motivo no emita el resguardo de presentación de la solicitud, se podrá proceder, de forma excepcional y alternativa a la presentación de la solicitud por el Registro General Electrónico disponible igualmente en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/rge

Solo podrán ser admitidas las solicitudes presentadas por dicho método alternativo cuando se aporte junto a la documentación presentada, la comunicación de la incidencia técnica referida en la presente base. En todo caso dichas solicitudes están sujetas al mismo plazo de presentación establecido en el apartado primero de la presente base.

En la presentación por vía alternativa, la instancia de solicitud deberá cumplimentarse de acuerdo con el formulario que se podrá descargar en la dirección indicada en el apartado segundo de la presente base. A dicha instancia de solicitud, una vez firmada electrónicamente, se le adjuntará el resto de documentación requerida.

No obstante, en caso de graves afecciones de los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos, podrá aplicarse lo establecido en el artículo 32.5 de la Ley 39/2015.

8.5.- Los trámites posteriores del procedimiento tales como respuestas a requerimientos, aceptación, justificación, etc., se deberán realizar a través del mismo procedimiento ubicado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el enlace indicado en el apartado 8.2 de la presente base.

En caso de que no esté disponible dicho procedimiento para la realización de algún trámite de los indicados por incidencias técnicas generalizadas que deberán ser contrastadas, podrá hacerse uso del método alternativo indicado en el apartado cuarto de la presente base, y deberá adjuntarse a la documentación correspondiente al trámite de que se trate, la comunicación de la incidencia técnica.

Novena.- Documentos a aportar con la solicitud.

9.1.- Todas las solicitudes se acompañarán, con carácter obligatorio, de la documentación que se relaciona a continuación, en consonancia con las características de la persona o entidad solicitante y del tipo de actuación para la que se solicita la subvención.

Los modelos de formularios a presentar estarán disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a través del enlace indicado en la base anterior.

9.2.- Documentación general obligatoria en todas las solicitudes:

9.2.1.- Solicitud de subvención, debidamente firmada, conforme al modelo habilitado en el procedimiento electrónico, que contendrá la declaración de ser ciertos cuantos datos figuren en la misma y la documentación adjunta, los datos básicos y de contacto que se consignen en la misma, así como la siguiente información sobre la persona o entidad solicitante:

- Que no incurre en ninguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003.

- Que se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos previstos en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006.

- Si ha solicitado o percibido otras ayudas para la misma actuación. En caso de que se hayan solicitado o percibido ayudas para la misma actuación para la que se solicita subvención conforme a las presentes bases, deberá indicarse su cuantía, e incluirse el detalle de las mismas en la documentación general aportada con la solicitud (Anexo I).

- Si autoriza o no a la Administración convocante para obtener de oficio la documentación acreditativa de que la persona o entidad solicitante se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En caso de no autorizarse, habrá de presentar los certificados que acrediten dicha circunstancia.

- Que conoce, acepta y se compromete al cumplimiento de las bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas y de la normativa aplicable a la misma.

- Si solicita el abono anticipado de la subvención conforme a lo previsto en la base 18.2.

9.2.2.- Documentación identificativa de la persona o entidad solicitante que corresponda, de los siguientes supuestos:

- En caso de personas físicas, copia del DNI, del pasaporte, o del documento equivalente que acredite la identidad de las personas extranjeras y en el que figure el NIE, de la persona física titular. El documento deberá estar en vigor.

- En caso de personas jurídicas, tarjeta de identificación fiscal donde conste su NIF.

No será necesaria la aportación de los documentos indicados en los dos apartados anteriores si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por el órgano instructor mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, se eximirá a los interesados de la presentación de documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no se oponga a que la Administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su parte, la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, reconoce la potestad de verificación de las Administraciones Públicas, en relación con los datos personales que obren en su poder, para comprobar la exactitud de los mismos.

9.2.3.- Documentación acreditativa de la representación, que deberá presentarse en todo caso si la solicitante es una persona jurídica o administración pública, y si la solicitud se presenta por una persona física, solo si actúa mediante representante:

- Identificación de la persona representante: copia del DNI, del pasaporte, o del documento equivalente que acredite la identidad de las personas extranjeras y en el que figure el NIE, de la persona física titular que ejerza la representación de la entidad solicitante. El documento deberá estar en vigor.

- Otorgamiento de la representación: en caso de actuar en nombre de una persona física, apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. En caso de actuar en nombre de una persona jurídica, documentación acreditativa de las facultades de representación, debidamente inscrita, en su caso, en los registros públicos correspondientes.

9.2.4.- Documentación acreditativa de la residencia fiscal: certificado expedido por la Agencia tributaria estatal o por la autoridad competente del país de residencia, en su caso. No se requerirá en caso de que la solicitante sea una Administración Pública u Organismo Autónomo dependiente de la misma. Enlace al trámite habilitado por la Agencia tributaria estatal para la obtención del certificado indicado: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G305.shtml

9.2.5.- Solicitud de alta en el Sistema de Información económico - financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, para quienes no figuren dados de Alta en el mismo, presentada según el procedimiento habilitado a tal efecto en el siguiente enlace: http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgtesoro/altas_terceros/

9.2.6.- Cuando la cantidad solicitada supere la cantidad de 10.000 euros, en caso de que en la solicitud no se haya autorizado o la solicitante se haya opuesto a su consulta por parte de esta Administración, se deberá presentar la documentación acreditativa de que la persona o entidad solicitante se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que se relaciona a continuación:

- Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones del solicitante con la Agencia Tributaria estatal a efectos de obtener una subvención o ayuda de las Administraciones Públicas.

- Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones del solicitante con la Agencia Tributaria Canaria a efectos de obtener una subvención o ayuda de las Administraciones Públicas.

Cuando la cantidad solicitada no exceda de 10.000 euros la documentación acreditativa de tal extremo será sustituida por la declaración responsable contenida en la propia solicitud, tal como prevé el artículo 63.b) del Real Decreto-ley 36/2020.

9.2.7.- Declaración responsable para Entidades vinculadas o dependientes del Sector Público, conforme al modelo del Anexo II a las presentes bases.

9.2.8.- Declaración responsable de que la actuación para la que se solicita la subvención, tanto durante su ejecución como al final de su vida útil, no causará directa o indirectamente un perjuicio significativo al medio ambiente (cumplimiento del principio DNSH), conforme al modelo del Anexo III de las presentes bases).

9.2.9.- Evaluación favorable de adecuación al principio DNSH del proyecto o actuación para la que se solicita la subvención, en el sentido establecido por el artículo 2.6 del Reglamento (UE) 2021/241 citado. Dicha Evaluación deberá atender obligatoriamente a la Comunicación de la Comisión Europea 2021/C 58/01 (“Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”), y se elaborará siguiendo el modelo establecido en el Anexo II de la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio no significativo al Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)”, disponible en el siguiente enlace: https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/politica-territorial/plan_de_recuperacion_transformacion_y_resiliencia/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

9.2.10.- Declaración responsable de aceptación de cesión y tratamiento de datos entre Administraciones Públicas (Anexo IV), a fin de cumplir con lo previsto en la letra d) del apartado 2 y apartado 3, del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

9.2.11.- Declaración responsable de cumplimiento de los principios transversales del PRTR (Anexo V), particularmente asunción de compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, así como el compromiso a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo, manifestando que no incurre en doble financiación y que no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Las declaraciones responsables tendrán los efectos establecidos en el artículo 69 de la Ley 39/2015. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore en una declaración responsable, o la no presentación de la misma, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

No será preceptiva la presentación de aquellos documentos que ya se encuentren en poder de esta Administración, siempre que no hayan sido modificados, y que se haga constar la fecha, el órgano y la dependencia en la que fueron presentados, y siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento.

9.3.- Documentación específica para la Línea 1: adquisición de vehículos eléctricos para su uso como taxi:

9.3.1.- Licencia municipal de taxi otorgada por un municipio canario.

9.3.2.- Presupuesto o factura del vehículo detallado en el que conste la marca y el modelo de vehículo.

9.3.3.- En caso de que se trate de un taxi adaptado para el acceso y utilización de personas con discapacidad, el presupuesto o factura de la reforma o adaptación del vehículo realizado por taller autorizado, en caso de realizarse adaptación cumpliendo los requisitos recogidos en la Norma UNE 26.494:2014 y sus posteriores modificaciones, según lo previsto en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

9.3.4.- Declaración responsable conforme al modelo previsto en el Anexo VI en el que el solicitante manifieste su intención de dedicar el vehículo subvencionado al sector del taxi durante un periodo mínimo de tres años.

9.3.5.- En el caso de que exista previo achatarramiento de otro vehículo de antigüedad igual o superior a 10 años desde su primera matriculación, que en el momento de publicación de estas bases en el Boletín Oficial de Canarias esté destinado a prestar servicio activo en el sector del taxi, se deberá aportar:

- Certificado de destrucción de vehículo emitido por un centro autorizado para el tratamiento de vehículos (desguace).

- Certificado emitido por la Dirección General de Tráfico donde conste que el vehículo estaba destinado al uso como taxi al tiempo de publicarse la convocatoria o, alternativamente, copia del permiso de circulación y de la ficha técnica donde conste de forma indubitada el uso del vehículo.

9.4.- Documentación específica para la Línea 2: implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos:

9.4.1.- Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer que contenga, la tipología de sistema de recarga de los previstos en la base tercera, descripción y alcance de la actuación, identificando a los taxistas usuarios de los puntos de recarga, coste subvencionable y ayuda solicitada.

9.4.2.- Presupuesto desglosado o factura de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones.

En el caso de los beneficiarios de la Línea 2, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere los importes establecidos en la legislación estatal en materia de contratos del sector público para los contratos menores (según la Ley 9/2017, Contratos del Sector Público: a 40.000 euros para contratos de obras, o a 15.000 euros para contratos de suministro o de servicios), el beneficiario deberá presentar, como mínimo, tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a asumir el compromiso para la prestación del servicio o entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no existan en el mercado entidades suficientes para llevarlo a cabo. La elección de las ofertas presentadas se realizará de conformidad con los criterios de eficacia y de economía, y deberá justificarse expresamente en caso de que la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

9.4.3.- En atención al tipo de beneficiario de los previstos en la base 2.2, será necesario aportar:

9.4.3.1.- Cuando el solicitante sea un taxista profesional en régimen de autónomo que no hayan presentado solicitud para la Línea 1, deberá aportar la Licencia municipal de taxi otorgada por un municipio Canario.

9.4.3.2.- Cuando el solicitante sea una cooperativa, asociación, federación o agrupación de personas referidas en la base 2.1, que se encuentre legalmente constituidas con anterioridad a la presentación de la solicitud, deberá aportar los estatutos de constitución.

9.4.4.- Tanto para los solicitantes referidos en los dos apartados anteriores, como cuando el solicitante sea una Entidad Local de Canarias o entidad integrante del sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas, se deberá aportar declaración responsable prevista en el Anexo VII donde se manifieste que la infraestructura de recarga para la cual se solicita la ayuda se dedicará al uso exclusivo de los taxistas referidos en la base 2.1, durante un periodo mínimo de cinco años.

Décima.- Órganos competentes y entidades colaboradoras.

10.1. Órgano concedente: según el artículo 5.13 del Reglamento Orgánico de la antigua Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (aprobado por Decreto 54/2021, de 27 de mayo, publicado en el BOC n.º 117, de 8.6.2021, aún aplicable según lo previsto en la disposición transitoria única del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias), es competencia del Consejero aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, acordar la convocatoria de las mismas, y dictar las correspondientes resoluciones de concesión, tanto en procedimientos de concurrencia competitiva como en los de concesión directa.

El ejercicio de esta competencia ha sido objeto de delegación en el titular de la Dirección General de Energía mediante Orden n.º 1/2024, del Consejero de Transición ecológica y Energía, de 8 de enero de 2024 (BOC n.º 14, de 19.1.2024), donde se ha delegado el ejercicio de determinadas competencias referidas a las subvenciones de concurrencia no competitivas tramitadas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que afecten al Componente 7, Inversión 2, del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia estatal, entre las que se encuentra la resolución de los procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva y, en su caso, su modificación; la disposición del abono anticipado de las mismas, la aceptación de renuncias a la concesión y desistimientos en el procedimiento.

10.2. Órgano instructor: en cuanto a la competencia para la instrucción y tramitación de los procedimientos de concesión de la subvención, el artículo 46.12 del citado Reglamento Orgánico prevé, dentro de las competencias del Director General de Energía, “La incoación e instrucción de los procedimientos de aprobación de las bases reguladoras y convocatorias de subvenciones en las materias de competencia específica de la Dirección General, así como de los procedimientos de concesión de las mismas, ya sean de concurrencia competitiva o de concesión directa”.

El ejercicio de estas competencias referidas a los actos de instrucción en los procedimientos de concesión de subvenciones abiertas, ha sido objeto de delegación en la titular de la Dirección de la Unidad de Proyectos de Transición Energética del Programa de Gestión de Fondos Next Generation EU, mediante Resolución de la Dirección General de Energía, de fecha 10 de enero de 2024 (BOC n.º 16, de 23.1.2024), donde se delega el ejercicio de la competencia para la realización de los actos de instrucción que resulten necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, en los procedimientos de concesión de subvenciones de concurrencia no competitivas tramitadas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que afecten al Componente 7, Inversión 2, del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia estatal.

10.3. No obstante lo indicado en el apartado anterior y en función de la participación en la convocatoria, si se considera preciso para dar cumplimiento en plazo a los avances requeridos por el Real Decreto 451/2022, podrá designarse una o varias entidades colaboradoras para la gestión de las ayudas, conforme a las siguientes previsiones:

Se aplicarán la normativa estatal y autonómica en materia de subvenciones referidas a las entidades colaboradoras, y especialmente lo previsto en los artículos 12 y siguientes de la Ley 38/2003, los artículos 4 y siguientes del Decreto 36/2009, y resto de normativa de desarrollo, tanto estatal como autonómica.

El convenio por el que se formalice la colaboración citada, determinará las tareas concretas que dicha entidad o entidades llevarán a cabo, que podrán referirse tanto a la revisión de la documentación incluida en las solicitudes, como a las fases posteriores de propuesta de adjudicación, abonos y justificación de las subvenciones otorgadas. En todo caso, las entidades deberán cumplir las obligaciones que establezca la normativa aplicable, tanto estatal como autonómica, y las disposiciones que en su caso determinen las entidades decisoras en el sistema de gestión de los fondos provenientes del PRTR.

Respecto a la solvencia exigida para que una entidad pueda participar como colaboradora en la gestión de las subvenciones a que se refieren las presentes bases, se aplicará lo previsto en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen los requisitos de solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y concretamente lo siguiente:

A) Podrán ser entidades colaboradoras las personas jurídicas que, estando en plena posesión de su capacidad de obrar, no se hallen incursas en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para contratar contenidos en la normativa sobre contratación del Sector Público y reúnan los requisitos de solvencia y eficacia en los términos que se establecen en los siguientes apartados.

B) Pueden ser designadas entidades colaboradoras las personas jurídicas que tengan un patrimonio propio, una vez deducidos del mismo el valor de las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos con valor superior al importe de los fondos públicos que haya de percibir para su entrega y distribución entre los beneficiarios de las ayudas y subvenciones. Este requisito no será exigible respecto de las instituciones sin fines de lucro debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma. Para el cálculo del patrimonio mínimo exigido podrán tomarse como valor de referencia de forma sucesiva cada uno de los desembolsos que se realicen de forma efectiva a la entidad colaboradora para el desempeño de las tareas asignadas por el convenio formalizado.

C) Las entidades indicadas deberán constituir la garantía regulada por la Orden de 10 de marzo de 1995, salvo que se trate de algunas de las excluidas de dicho requisito en dicha norma (empresas públicas de la Administración autonómica, Corporaciones de Derecho público, etc.).

D) Las entidades colaboradoras deberán además cumplir los siguientes requisitos de eficacia:

• Que su objeto social o actividad tenga relación directa con el sector al que se dirigen las ayudas y subvenciones.

• Que cuenten con los medios materiales y personales suficientes (con cualificación y/o formación adecuada) para desarrollar las tareas que se proponga atribuir a la entidad colaboradora, ya sea mediante su personal propio o aportando el compromiso de contratación y formación del equipo que resulte preciso para el cumplimiento de sus obligaciones, requiriendo en todo caso la previa conformidad de la unidad de la Consejería competente para la gestión del expediente tramitado para la concesión de las subvenciones.

La designación de entidades colaboradoras se realizará por el órgano competente para la concesión de las subvenciones.

10.4. Conforme a lo establecido por el artículo 6.4 de la Orden HFP/1030/2021, todas las personas que participen en el expediente tramitado para la concesión de las ayudas reguladas en las presentes bases, incluyendo los órganos unipersonales con competencias para la aprobación de propuestas y actos administrativos, las posibles entidades colaboradoras, así como el personal de terceras entidades a las que se puedan contratar o encargar servicios de apoyo al estudio y análisis de las solicitudes presentadas a la convocatoria, cumplimentarán la correspondiente Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses, debiendo abstenerse de participar en el procedimiento en caso de que concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Igualmente, existe la obligación de cumplimentación de la DACI como requisito a aportar por los beneficiarios que dentro de los requisitos de concesión de la ayuda, deban llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses potencial, proporcionando el modelo de DACI en el Anexo VIII de la presente Orden.

Undécima.- Procedimiento.

11.1.- La convocatoria de las subvenciones reguladas por las presentes bases se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) de conformidad con la normativa básica aplicable en la materia, así como cualquier modificación que se apruebe sobre su contenido.

A partir del inicio del plazo para presentar solicitudes, en la fecha que se determine en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias, los expedientes generados por cada una de ellas pasarán por las fases que se describen en los siguientes apartados.

11.2.- Subsanación de solicitudes. Si la solicitud y los documentos que deben aportarse no reunieran todos los requisitos establecidos en las presentes bases, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá a la persona o entidad solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles complete o subsane las deficiencias, con indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistida de su petición previa resolución que se dictará en los términos previstos en los artículos 68 y 21.1 de la Ley 39/2015.

Una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano encargado de la gestión de las subvenciones podrá requerir a la persona o entidad solicitante la información adicional que se considere oportuna para analizar adecuadamente la actuación para la que se solicita la ayuda y comprobar que cumple las condiciones para su concesión, a fin de que esta sea facilitada en el plazo de 10 días hábiles, con indicación de que si no lo hiciere se analizará la solicitud sin considerar la información requerida.

11.3.- Instrucción. La documentación incluida en las solicitudes será objeto de análisis, que se llevará a cabo por orden de presentación (considerándose fecha y hora de registro de las solicitudes).

Se comprobará que se ha presentado toda la documentación que se considera preceptiva y se verificará desde un punto de vista técnico que las actuaciones propuestas cumplen las condiciones para ser subvencionables, con el principio DNSH y contribuyen adecuadamente a los objetivos de los fondos que financian las subvenciones y al etiquetado verde. Las solicitudes referidas a actuaciones que no cumplan con el principio DNSH serán denegadas.

Se comprobará si la documentación describe y justifica de forma clara los costes de las actuaciones que se consideren subvencionables, a los efectos de determinar la cuantía de la subvención conforme a lo previsto en la base cuarta. En caso contrario, se requerirán las subsanaciones o aclaraciones que sean precisas.

Las solicitudes que, tras el análisis descrito en el apartado anterior, requieran subsanación o la presentación de aclaraciones, no se considerarán expedientes completos, a los efectos de lo señalado en el siguiente apartado, y se mantendrán en la fase de instrucción, de forma que volverán a ser objeto de análisis una vez contestado el requerimiento correspondiente. En estos supuestos, las solicitudes se analizarán nuevamente siguiendo el orden cronológico considerando como fecha y hora de entrada las de respuesta al último requerimiento de subsanación y/o aclaraciones.

11.4.- Concesión provisional. Las solicitudes que no precisen subsanación o aclaraciones, o respecto a las que se hayan realizado dichos trámites y cumplimentado de forma correcta todo lo requerido, se considerarán expedientes completos, respecto a los que procederá la propuesta de concesión provisional de las ayudas, conforme a lo señalado en el siguiente apartado.

La fecha en que el expediente se considerará completo será la que corresponda de los siguientes supuestos:

• El día de presentación de la solicitud, si tras la fase de verificación no ha sido necesario requerir ninguna subsanación o aclaración, por encontrarse la documentación completa y correctamente entregada.

• El día de contestación al último requerimiento que se haya remitido para subsanar o aclarar la documentación presentada, tras verificarse que se ha dado cumplimiento a todos los extremos exigidos en la fase de instrucción.

Respecto a los expedientes completos, se calculará la cuantía de las ayudas a conceder conforme a los criterios previstos en la base 4.2, teniendo en cuenta la cantidad máxima subvencionable a cada una de las líneas de subvención.

La concesión provisional de las ayudas se acordará por resolución motivada del órgano instructor siguiendo el orden cronológico (fecha y hora) de los expedientes completos conforme a lo señalado en el apartado anterior.

A fin de agilizar el procedimiento de concesión, se podrán realizar propuestas sucesivas, a medida que se vayan realizando verificaciones y completando los expedientes.

La resolución provisional de concesión se notificará a las personas o entidades propuestas como beneficiarias mediante publicación en el tablón de anuncios del Gobierno de Canarias.

Los expedientes que no puedan ser objeto de concesión provisional por haberse agotado el importe asignado a la convocatoria, quedarán ordenados por fecha y hora de expediente completo, y pasarán a conformar una lista de reserva.

11.5.- Aceptación. En el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la concesión provisional, cada solicitante deberá aceptar la subvención, rechazarla expresamente, presentar alegaciones a la resolución de concesión provisional o reformular su solicitud. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo se entenderá que el interesado no acepta la subvención.

En el caso de aceptación expresa dentro del plazo indicado, el expediente pasará a la fase de concesión definitiva.

En caso de rechazo dentro del plazo indicado o con posterioridad, se considerará que el solicitante desiste de su solicitud.

En caso de que se presenten alegaciones, si son atendidas por el órgano competente para la concesión de las ayudas, se incluirán las correcciones que sean precisas en su resolución de concesión definitiva correspondiente. En caso de desestimarse las alegaciones presentadas, se remitirá la correspondiente contestación a la persona o entidad solicitante, otorgándose nuevamente un plazo para aceptar o rechazar la concesión, en los términos previstos en este apartado, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos que correspondan contra el acto administrativo definitivo.

En el caso de solicitudes referidos a la Línea 2, cuando la cantidad propuesta en la concesión provisional sea inferior a los solicitado, el interesado podrá reformular su solicitud a fin de ajustar sus compromisos a la cantidad asignada. En este caso, se conservará la fecha de expediente completo de su solicitud original.

En el caso de solicites referidas a la Línea 1, no será posible la reformulación de la solicitud.

11.6.- Concesión definitiva. Realizados los trámites anteriores, y respecto a los expedientes en los que se haya producido la aceptación, con base a la propuesta del órgano instructor, se dictará la resolución definitiva en el sentido que corresponda, de concesión definitiva o de denegación de las ayudas.

A fin de agilizar el procedimiento de concesión, se podrán realizar propuestas y resoluciones sucesivas, a medida que se vayan recibiendo las correspondientes aceptaciones, conforme a lo siguiente:

• Las Resoluciones se emitirán en el plazo máximo de 6 meses contar desde el día siguiente a la finalización del plazo establecido para la presentación de solicitudes.

• Cada una de ellas pondrá fin a la vía administrativa respecto a los expedientes a los que se refiera.

• Cada una incluirá, la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando, en el caso de las primeras, la persona o entidad beneficiaria, la actuación subvencionada y el importe de la subvención concedida y, en el caso de las segundas, los motivos de su denegación.

• Asimismo, en el supuesto de que alguna de las personas o entidades beneficiarias renuncie a la subvención concedida o se acuerde su revocación por alguna de las causas previstas en las presentes bases, se estará al orden de prelación establecido en la lista de reserva a la que se hace referencia en el apartado 11.4, en el que serán subvencionados los solicitantes que no resultaron subvencionados en primer término por falta de dotación presupuestaria.

• Agotado el crédito presupuestario asignado en la convocatoria, se dictará la desestimación expresa de las solicitudes posteriores y se publicará un anuncio en la sede electrónica del Gobierno de Canarias informando del agotamiento del crédito presupuestario.

Duodécima.- Resolución de la convocatoria.

12.1.- Las ayudas contempladas en las presentes bases se concederán mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, conforme al artículo 44 de la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

12.2.- Cada resolución de concesión de las ayudas será dictada por el Director General de Energía, por delegación del Consejero de Transición Ecológica y Energía, mediante Orden de 8 de enero de 2024, y notificada a las personas y entidades interesadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar solicitudes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, si una vez transcurrido dicho plazo, no hubiera sido notificada resolución alguna a la persona interesada, la solicitud correspondiente podrá entenderse desestimada, si bien, ello no eximirá a la Administración autonómica de la obligación legal de resolver, de conformidad con el citado precepto y el artículo 24.3.b) de la misma Ley. En este caso, la resolución expresa posterior a la finalización del plazo para resolver, se adoptará sin vinculación ninguna al sentido del silencio administrativo.

El cómputo del plazo indicado podrá suspenderse o ampliarse en los casos previstos por los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015.

12.3.- La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones será publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias a efectos de publicidad en la siguiente dirección: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tablon_anuncios

12.4.- La resolución determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando, en el caso de las primeras, la persona o entidad beneficiaria, la actuación subvencionada y el importe de la subvención concedida y, en el caso de las segundas, los motivos de su denegación. Asimismo, en el supuesto de que alguna de las personas o entidades beneficiarias renuncie a la subvención concedida o se acuerde su revocación por alguna de las causas previstas en las presentes bases, se estará al orden de prelación establecido en la lista de reserva a la que se hace referencia en el apartado 11.4 en el que serán subvencionados los solicitantes que no resultaron subvencionados en primer término por falta de dotación presupuestaria.

12.5.- La resolución a la que se refieren los párrafos anteriores pone fin a la vía administrativa, y contra la misma las entidades y personas interesadas podrán optar por interponer:

• En vía administrativa, y con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la apruebe, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015.

• En vía jurisdiccional, recurso contencioso-administrativo, en los términos establecidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, directamente o una vez resuelto o desestimado por silencio el recurso de reposición, en caso de que se haya interpuesto en la vía administrativa.

Decimotercera.- Obligaciones de los beneficiarios.

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes bases deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, y especialmente las siguientes:

13.1.- Una vez aceptada la subvención concedida la misma conlleva aceptar todas las condiciones y normas citadas en la presente Orden.

13.2.- Ejecutar y justificar la acción subvencionada en los siguientes plazos:

Para las actuaciones de la Línea 1: 12 meses a contar desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión definitiva.

Para las actuaciones de la Línea 2: 12 meses a constar desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión definitiva.

13.3.- Designar una persona o personas de contacto, aportando su identificación, teléfonos y direcciones de correo electrónico. En caso de cualquier modificación de dichas personas o sus datos, deberán comunicarse a la Administración.

13.4.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos de la Unión Europea, aportando para ello cuanta información le sea requerida. Además, tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control que en materia de transparencia corresponden al Comisionado de Transparencia y acceso a la Información Pública, teniendo en cuanta lo previsto en la base 13.11.

En concreto, deberán facilitar a la Consejería promotora de las ayudas, los datos que se enumeran a continuación, conforme a lo establecido en el artículo 22.2,d) del MRR, el artículo 8.1 de la Orden HFP/1030/2021 y el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, en el formato electrónico que se indique por la Administración, así como cualesquiera otros que se establezcan en los mecanismos que se aprueben a nivel europeo, estatal o autonómico para la comprobación de la utilización correcta de los fondos y para la prevención de fraudes, corrupción y conflictos de intereses, conforme a la definición de la normativa europea referida en el MRR.

• Nombre del perceptor final de los fondos.

• Nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública.

• Nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

• Lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión.

13.5.- En los términos señalados por el artículo 22.2.e) del MRR, permitir expresamente a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes, el acceso a los datos necesarios para ejercer sus competencias en relación con la comprobación de la utilización correcta de los fondos y la prevención de fraudes, corrupción y conflictos de intereses.

13.6.- De conformidad con el artículo 22.2.f) del MRR, conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a las actuaciones subvencionadas, en formato electrónico, durante un periodo de al menos 3 años cuando el importe de la subvención es inferior o igual a 60.000 euros, o 5 años si es superior a este importe, a partir de la operación.

13.7.- Comunicar, a la Dirección General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, toda modificación del proyecto o actuación que se produjera por cualquier circunstancia, para solicitar su aprobación. Asimismo, deberá comunicar la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se haya tenido en cuenta para la concesión de la subvención, e informar proactivamente sobre cualquier evento importante o imprevisto que pueda afectar a la consecución de los hitos y objetivos establecidos en la base primera.

13.8.- Utilizar la subvención en el destino específico para el que ha sido concedida, conforme a la documentación presentada junto con la solicitud y que fue verificada para su concesión, salvo que resulte de aplicación lo establecido en la base decimocuarta respecto a la alteración de las condiciones.

13.9.- Ejecutar los proyectos o actuaciones observando las determinaciones y condicionantes que establezcan cualesquiera licencias, autorizaciones y demás requisitos sectoriales que resulten preceptivos, para su correcta ejecución, así como, en su caso, la señalización de las obras conforme a la normativa aplicable, incluyendo en todo caso en la cartelería correspondiente la denominación de la actuación, el importe de la misma, la referencia a la financiación de la misma por los Fondos «Next Generation EU» y el PRTR, incluyendo los logos establecidos en el manual de identidad visual disponible en el enlace indicado en la base decimoséptima, así como la referencia a la Administración concedente (Gobierno de Canarias, Consejería de Transición Ecológica y Energía) y su imagen institucional.

13.10.- Comunicar a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias la obtención, órgano concedente, naturaleza y cuantía de cualesquiera otras subvenciones, ayudas o ingresos que la persona o entidad beneficiaria haya obtenido para la misma actuación subvencionada a través de las presentes bases, procedentes de cualquier Administración o ente, tanto público como privado, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a tener conocimiento de dicha circunstancia.

13.11.- Cumplir la obligación de dar publicidad a la actuación subvencionada, contemplada en el artículo 18 de la Ley 38/2003 y en el artículo 17 del Real Decreto 451/2022, en los términos que especifica la base decimoséptima. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.

Adicionalmente, dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en la página web de la entidad beneficiaria, especificando las informaciones a las que se refieren los artículos 6 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el supuesto de que la cuantía de la subvención o ayuda percibida sea superior a 60.000,00 euros, o bien igual o superior a 5.000 euros y represente al menos el 30 por 100 del total de los ingresos anuales de la entidad beneficiaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública”

13.12.- Los documentos y las acciones que se realicen incorporarán la perspectiva de género y no contemplarán elementos de discriminación en el uso del lenguaje y de la imagen.

13.13.- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria en cada caso.

De conformidad con lo previsto en el artículo 24.1 del Decreto 36/2009, la persona o entidad beneficiaria deberá llevar una contabilidad separada de la actividad subvencionada, bien, mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien, mediante libros registro abiertos al efecto. En dichas cuentas o registros se deberán reflejar una por una las facturas y demás justificantes de gasto con identificación del acreedor y del documento, su importe con separación del IGIC e impuestos directos que no sean subvencionables, la fecha de emisión y la fecha de pago, así como todos los recursos aplicados a la realización de dicha actividad. También se reflejarán todos los gastos e ingresos de la actividad aunque solo una parte del costo estuviera subvencionado.

13.14.- Respetar los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.

13.15.- Respetar el principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” o DNSH (“do no significant harm”) en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España y su documento anexo.

En caso de subcontratar parte o toda la actividad subvencionada, la persona o entidad beneficiaria de la ayuda deberá establecer mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio DNSH en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.

13.16.- Adoptar las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados, y en tal sentido deberá, además de cumplir las establecidas en los apartados anteriores, respetar las obligaciones que imponga a los beneficiarios de los fondos el Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público en el marco del PRTR (publicado en el BOC n.º 97, de 18.5.2022), y facilitar a la Consejería la información que se requiera para dar cumplimiento a dicho Plan, y cualesquiera otros que se establezcan en los mecanismos que se aprueben a nivel europeo, estatal o autonómico para la comprobación de la utilización correcta de los fondos y para la prevención de fraudes, corrupción y conflictos de intereses.

13.17.- En las actuaciones correspondientes a la Línea 2, cuando se incluyan obras, comunicar, con una antelación mínima de 15 días hábiles, la fecha prevista para el inicio de las obras y la finalización de las mismas, con el fin de que puedan participar en dichos actos uno o varios representantes de la Consejería convocante de las ayudas.

13.18.- En el caso de beneficiarios de la Línea 1, será obligatorio que el vehículo subvencionado permanezca al menos durante un periodo de tres años desde la fecha de adquisición prestando el servicio de taxi, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, como accidente o avería que imposibiliten la circulación del vehículo. El incumplimiento de esta condición constituye causa de reintegro total de la cantidad recibidas.

En el caso de beneficiarios de la Línea 2, las instalaciones objeto de las actuaciones subvencionadas, deberán permanecer durante al menos cinco años desde el último abono realizado a favor de la persona destinataria última de las ayudas, en perfecto estado de mantenimiento y destinadas al uso para el que se ha otorgado la subvención, y con las mismas características técnicas que sirvieron de base para la concesión de la ayuda.

Decimocuarta.- Alteración de las condiciones de la subvención.

Deberá comunicarse a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, la concurrencia de cualquier circunstancias que pueda dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, particularmente las siguientes:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos tenidos en cuenta para la concesión de una subvención.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los periodos establecidos en la misma.

A la vista de tales circunstancias, la Dirección General de Energía podrá modificar la resolución de concesión, siempre que no se dañen derechos de terceros y que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la misma línea de actuación por la que se ha concedido la subvención.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida. En este último caso, si los nuevos elementos o circunstancias suponen una disminución de la cuantía, la resolución de modificación reajustará los importes de la subvención concedida y ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.

Decimoquinta.- Reintegro de la subvención por incumplimientos.

15.1.- En caso de que la persona o entidad beneficiaria no utilice la subvención para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la ayuda, no justifique su aplicación a los fines determinados en la documentación descriptiva de la misma, no cumpla con la obligación de publicidad en los términos previstos en la base decimoséptima con expresa mención al origen de los fondos y, en general, si se produce cualquier incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención, la negativa a facilitar la labor de inspección, y el no cumplimiento de las obligaciones atribuidas a las personas o entidades beneficiarias, dará lugar (previo trámite de audiencia) a la declaración de pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del Gobierno de Canarias las cantidades percibidas, más los intereses legales que procedan, de conformidad y en los términos establecidos en la Ley 38/2003. Procederá asimismo el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora conforme a lo establecido en el artículo 37 de la citada Ley.

15.2.- En los supuestos señalados en el apartado anterior, los créditos reintegrados podrán ser redistribuidos entre las solicitudes que no obtuvieron financiación, en caso de que exista posibilidad de que cumplan los requisitos establecidos por las presentes bases, especialmente en lo relativo a los plazos de ejecución de las actuaciones a financiar.

15.3.- No obstante, la Administración concedente podrá atenuar las consecuencias de los incumplimientos detectados, no exigiendo el reintegro total de la cuantía concedida o exigiendo solo una parte del mismo (hasta el coste de las obligaciones incumplidas y de los perjuicios efectivos que se hayan causado a la Administración), en caso de que se considere que las condiciones no cumplidas pueden ser subsanadas, o que no afectan a la consecución de los hitos y objetivos a los que deben contribuir las actuaciones financiadas por las ayudas, o en caso de que se dicten instrucciones por la Administración del Estado o la Unión Europea que permitan atenuar las consecuencias del incumplimiento de determinadas obligaciones y principios establecidos para la ejecución de los créditos derivados del PRTR, y siempre que no se haya exigido el reintegro de los importes correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias, a causa del citado incumplimiento.

Decimosexta.- Justificación de la subvención.

16.1.- Finalizada la ejecución de la actuación subvencionada, la persona o entidad beneficiaria deberá aportar la cuenta justificativa cuyo contenido se adaptará a los previsto en los apartados siguientes.

16.1.1.- En el caso de beneficiarios previstos en la base 2.1 y en la base 2.2, letra A (taxistas), los beneficiarios previstos en la base 2.2, letra B (Cooperativas, asociaciones, federaciones o agrupaciones de taxistas), así como los beneficiarios previstos en la base 2.2, letra C (entidades locales y sector público institucional) cuando en este último caso la cuantía de la subvención no exceda de 100.000 euros o, superando dicha cantidad, se trate de entidades públicas integrantes del sector público autonómico, se deberá presentar cuenta justificativa simplificada con aportación de justificante de gasto de la subvención concedida, que incluirá:

A.- Memoria resumen justificativa de la actuación subvencionada, conforme al modelo del Anexo IX.

B.- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

C.- Evaluación del cumplimiento del principio DNSH, mediante la cumplimentación de las tablas de verificación, conforme a la metodología establecida en la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio no significativo al Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)” y su Anexo II, disponible en el enlace citado en la base cuarta.

D.- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

16.1.2.- En el caso de beneficiarios previstos en la base 2.2, letra C (entidades locales y sector público institucional), cuando la cuantía de la subvención exceda de 100.000 euros, a excepción de las entidades públicas integrantes del sector público autonómico, se deberá presentar cuenta justificativa que incluirá:

A.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

B.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

- Una relación clasificada de los gastos e inversiones, y por cada uno de ellos, los datos siguientes de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, número de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio de pago.

- Las facturas o documentos de valor probatorio con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en la letra anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.

- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.

- En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

C.- Evaluación del cumplimiento del principio DNSH, mediante la cumplimentación de las tablas de verificación, conforme a la metodología establecida en la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio no significativo al Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)” y su Anexo II, disponible en el enlace citado en la base cuarta.

16.1.3.- Adicionalmente, para la actuación de la Línea 1 (adquisición de vehículo eléctrico enchufable para su uso como taxi) se deberá aportar:

A.- Copia de la Ficha Técnica (Tarjeta ITV) del vehículo adquirido.

B.- Copia del Permiso de Circulación del vehículo adquirido o fotocopia del Permiso de Circulación provisional emitido por la Dirección General de Tráfico. Deberá constar, de forma obligatoria, en el campo D.4 (Servicio al que se destina) del Permiso de Circulación del vehículo adquirido, PUBL-Taxi (código A04).

C.- Copia de la factura de compraventa del vehículo, que deberá ser posterior a la fecha de publicación de la presente Orden, a nombre del beneficiario. En la factura deberá constar la matrícula o número de bastidor, marca, modelo y versión del vehículo adquirido.

D.- Documentos justificativos del pago de la factura de compraventa del vehículo. Se considerarán válidos aquellos justificantes de pago que permitan identificar:

• Al beneficiario: debe quedar claro que el único pagador es el beneficiario de la ayuda, ya sea mediante un pago directo por el mismo o en su nombre (mediante la correspondiente acreditación documental).

• Al tercero (punto de venta o concesionario) que percibe las cantidades pagadas.

• La fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos del beneficiario de la ayuda.

• El vehículo objeto de la subvención.

E.- Copia de la factura de adaptación del vehículo, a nombre del beneficiario junto con los documentos justificativos del pago de esta factura. En la factura deberá constar la matrícula o número de bastidor, marca, modelo y versión del vehículo adquirido y la adaptación realizada por taller autorizado.

F.- Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda. El destinatario último de la ayuda deberá ser titular del número de cuenta en el que se ingrese la ayuda.

G.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluye fotografías del vehículo adquirido objeto de la ayuda, y en la que se muestre un distintivo publicitario adhesivo de la actuación de la convocatoria, situada en el vehículo en los términos previstos en la base decimoséptima.

H.- En caso de que se haya solicitado la subvención alegando el achatarramiento, en relación con la documentación del vehículo que se achatarra, se aportará:

• Copia del “Certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo”, por parte del correspondiente Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT), en nombre de la Dirección General de Tráfico o, en su defecto, informe del Registro General de Vehículos de la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, que acredite la baja definitiva.

• Copia del Permiso de Circulación del vehículo donde conste su fecha de primera matriculación, fecha de matriculación en España y fecha de expedición. En ausencia de cualquiera de estos documentos, se aportará el Informe de la Dirección General de Tráfico con el historial del vehículo.

• Copia del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo achatarrado.

16.1.4.- Para la actuación de la Línea 2 (implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico para el sector del taxi) se deberá aportar:

A.- Memoria técnica o Proyecto de la instalación del punto de recarga realizada, según lo requiera el Reglamento electrotécnico de baja tensión, donde conste al menos la siguiente información:

• Potencia del punto de recarga, número de puntos de recarga y potencia total de la instalación.

• Tipo de recarga (vinculado, convencional, semirrápida, carga rápida y carga ultra rápida).

• Tipo de conector.

• Inversión (sin impuestos), coste subvencionable y ayuda solicitada.

• En caso que los puntos de recarga sean de uso colectivo deberán incluir una descripción detallada de cómo los socios o miembros de la sociedad cooperativa tendrán acceso o harán uso de las mismas.

B.- Para los casos de puntos de recarga situados en vías públicas (paradas de taxi), ubicación de los sistemas de recarga, referencia de estos en un plano, indicando dirección, número y coordenadas GNSS (GPS, Galileo u otras constelaciones, compatibles con el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio) de longitud y latitud.

C.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluye fotografías de la situación del parking después de las actuaciones y, en su caso, de los equipos e instalaciones finales objeto de la ayuda, y en la que se muestre el distintivo publicitario adhesivo de la actuación en los términos previstos en la base decimoséptima.

D.- Las facturas detalladas y expedidas a nombre del destinatario último de la ayuda, de manera que puedan identificarse los conceptos objeto de ayuda.

E.- Documentos justificativos del pago de las facturas de compraventa imputadas. Se considerarán válidos aquellos justificantes de pago que permitan identificar:

• Al destinatario último, debe quedar claro que el único pagador es el destinatario último de la ayuda, bien sea mediante un pago directo o en su nombre (mediante la acreditación documental correspondiente).

• Al tercero que percibe las cantidades pagadas.

• La fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos del destinatario último.

F.- En el caso en que el destinatario último sea una administración pública, declaración responsable que facilite enlace donde pueda acreditarse la fecha de publicación de pliegos de licitación para la adquisición de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, expedido por órgano competente de la persona jurídica pública beneficiaria correspondiente.

G.- En el caso en que el destinatario último sea una agrupación de personas físicas o persona jurídica privada, copia de contrato de suministro de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, formalizado por la beneficiaria de la ayuda.

H.- Copia de certificado de instalación eléctrica otorgado por el órgano competente de la comunidad autónoma. Las actuaciones deberán aportar la documentación justificativa que acredite que cuentan con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de que la actuación lo requiera. En el caso de recarga de acceso público, deberá acreditar que no discrimina el acceso a ningún usuario, permitiendo la recarga sin que medie contrato entre operador del punto de recarga y usuario.

I.- Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda. El destinatario último deberá ser titular del número de cuenta en el que se ingrese la ayuda.

16.2.- Las cuentas justificativas así presentadas estarán sometidas a comprobación posterior por parte de la Unidad de Proyectos de Transición Energética del programa de Gestión de Fondos Next Generation EU.

16.3.- El plazo señalado para la justificación de las subvenciones podrá ampliarse, previa petición motivada de la persona o entidad beneficiaria, en función de las fechas límites impuestas por la Administración estatal para la remisión de información desde la Comunidad Autónoma de Canarias y dentro de los límites establecidos por la normativa aplicable y especialmente el artículo 23 del Decreto 36/2009.

16.4.- La documentación requerida en la presente base deberá presentarse por medios electrónicos en el apartado “Mi Carpeta” de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, en caso de que por imposibilidades técnicas de dicha sede, no sea posible incorporar toda la documentación requerida por dicho medio, podrá recurrirse al medio alternativo previsto en la base octava, cumpliendo los requisitos establecidos en la misma.

16.5.- Cuando las unidades de la Consejería o las entidades colaboradoras encargadas de la comprobación de la justificación presentada aprecien la existencia de defectos subsanables, lo pondrá en conocimiento de la persona o entidad beneficiaria, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

16.6.- Cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, el órgano concedente podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:

• El beneficiario hubiera solicitado la aprobación de la variación dentro del plazo para la realización de la actividad.

• Las variaciones efectuadas no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención.

• Su aceptación no suponga dañar derechos de terceros.

16.7.- Las personas y entidades beneficiarias de las subvenciones deberán conservar toda la documentación justificativa indicada durante un periodo de al menos 3 años cuando el importe de la subvención es inferior o igual a 60.000 euros, o 5 años si es superior a este importe, a partir de la presentación a la Administración autonómica de la documentación justificativa final.

16.8.- La Administración o la entidad colaboradora, en su caso, comprobará los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera justificada, la presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse el recibí de la empresa proveedora firmado, sellado y con fecha.

Dicha comprobación podrá realizarse por muestreo, en función de la disponibilidad de personal asignado para dichas tareas, el plazo para efectuarla y el número de subvenciones concedidas con cargo al procedimiento regulado en las presentes bases.

Tras la comprobación indicada, y siempre que de la misma no resulten responsabilidades imputables a la persona o entidad beneficiaria, o la necesidad de reintegro, se procederá en la siguiente forma:

• Si no se ha realizado el pago anticipado, se abonará la totalidad concedida, o el importe resultante en caso de que sea necesario su reajuste conforme a lo previsto en las presentes bases.

• Si se realizó el pago anticipado en los términos previstos en la base 18.2, se procederá de la siguiente forma: de considera justificado el importe concedido, se realizarán los trámites necesarios para la cancelación de la garantía. En caso de que la cantidad justificada resulte inferior al importe abonado por anticipado, se procederá al reintegro de la diferencia, aplicando lo previsto en la base decimoquinta.

Decimoséptima.- Publicidad.

17.1.- En cumplimiento de la obligación de dar publicidad a las ayudas percibidas, contemplada en el artículo 18 de la Ley 38/2003, las personas o entidades beneficiarias informarán al público general del apoyo obtenido a través de las subvenciones a que se refieren las presentes bases, adoptando las siguientes medidas en las instalaciones de recarga y vehículos que se hayan financiado por las mismas:

Actuaciones de la Línea 1: en el vehículo subvencionado, deberá disponer de un distintivo publicitario adhesivo, el distintivo se ubicará en lugar visible desde el exterior del vehículo de conformidad con la identidad visual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluyendo el logotipo oficial del Plan, además del emblema de la Unión Europea acompañado del texto “Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Actuaciones de la Línea 2: en los puntos de recarga de vehículo eléctrico deberá disponer de un distintivo publicitario adhesivo de conformidad con la identidad visual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluyendo el logotipo oficial del Plan, además del emblema de la Unión Europea, acompañado del texto “Financiado por la Unión Europea - NextGeneration EU”. El distintivo se ubicará en el propio dispositivo de recarga, en un lugar visible por el usuario.

Los distintivos referidos en los apartados anteriores deberán cumplir con el manual de identidad visual del plan de recuperación que está disponible en el siguiente enlace: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

17.2.- En caso de cofinanciación por otra administración, tal circunstancia deberá reflejarse en la publicidad del proyecto o actuación correspondiente.

Adicionalmente, las entidades beneficiarias, a excepción de las personas físicas que ejerzan actividad económica en régimen de autónomos en el sector del taxi, deberán realizar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en la página web de la entidad, especificando las informaciones a las que se refieren los artículos 6 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el supuesto de que la cuantía de la subvención o ayuda percibida sea superior a 60.000,00 euros, o bien igual o superior a 5.000 euros y represente al menos el 30 por 100 del total de los ingresos anuales de la entidad beneficiaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública”.

Decimoctava.- Abono de la subvención y garantía exigible.

18.1.- El pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad para la que se concedió, en los términos establecidos en estas bases reguladoras y en la resolución de concesión.

18.2.- No obstante lo anterior, cuando así se haya expresado en la solicitud, se acordará por el órgano a quien corresponda el pago, a propuesta del órgano instructor, el abono anticipado del 100% del importe concedido, previa cumplimiento de los siguientes requisitos:

A.- Se deberá aportar una garantía por el importe total del anticipo solicitado otorgada conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en los artículos 42 y siguientes del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La garantía deberá haberse otorgado por un banco u otra entidad financiera establecida en España (incluyendo entidades del Sector Público que presten este tipo de garantías). Podrá constituirse en forma de aval solidario de entidades de crédito, seguros o reaseguros o Sociedades de Garantía Recíproca conforme al modelo que se determine por la Consejería competente en materia de hacienda. Será depositada en el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del procedimiento habilitado para ello en la sede electrónica, y conforme a la normativa autonómica aplicable y las instrucciones y modelos aprobados por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. La garantía constituida responderá del importe anticipado y de los intereses de demora que hayan podido devengarse desde el anticipo y, en su caso, de los recargos correspondientes del procedimiento de apremio. No será exigible la garantía en caso de que la persona o entidad beneficiaria se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 38.8 del Decreto 36/2009.

B.- Asimismo, y dado el carácter de abono anticipado, previamente deberán cumplirse los requisitos previstos en el Acuerdo de 25 de mayo de 2023 de modificación séptima del Acuerdo de gobierno de 26 de marzo de 2020, por el que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión, para lo cual, previa a la propuesta de abono, el órgano instructor comprobará que el beneficiario no tenga otras subvenciones con abono anticipado pendientes de justificación y fuera de plazo para ello, concedidas por el mismo órgano concedente, en los dos ejercicios inmediatos anteriores a aquel en el que se proceda al pago, emitiendo certificación acreditativa de tal extremo.

18.3.- Para hacer efectivo el pago, ya sea de forma anticipada o tras justificación, será necesario que previamente el beneficiario acredite que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias (Agencias Tributarias estatal y canaria) y con la Seguridad Social, para lo cual podrá autorizar a la Administración autonómica para la obtención de oficio de dicha documentación acreditativa o, en caso contrario, deberá aportar los siguientes documentos, en vigor:

a) Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones del solicitante con la Agencia Tributaria estatal a efectos de obtener una subvención o ayuda de las Administraciones Públicas.

b) Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

c) Certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones del solicitante con la Agencia Tributaria Canaria a efectos de obtener una subvención o ayuda de las Administraciones Públicas.

Asimismo, el abono de la subvención está condicionado a que se presente compromiso escrito para conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales y autonómicas, ejerzan sus competencias de control, lo que quedará acreditado mediante la presentación de la declaración responsable prevista en el Anexo IV (Compromiso de cumplimiento de los principios transversales del PRTR).

Decimonovena.- Prescripción.

19.1.- El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de las subvenciones contempladas en las presentes bases prescribirá en el plazo de 4 años, computado conforme a lo establecido en los artículos 39 de la Ley 38/2003 y 40 del Decreto 36/2009.

19.2.- Las infracciones y sanciones correspondientes a las presentes bases prescribirán conforme a lo señalado en el artículo 65 de la Ley 38/2003.

19.3.- En todo lo no previsto en las normas indicadas, el régimen jurídico aplicable a la caducidad del procedimiento y a la prescripción, será el establecido en la Ley 39/2015.

Disposición final.

En todo aquello no previsto expresamente en las presentes bases, serán de aplicación las previsiones que resulten aplicables contenidas en el Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Illes Balears y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Ver anexo en las páginas 9515-9531 del documento Descargar

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